¿Por qué más del 80 % de España sigue respirando aire contaminado?

Más del 80 % de la población española respira aire contaminado, según la estimación de Greenpeace difundida por EFE en vísperas del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que se celebra el 7 de septiembre. Detrás del dato aparecen viejos conocidos: tráfico rodado, combustibles fósiles, actividad industrial, puertos y aeropuertos. Y otros menos visibles, como unas partículas diminutas que entran en los pulmones sin pedir permiso o el ozono que se forma durante los episodios de calor.

La cifra necesita, eso sí, una explicación. No existe un único porcentaje oficial de españoles que respiren aire contaminado, porque el resultado cambia según el contaminante estudiado y, sobre todo, según el límite utilizado. Greenpeace sitúa la exposición por encima del 80 % tomando como referencia el endurecimiento de los estándares europeos. El último estudio anual de Ecologistas en Acción, elaborado con datos de 2025, ofrece otra fotografía: 32,6 millones de personas, aproximadamente dos tercios de la población, estuvieron expuestas a concentraciones superiores a los límites que la Unión Europea exigirá en 2030. No es necesariamente una contradicción; son cálculos distintos sobre una misma atmósfera bastante menos limpia de lo que sugieren muchos cielos azules.

El problema tampoco consiste en que España viva permanentemente bajo una nube gris digna de una novela industrial del siglo XIX. Buena parte de la contaminación atmosférica no se ve ni se huele. Una avenida puede parecer despejada mientras registra concentraciones elevadas de dióxido de nitrógeno; una tarde luminosa de agosto puede traer bastante ozono; unas partículas microscópicas pueden permanecer suspendidas sin alterar a simple vista el paisaje. Ahí está precisamente la trampa.

Qué significa realmente que el 80 % respire aire contaminado

Hablar de aire contaminado exige fijar primero dónde colocamos la raya. La legislación europea todavía permite determinadas concentraciones que las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud consideran excesivas. Dicho de otra manera: un aire puede estar dentro de la legalidad y seguir lejos del nivel que la ciencia considera óptimo para proteger la salud.

La OMS recomienda como media anual un máximo de 5 microgramos por metro cúbico de PM2,5, 15 para las PM10 y 10 para el dióxido de nitrógeno. Son referencias sanitarias, no límites jurídicamente obligatorios.

Por eso las estadísticas cambian tanto cuando se pasa del estándar legal vigente a los futuros límites europeos o a las recomendaciones de la OMS. El porcentaje no debería distraer de lo esencial: una parte muy amplia de los españoles continúa expuesta a niveles de contaminación superiores a los considerados deseables para la salud.

El informe de Ecologistas en Acción sobre 2025 detectó, además, un repunte después de varios años de descenso. El calor intenso y el aumento de la movilidad tuvieron bastante que ver. El ozono empeoró especialmente durante las olas de calor del verano, mientras el mayor consumo de combustibles en automoción y aviación añadió presión a una atmósfera que tampoco venía precisamente descansada.

El tráfico sigue en el centro del problema

En las ciudades españolas, el tráfico motorizado continúa siendo uno de los principales focos de contaminación y resulta especialmente relevante en las concentraciones de dióxido de nitrógeno, el conocido NO₂. No hace falta imaginar una autopista cubierta por humo negro: miles de motores funcionando cada mañana entre viviendas, colegios, oficinas y aceras producen una exposición cotidiana mucho menos espectacular, pero persistente.

Greenpeace también señala otros puntos sensibles. Las inmediaciones de determinadas industrias, los puertos, las terminales de mercancías y los aeropuertos pueden registrar aportaciones importantes. La contaminación, como suele ocurrir con los problemas ambientales serios, tiene poca afición por las explicaciones monocausales.

NO₂, partículas y ozono: tres contaminantes que funcionan distinto

El dióxido de nitrógeno está estrechamente relacionado con la combustión y, en los entornos urbanos, con el tráfico. Sus concentraciones tienden a crecer cerca de las carreteras y calles con circulación intensa.

Las PM10 y PM2,5 son partículas en suspensión. Las más finas pueden penetrar profundamente en el aparato respiratorio; algunas proceden directamente de procesos de combustión y otras se forman mediante reacciones químicas en la atmósfera. El tamaño importa aquí, y mucho: cuanto más pequeñas, más fácilmente penetran en el organismo.

El ozono troposférico juega otra partida. No sale directamente del tubo de escape como tal, sino que se genera mediante reacciones entre otros contaminantes favorecidas por la radiación solar. Por eso puede convertirse en un problema especialmente serio durante episodios de calor y alcanzar concentraciones elevadas incluso en áreas suburbanas o rurales alejadas del punto donde se emitieron sus precursores. La postal de campo limpio también puede engañar.

Europa baja los límites y España tendrá que adaptarse

Hay otra precisión relevante en esta noticia. La nueva normativa europea no está pendiente de ser aprobada a finales de 2026. La Directiva (UE) 2024/2881 fue aprobada en octubre de 2024 y entró en vigor ese mismo año. Lo que los Estados miembros deben completar antes del 11 de diciembre de 2026 es su transposición al derecho nacional. Los límites más exigentes deberán alcanzarse, con carácter general, como máximo el 1 de enero de 2030.

El cambio es notable. Para 2030, el límite medio anual europeo de las PM2,5 bajará a 10 microgramos por metro cúbico; el de PM10, a 20; y el de dióxido de nitrógeno, también a 20. La regulación anterior contemplaba respectivamente 25, 40 y 40 microgramos. Europa, pues, estrecha el pasillo considerablemente.

Y aun así seguirá existiendo distancia respecto a las recomendaciones de la OMS, que establece para esos mismos contaminantes medias anuales de 5, 15 y 10 microgramos. Es una diferencia importante para entender titulares aparentemente contradictorios: cumplir la ley europea de 2030 no equivaldrá automáticamente a alcanzar el nivel recomendado por la autoridad sanitaria mundial.

Las zonas de bajas emisiones pasan del mapa a la prueba real

España aprobó hace años la obligación de establecer zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares y de determinadas localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores establecidos de contaminación. La Ley de Cambio Climático fijaba su implantación antes de 2023.

La cuestión ya no es simplemente dibujar una línea en un plano municipal y colocar dos señales en los accesos. Una ZBE solo mejora el aire cuando consigue reducir realmente el tráfico contaminante y la exposición. Greenpeace advierte de que algunas ciudades han aprobado zonas de efectividad discutible, mientras señala experiencias como Barcelona, Madrid o Pontevedra donde aprecia reducciones de la contaminación.

Aquí aparece una de las paradojas más españolas del asunto: podemos tener una zona de bajas emisiones impecablemente bautizada, reglamentada y coloreada en un mapa, y conseguir poco si apenas modifica la circulación. La atmósfera tiene ese defecto administrativo: no lee ordenanzas.

La ubicación de las estaciones de medición también importa. Una estación situada junto a una vía muy transitada no registra lo mismo que otra escondida entre árboles y lejos de la circulación. La normativa europea exige que la evaluación refleje adecuadamente la exposición de la población y presta una atención específica a áreas influenciadas por carreteras, aeropuertos, puertos, industria y calefacción doméstica.

Respirar peor termina apareciendo en la salud

La contaminación atmosférica no es únicamente una discusión sobre movilidad urbana o ecología. Es, sobre todo, salud pública. La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que sigue siendo el mayor riesgo ambiental para la salud en Europa y relaciona la exposición prolongada con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer de pulmón, asma y otros problemas crónicos.

Según su evaluación basada en datos de 2023, alrededor del 95 % de la población urbana europea estuvo expuesta a concentraciones superiores a las recomendaciones de la OMS. La agencia estima por separado que reducir las concentraciones hasta esos niveles habría evitado en la Unión Europea unas 182.000 muertes atribuibles a PM2,5, 34.000 relacionadas con NO₂ y 63.000 con ozono. Esas cifras no deben sumarse entre sí porque la exposición a los distintos contaminantes se solapa.

Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares soportan una parte mayor del riesgo. Pero no existe una frontera invisible que deje al resto fuera. Respiramos unas 20.000 veces al día, aproximadamente, y el aire entra sin etiqueta de ingredientes.

La contaminación y el cambio climático, además, comparten buena parte de sus fuentes. Quemar gasolina, gasóleo, carbón o gas genera gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, contaminantes que perjudican directamente la salud. Reducir esa combustión tiene así un doble efecto: menos calentamiento y menos suciedad en los pulmones.

No es casual que Naciones Unidas haya dedicado el Día Internacional del Aire Limpio de 2026 a subrayar precisamente el coste económico y sanitario de la contaminación. El foco se sitúa en medidas capaces de actuar simultáneamente sobre calidad del aire y clima, partiendo de una idea bastante poco revolucionaria pero frecuentemente olvidada: enfermar menos también tiene valor económico.

España llega a 2030 con menos margen para aplazarlo

La fotografía española tiene luces. Las emisiones de determinados contaminantes han descendido durante las últimas décadas, los vehículos nuevos contaminan menos que los antiguos y el crecimiento de las renovables ha reducido parte de las emisiones asociadas a la generación eléctrica. El aire de muchas ciudades no es el de los años ochenta o noventa. Negarlo sería absurdo.

Pero tampoco sirve la comodidad de compararse permanentemente con el pasado. Los límites europeos van a endurecerse, la ciencia sanitaria utiliza referencias todavía más estrictas y 2025 mostró que el progreso no avanza siempre en línea recta: el calor extremo, el ozono y el aumento de la movilidad pueden recuperar terreno rápidamente.

El dato de Greenpeace —más del 80 % de españoles respirando aire contaminado— debe leerse con su metodología y su contexto, no como una cifra oficial grabada en mármol. Junto a él está otro dato difícil de ignorar: 32,6 millones de personas quedaron en 2025 por encima de los valores que Europa pretende convertir en referencia legal para 2030.

La discusión real, entonces, está bastante menos en decidir si el porcentaje correcto es 67, 80 o unos puntos más. Está en qué aire se considera aceptable para vivir. Europa acaba de mover esa frontera hacia abajo. La OMS la coloca todavía más abajo. Y los pulmones, incómodamente ajenos a las guerras de porcentajes, llevan tiempo jugando con el criterio más exigente de todos.