¿Cómo acabó Valencia pagando 15 millones por las torres de Calatrava?

Valencia pudo tener junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias tres rascacielos de hasta 308 metros de altura, con viviendas, hotel y oficinas, envueltos en la arquitectura helicoidal de Santiago Calatrava. Nunca se construyeron. Lo que sí salió de las cuentas públicas fueron más de 15 millones de euros por el anteproyecto y el proyecto básico de un conjunto que tropezó con problemas urbanísticos, jurídicos y económicos antes de que una sola torre empezara a levantarse.

Ese es el dato que explica por qué el episodio, nacido durante la euforia inmobiliaria valenciana de comienzos de siglo, sigue reapareciendo dos décadas después. No hubo una condena penal por aquellos pagos: la Fiscalía Provincial de Valencia archivó en 2011 la denuncia presentada por diputados de Esquerra Unida al considerar que no existían indicios suficientes de criminalidad. Otra cosa es que la contratación quedara libre de reproches. La Sindicatura de Comptes señaló deficiencias, cuestionó la falta de documentación que justificara la adecuación de los honorarios al mercado y advirtió de los obstáculos que ya rodeaban la ejecución del proyecto.

La historia tiene algo muy valenciano de aquellos años y, al mismo tiempo, muy español: una maqueta espectacular, autoridades sonrientes, cifras con muchos ceros y una promesa de alcance mundial. Después llegaron los papeles. Y los papeles, bastante menos fotogénicos que un rascacielos de Calatrava, contaban otra historia.

Un skyline que pretendía cambiar Valencia

El proyecto fue presentado en noviembre de 2004, cuando el mercado inmobiliario español todavía parecía ignorar la existencia de la gravedad. Francisco Camps presidía la Generalitat Valenciana; Rita Barberá era alcaldesa de Valencia. Santiago Calatrava aparecía junto a ambos para mostrar la que debía ser la prolongación monumental de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La ambición no se escondía. El arquitecto habló de una iniciativa de “trascendencia mundial” y planteó un nuevo polo residencial y empresarial en el extremo del complejo levantado junto al antiguo cauce del Turia. La primera versión llegó a contemplar cuatro rascacielos. En febrero de 2005 el dibujo fue reajustado y quedaron tres grandes torres.

Tres torres de 58, 70 y 80 plantas

Los edificios proyectados alcanzaban aproximadamente 220, 266 y 308 metros y recibían los nombres de Alicante, Castellón y Valencia. La torre más alta habría tenido 80 plantas y, con 308 metros, habría cambiado de forma bastante contundente el perfil de la ciudad.

Cada pieza tenía una función distinta. Una estaba destinada principalmente a viviendas, otra a un hotel y la tercera a oficinas. El conjunto incorporaba también el edificio horizontal Mediterráneo, de ocho alturas, aparcamientos, urbanización de la parcela y amplias superficies residenciales y terciarias. La estimación inicial para ejecutar la operación rondaba los 335 millones de euros, aunque posteriormente circularon cálculos superiores.

En alguna versión apareció incluso una estación de alta velocidad integrada en el desarrollo y una gran plaza pública. Eran aquellos tiempos en los que a un proyecto arquitectónico le podían crecer una estación de AVE y una “lonja del siglo XXI” casi con la naturalidad con la que hoy se añade una terraza.

El giro estaba en la arquitectura

Llamarlas “torres giratorias” puede producir una imagen algo engañosa. No se trataba de tres edificios dando vueltas mecánicamente sobre el solar. La idea estaba en su torsión helicoidal: la orientación de las plantas evolucionaba progresivamente desde la base hasta la parte superior, creando visualmente esa sensación de giro.

Calatrava relacionó las formas esbeltas y retorcidas con las columnas de la Lonja de la Seda de Valencia. El parentesco formal también recordaba al Turning Torso de Malmö, una de sus obras internacionales más reconocibles. En la maqueta, el resultado era difícil de ignorar. Otra cuestión —la decisiva— era conseguir que aquella maqueta se convirtiera en ciudad.

Quince millones antes de colocar la primera piedra

El contrato entre Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA) y la sociedad de Santiago Calatrava se formalizó el 14 de septiembre de 2005. Su objeto era redactar el anteproyecto y el proyecto básico de las tres torres, el edificio horizontal, la urbanización y el aparcamiento.

La cifra que posteriormente quedó recogida incluso en una sentencia del Tribunal Supremo es precisa: 15.075.551 euros, IVA excluido, por la redacción del anteproyecto y del proyecto básico. Era el resultado de calcular los honorarios como una parte del porcentaje previsto sobre el coste estimado de la futura obra, cifrado en unos 335 millones.

Los pagos se realizaron mediante cheques bancarios. La Fiscalía reveló años después que el importe desembolsado había superado ampliamente el anticipo de unos 2,6 millones que inicialmente había trascendido. La información publicada en 2011 situó el total abonado alrededor de los 15 millones; reconstrucciones posteriores, al añadir conceptos ligados a planos y maquetas, lo sitúan en torno a 15,2 millones. Lo esencial no cambia: la obra física no llegó a comenzar.

También había una singularidad fiscal. Las facturas se emitían sin IVA debido al domicilio en Suiza de la sociedad contratista. La propia Sindicatura de Comptes dejó constancia de dudas sobre la aplicación de las reglas de localización del impuesto y recomendó que CACSA prestara atención a esa cuestión. Eso tampoco equivale, conviene subrayarlo, a afirmar que existiera fraude fiscal.

Las alertas que dejó la Sindicatura de Comptes

El problema del contrato no era simplemente que el edificio terminara sin construirse. La Sindicatura de Comptes había examinado cómo se había producido la contratación y dejó observaciones bastante concretas.

El encargo se realizó directamente, sin publicidad ni concurrencia. La justificación empleada descansaba, entre otras razones, en mantener la armonía arquitectónica del complejo y un lenguaje coherente con las obras de Calatrava ya existentes. La Sindicatura replicó que esa armonía también podía garantizarse mediante un concurso de proyectos, abriendo la participación a otros arquitectos.

Había otro detalle nada menor. El organismo fiscalizador señaló que en el expediente no había encontrado documentación que acreditara suficientemente cómo se habían determinado los honorarios o su adecuación al mercado. Y recordó algo que hoy parece casi elemental: antes de encargar un proyecto de más de 15 millones convenía valorar las dificultades reales para ejecutarlo.

Esas dificultades existían. Hacían falta cambios de planeamiento, autorizaciones relacionadas con servidumbres urbanísticas y resoluciones favorables que garantizasen la plena disponibilidad de unos terrenos parcialmente procedentes de expropiaciones. Todo eso figuró después entre las circunstancias recogidas por el propio Tribunal Supremo al examinar el contexto de las críticas públicas al arquitecto.

Fiscalía, tribunales y una diferencia que importa

En marzo de 2011, diputados autonómicos de Esquerra Unida llevaron el asunto a la Fiscalía y denunciaron posibles delitos de prevaricación y malversación, entre otras cuestiones. La investigación acabó archivada.

La Fiscalía consideró que no había indicios suficientes de criminalidad. En aquel escrito dejó una frase que terminaría convirtiéndose casi en epitafio jurídico de toda una época: el ordenamiento penal no contemplaba simplemente el “derroche de dinero público” como figura delictiva autónoma. Una decisión administrativa puede ser discutible, ruinosa o difícil de defender políticamente sin convertirse automáticamente en delito. Es una diferencia esencial, aunque a veces moleste a los titulares más cómodos.

El asunto todavía tendría otro recorrido judicial. Santiago Calatrava litigó contra Esquerra Unida por el contenido de una web crítica con sus contratos y proyectos públicos. En febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazó que aquellas críticas vulnerasen ilegítimamente su derecho al honor.

La sentencia no condenó a Calatrava por las torres ni declaró delictiva su contratación. Lo que hizo fue resolver un conflicto entre el derecho al honor y las libertades de información y expresión. El Supremo consideró especialmente relevante que se discutiera sobre contratación pública, costes elevados y utilización de dinero público, materias en las que la crítica política puede ser particularmente intensa. También reprodujo en su resolución las observaciones de la Sindicatura sobre el contrato de las torres y los 15.075.551 euros de honorarios.

Mientras tanto, el proyecto tenía otro enemigo más prosaico: el mercado. No apareció un inversor privado dispuesto a asumir una operación inmobiliaria de semejante dimensión y, cuando la crisis financiera e inmobiliaria estalló a partir de 2008, las posibilidades de recuperar aquellas torres se evaporaron. La Generalitat llegó a plantear la venta del solar. Tampoco por ahí volvió la arquitectura de la maqueta al mundo real.

El solar que aún retrata una época

Más de veinte años después de la presentación, las torres siguen sin existir, pero el suelo sobre el que debían levantarse continúa apareciendo en la política urbana valenciana. Y aquí la historia da una vuelta especialmente llamativa: donde un día se imaginaron apartamentos, hotel y oficinas a cientos de metros de altura, volvió a discutirse la posibilidad de levantar vivienda protegida.

El 21 de enero de 2026, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València dejó constancia de una petición relacionada con los informes derivados de una moción presentada en 2024 para construir viviendas de protección pública en la parcela de CACSA donde se habían proyectado las torres. El propio documento municipal recuerda que una resolución judicial había impedido desarrollar aquel proyecto. Es decir, el terreno no es únicamente arqueología de la burbuja inmobiliaria: sigue formando parte del debate sobre qué hacer con una pieza valiosa de suelo público junto al Oceanogràfic.

Quedan, en cambio, los planos y las maquetas. Más de 15 millones de euros pagados, tres torres dibujadas, ninguna construida y una colección de documentos administrativos y judiciales que explica mejor la época que muchas fotografías institucionales. El proyecto quería modificar para siempre el skyline valenciano; terminó modificando otra cosa, quizá menos vistosa: la memoria sobre cómo se contrataban algunos de los grandes proyectos públicos durante los años de la burbuja.

No fue una condena penal ni puede contarse como tal. Fue algo más incómodo y, por eso mismo, más interesante: un proyecto extraordinariamente ambicioso, contratado y pagado cuando su ejecución ya dependía de obstáculos considerables, que después se quedó en papel. En arquitectura, la diferencia entre un sueño y un edificio suele ser el hormigón. En las cuentas públicas, por desgracia, el papel también cuesta dinero.