¿Ayuso podría ser “desahuciada” del TSJM si no paga 1,7 millones?

El Gobierno central ha puesto fecha y precio a una situación que llevaba 24 años sin regularizarse: la Comunidad de Madrid deberá pagar 1.754.315,16 euros al año si quiere seguir utilizando la sede principal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la calle General Castaños, o dejar el inmueble como máximo el 31 de diciembre de 2026. El Ministerio de Justicia sostiene que el edificio pertenece al Estado y que nunca fue transferido a la autonomía madrileña.

El requerimiento tiene bastante menos de desahucio convencional de lo que sugiere la palabra, pero su efecto práctico se entiende rápido: Madrid debe pagar para quedarse o marcharse. Justicia ha dado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dos meses desde la notificación para comunicar expresamente qué opción elige. Si acepta la tasa, podrá continuar utilizando el inmueble hasta el 1 de septiembre de 2028.

El edificio que Madrid usa desde 2002 pero siguió siendo del Estado

La raíz del conflicto está en 2002, cuando el Gobierno de José María Aznar traspasó a la Comunidad de Madrid funciones y servicios relacionados con los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Aquel reparto de competencias incluía patrimonio y numerosos edificios judiciales, pero dejó una excepción bastante concreta.

El Real Decreto 600/2002 identifica expresamente un inmueble del Ministerio de Justicia que no se transfiere a la Comunidad de Madrid y señala su dirección: General Castaños, 1, donde funcionan dependencias del Tribunal Superior de Justicia. El acuerdo establecía también que la Administración General del Estado conservaba la titularidad patrimonial del edificio.

Ahí está el hueso del asunto. Madrid asumió competencias sobre la gestión de los medios materiales necesarios para los órganos judiciales de ámbito autonómico, mientras General Castaños quedó fuera de los inmuebles transferidos. La sede continuó funcionando y la Comunidad la ha utilizado durante más de dos décadas.

Durante ese periodo, según la información conocida sobre la comunicación de Justicia, los sucesivos gobiernos centrales también habrían seguido sufragando determinados suministros del inmueble. El Ministerio pretende poner fin a esa anomalía mediante una fórmula jurídica que permita regularizar el uso del edificio.

Cuánto tendría que pagar Madrid para mantener la sede del TSJM

La cifra acabará inevitablemente resumida como 1,7 millones, pero el importe fijado es bastante más preciso: 1.754.315,16 euros anuales. Esa es la cantidad que Justicia reclama a la Comunidad de Madrid por seguir utilizando el inmueble.

A cambio, el Ejecutivo autonómico podría permanecer en General Castaños hasta septiembre de 2028. No sería una compra ni una transferencia definitiva de la propiedad. Se trataría de regularizar temporalmente el uso de un inmueble estatal que alberga órganos judiciales cuyos medios materiales corresponden a la Administración autonómica.

La distinción parece burocrática, aunque importa bastante. El TSJM no pertenece al Gobierno regional como institución política ni el Ministerio está planteando expulsar a los jueces de un día para otro. Lo que se discute es qué Administración debe aportar y costear la sede donde trabajan esos órganos judiciales.

Qué ocurre si la Comunidad de Madrid no acepta pagar

La comunicación remitida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, plantea dos caminos. Madrid puede renunciar al uso del inmueble o aceptar las condiciones económicas planteadas por el Ministerio. Si no formaliza una solución dentro del plazo concedido, Justicia contempla recurrir a la recuperación posesoria de oficio del edificio por tratarse, según la posición estatal, de un inmueble de dominio público utilizado sin un título jurídico suficiente.

Esa expresión es más exacta que hablar simplemente de “desahucio”. La palabra funciona estupendamente en una batalla política; la recuperación posesoria administrativa describe mejor el procedimiento que pretende activar el Estado.

Si Madrid acaba dejando General Castaños, el Gobierno central tiene previsto destinar el inmueble al gabinete técnico del Tribunal Supremo, cuya sede se encuentra muy cerca. El destino del edificio, por tanto, seguiría ligado a la Justicia.

Por qué el Gobierno reclama el alquiler después de 24 años

La cuestión inevitable es por qué una situación tolerada desde 2002 se convierte, veinticuatro años después, en un expediente con tarifa y calendario. La explicación formal del Ministerio es que pretende ordenar jurídicamente la situación y regularizar una ocupación para la que sostiene que no existe un título que permita a la Comunidad seguir utilizando gratuitamente el inmueble.

El momento llega, además, con las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso instaladas desde hace años en una fuerte confrontación institucional y política. Un problema de patrimonio público bastante árido —folios, competencias, títulos de ocupación— entra así de lleno en la discusión entre ambas administraciones.

Conviene separar las dos capas. La batalla política puede generar acusaciones de parte a parte, pero el origen documental es mucho más antiguo que los actuales ejecutivos. El decreto de transferencias de 2002 ya diferenciaba entre los inmuebles que pasaban a Madrid y General Castaños, que expresamente no se transfería.

La Ciudad de la Justicia cambia el horizonte, pero no diciembre

El conflicto aparece mientras la Comunidad construye en Valdebebas su largamente perseguida Ciudad de la Justicia, el proyecto con el que pretende reunir las sedes judiciales actualmente dispersas por Madrid.

En septiembre de 2026, el Gobierno regional anunció que durante 2027 estarán construidas las estructuras correspondientes al futuro edificio del TSJM y de la Audiencia Provincial, junto con la plaza principal y un aparcamiento público. La cifra de inversión divulgada por la Comunidad en ese anuncio fue de unos 630 millones de euros, y el complejo pretende concentrar las 26 sedes judiciales de la capital.

Pero hay un problema de calendario. El nuevo complejo todavía está en construcción y el Ministerio ha situado el horizonte de General Castaños en el 31 de diciembre de 2026 si Madrid no acepta las condiciones económicas. Una infraestructura diseñada precisamente para acabar con décadas de sedes judiciales dispersas no proporciona, por ahora, una salida inmediata al choque.

La ironía administrativa cuesta pasarla por alto: mientras Madrid levanta una gigantesca ciudad judicial para dejar atrás años de edificios repartidos por la capital, aparece una factura sobre una de sus sedes más emblemáticas. 1,75 millones al año, con fecha marcada en el calendario.

Un edificio, dos administraciones y una cuenta pendiente

Lo acreditado hasta el momento deja una fotografía bastante clara. La Comunidad de Madrid recibió en 2002 amplias competencias sobre los medios materiales de la Justicia; General Castaños, 1 quedó fuera del patrimonio transferido; el TSJM ha seguido funcionando allí durante más de dos décadas y el Estado reclama ahora una contraprestación económica para mantener ese uso.

Lo que todavía no está cerrado es cómo terminará resolviéndose la disputa entre ambas administraciones. El Gobierno central ha fijado sus condiciones y la Comunidad deberá decidir cómo responde ante un inmueble que utiliza desde hace años, pero cuya titularidad continúa siendo estatal.

Por eso el titular más estridente —el Gobierno “desahucia” a Ayuso— necesita bastante letra pequeña. No se está expulsando personalmente a la presidenta madrileña ni se ha producido todavía el desalojo del TSJM. Hay algo menos cinematográfico y bastante más concreto: dos administraciones discutiendo quién debe pagar el edificio de un tribunal, con una norma de 2002 sobre la mesa y el 31 de diciembre señalado en el calendario.