La convivencia, el dato más duro de los asesinatos machistas de 2025

En 2025 fueron asesinadas 49 mujeres por sus parejas o exparejas en España. En 39 casos, la víctima convivía con el agresor cuando se produjo el crimen: ocho de cada diez, frente al 67,3 % del año anterior y al 63 % de la serie histórica. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial dibuja así una violencia letal que, con frecuencia, no llega desde fuera del hogar, sino que está instalada en la vida cotidiana.

El balance judicial, difundido el 26 de marzo de 2026, cifra en una muerte cada 7,4 días la cadencia de los asesinatos del año. Aunque 49 está entre los registros anuales más bajos desde que comenzó la estadística en 2003, el dato no describe por sí solo el alcance del problema: el 89,1 % de los crímenes ocurrió en una vivienda y el 83,7 % fue cometido por la pareja actual. La cercanía y la convivencia son claves para entender la radiografía, junto con las denuncias previas, la protección que existía y las consecuencias para los hijos.

Una cifra baja en la serie, pero no una violencia menor

Las 49 víctimas de 2025 igualan el recuento de 2024 y el de otros años, entre ellos 2021, 2020, 2017 y 2016. Se trata de una de las cifras más bajas desde 2003, cuando empezó el registro oficial, pero cada caso representa un asesinato y una vida truncada. El informe judicial contabiliza además una víctima más que las 48 incluidas hasta entonces en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género. Los recuentos institucionales pueden cerrarse con diferencias porque no siempre se actualizan al mismo ritmo; el documento del CGPJ se elabora con información aportada por los juzgados.

La perspectiva de más de dos décadas permite distinguir una reducción del promedio anual, sin confundirla con la desaparición del fenómeno. Entre 2003 y 2025, la media fue de 58,3 mujeres asesinadas al año. El informe sitúa el promedio en 64,3 para 2003-2014 y en 51,8 para 2015-2025, una bajada que el Observatorio relaciona con la consolidación y el perfeccionamiento de las políticas públicas. La tendencia descendente y la gravedad persistente pueden ser ciertas a la vez: que haya menos víctimas que en los primeros años de la serie no vuelve aceptable ni pequeño el balance de 2025.

El cómputo acumulado desde 2003 asciende a 1.342 mujeres asesinadas, de acuerdo con la información recogida por el informe. La frecuencia media de todo ese periodo equivale a un asesinato cada 6,3 días. Esos datos dan escala a una violencia que a menudo se relata como una sucesión de episodios separados, cuando la continuidad estadística muestra que se trata de un problema sostenido en el tiempo. La cifra anual informa del balance; la serie histórica, de su persistencia.

La convivencia sitúa el riesgo dentro de la relación

Que 39 mujeres compartieran vivienda con quien las mató no es un detalle complementario del recuento. Es el rasgo que más diferencia la fotografía de 2025 respecto a la del año anterior. La proporción subió desde el 67,3 % de 2024 hasta el 80 %, y también quedó por encima del 63 % registrado como promedio entre 2003 y 2025. La convivencia aparece aquí como una realidad frecuente en los casos letales, no como una circunstancia excepcional que solo afecta a unas pocas víctimas.

El domicilio fue el escenario del 89,1 % de los asesinatos, ya fuera la vivienda compartida o la de uno de los miembros de la pareja o expareja. Al observar los crímenes cometidos dentro de casas o en sus zonas comunes, en el 75 % se trataba de un espacio compartido por la víctima y el agresor. El hogar puede ser un lugar de protección, pero estos datos muestran cómo también puede convertirse en el espacio donde la violencia queda fuera de la vista de otras personas. La intimidad doméstica no garantiza seguridad cuando quien ejerce la violencia forma parte de la convivencia.

El vínculo entre las víctimas y los agresores refuerza esa lectura. En el 42,9 % de los casos estaban casados, y el 83,7 % de las mujeres fue asesinada por su pareja actual, frente al 16,3 % de los casos atribuidos a un exmarido o expareja. La ruptura, por tanto, no explica por sí sola el patrón de 2025: en la mayoría de los expedientes, la relación seguía vigente. El riesgo no empieza necesariamente después de una separación; la violencia puede desarrollarse en una relación que continúa y en un espacio que ambas personas comparten.

La estadística no explica por qué cada víctima seguía conviviendo con su agresor ni permite deducir una causa única. Sí impide tratar la separación física como un paso simple o inmediato. La dependencia económica, los hijos, la vivienda y el miedo pueden formar parte de circunstancias complejas, pero el recuento agregado no permite atribuir esos factores a casos concretos. El dato describe una exposición compartida; no debe convertirse en un juicio sobre las decisiones de las mujeres asesinadas.

Quiénes eran las víctimas y los agresores

La edad media de las mujeres asesinadas fue de 47,3 años, casi tres más que la media histórica, situada en 44,4. Más de la mitad, el 53 %, tenía entre 36 y 55 años; el grupo de 26 a 35 años representó el 16,3 %. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86. No existe una única edad asociada a esta violencia: el intervalo entre la víctima más joven y la de mayor edad alcanza varias generaciones.

Veintiocho de las 49 mujeres eran españolas, el 57,1 % del total. Entre las víctimas extranjeras, el 76,2 % procedía de América, el 14,3 % de África y el 9,5 % de Europa. Estas proporciones describen la nacionalidad de las mujeres extranjeras asesinadas, no la distribución del riesgo entre todas las mujeres de cada origen. El informe advierte que la violencia atraviesa nacionalidades, edades y niveles de estudios, por lo que un perfil estadístico no debe confundirse con un retrato que permita anticipar cada caso.

Los agresores tenían una edad media de 49,4 años, frente a los 46,9 de promedio en la serie histórica, y eran mayores que las víctimas en el 61,2 % de los casos. El 63,3 % tenía nacionalidad española. El hombre más joven tenía 21 años y el de más edad, 90. La diferencia de edad tampoco ofrece una explicación individual, pero completa la descripción de los expedientes judiciales y muestra que los casos registrados no se concentran en una sola etapa de la vida.

Después del crimen, el 61,2 % de los agresores fue detenido y el 16,3 % se entregó. El 12,2 % se suicidó, un porcentaje inferior al promedio histórico del 21,9 %. El arma blanca fue el medio empleado en el 56,5 % de los casos en los que constaba ese dato; en tres expedientes no figuraba el método utilizado. La asfixia o el estrangulamiento causaron el 15 % de las muertes, mientras que el arma de fuego se utilizó en el 2,2 %. Son datos de los casos analizados, no una pauta que permita predecir cómo se cometerá un crimen.

Denunciar no siempre puso fin a la convivencia

Once de las 49 víctimas habían presentado una denuncia previa contra el agresor, el 22,4 %. La proporción fue inferior al 30,6 % de 2024 y al promedio histórico del 25,8 %. El dato indica que la mayoría de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente, pero no permite saber por sí solo qué obstáculos atravesó cada una ni por qué no llegó a hacerlo. La ausencia de una denuncia previa no equivale a ausencia de violencia, del mismo modo que una denuncia no garantiza automáticamente que el peligro haya desaparecido.

Entre las once mujeres que denunciaron, siete seguían conviviendo con el agresor en el momento del asesinato. Además, cuatro víctimas tenían una medida de alejamiento en vigor, según el informe del Observatorio. La coincidencia de denuncia, convivencia y medida judicial en algunos expedientes obliga a distinguir entre la existencia de una respuesta formal y la protección efectiva en la vida diaria. El registro de una medida no significa que la exposición al riesgo haya cesado, aunque los datos generales no permiten reconstruir cómo se aplicó cada una ni valorar casos individuales.

Las mujeres que denunciaron tenían una edad media de 42,4 años. El informe señala que ninguna de las víctimas de 56 años o más había presentado denuncia previa. La proporción de denunciantes fue del 23,8 % entre las mujeres extranjeras y del 21,4 % entre las españolas, una diferencia que no basta para establecer por qué unas denunciaron más que otras. La edad y la nacionalidad describen diferencias en esta muestra, pero no revelan por sí solas las razones personales, sociales o materiales que influyen en la posibilidad de pedir ayuda.

El dato más difícil de encajar es que algunas mujeres habían acudido a la justicia y, aun así, seguían compartiendo casa con el agresor. Una denuncia puede activar mecanismos judiciales, pero la ruptura de la convivencia depende de circunstancias que los porcentajes no detallan. Esa distancia entre el expediente y la vida cotidiana es importante para comprender el informe: la protección no consiste solo en que exista una resolución, sino también en que el riesgo pueda ser detectado y atendido a tiempo. La estadística señala un límite que merece análisis, aunque no permita atribuir fallos concretos a cada institución o procedimiento.

El daño se extiende a hijos y otros familiares

Cuatro de cada diez víctimas tenían hijos menores de edad. Tras los asesinatos, 39 niños y niñas quedaron huérfanos de madre; 27 eran hijos o hijas del agresor y los otros 12 procedían de relaciones anteriores o posteriores de las víctimas. Si se consideran personas de cualquier edad, 87 perdieron a su madre durante 2025. El 77,6 % de las mujeres asesinadas había tenido al menos un hijo o hija. El impacto de cada crimen se prolonga mucho más allá de la víctima y alcanza a menores y familias enteras.

El informe también contabilizó tres asesinatos de menores en el contexto de violencia vicaria: dos niñas y un niño, con una edad media de 6,7 años. Dos fueron asesinados por su padre biológico y el tercero por la pareja actual de su madre. Los casos ocurrieron en la Comunidad Valenciana, Murcia y el País Vasco. La violencia vicaria utiliza el daño a los hijos como una forma extrema de violencia contra la madre, aunque cada expediente tiene circunstancias propias y no debe reducirse a una etiqueta que sustituya el análisis judicial.

Desde 2013, año en que comenzó la serie específica de estos crímenes, el informe contabiliza 65 menores asesinados. El 73,8 % de las víctimas registradas desde entonces tenía menos de 10 años. En dos de los tres casos de 2025, los menores convivían con el agresor; uno fue cometido con arma blanca y los otros dos mediante asfixia y envenenamiento. Dos de los agresores fueron detenidos y uno se suicidó. La vulnerabilidad de los niños ocupa un lugar central en esta parte del balance, no como un apéndice del recuento de mujeres asesinadas.

Ninguno de los tres agresores de menores había sido denunciado antes de los hechos, aunque en el conjunto de la serie desde 2013 sí se había registrado denuncia previa en el 33 % de los casos. Esta diferencia muestra por qué un promedio histórico y un año concreto pueden ofrecer imágenes distintas. La falta de denuncia previa en esos tres casos no permite concluir que no hubiera señales ni que el riesgo fuese imposible de detectar; el informe solo recoge la información judicial disponible.

Las diferencias territoriales y el calendario

El Observatorio calcula que, desde 2003, la tasa acumulada de mujeres asesinadas por cada millón de mujeres mayores de 15 años es de 67,1. Ceuta registra 168 y Melilla 96; Canarias alcanza 93,9 y Baleares, 89,8. En el extremo inferior aparecen Extremadura, con 34,6, el País Vasco, con 44,6, y Cantabria, con 46,5. Estas cifras acumulan más de dos décadas de casos y no describen por sí solas la situación de un año concreto ni el riesgo de cada mujer en esos territorios.

En 2025 no se registraron asesinatos en Cantabria, Ceuta ni Melilla. La ausencia de casos durante un año no borra las diferencias acumuladas desde 2003, del mismo modo que una tasa histórica elevada no significa que todos los años de esa comunidad presenten el mismo balance. La escala temporal cambia la lectura territorial: comparar un solo año con una serie larga puede llevar a conclusiones equivocadas si se ignora cuántos casos y qué población hay detrás.

El informe sitúa en el 16,3 % la proporción de crímenes ocurridos en julio, el mes con más casos de 2025. En cuanto al día de la semana, el miércoles concentró el 20,4 %. En la serie histórica, en cambio, el domingo es el día con mayor promedio de asesinatos y julio también destaca como uno de los meses de mayor incidencia. Los patrones temporales describen cuándo se produjeron los casos, pero no explican por sí mismos por qué sucedieron ni permiten anticipar un crimen.

También importa el tamaño de las localidades. Treinta y nueve de los 49 asesinatos ocurrieron en municipios de menos de 250.000 habitantes. Sin embargo, al ajustar por población, la tasa más alta de 2025 se dio en poblaciones de entre 250.001 y 500.000 habitantes, con 1,5 casos por cada millón de habitantes. En la serie histórica, el tramo de 10.001 a 25.000 habitantes registra una tasa de 1,5 homicidios. El número absoluto y la tasa responden a preguntas distintas: el primero cuenta casos; la segunda los pone en relación con el tamaño de la población.

Qué puede decir y qué no puede decir un promedio

Los informes anuales se construyen a partir de los datos que aportan los juzgados que han intervenido o siguen interviniendo en la instrucción de las causas. Esa base permite ordenar información sobre las víctimas, los agresores y las circunstancias de los asesinatos. También ayuda a estudiar la respuesta judicial y a detectar cuestiones que merecen revisión. No es una explicación completa de cada historia: un porcentaje resume expedientes, pero no sustituye el conocimiento de las circunstancias particulares de cada caso.

Por eso, que la convivencia aparezca en ocho de cada diez asesinatos no significa que convivir conduzca inevitablemente a la violencia letal. Significa que esa condición estaba presente en la mayoría de los casos registrados en 2025. Tampoco el hecho de que el 89,1 % de los crímenes ocurriera en una vivienda permite afirmar que todos los hogares sean espacios de riesgo. La estadística identifica concentraciones, no destinos, y su utilidad está en orientar la comprensión del fenómeno sin convertir una asociación observada en una regla universal.

La misma cautela sirve para leer la relación entre denuncia y protección. Once víctimas habían denunciado, siete de ellas aún convivían con el agresor y cuatro tenían una orden de alejamiento vigente. El informe recoge esa coexistencia, pero no ofrece en estos datos una evaluación completa de la eficacia de cada medida, de cómo se ejecutó o de qué recursos acompañaban a cada mujer. El dato abre una cuestión sobre la distancia entre protección formal y seguridad real; no permite resolverla con un único porcentaje.

El Observatorio considera que la evolución del promedio anual refleja el efecto de políticas públicas consolidadas y perfeccionadas. Esa lectura convive con otra evidencia: 49 mujeres fueron asesinadas en un año y la convivencia seguía siendo una característica dominante de los casos. Reconocer avances no obliga a minimizar los fallos o los riesgos pendientes; y señalar límites no invalida los cambios que pueden haber contribuido a reducir la media respecto a los primeros años de registro.

El balance incluye otras muertes en el ámbito de la pareja

Además de los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas hombres, el informe analiza la violencia doméstica íntima, que incluye homicidios de hombres a manos de sus parejas o exparejas mujeres y crímenes en parejas del mismo sexo. En 2025 se registró un caso de este tipo: un hombre de 65 años fue asesinado por una mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Esta categoría se presenta separada de la violencia de género y no debe confundirse con el recuento de mujeres asesinadas que centra el informe.

El caso fue descrito como violencia de respuesta: la agresora había denunciado previamente al hombre en varias ocasiones por lesiones y figuraba en el sistema VioGén con un nivel de riesgo bajo. El homicidio ocurrió en la vía pública y se cometió mediante el atropello con un vehículo. Desde 2009, el Observatorio contabiliza 121 muertes en esta categoría, con un promedio anual de 7,1. El episodio muestra la diversidad de situaciones que estudia el informe, sin alterar la naturaleza ni las cifras de los asesinatos machistas analizados por separado.

En 2025 no hubo asesinatos registrados por violencia intragénero, es decir, en parejas o exparejas del mismo sexo. La ausencia de casos en un año no equivale a una conclusión general sobre ese fenómeno, sino al resultado del recuento correspondiente a ese periodo. Separar las categorías ayuda a leer los datos con precisión y evita reunir bajo una sola cifra realidades distintas que el Observatorio analiza en capítulos diferenciados.

Una violencia que sigue ocurriendo en el espacio cotidiano

La fotografía de 2025 no se explica con una sola cifra. Las 49 mujeres asesinadas convivían con el agresor en 39 casos; el domicilio fue escenario de casi nueve de cada diez crímenes y la mayoría de los autores era la pareja actual. A esa realidad se suman once denuncias previas, cuatro medidas de alejamiento en vigor, 39 menores huérfanos y tres niños asesinados en contextos de violencia vicaria. Leídos en conjunto, los datos sitúan la violencia en relaciones próximas, donde la protección y la detección no pueden depender de imaginar el peligro como algo siempre externo o visible.

Las cifras más bajas que las de los primeros años de la serie son un signo de cambio, pero no un punto final. El recuento judicial registra tanto ese descenso del promedio como la persistencia de asesinatos en hogares compartidos, relaciones vigentes y casos en los que ya había existido contacto con el sistema. La convivencia es el dato que más pesa en el balance de 2025 porque muestra hasta qué punto la violencia letal puede permanecer dentro de la rutina antes de hacerse visible para el entorno.

La información sobre violencia machista y recursos de atención puede consultarse a través del 016, disponible las 24 horas y en 53 idiomas, también mediante el correo [email protected] y WhatsApp en el 600 000 016. En una emergencia, los canales indicados son el 112, el 091 de la Policía Nacional y el 062 de la Guardia Civil; también existe la aplicación AlertCops. Son recursos públicos de información y emergencia, mientras que la valoración de cada situación corresponde a los profesionales y servicios competentes.