Asia cierra universidades y recorta jornadas por Ormuz

Asia recorta jornadas y cierra universidades por la amenaza sobre Ormuz y el miedo a una crisis energética.

La crisis energética abierta por la guerra en Oriente Medio ya no se mide solo en barriles, primas de riesgo o pantallas de mercado. En Asia se está midiendo en clases suspendidas, semanas laborales recortadas, teletrabajo forzado y gasolina vigilada casi litro a litro. A fecha de 10 de marzo de 2026, varios gobiernos del continente han empezado a tocar la rutina diaria para ahorrar combustible ante la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, la vía por la que pasa en torno a una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta. Lo que parecía un problema geopolítico lejano ha bajado a la calle y ha entrado en oficinas, campus, fábricas, carreteras y depósitos.

El movimiento tiene lógica y también urgencia. Asia es la gran dependiente de Ormuz: entre el 84% y el 90% del crudo que sale por ese corredor marítimo tiene como destino el continente, y hacia allí viaja también el 83% del GNL que cruza esa ruta. Cuando el paso se estrecha, se militariza o simplemente se vuelve imprevisible, el golpe llega primero a esa orilla del mapa. Por eso Pakistán, Bangladés, Tailandia o Vietnam ya han activado medidas de ahorro de energía, mientras Japón, Corea del Sur, China e India mueven reservas, estudian topes o buscan proveedores alternativos. No es teatro político. Es gestión de escasez anticipada.

Ormuz, la bisagra que sostiene el pulso energético de Asia

El estrecho de Ormuz tiene algo de cuello de botella y algo de línea de vida. Une el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra un flujo que, en tiempos normales, sostiene la respiración de medio mundo. La diferencia es que Asia depende mucho más de esa puerta que Europa o Estados Unidos. El continente compra alrededor del 60% de su petróleo en Oriente Medio, y países como Japón, India, Corea del Sur o China arrastran una exposición estructural a ese suministro. Esa dependencia no se improvisó en una semana ni se deshace en una semana. Está cosida a décadas de contratos, refinerías adaptadas, cadenas logísticas, rutas marítimas y decisiones industriales.

La guerra ha convertido esa fragilidad en un problema inmediato. Desde que la escalada militar arrancó el 28 de febrero, las navieras, las petroleras y los compradores asiáticos se han encontrado con un cóctel de barcos retenidos, seguros disparados, rutas alteradas, terminales presionadas y precios saltando de forma brusca. El mercado llegó a empujar el crudo hacia niveles cercanos a los 120 dólares por barril, una cota que encendió alarmas en despachos públicos y empresas privadas al mismo tiempo. Luego vino cierta corrección, sí, pero el susto ya había hecho su trabajo. Cuando un Gobierno ve que el barril se dispara y que la ruta principal de abastecimiento está bajo amenaza, no espera a que falte el combustible en los surtidores. Empieza a recortar consumo antes.

Hay otra pieza menos visible y muy importante: el gas natural licuado. En Asia pesa muchísimo, sobre todo en generación eléctrica e industria. Y aquí el problema es especialmente delicado porque más del 90% de las exportaciones de GNL de Qatar pasan por Ormuz. Eso deja a varios compradores asiáticos con una sensación muy concreta: quizá no falte el hidrocarburo hoy, pero si la tensión se prolonga, faltará margen mañana. Ahí se explica buena parte del nerviosismo de estos días. No se trata solo de cuánto petróleo queda, sino de cuánto tiempo puede mantenerse la normalidad sin tocar horarios, aulas o producción.

Pakistán y Bangladés llevan el ajuste al día a día

Los casos más claros de respuesta inmediata están en Pakistán y Bangladés, dos países donde la dependencia exterior y la vulnerabilidad económica hacen que cualquier shock energético se note antes y más fuerte. En Pakistán, el primer ministro Shehbaz Sharif anunció un paquete de medidas que retrata bastante bien el momento: dos semanas de cierre de centros educativos, enseñanza superior a distancia, semana laboral de cuatro días en el sector público, recorte del 50% del combustible asignado a la administración durante dos meses y la inmovilización de una parte sustancial de los vehículos oficiales. Además, se ha pedido a oficinas y empresas que empujen el teletrabajo para rebajar desplazamientos y consumo.

El mensaje pakistaní es seco, casi sin maquillaje. No se está buscando solo ahorrar dinero; se está intentando conservar combustible físico y evitar que una subida global de precios termine en una crisis nacional de abastecimiento. También hay un componente político evidente: cuando un Gobierno toca el calendario laboral, cancela viajes oficiales, reduce salarios de cargos públicos y enfría la maquinaria administrativa, está diciendo que la situación ha dejado de ser una mera turbulencia internacional. Ha pasado a ser un problema de Estado. Pakistán, en ese sentido, ha sido de los primeros en admitirlo con toda crudeza.

Bangladés ha optado por una vía igualmente contundente, aunque con un impacto muy simbólico y muy visible: cerrar todas las universidades y adelantar vacaciones para ahorrar electricidad y carburante. La decisión no cae en el vacío. El país importa alrededor del 95% de la energía que consume y la presión ya se nota en sectores clave. La industria textil, una de sus grandes columnas económicas, se está encontrando con apagones más frecuentes y con dificultades para conseguir diésel con el que alimentar los generadores de respaldo. Las interrupciones de electricidad, de hecho, se han duplicado desde el inicio del conflicto y en algunos momentos alcanzan hasta cinco horas diarias.

Oficinas vacías, campus cerrados y depósitos bajo control

Cerrar una universidad no es un gesto decorativo. Una universidad es una ciudad comprimida: aulas, laboratorios, bibliotecas, residencias, transporte, climatización, servidores, alumbrado, cafeterías, copisterías, miles de trayectos cada día. Apagar ese ecosistema durante semanas equivale a desconectar una porción entera de consumo urbano. Lo mismo ocurre con la reducción de jornada en oficinas públicas. Menos días de actividad significan menos coches, menos ascensores, menos aire acondicionado, menos ordenadores encendidos y menos iluminación. Es una política de goteo, pero en plena tensión energética el goteo suma.

En Bangladés, además, el Gobierno ha ido más allá del gesto educativo. Ha impuesto racionamiento de combustible para vehículos, restricciones a la venta de diésel y ha empezado a buscar suministros con urgencia en China e India para tapar el agujero. El país necesita normalmente unas 380.000 toneladas de diésel al mes, aunque con el racionamiento esa necesidad se ha reducido hacia las 270.000 toneladas. Aun así, la presión sigue siendo enorme. Las autoridades aseguran tener cubierto alrededor de un mes de demanda y estar organizando un segundo mes, pero la propia necesidad de correr a por cargamentos alternativos revela el tamaño del problema. La escasez de gas ya ha obligado incluso a parar cuatro de las cinco fábricas estatales de fertilizantes, desviando el suministro disponible hacia las centrales eléctricas. Ahí ya no se ve solo una crisis de combustible: se ve una crisis que empieza a tocar electricidad, industria y agricultura.

Tailandia y Vietnam pisan el freno antes del desabastecimiento

En el sudeste asiático, Tailandia y Vietnam se están moviendo con reflejos de contención. Tailandia ha lanzado una batería de medidas que parecen pequeñas por separado, pero juntas dibujan una auténtica economía de emergencia suave. El primer ministro Anutin Charnvirakul ha ordenado teletrabajo para los funcionarios, suspensión de viajes oficiales al extranjero, uso de las escaleras en lugar del ascensor, recorte del consumo eléctrico en edificios públicos y una climatización más alta, con oficinas entre 26 y 27 grados. Puede sonar casi doméstico, pero ese es precisamente el punto: cuando una crisis energética se vuelve seria, el Estado empieza por su propia casa.

Bangkok no está reaccionando solo por prudencia administrativa. Tailandia calcula que dispone de unos 95 días de reservas energéticas y, mientras intenta rebajar la demanda, busca también nuevas fuentes de GNL en Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Su estructura energética añade otra capa de fragilidad: cerca del 68% de sus necesidades se cubren con gas, parte de él importado. El Gobierno ya ha reducido exportaciones energéticas a terceros, salvo a Laos y Myanmar, y ha dejado sobre la mesa otras medidas por si la situación empeora, como apagar antes las gasolineras o limitar la iluminación comercial. Traducido: el país no da por hecho un colapso, pero se comporta como si quisiera llegar preparado a un escenario peor.

Vietnam está entrando en la misma lógica, aunque con un estilo propio. Su Ministerio de Industria y Comercio ha pedido a empresas y organismos que fomenten el trabajo desde casa para reducir desplazamientos y ahorrar combustible. La medida ha llegado en paralelo a una imagen bastante elocuente en Hanói: colas de coches y motocicletas en las gasolineras, señal de nerviosismo social ante el encarecimiento y la posible escasez. Los datos oficiales del mercado vietnamita describen un salto brusco: desde finales de febrero, la gasolina ha subido un 32%, el diésel un 56% y el queroseno un 80%. Son porcentajes demasiado grandes para fingir normalidad.

El Gobierno vietnamita ha reaccionado con otra herramienta clásica de crisis: eliminar temporalmente los aranceles de importación sobre los combustibles, al menos hasta final de abril, para abaratar el coste interno y facilitar entradas adicionales. Al mismo tiempo, ha pedido a empresas y particulares que no acaparen carburante ni especulen con el producto. Ese detalle importa. Cuando una administración empieza a hablar de acaparamiento, es que el problema ya no es solo la oferta internacional: también teme el contagio psicológico dentro de casa. En esas situaciones, una cola en una estación de servicio puede ser casi tan desestabilizadora como una avería logística.

Japón, Corea del Sur, China e India activan su escudo

Las grandes potencias asiáticas no han cerrado campus ni reducido de forma masiva el horario laboral, pero sí están moviendo fichas de mucho peso. Japón, por ejemplo, observa el escenario con una mezcla de nerviosismo y colchón estratégico. Importa alrededor del 95% de su petróleo desde Oriente Medio y cerca del 70% de ese crudo pasa por Ormuz. Esa dependencia sería asfixiante si no existiera una red de reservas muy amplia: Tokio dispone de existencias equivalentes a 254 días de consumo. Aun así, el Gobierno de Sanae Takaichi ya ha ordenado preparar una instalación nacional de almacenamiento ante una posible liberación de reservas, y estudia medidas para contener el precio de la gasolina si la tensión persiste.

Japón tiene un matiz importante que lo diferencia de otros vecinos: en gas natural licuado llega algo más cubierto. Las compañías japonesas manejan inventarios equivalentes a unas tres semanas de consumo, y el país cuenta además con más de cuatro millones de toneladas de GNL almacenadas, así como capacidad de redirigir parte de sus operaciones internacionales hacia el mercado doméstico si la situación empeora. Eso no lo vuelve inmune. Lo que hace es darle tiempo, que en una crisis así es probablemente el recurso más valioso. Tiempo para negociar cargamentos, tiempo para contener precios, tiempo para no improvisar demasiado.

Corea del Sur se mueve con un enfoque distinto, más centrado en el bolsillo interno y en la estabilidad económica. El presidente Lee Jae Myung ha anunciado que el país impondrá un tope al precio de los combustibles por primera vez en casi treinta años, una decisión extraordinaria que retrata el calibre del sobresalto. Corea compra en Oriente Medio alrededor del 70% del petróleo y cerca del 20% del GNL que consume, aunque dispone de reservas que le permitirían cubrir unos 208 días. Seúl también intenta asegurar volúmenes alternativos fuera de la región si los problemas de suministro se alargan. La lectura es clara: no falta energía hoy, pero el coste de esperar puede ser demasiado alto.

China se mueve en un plano más opaco, como acostumbra, pero no por eso menos decisivo. Es el mayor importador mundial de GNL y uno de los mayores compradores de crudo del planeta. Cerca de un tercio de su gas natural licuado llega desde Oriente Medio y los analistas sitúan sus reservas estratégicas de petróleo en torno a 900 millones de barriles, algo menos de tres meses de importaciones. Pekín tiene margen, sí, pero también un problema mayúsculo: su economía es tan grande que cualquier alteración seria de flujos se traduce en presión industrial, encarecimiento de fletes y reajustes en las refinerías. De hecho, varias plantas ya han empezado a recortar actividad. En una potencia como China, esos movimientos dicen mucho más que un comunicado solemne.

India, por su parte, combina preocupación, pragmatismo y una vieja costumbre: diversificar sobre la marcha cuando el mercado aprieta. Alrededor del 40% de su crudo llega a través de Ormuz, de modo que la advertencia del ministro de Exteriores, S. Jaishankar, sobre la “grave amenaza” para la seguridad energética del país no suena a frase hueca. Nueva Delhi no prevé, por ahora, sumarse a una eventual liberación coordinada de reservas, porque considera suficiente su posición actual, pero sí ha empezado a aprovechar una exención temporal de 30 días concedida por Estados Unidos para comprar cargamentos de petróleo ruso que habían quedado atascados en el mar. La escena es bastante reveladora: cuando falla Oriente Medio, la geopolítica del crudo cambia de carril sin demasiados escrúpulos.

El golpe ya llega a fábricas, precios y transporte

La noticia no termina en los ministerios de Energía ni en las gasolineras. El verdadero problema de una crisis así es su efecto en cadena. Si sube el crudo, sube el transporte marítimo; si sube el transporte, sube el coste de las materias primas y de la mercancía terminada; si faltan combustibles o gas, la industria reduce turnos, la electricidad se encarece y el margen de las empresas se estrecha. Todo eso ya está ocurriendo en Asia. En Bangladés, la industria de la confección depende más del diésel cuando aumentan los apagones. En India, algunas refinerías han declarado fuerza mayor en exportaciones de gasolina. En China, varias plantas han recortado actividad. En Tailandia y Vietnam, la prioridad inmediata es que la tensión de suministro no se convierta en pánico de demanda.

A la vez, el mercado del gas añade una presión adicional. Qatar, actor central del GNL mundial, ha sufrido interrupciones y tensiones operativas que han elevado el temor a un corte prolongado. Para Asia, eso significa que el problema no se limita al repostaje de vehículos o al precio del diésel agrícola. Significa también riesgo para centrales eléctricas, fertilizantes, petroquímica y grandes consumidores industriales. En una región donde la fabricación, la exportación y la logística son el corazón de la actividad, cualquier susto energético se multiplica rápido. No tarda en tocar puertos, polígonos, supermercados y cuentas públicas.

La inflación, claro, aparece enseguida como fantasma principal. Los gobiernos asiáticos lo saben y por eso han reaccionado tan deprisa. Corea del Sur topa precios, Vietnam quita aranceles, Japón prepara ayudas o liberaciones, Tailandia fuerza ahorro, Pakistán reduce jornadas y Bangladés cierra universidades. Son respuestas distintas a una misma obsesión: evitar que el shock energético se vuelva shock social. Porque cuando el combustible se convierte en una angustia cotidiana, el problema ya no es técnico. Se vuelve político, económico y, muy rápido, callejero.

El mapa que deja esta crisis en Asia

Lo que está ocurriendo este 10 de marzo de 2026 deja una imagen bastante cruda del continente. Asia no está aplicando un único plan, sino muchas versiones del mismo miedo. Unos países tienen reservas suficientes pero temen la inflación; otros tienen menos red de seguridad y actúan antes sobre la vida diaria; algunos buscan proveedores alternativos; otros directamente reducen consumo con cierres y racionamiento. La diferencia entre unos y otros no está solo en la riqueza. También está en el grado de dependencia, en la capacidad de almacenar, en la estructura industrial y en la rapidez con la que una administración puede imponer disciplina energética.

Hay, además, una lección geopolítica de fondo que no conviene perder. Durante años, la dependencia asiática del Golfo se trató como un dato técnico, una casilla en informes sectoriales, una cifra de comercio exterior. Ahora se ha vuelto visible y bastante áspera. Se ve en funcionarios trabajando desde casa, en campus vacíos, en vehículos oficiales inmovilizados, en aires acondicionados regulados desde arriba, en colas de motos ante las estaciones de servicio, en fábricas de fertilizantes paradas y en gobiernos buscando diésel a contrarreloj. La geopolítica del petróleo, de repente, ya no vive solo en los mapas; vive en la agenda cotidiana.

El desenlace inmediato dependerá de cuánto dure la presión sobre Ormuz y de si el mercado consigue recomponer rutas y cargamentos sin una interrupción más profunda. Pero algo ya ha quedado claro. Asia ha entrado en modo ahorro antes de que llegue un desabastecimiento total, y eso rara vez ocurre por exceso de dramatismo. Ocurre cuando los gobiernos leen las cifras, miran sus reservas, observan el tráfico marítimo y entienden que la normalidad puede salir mucho más cara que la prevención. Por eso hoy el titular real no es solo que suba el petróleo. Es que la mayor región consumidora del mundo ya está cambiando su forma de trabajar, estudiar y moverse para no quedarse sin energía a mitad de camino.