¿Doce horas de trabajo? Argentina aprueba la reforma de Milei

Diputados avala la reforma laboral de Milei: jornada de 12 horas, banco de horas y recorte al derecho a huelga con Argentina en paro general.

Argentina amaneció con una palabra atravesándolo todo, reforma laboral, después de que la Cámara de Diputados de Argentina aprobara el proyecto estrella del presidente Javier Milei por 135 votos a favor y 115 en contra. La norma, que empuja la jornada diaria de ocho a 12 horas y retoca piezas sensibles como el derecho a huelga y el cálculo de las indemnizaciones por despido, todavía no es ley definitiva: el texto debe volver al Senado de Argentina para una votación final tras los cambios introducidos en el último tramo de la negociación, con un artículo especialmente controvertido fuera del tablero.

La votación llegó con el país en huelga general de 24 horas, convocada por la Confederación General del Trabajo, y con protestas que concentraron el pulso social en Buenos Aires. El Gobierno y sus aliados celebraron la “modernización laboral” como un giro para reducir la informalidad y frenar la llamada industria del juicio; la oposición y los sindicatos la describieron como un recorte de derechos con efectos inmediatos en salarios, tiempos de trabajo y poder de negociación en las empresas.

La noche larga en Diputados y la aritmética de los apoyos

La sesión se estiró durante horas, con el ambiente cargado de esa electricidad que solo aparece cuando una ley toca la rutina de millones. El bloque oficialista de La Libertad Avanza llegó al final con una mayoría ajustada pero suficiente, abrochada con aliados y bloques provinciales. En el recinto, la ovación posterior a la votación tuvo también un punto de escena: en el palco siguieron el desenlace la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior Diego Santilli, en una imagen que el oficialismo leyó como foto de control: la política y el Ejecutivo, alineados.

Los votos afirmativos se armaron con el concurso de Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el bloque Innovación Federal, además de apoyos desde bancadas y espacios provinciales con nombre propio. Hubo menciones explícitas a legisladores de Misiones y Salta dentro de Innovación Federal, y también a bloques vinculados a Santa Cruz, San Juan y espacios como Elijo Catamarca e Independencia. En el otro lado, el rechazo tuvo columna vertebral: Unión por la Patria y la izquierda, con una idea repetida —con tonos distintos—: la ley desplaza poder hacia el empleador y adelgaza garantías que hoy funcionan como suelo mínimo.

La sesión, además, no fue solo números. Hubo frases que buscaban clavar un marco. El diputado Sergio Palazzo habló de “contrabando” detrás de la palabra modernización, como si el título del proyecto fuese un envoltorio brillante. Esteban Paulón cargó contra una reforma que, a su juicio, no mira al futuro —citó la inteligencia artificial como ausencia llamativa— y que, en cambio, elimina la ley de teletrabajo nacida tras la pandemia. Y Marcelo Mango lo aterrizó en una imagen seca, casi física: “la guillotina del despido inminente”, una manera de decir que el miedo también legisla.

El artículo 44: el punto que se tragó el debate

Si hubo una piedra concreta que frenó, embarró y finalmente reordenó el texto fue el artículo 44, el que abría la puerta a recortar el salario durante una baja médica en determinados supuestos. La redacción que circuló en el Congreso hablaba de una reducción de hasta el 50% del pago para bajas por accidente o enfermedad vinculados a una “actividad voluntaria” o a una conducta de riesgo asumida de forma consciente, y de hasta el 25% en otros casos de enfermedades o accidentes involuntarios no laborales. Ese apartado se convirtió en una bandera para la oposición y en un problema interno para algunos aliados del Gobierno: el tipo de medida que, incluso entre quienes compran el paquete general, suena demasiado áspera cuando se traduce a una nómina.

La retirada del artículo fue el movimiento que desbloqueó la votación, pero también el que obliga a que el proyecto regrese al Senado. Dicho de otra manera: el oficialismo ganó el partido en Diputados, pero aceptó jugar prórroga en la Cámara Alta. La negociación que llevó a esa supresión se cocinó con presión cruzada y tiempos largos; por momentos, la sensación dentro y fuera del Congreso fue que la ley no avanzaba por convicción, sino por agotamiento, por la necesidad de cerrar un texto antes de que el conflicto se comiera la agenda.

Ese cambio, además, no es menor en términos políticos: muestra el borde de lo aceptable dentro de la coalición parlamentaria que hoy le presta votos a Milei. En una reforma tan amplia, quitar una pieza puede parecer un gesto quirúrgico; en realidad fue una señal de que hay líneas que siguen disparando alarma incluso en un Congreso donde el Gobierno ha logrado imponer ritmo. Y el ritmo, en esta historia, es una obsesión: que el trámite final llegue a tiempo para que la Casa Rosada pueda exhibir una ley sancionada antes del arranque formal de las sesiones ordinarias.

Doce horas, banco de horas y la nueva geometría del tiempo

La frase que se ha quedado pegada como chicle en la suela es “jornada de 12 horas”, porque entra sola, casi sin explicación. El proyecto permite ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete un descanso de 12 horas entre días de trabajo, y mantiene el límite semanal de 48 horas. El matiz es clave: no se trata de trabajar más a la semana, sino de redistribuir esas horas de un modo que rompe la costumbre. En una fábrica, en un comercio grande, en logística, en el transporte, el cambio no es solo contable; cambia turnos, trayectos, cuidados, vida doméstica… y también el margen de negociación real cuando el calendario se vuelve flexible para una parte y rígido para la otra.

El mecanismo central para hacerlo posible es el banco de horas, una fórmula que desplaza el concepto clásico de horas extra. En vez de pagar automáticamente un recargo por las horas que exceden la jornada, el sistema permite compensarlas con descansos o con reorganización en periodos posteriores, bajo acuerdos entre empresa y trabajador o en el marco que marque la negociación colectiva nueva. El Gobierno lo presenta como flexibilidad para contratar y producir sin el “castigo” de la hora extra; los críticos lo ven como una forma de que doce horas seguidas de trabajo puedan convertirse en algo “normal” sin que el salario suba en proporción. No es un debate abstracto: en el bolsillo, la diferencia entre “extra pagada” y “extra compensada” se nota como se nota el peso de una moneda en la mano.

La reforma también abre el abanico en vacaciones —con posibilidad de fraccionarlas— y toca la arquitectura del salario con conceptos como el “salario dinámico”, asociado a pagos por mérito o productividad. Además, permite pactar formas de remuneración que no se limiten estrictamente a la moneda local: se contempla el pago en moneda extranjera y, en ciertos marcos, incluso en especie (habitación o alimentos), una redacción que remite a modelos antiguos y a la vez a realidades nuevas de sectores precarizados. Sobre el papel puede sonar a libertad contractual; en la práctica, en mercados desequilibrados, la libertad suele tener una dirección preferente.

Despidos, indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral

El otro núcleo duro del proyecto está en el despido y su coste. La reforma cambia el cálculo de las indemnizaciones y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema pensado para que el empleador haga aportes mensuales destinados a cubrir eventuales desvinculaciones. La idea se parece a la “mochila” que algunos modelos liberales han defendido en Europa: un fondo que acompaña al trabajador o que sirve como colchón para que la salida no dependa de un pago grande de golpe. El Gobierno insiste en que esto da previsibilidad, reduce litigios y anima a contratar; los detractores responden que, si el despido se vuelve más barato y rutinario, el empleo puede volverse más frágil, con contratos menos estables y con menos freno psicológico y económico a echar a alguien.

El debate en Argentina tiene una palabra propia que aparece siempre: “industria del juicio”. Para el oficialismo, hay un circuito de demandas laborales que asfixia a empresas, especialmente a pymes, y que convierte cada conflicto en una amenaza económica. La reforma pretende desactivar ese escenario con reglas nuevas, menor incentivo al pleito y cambios en la justicia laboral. En el texto aprobado en Diputados se incluye la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, una decisión de enorme carga simbólica y práctica: no es un retoque, es mover el tablero donde se dirimen conflictos entre trabajador y empresa, con el objetivo declarado de acelerar y contener la judicialización.

En paralelo, el Gobierno ha defendido que la reforma incluye incentivos para formalizar empleo y aliviar cargas. El ministro de Economía Luis Caputo llegó a subrayar públicamente una rebaja muy agresiva de cargas patronales para nuevos empleos —habló de un recorte del 85%—, en línea con el relato de que la contratación formal en Argentina lleva más de una década estancada. La oposición, sin embargo, sospecha del equilibrio final: teme que el nuevo sistema acabe trasladando costes al trabajador y debilitando, además, la financiación de la seguridad social, porque el fondo y los incentivos fiscales tocan un área donde cada ajuste tiene consecuencias en cadena.

Huelga, sectores esenciales y quién manda en el convenio

La reforma no se limita a tiempo y dinero; entra también en la capacidad de presión. El proyecto restringe el derecho a huelga ampliando el perímetro de actividades consideradas esenciales y fijando servicios mínimos que llegan al 75% en sectores como salud, educación, transporte, energía y agua. Ese porcentaje no es un detalle técnico: una huelga con tres cuartas partes de actividad en marcha es, muchas veces, una huelga que suena pero no para. Para el Gobierno, es garantizar funcionamiento básico y evitar parálisis; para sindicatos y oposición, es recortar el instrumento central con el que se negocian condiciones en un país donde, tradicionalmente, el conflicto ha sido motor de pacto.

En la calle, la huelga general mostró esa disputa en su versión más cruda. La CGT convocó el paro sin llamada formal a movilización, pero la Central de Trabajadores de Argentina, otros sindicatos y movimientos sociales sí tomaron la Plaza del Congreso, con momentos de tensión y represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma. La conflictividad tuvo su propio recuento: se informó de detenciones y de heridos en incidentes concentrados en el entorno del Parlamento, mientras dentro del hemiciclo el debate seguía como si el ruido fuera parte del decorado.

El proyecto también cambia el sistema de negociación colectiva al dar prioridad a los acuerdos de empresa o regionales por encima de los sectoriales, un giro que debilita el peso de los convenios de rama y, con ello, el músculo de los sindicatos en negociaciones amplias. Es un desplazamiento de poder silencioso: menos “regla común” y más negociación empresa a empresa, con resultados previsiblemente dispares. Para algunos juristas laboralistas argentinos, esto no solo limita la huelga; también restringe asambleas en el lugar de trabajo, al exigir autorizaciones o condiciones más estrictas para reunirse durante la jornada. Si el conflicto es la palanca, limitar palanca y convenio a la vez cambia el equilibrio.

Del paro general al Senado: el calendario que aprieta

En la cocina política del Gobierno hay una fecha que actúa como meta: el 1 de marzo, cuando Milei pretende inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso con la reforma ya aprobada. La expectativa en el oficialismo es acelerar la vuelta del proyecto al Senado; en ese contexto, la presidenta de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, convocó a comisiones para apurar plazos, con la mirada puesta en una ratificación en torno al 27 de febrero. La reforma se ha tramitado a velocidad alta, con poco margen para que el debate público se asiente, y eso explica parte del choque: la sensación de que las reglas del trabajo cambian en sprint, sin ese desgaste lento que suele amortiguar el golpe.

La huelga general dejó cifras que ayudan a medir la magnitud del día. La CGT sostuvo que el seguimiento fue del 90%, y el paro afectó desde administración pública e industria hasta comercio exterior y transporte de pasajeros. Las aerolíneas cancelaron alrededor de 400 vuelos, con impacto en unos 64.000 pasajeros, según datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina. La Universidad Argentina de la Empresa calculó pérdidas de 489 millones de dólares, una cifra que el Gobierno discutió en el terreno político —“extorsión”, “privilegios”, “casta sindical”— mientras los sindicatos respondían con otra idea fija: desde la llegada de Milei al poder se destruye empleo formal a ritmo diario, y el tejido productivo se resiente por abajo, donde no hay margen de épica.

También hubo tensión en la relación del Ejecutivo con los empleados públicos. La Casa Rosada anticipó que descontaría el día a quienes faltaran por el paro, una medida que añade presión sobre un colectivo ya golpeado por recortes. En paralelo, las principales entidades empresariales difundieron un mensaje de apoyo a la reforma y de crítica al paro, reclamando consensos y advirtiendo contra decisiones que aumenten la incertidumbre. Adorni, como portavoz del Gobierno, calificó la huelga de “extorsiva” y cargó contra la imagen pública del sindicalismo, en un tono que no busca pacto sino disputa: el oficialismo interpreta que ganar también es romper símbolos.

En medio de todo, Milei siguió el debate desde fuera del país, en Washington, donde participó en un encuentro vinculado a una iniciativa internacional impulsada por Donald Trump sobre Gaza. Desde allí, el presidente argentino se movió en redes con su estilo habitual, compartiendo vídeos del clima tenso dentro del recinto, con referencias a episodios de interrupciones y forcejeos parlamentarios. En la Cámara Baja, el cierre de filas oficialista convivió con escenas de alta temperatura: el diputado Máximo Kirchner advirtió que la norma da “más poder” a empresarios; Germán Martínez prometió derogarla si vuelven al poder; y Horacio Pietragalla llegó a compararla con la esclavitud en un gesto simbólico que buscaba convertir el debate técnico en imagen imposible de ignorar.

Un país con reglas nuevas y una pelea abierta

A partir de aquí, la reforma entra en su fase más delicada: la del Senado como aduana final y la de los tribunales como amenaza real. La oposición ha hablado abiertamente de judicialización por posibles choques con garantías constitucionales y con convenios internacionales, especialmente en materia de huelga, negociación colectiva y condiciones de trabajo. Incluso quienes aceptan que Argentina necesita ordenar su mercado laboral discuten el método: si el objetivo es formalizar empleo, la duda es si se logra por la vía del recorte de derechos o por la estabilización económica que haga viable contratar sin miedo a una crisis cada tres meses.

En lo inmediato, lo que queda es una reforma que ya ha mostrado sus efectos políticos antes de entrar en vigor: un Congreso dividido con números claros, una calle capaz de paralizar el país, un Gobierno que apuesta por velocidad y confrontación, y una constelación de actores —sindicatos, empresarios, provincias, aliados parlamentarios— midiendo cuánto cuesta acompañar o resistir. La jornada de 12 horas, el banco de horas, el FAL, los servicios mínimos y el nuevo peso del convenio de empresa no son conceptos para juristas; son mecanismos que, si se confirman en el trámite final, van a reordenar la vida cotidiana del trabajo argentino con una contundencia difícil de disimular, incluso aunque el texto se vista de modernidad.