¿Cómo pedir las ayudas de 7.000 millones por las borrascas?

El decreto moviliza más de 7.000 millones: 150€ al día para desalojados, 2.000 millones a municipios y alivio fiscal para negocios y campo…!

El Gobierno aprobó este martes, 17 de febrero de 2026, un real decreto-ley con un paquete de medidas que supera los 7.000 millones de euros para paliar los daños de las últimas borrascas, con especial impacto en Andalucía y Extremadura. La foto oficial es la de una cifra grande, redonda, de esas que caben en un titular; la intrahistoria es bastante más concreta y menos vistosa: casas vaciadas a la carrera, bajos que han quedado como peceras marrones, comercios con el género perdido, caminos rurales cortados, ríos crecidos que han mordido taludes y puentes secundarios. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desgranó el esquema general: dinero directo para quienes han tenido que salir de casa, transferencias a ayuntamientos para reconstrucción urgente y un bloque de medidas fiscales, de empleo y sectoriales para que el golpe no termine convirtiéndose en una hemorragia lenta.

El decreto se presenta como respuesta a un carrusel de temporales que, en algunas comarcas, ha ido encadenando un daño sobre otro, sin tiempo a secar la primera herida. Primero llegó el agua, luego el barro, después el barro se quedó, y mientras tanto la vida se reordenó como pudo: familiares acogiendo, realojos, carreteras secundarias convertidas en embudo, servicios municipales funcionando en modo resistencia. El Ejecutivo enmarca el paquete en una lógica de emergencia y reconstrucción y, además, subraya algo que en estos casos suele generar fricción: las ayudas incluyen exenciones para evitar que lo cobrado vuelva a salir por la puerta de los impuestos. Montero remarcó que el conjunto está diseñado para cubrir daños en viviendas, infraestructuras, comercio, sector agrario y pesca, con un hilo conductor muy político y muy práctico: llegar rápido, con mecanismos que no obliguen a esperar al final del laberinto administrativo para empezar a levantar persianas.

Un detalle que el Gobierno coloca en el centro —y que no es menor— es la escala humana del episodio: se habla de más de 12.400 personas desalojadas a lo largo de los últimos episodios de lluvia e inundaciones. No es una cifra fría cuando se pone en imágenes: camas improvisadas, bolsas con ropa húmeda, mascotas a cuestas, llaves en el bolsillo sin una fecha clara de vuelta. En esa misma intervención, Montero agradeció el trabajo de los equipos de emergencias y citó a la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos, Protección Civil, personal de confederaciones hidrográficas y técnicos del CSIC, entre otros. Ese listado institucional, dicho en tono sobrio, suele traducirse en algo mucho más doméstico: alguien que te ayuda a salir, alguien que corta una carretera a tiempo, alguien que achica agua durante horas para que el daño no sea todavía peor.

El real decreto-ley también abre, inevitablemente, el capítulo político. Montero vinculó estos episodios extremos al cambio climático y reclamó un pacto de Estado, señalando de forma explícita al Partido Popular para que se sume. Es un mensaje que busca dos cosas a la vez: justificar que se despliegue un paquete millonario y colocar la discusión en un plano más estructural, aunque la realidad de hoy sea mucho más inmediata: paredes mojadas, trasteros perdidos, obras municipales urgentes, y la presión de reactivar economía local en cuanto el agua baja.

150 euros por persona y día: el apoyo a los desalojados

La medida que más rápido se entiende —y la que más se comenta en cuanto aparece— es la ayuda de 150 euros por persona y día para los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de su vivienda. No se plantea como indemnización por daños materiales, ni como compensación por pérdida patrimonial, sino como un soporte de urgencia para sostener el tramo más frágil: dormir, comer, desplazarse, comprar lo básico que se quedó dentro, asumir el coste invisible de vivir “en prestado”. En una evacuación real, lo que se pierde no siempre es el televisor; a veces es el control del tiempo: no sabes si vuelves mañana, si vuelves en una semana, si vuelves a una casa que sigue siendo casa o a un espacio que huele a humedad y a yeso roto.

La clave operativa está en el “quién” y el “cómo” sin adornos. La categoría de desalojado exige acreditación, y ahí suelen entrar los partes de emergencia, las resoluciones municipales, los informes de Protección Civil o cualquier documentación formal que pruebe que la salida no fue voluntaria, sino dictada por seguridad. El decreto, según explicó el Gobierno, articula esta ayuda como compatible con otras medidas, un matiz esencial para que el apoyo no sea un juego de suma cero: que no obligue a escoger entre una cosa u otra cuando el daño es múltiple. Además, se ha subrayado que estas ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades, un escudo fiscal que pretende evitar el clásico escenario de “me ayudan y luego me lo reclaman por otra vía”.

No hace falta romantizarlo para entender por qué esa ayuda diaria tiene sentido. Un desalojo no siempre es un drama televisivo; muchas veces es un traslado silencioso, pero caro. El coche cargado, el depósito, la comida fuera, los medicamentos que se quedaron dentro, el alojamiento temporal. Y luego, cuando el agua permite volver, llega la segunda ola: limpieza, desinfección, reparaciones, electrodomésticos muertos, muebles hinchados como esponjas, paredes que no secan en dos días. En ese contexto, 150 euros diarios por persona funciona como un puente económico, no como una solución total; sirve para aguantar el primer impacto y, sobre todo, para que el desalojo no empuje a una situación de deuda inmediata.

Compatibilidad, exenciones y el retrato del desalojo

En la cocina de cualquier ayuda pública hay una tensión: la urgencia pide rapidez y flexibilidad; el control del gasto pide comprobación y límites. El Gobierno intenta resolverla con tres palancas: compatibilidad para no dejar huecos, exención fiscal para no diluir la ayuda y un diseño que se apoya en administraciones cercanas, porque los desalojos los ejecutan y registran, normalmente, ayuntamientos, servicios de emergencia y delegaciones territoriales. Por eso, aunque el dinero venga del Estado, el primer paso práctico suele empezar donde se firmó la orden de salida: la autoridad que declaró el desalojo y que puede certificarlo.

Hay un elemento adicional que se ha incorporado en esta misma respuesta estatal, aunque no pertenece exactamente a la ayuda diaria: el Gobierno aprobó limitar temporalmente los precios de los servicios hoteleros y de hospedaje en municipios con población desalojada, precisamente para evitar que el mercado se desboque cuando se dispara la demanda de camas. Esa decisión se ampara en el real decreto-ley 4/2026, y se ha presentado como una intervención excepcional en un contexto excepcional, con fechas concretas: entra en vigor el 18 de febrero y se extiende hasta el 25 de febrero de 2026. La idea es casi de sentido común: si hay un realojo masivo, no conviertes el alojamiento en un lujo, y punto.

Ese control de precios no se ha aplicado de manera genérica, sino con criterios numéricos: se declara la emergencia para fijar el tope en municipios donde hay más de 10 personas desalojadas y donde esas personas representan, al menos, el 0,1% de la población local. El mapa de localidades incluidas dibuja con bastante precisión dónde pegó más fuerte la borrasca —en especial la borrasca Leonardo— y cómo se concentró el desalojo en determinadas zonas. En Cádiz se incluyen Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera; en Granada aparecen Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra; en Jaén se citan Cazorla y Santisteban del Puerto; en Málaga figuran Benaoján y Ronda; y en Badajoz, Burguillos del Cerro y Medellín. Es mucha geografía en una sola frase, sí, pero tiene un significado claro: ahí hubo desalojo suficiente como para justificar una medida de excepción en precios.

2.000 millones a los municipios: infraestructuras y anticipo total

La segunda pata del paquete es la más estructural y, a la vez, la que determina cuánto dura el daño. El Gobierno aprobó transferir 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de infraestructuras municipales. Esa expresión engloba todo lo que sostiene la vida diaria y que solo se nota cuando falla: redes de saneamiento, abastecimiento, viales urbanos, alumbrado, muros de contención, caminos vecinales, instalaciones deportivas o sociales, accesos a polígonos, conducciones dañadas por el arrastre. Cuando un ayuntamiento se queda sin margen de obra, el desastre se cronifica; cuando tiene recursos, al menos puede empezar por lo urgente y dejar lo complejo para la segunda fase.

Montero dio un dato técnico que, dicho en voz baja, es importantísimo: el Estado financiará el 100% del daño y adelantará también el 100% de la ayuda, frente al esquema habitual de la legislación general, que suele funcionar con un 50% de anticipo y un 50% posterior. Traducido: se intenta evitar el cuello de botella de tesorería, ese momento en que el municipio tiene el problema encima, pero no tiene dinero para contratar, ni para comprar material, ni para pagar horas extra, ni para mover maquinaria. Con anticipo total, la obra puede arrancar antes, y en emergencias el “antes” no es retórico; es la diferencia entre reabrir una vía o perder semanas.

Este bloque municipal tiene otra derivada política y contable: se permitirá que los consistorios puedan utilizar el superávit de 2025 para inversiones vinculadas a reparar daños. El superávit suele ser un término que suena a discusión presupuestaria de despacho; en un temporal se convierte en margen real para actuar. Con ese permiso, el ayuntamiento que cerró el año en positivo tiene más libertad para gastar en reconstrucción sin chocar con límites que, en tiempos normales, se justifican, pero que en una inundación pueden funcionar como freno.

Hay un tercer elemento que conecta directamente con la calle: un plan de empleo de 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos. Esa partida, bien gestionada, puede servir para reforzar brigadas, limpieza, pequeñas reparaciones, apoyo logístico, obras menores que se multiplican tras el paso del agua. No es solo una ayuda social; es también una herramienta de ejecución. El barro no se retira con una orden ministerial, se retira con horas de trabajo y máquinas, y cuando el daño es grande la plantilla municipal se queda corta.

Superávit 2025 y plan de empleo municipal

El uso del superávit y el plan de empleo apuntan al mismo problema: la reconstrucción no es un acto, es una campaña, y exige músculo. Un municipio pequeño puede tener, de golpe, kilómetros de caminos dañados, arquetas colapsadas, alumbrado tocado, zonas verdes arrasadas, instalaciones deportivas con filtraciones, muros a punto de ceder. Y, a la vez, sigue teniendo que prestar servicios ordinarios. Con el paquete, el Gobierno intenta que esa doble carga no termine en parálisis, aunque el éxito dependerá de lo de siempre: trámites razonables, coordinación con diputaciones y comunidades autónomas y capacidad técnica para ejecutar sin que la urgencia degrade la calidad de la obra.

En paralelo, hay ayuntamientos que han empezado a mover sus propias piezas en busca de reconocimiento formal y más cobertura. Mérida, por ejemplo, anunció que solicitará la declaración de zona catastrófica tras daños asociados a sucesivas borrascas. En esa ciudad se ha citado como una de las áreas más golpeadas la zona de La Isla, junto al Guadiana, con pérdidas de arbolado y desperfectos en vía pública. Ese tipo de solicitudes muestra el otro lado del mapa: el daño no se limita a las localidades más mediáticas, y la presión para ampliar perímetros y reconocer daños se intensifica conforme se cuantifica lo ocurrido con informes técnicos.

Impuestos, peonadas y créditos: el paquete menos visible

La tercera capa del decreto es menos fotogénica, pero puede mover mucho dinero real en el bolsillo. El Gobierno aprobó la exención del IBI y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2025 cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas y las inundaciones. Si el impuesto ya se pagó, se contempla la posibilidad de solicitar la devolución. Montero cifró el conjunto de estas medidas fiscales en un ahorro aproximado de 350 millones de euros para los contribuyentes afectados. En un desastre, las exenciones son una forma de ayuda indirecta: no te ingresan un cheque, pero te quitan una carga en un momento en que cualquier carga pesa el doble.

Además, el Ejecutivo subrayó que las ayudas quedarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Esto, que en un primer vistazo puede parecer un detalle técnico, evita una situación bastante irritante: que el apoyo público se convierta en ingreso a declarar, con el consiguiente susto fiscal meses después. Es una manera de cerrar la puerta a un efecto boomerang muy conocido en emergencias, y por eso se menciona con insistencia.

La Seguridad Social y el empleo agrario entran también en el paquete. Se reducirá de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas, las llamadas peonadas, necesarias para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para quienes residan en municipios afectados. Esta medida no se entiende desde un despacho: se entiende desde un campo donde no se puede trabajar porque el terreno está impracticable, o donde la actividad se interrumpe por daños en caminos y fincas. Si no hay jornales, no hay cotización; si no hay cotización, no hay prestación. La reducción de peonadas intenta cortar ese círculo.

En materia de financiación, el Gobierno incluyó líneas vinculadas al Instituto de Crédito Oficial y a apoyos para sectores dañados. Se habló de 100 millones de euros en líneas de financiación ICO para daños agrarios asociados a la borrasca, una herramienta que puede servir para circulante y reparaciones, aunque el crédito nunca es un regalo: hay que devolverlo, y por eso su utilidad depende de la capacidad real de recuperación del negocio o la explotación. Aun así, en algunos casos es la única vía para reponer maquinaria o infraestructuras básicas sin esperar a que el ciclo de ayudas e indemnizaciones complete todos sus pasos.

La economía embarrada: campo, pesca y comercio

El decreto reserva uno de los bloques más voluminosos al sector agrario: más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en los registros correspondientes en las zonas afectadas. La cifra sugiere una realidad incómoda: en el campo, la tormenta no solo moja, también rompe estructuras productivas. El agua puede arrasar cultivos, deshacer bancales, llevarse vallados, inutilizar caminos de acceso, colapsar drenajes y dejar un terreno que no permite entrar con maquinaria durante días o semanas. La pérdida se mide en cosechas, sí, pero también en tiempo perdido, en costes extra, en trabajos repetidos.

En la pesca, el Gobierno detalló una partida de 10 millones de euros para armadores de buques cuyo puerto base esté en Málaga, Cádiz y Huelva. El temporal afecta a la pesca por varias vías a la vez: daños en embarcaciones o artes, jornadas sin salir, puertos condicionados, costes añadidos. La ayuda apunta a sostener actividad y cubrir daños, aunque de nuevo la clave estará en la letra práctica: qué se acredita, cómo se solicita, qué ventana temporal se reconoce, y cómo se coordinan estas ayudas con seguros y otras coberturas.

El comercio aparece con dos vías: ayudas directas y financiación. Montero habló de 120 millones de euros en ayudas directas especialmente dirigidas a hostelería y comercio minorista en zonas afectadas. En un barrio inundado, la hostelería pierde terraza y almacén; el pequeño comercio pierde género, frigoríficos, maquinaria, y a veces el propio local queda inutilizable por días. A esto se suma un fenómeno menos tangible: aunque el agua baje, la clientela tarda en volver, y la caja no espera. Por eso la ayuda directa tiene un papel de estabilizador, mientras el crédito, si se usa, funciona como palanca para reabrir antes.

En paralelo, el decreto vuelve a colocar en el mapa al Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad que entra en juego cuando hay riesgos extraordinarios y seguros privados que se articulan con ese paraguas. En episodios de inundación y temporales, el Consorcio suele ser una pieza clave para indemnizaciones, aunque no siempre se entiende bien qué cubre y qué no cubre, y eso genera frustración cuando la gente confunde daños asegurados, daños extraordinarios y daños que quedan fuera por condiciones concretas de póliza. El Gobierno lo mencionó como parte de la arquitectura de reparación, un recordatorio de que no todo depende del presupuesto público directo: parte del daño se canaliza por el sistema asegurador.

El bloque económico del decreto intenta evitar un efecto dominó: que el daño físico arrastre empleo, que el cierre de comercios vacíe la calle, que el campo pierda campaña y que la pesca pare más de lo que puede aguantar. La ambición está ahí. La realidad, otra vez, dependerá del ritmo, porque cuando se tarda demasiado en reparar, el daño deja de ser material y pasa a ser social: gente que se va, negocios que no vuelven, servicios que se encogen.

La semana después: del BOE al barro seco

El real decreto-ley tiene un elemento jurídico que condiciona tiempos: entra en vigor con rapidez, pero debe ser convalidado por el Congreso en el plazo legal, y ese trámite siempre añade ruido político y técnico. En emergencias, el Gobierno busca que la maquinaria administrativa no se bloquee; aun así, la ejecución se juega en otra cancha: formularios, informes, certificaciones, coordinación entre Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Por eso, en paralelo a los anuncios, se espera un flujo de instrucciones y desarrollo normativo para aterrizar cada ayuda en su canal.

El punto de apoyo natural para muchas familias y negocios será el ayuntamiento, incluso cuando la competencia formal sea estatal. No por romanticismo municipalista, sino por logística: el ayuntamiento tiene el censo, conoce el daño, ha gestionado desalojos, puede orientar y, en muchos casos, emitir certificados o canalizar solicitudes. El riesgo, en cambio, es el atasco: técnicos desbordados, ventanillas con colas, documentación incompleta, expedientes que vuelven porque falta un papel. En ese terreno, la promesa de rapidez se mide en semanas, no en ruedas de prensa.

Mientras tanto, el mapa emocional de las localidades afectadas se parece poco a un gráfico. Hay lugares donde ya se ha podido volver a casa y la vida se recompone a golpe de fregona industrial; hay otros donde todavía se vive a medias, con estancias inutilizadas y una humedad que lo invade todo. Y luego está lo municipal: carreteras secundarias reparadas a toda prisa, muros apuntalados, redes de saneamiento en revisión, escuelas que necesitan un acceso seguro. El paquete de 2.000 millones para infraestructuras y el plan de empleo municipal están pensados para ese trabajo callado.

En este escenario, la decisión de topar precios hoteleros durante una semana en esos 14 municipios funciona como un gesto de control en un momento delicado. La medida se aprobó a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, y se presenta como un freno preventivo a subidas que podrían castigar justo a quien ya está pagando el coste del desalojo. Es una intervención rara en tiempos normales, pero el Gobierno la justifica por criterios objetivos —número de desalojados y porcentaje sobre población— y por el carácter excepcional del episodio.

Lo que queda, en lo inmediato, es una combinación de urgencias: que el dinero directo llegue cuando todavía sirve, que la obra municipal empiece antes de que el daño se agrande, que el campo no pierda el año por un camino roto y un drenaje colapsado, que el comercio reabra antes de que el barrio se acostumbre a la persiana bajada. El decreto pone cifras y mecanismos; la realidad los pondrá a prueba en silencio, con barro ya casi seco en los bordes… y con expedientes circulando por pasillos donde, a veces, una firma tarda más que una riada.