¿Qué se sabe del abuso ritual en Israel denunciado por terapeutas?

Israel afronta una investigación especialmente delicada sobre denuncias de abuso sexual organizado y ritualizado, después de que varias supervivientes hayan comparecido ante la Knéset y cuatro profesionales de salud mental afirmaran haber reunido testimonios de más de 50 personas con relatos de características similares. La Policía israelí mantiene actuaciones abiertas y el asunto ha llegado al Parlamento, pero hay una frontera que conviene dejar marcada desde el principio: no está probada judicialmente la existencia de una gran red nacional, ni las acusaciones contra personas pertenecientes a determinadas profesiones o instituciones pueden presentarse como hechos acreditados.

Lo que sí existe es bastante más concreto que un rumor de internet. Hay testimonios formales ante diputados, expedientes examinados por la Policía, profesionales que describen lesiones y secuelas compatibles con traumas graves y un debate institucional sobre cómo investigar delitos que, según las denunciantes, habrían comenzado cuando eran niñas. También persiste un enorme agujero de información: Israel no dispone de una definición administrativa o penal específica de “abuso ritual organizado”, lo que dificulta contar denuncias, cruzar expedientes y determinar la dimensión real del fenómeno.

Más de 50 testimonios llevan el asunto fuera de las consultas

La investigación publicada el 15 de mayo de 2026 por el medio israelí Shomrim puso nombres y cargos profesionales a una discusión que llevaba meses creciendo. La psiquiatra Inbal Brenner, la psiquiatra Sharon Levy, la psiquiatra Daphna Armon y la trabajadora social Tanya Oren-Chipman aseguraron haber encontrado, en pacientes distintos y sin relación conocida entre sí, relatos con patrones repetidos de violencia sexual, física y psicológica organizada. En conjunto hablan de más de 50 víctimas cuyos testimonios han conocido a lo largo de su actividad clínica.

No son cuatro voces marginales. Brenner preside la Sociedad Israelí para el Tratamiento y la Prevención del Trauma Sexual y dirige una clínica especializada en trauma sexual; Levy ocupa responsabilidades en los servicios de salud mental de Meuhedet en Jerusalén; Armon dirige un departamento dedicado al trastorno de estrés postraumático complejo, y Oren-Chipman dirigió durante años un centro del Ministerio de Bienestar dedicado al trauma sexual. Según explicaron, ellas mismas reaccionaron inicialmente con incredulidad ante algunos relatos. Lo extraño apareció después: pacientes procedentes de ambientes diferentes relataban formas de violencia parecidas sin conocerse entre ellos.

En diciembre de 2025 se celebró además en Israel la primera conferencia profesional dedicada específicamente al denominado trauma ritual, organizada por la sociedad especializada en trauma sexual vinculada al entorno de la Asociación Médica Israelí. Hasta ese momento, según las propias terapeutas, el fenómeno apenas había aparecido en su formación médica o especializada. Había pacientes; faltaba un lenguaje común para describir lo que relataban.

Qué significa realmente hablar de “abuso ritual”

“Abuso ritual” es una expresión que arrastra una maleta histórica bastante pesada. Durante las décadas de 1980 y 1990, determinadas acusaciones de abusos satánicos generaron investigaciones fallidas, pánicos morales y polémicas sobre recuerdos inducidos. Meter automáticamente cualquier denuncia actual en ese cajón sería cómodo. También poco riguroso.

En el uso profesional contemporáneo, el concepto de abuso ritual organizado puede describir agresiones físicas, sexuales y psicológicas repetidas por varias personas en las que ceremonias, símbolos religiosos, representaciones sobrenaturales o actos ritualizados funcionan como instrumentos para intimidar, humillar y controlar a la víctima. El componente ritual no significa necesariamente que los agresores crean realmente en esa simbología. Puede formar parte de la escenografía del terror.

Ese matiz importa mucho en Israel. Los testimonios conocidos incluyen referencias a símbolos religiosos judíos, pero convertir esas acusaciones en una sospecha contra una religión, una comunidad entera o el judaísmo sería un salto sin base. Lo investigable son conductas concretas y personas concretas. La nacionalidad, la fe o el uniforme institucional no sustituyen una prueba.

Los relatos describen control desde edades muy tempranas

Las cuatro profesionales describen pacientes que afirman haber sufrido violencia desde los tres, cuatro o cinco años, muchas veces dentro de entornos familiares o mediante personas que tenían acceso estable al menor. Hablan de agresiones cometidas por grupos de adultos, amenazas, privación, utilización de sustancias y mecanismos destinados, según sus testimonios, a generar miedo, confusión y silencio.

Algunos pacientes han señalado como supuestos participantes a familiares y personas vinculadas a profesiones de prestigio. En los testimonios recogidos aparecen acusaciones contra rabinos, médicos y otras figuras de autoridad; también se menciona una alegación relacionada con un juez. Son acusaciones, no condenas. No existe base pública para transformar la profesión de los presuntos implicados en una categoría de culpables ni para identificar como autores a personas que no hayan sido procesadas y juzgadas.

Las terapeutas aseguran haber observado también cicatrices, lesiones antiguas y reacciones físicas intensas asociadas al recuerdo del trauma. Eso puede constituir información clínica importante, pero una lesión no identifica por sí sola quién la produjo ni demuestra automáticamente una estructura criminal determinada. El consultorio y un tribunal trabajan con herramientas distintas: uno trata síntomas y relatos; el otro necesita atribuir hechos concretos a acusados concretos con pruebas que puedan ser contrastadas.

La Knéset escuchó a las supervivientes y la Policía investiga

El asunto ya había abandonado la esfera exclusivamente terapéutica antes de que adquiriera mayor repercusión pública. Durante 2025, varias mujeres comparecieron en sesiones parlamentarias dedicadas al supuesto abuso sexual ritual organizado. Algunas afirmaron haber sido agredidas desde la infancia por grupos de adultos y denunciaron que instituciones educativas, servicios sociales o autoridades no detectaron a tiempo lo que ocurría.

Una de las comparecientes, Hadar Feldman, declaró que había sufrido abusos durante años y acusó a un antiguo parlamentario, ya fallecido, de haberla agredido cuando era menor. Otras mujeres presentaron testimonios similares sobre familiares, médicos, religiosos o figuras comunitarias. La Knéset no juzgó ni declaró probadas esas acusaciones: una comisión parlamentaria recibe testimonios, pregunta a los responsables públicos y fiscaliza la respuesta institucional; no sustituye a un tribunal penal.

La respuesta policial también ha evolucionado. En julio de 2025, la Policía confirmó que el asunto estaba siendo investigado y señaló que revisaba expedientes cerrados de años anteriores. Posteriormente informó ante la Knéset de que una unidad perteneciente a Lahav 433, la estructura nacional dedicada a investigaciones complejas, estaba tratando el asunto bajo supervisión de altos responsables. La Fiscalía designó igualmente a una fiscal de rango superior para coordinar el seguimiento.

Hay, sin embargo, un dato que explica buena parte de la niebla. El Centro de Investigación e Información de la Knéset señaló que no existe una definición gubernamental unificada para este tipo de abuso. Al revisar aproximadamente una década de expedientes policiales se identificaron solo cuatro casos que podrían encajar en esa categoría. Eso no prueba que haya únicamente cuatro víctimas; demuestra, más bien, que el sistema ni siquiera ha clasificado históricamente los casos de una manera que permita contarlos con fiabilidad.

Trauma, memoria y prueba forman el nudo más difícil

Buena parte de la polémica gira alrededor de la memoria. Las profesionales entrevistadas explican que muchos pacientes presentan disociación, lagunas, recuerdos fragmentados, sensaciones físicas o imágenes que aparecen sin una secuencia cronológica limpia. Es algo que puede darse en personas sometidas a traumas graves y prolongados. El problema comienza cuando ese material debe convertirse en una declaración policial capaz de indicar fechas, lugares, autores y hechos comprobables.

Una investigación criminal no puede exigir a una persona traumatizada que recuerde como una cámara de vigilancia. Tampoco puede hacer el movimiento contrario y considerar automáticamente verdadero todo recuerdo surgido durante una terapia. Entre ambos extremos está el trabajo difícil: contrastar ubicaciones, documentación médica, comunicaciones, fotografías, testimonios independientes y antiguos expedientes. La justicia vive precisamente en esa franja incómoda.

El debate sobre los recuerdos recuperados tampoco puede despacharse con una caricatura. La memoria traumática puede ser fragmentaria y la disociación es un fenómeno clínico reconocido; al mismo tiempo, la psicología lleva décadas estudiando la posibilidad de distorsiones, sugestión y reconstrucciones de recuerdos. Que una persona padezca un trastorno disociativo no demuestra que mienta. Que padezca síntomas intensos tampoco permite identificar sin más el origen exacto de cada recuerdo.

Ahí reside una de las razones por las que este caso exige menos ruido y más investigación. El viejo reflejo de llamar “loca” a una denunciante porque su relato resulta difícil de escuchar tiene una historia poco honorable. Pero sustituir la incredulidad automática por una credulidad automática tampoco ayuda a las víctimas. Creer que una denuncia merece ser investigada no significa declarar culpable a alguien antes de investigarlo.

El caso Shoshana Strook aceleró una discusión que ya existía

El nombre de Shoshana Strook, hija de la ministra israelí Orit Strook, convirtió el asunto en una tormenta política y social después de que difundiera públicamente acusaciones de abusos sexuales y rituales. Las profesionales que habían tratado otros casos fueron tajantes sobre ese punto: no tenían información que confirmara ni desmintiera su caso particular. Sus testimonios clínicos sobre otros pacientes eran anteriores y distintos.

Tras la muerte de Strook en marzo de 2026, la discusión se endureció. Parte del debate público pasó de analizar las acusaciones a discutir si el fenómeno podía existir siquiera. Para Brenner, Levy, Armon y Oren-Chipman, aquella reacción terminó empujándolas a hablar públicamente porque veían cómo pacientes con historias similares interpretaban el descrédito general como una negación de sus propios traumas.

La controversia tiene también su contrapunto. Figuras religiosas israelíes han cuestionado públicamente la existencia de redes rituales tal y como han sido descritas y han reclamado pruebas antes de aceptar acusaciones de enorme gravedad. Esa exigencia probatoria es legítima; lo que resulta más difícil de sostener es que el asunto sea únicamente una fantasía aparecida en redes sociales, porque la Knéset lo ha debatido, la Policía ha abierto investigaciones y profesionales especializados han expresado públicamente sus preocupaciones.

Una realidad cuya dimensión todavía se desconoce

Israel está, de momento, en esa incómoda tierra intermedia donde las instituciones saben que existe un problema que merece investigación pero todavía no pueden establecer su verdadera extensión. No hay una estadística nacional fiable de abuso ritual organizado; tampoco una sentencia que permita hablar responsablemente de una única red que atraviese el país. Sí existen decenas de testimonios clínicos, declaraciones ante el Parlamento y diligencias policiales. Negar todo eso sería falsear el estado de la cuestión. Convertirlo en una conspiración demostrada, también.

La experiencia internacional muestra, al menos, que la expresión no pertenece únicamente al terreno de las leyendas urbanas. Existen precedentes judiciales en otros países en los que se han condenado abusos sexuales infantiles organizados que incluían prácticas ritualizadas, aunque eso no permite extrapolar automáticamente esos casos a Israel. Cada denuncia israelí tendrá que sostenerse sobre sus propias pruebas.

Lo esencial está menos en la etiqueta que en los hechos. Si detrás de algunos testimonios aparecen grupos de adultos que utilizaron ceremonias, religión, amenazas o drogas para someter sexualmente a menores, habrá delitos gravísimos aunque el Código Penal nunca utilice las palabras “abuso ritual”. Y si determinadas acusaciones no pueden demostrarse, deberán decirlo las investigaciones con la misma claridad.

Por ahora, el silencio se ha roto, pero la verdad judicial todavía está en construcción. Hay víctimas que reclaman ser escuchadas, instituciones que empiezan a buscar conexiones entre expedientes y acusaciones que necesitan pruebas independientes. Entre la negación cómoda y la teoría total hay un terreno bastante menos espectacular y mucho más serio: investigar qué ocurrió, quién pudo hacerlo y cuántos niños quedaron, durante años, fuera del radar de quienes tenían la obligación de protegerlos.