Los fondos para combatir el calor en las aulas, bajo examen

El Gobierno ha anunciado más de 1.200 millones de euros para que las comunidades autónomas impulsen medidas contra el calor en los centros educativos. La suma puede ayudar a corregir los problemas más urgentes, pero no equivale a un presupuesto nuevo y exclusivo para climatizar todas las aulas: combina fondos generales para rehabilitar edificios públicos con una partida educativa todavía pendiente de desarrollo.

La diferencia importa porque una cosa es poner recursos a disposición de las administraciones y otra convertirlos en obras terminadas. El dinero debe repartirse, asignarse a proyectos y ejecutarse en edificios muy distintos entre sí. Además, mejorar el confort térmico no siempre significa instalar aire acondicionado: puede exigir reparar cubiertas, proteger ventanas del sol o renovar la ventilación. La cifra es un punto de partida, no una garantía de aulas frescas.

Una suma que reúne fondos de distinto alcance

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, defendió el 16 de junio de 2026 que las comunidades autónomas cuentan con recursos para responder a las quejas de familias y docentes. De los fondos citados, 1.080 millones de euros proceden del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, conocido como PIREP, y otros 200 millones corresponden a una línea anunciada para centros educativos por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La suma aritmética alcanza los 1.280 millones, aunque se suele presentar redondeada como más de 1.200 millones.

El PIREP no nació como un fondo exclusivo para colegios ni como una partida recién abierta para comprar equipos de refrigeración. Sus 1.080 millones se destinan a mejorar edificios públicos de diferentes usos, entre ellos centros sanitarios, instalaciones deportivas, oficinas, bibliotecas y colegios. Del total, 480 millones se canalizaron hacia las comunidades autónomas y 600 millones hacia las entidades locales. La educación compite, por tanto, con otras necesidades del patrimonio público, y una parte de esos recursos ya está asignada, comprometida o invertida.

La otra vía, los 200 millones del PREE Educativo, sí está planteada específicamente para edificios vinculados a la enseñanza. La dotación puede servir para impulsar actuaciones de adaptación climática y eficiencia energética, desde mejoras en fachadas y cubiertas hasta ventanas, ventilación, instalaciones renovables, iluminación eficiente o bombas de calor. Pero el anuncio no significa que cada colegio tenga ya una cantidad asignada: todavía debe concretarse el desarrollo del programa y su distribución. Entre anunciar una ayuda y terminar una obra hay convocatorias, proyectos y contratación pública.

También merece atención el dato de que, según Tolón, el 15 % de los centros educativos se ha acogido a la medida general disponible. Esa proporción no demuestra que el 15 % de los colegios esté completamente climatizado. Acogerse a un programa puede implicar una intervención energética que no incluya refrigeración, como mejorar el aislamiento o sustituir ventanas; tampoco aclara por sí sola cuánto dinero ha llegado a cada edificio ni qué resultado térmico ha conseguido. Participar en una línea de financiación no es lo mismo que resolver el problema del calor.

El reparto por aulas cambia la perspectiva

La cifra total resulta más difícil de interpretar cuando se divide entre los espacios donde se enseña. No existe un inventario nacional único y actualizado de todas las estancias físicas utilizadas como aula. Las estadísticas educativas contabilizan centros, unidades y grupos, pero un grupo de alumnos no siempre ocupa una habitación exclusiva durante toda la jornada. Laboratorios, talleres, bibliotecas y salas polivalentes también pueden utilizarse para dar clase, mientras que algunos espacios se comparten o cambian de función.

El curso 2025-2026 cuenta con una previsión de 28.748 centros de enseñanzas no universitarias de régimen general. De ellos, unos 19.368 son centros públicos. En conjunto, estas enseñanzas reúnen aproximadamente a 8,29 millones de alumnos. Las unidades o grupos educativos ofrecen una aproximación más cercana a la escala del reto: el cálculo utilizado en las estadísticas ronda las 402.722 unidades, de las que unas 275.692 corresponden a centros públicos. No son necesariamente habitaciones independientes, pero permiten dimensionar la red que debe adaptarse.

Si los 1.200 millones se repartieran de forma idéntica entre todas esas unidades, la media sería de unos 2.980 euros por grupo; con los 1.280 millones completos, superaría ligeramente los 3.170 euros. Limitando la operación a las unidades públicas, los 1.200 millones equivaldrían a unos 4.353 euros por grupo. Son ejercicios teóricos, porque los fondos no tienen un único destino y no se distribuyen automáticamente a partes iguales. La división, aun así, muestra lo que se pierde cuando una cifra nacional se contempla sin escala.

La comparación más reveladora es la de los 200 millones reservados a edificios educativos. Repartidos entre las unidades públicas, representarían alrededor de 725 euros por grupo; divididos entre los 19.368 centros públicos, unos 10.326 euros por centro. La media no refleja el coste real de ninguna obra concreta, pero sí desmiente la idea de que esa partida pueda financiar por sí sola una transformación integral de toda la red. Un colegio puede necesitar una mejora puntual o una rehabilitación completa, y ambas cosas no cuestan lo mismo.

Desde el punto de vista del alumnado, los 1.200 millones suponen cerca de 145 euros por estudiante de enseñanzas no universitarias. Tampoco es un cálculo de cuánto recibirá cada alumno: sirve únicamente para comparar el orden de magnitud con el tamaño del sistema. Una intervención profunda puede exigir aislamiento, ventanas, instalaciones eléctricas y equipos; en un edificio antiguo, el coste de corregir una sola deficiencia puede absorber una parte sustancial de la financiación disponible.

Climatizar bien exige algo más que instalar máquinas

Ante un aula calurosa, la solución más visible parece ser colocar un aparato de aire acondicionado. En algunos edificios puede ser parte de la respuesta, pero no basta con enfriar el aire durante unas horas si el sol sigue entrando por los ventanales, el tejado acumula calor y las paredes apenas aíslan. El equipo trabajará más tiempo, consumirá más energía y tendrá que compensar las pérdidas del edificio. Refrigerar sin corregir las causas puede aliviar el síntoma y agravar la factura.

Muchos centros fueron construidos con criterios que no anticipaban veranos tan prolongados ni episodios de calor en meses lectivos. Las aulas pueden tener grandes superficies acristaladas sin protección solar, patios duros que retienen el calor y cubiertas expuestas durante horas. En las plantas superiores, el calor acumulado en el techo se transmite al interior y convierte la jornada en una espera por algo de sombra. La arquitectura escolar también determina cuánto calor llega a los pupitres.

Por eso, una intervención completa puede combinar persianas o toldos exteriores, aislamiento de cubiertas, renovación de ventanas, ventilación adecuada, vegetación y sistemas eficientes de climatización. Las placas fotovoltaicas pueden contribuir a reducir el consumo asociado a los equipos, aunque instalarlas no garantiza por sí mismo que una clase deje de recalentarse. La elección depende de la orientación, el estado del inmueble, la instalación eléctrica y las condiciones climáticas del entorno. No existe una receta única que sirva para cada edificio.

La diferencia entre una mejora rápida y una rehabilitación bien planificada también aparece en los plazos. Un equipo portátil puede trasladarse con rapidez, mientras que intervenir en una cubierta, una fachada o una instalación eléctrica requiere proyecto, permisos y coordinación. Las obras de mayor alcance suelen organizarse para no interferir con las clases, pero esa planificación lleva tiempo. La inversión inicial puede ser más alta; a cambio, reducir las pérdidas térmicas ayuda a que los sistemas trabajen de forma más eficiente durante años.

El calor no afecta por igual a todos los centros

Un colegio pequeño en una zona de montaña no afronta necesariamente la misma exposición que una escuela infantil en una ciudad calurosa y densamente edificada. Tampoco es comparable un inmueble reciente con otro que acumula décadas de reformas parciales o está sujeto a protección patrimonial. La superficie, el número de plantas, la orientación y el estado de las instalaciones cambian el coste y el tipo de intervención. Repartir el mismo importe por edificio sería sencillo, pero no necesariamente justo ni eficaz.

La prioridad puede establecerse con información sobre temperaturas interiores, aislamiento, exposición solar, edad del alumnado y condiciones del entorno. También cuenta la vulnerabilidad de quienes pasan la jornada en el centro: los niños pequeños y los estudiantes de educación especial pueden necesitar una protección mayor, al igual que las personas con determinadas condiciones de salud. En los barrios con poco arbolado y mucho asfalto, el calor urbano persiste alrededor del colegio y reduce el alivio que podría aportar el exterior.

Las temperaturas elevadas no son solo una cuestión de comodidad. El cansancio y la dificultad para concentrarse pueden interferir en el trabajo escolar, mientras que una clase ruidosa y sofocante vuelve más difícil seguir una explicación o leer con atención. La adaptación climática se relaciona así con las condiciones materiales en las que se ejerce el derecho a la educación. Un centro no puede sostener el aprendizaje si sus espacios se vuelven inhabitables durante parte del curso.

Las inversiones autonómicas ofrecen referencias, aunque no una tarifa uniforme. Castilla-La Mancha anunció 50 millones de euros para refrigerar alrededor de 600 centros, lo que arroja una media teórica superior a 83.000 euros por edificio. En Madrid, la Comunidad destinó 17,8 millones a 106 actuaciones previstas para reducir los efectos del calor en centros públicos. Las cantidades no son directamente comparables: algunas actuaciones pueden ser puntuales y otras afectar a varios elementos del inmueble. Sirven para mostrar que una obra de calado puede costar mucho más que la media atribuida a cada centro con la partida estatal específica.

Competencias repartidas, responsabilidad compartida

El Gobierno recuerda que las competencias educativas corresponden a las comunidades autónomas, responsables de gestionar buena parte del sistema y sus infraestructuras. Tolón sostuvo que el Ejecutivo central ha transferido 4.500 millones de euros a las autonomías y que los recursos se han duplicado respecto a la etapa del Partido Popular. También instó a las administraciones regionales a gestionar bien los fondos disponibles. El argumento presupuestario sitúa en las comunidades una parte central de la responsabilidad ejecutiva.

Sin embargo, el reparto de tareas no siempre termina en una sola administración. En infantil, primaria y educación especial, la conservación y el mantenimiento de numerosos edificios públicos recaen sobre los ayuntamientos, mientras que las comunidades gestionan el sistema educativo y buena parte de las inversiones. El Estado puede aportar financiación o impulsar programas energéticos. Cuando una obra exige actuar sobre la estructura, la instalación eléctrica o un inmueble protegido, la coordinación se complica todavía más. Para quien está dentro del aula, la distribución competencial no cambia la temperatura.

La desigual capacidad financiera municipal añade otra diferencia. Un ayuntamiento grande puede disponer de más recursos propios que un municipio pequeño, y los centros no parten del mismo estado de conservación. Por eso, los fondos necesitan criterios que tengan en cuenta tanto la exposición al calor como las necesidades sociales y técnicas. Una distribución basada únicamente en el número de habitantes o de edificios podría dejar atrás a colegios especialmente vulnerables. La igualdad de acceso a las ayudas no garantiza por sí sola una respuesta equitativa.

La rendición de cuentas también debería distinguir entre dinero anunciado, dinero asignado y obras concluidas. Publicar qué centros reciben financiación, qué trabajos se realizan y qué cambios logran ayudaría a saber si una mejora energética reduce de verdad el calor en las aulas. Una instalación solar y un sistema de refrigeración no producen el mismo resultado, aunque ambos puedan formar parte de una rehabilitación. Sin información comparable, la cifra ejecutada puede parecer un éxito sin explicar qué ha cambiado en el edificio.

Madrid concentra la disputa política

El debate estatal se ha cruzado con las críticas a la gestión de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha defendido que destinó 17,8 millones de euros durante este curso a reducir los efectos de las altas temperaturas, con 106 actuaciones previstas. Asociaciones de familias y sindicatos han considerado insuficiente el ritmo de intervención y han denunciado aulas que superan los 30 grados. La distancia entre actuaciones anunciadas y malestar cotidiano alimenta la controversia.

La discusión adquirió un tono político más áspero después de unas declaraciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y del consejero de Cultura, Mariano de Paco, sobre el calor en las aulas. La presidenta madrileña defendió que su Gobierno trabaja de forma gradual en la modernización de los centros y señaló también el papel de los ayuntamientos. Mientras tanto, consistorios madrileños de distinto signo político han comenzado a asumir con fondos propios actuaciones de climatización en colegios.

Ese cruce de reproches refleja un problema que no se limita a la Comunidad de Madrid: varias administraciones pueden intervenir en un mismo edificio y cada una puede señalar la competencia de otra. La discusión sobre quién debía actuar no sustituye a una evaluación de las temperaturas ni a un calendario de obras. La responsabilidad política se mide mejor en aulas acondicionadas que en la disputa sobre quién tiene la última llave.

El Ejecutivo central ha vinculado la respuesta al calor con una política educativa más amplia. Tolón citó los 4.500 millones transferidos a las comunidades y la tramitación del proyecto de ley para reducir las ratios de alumnos por aula y las horas lectivas del profesorado, cuyo debate de enmiendas comenzaba en el Congreso esa semana. Son asuntos distintos, aunque comparten un punto: las condiciones de enseñanza dependen tanto de las normas y los recursos como de la capacidad de convertirlos en cambios efectivos.

Los plazos administrativos frente a un verano más largo

La presión sobre los centros ha aumentado porque los episodios de calor se adelantan a meses que tradicionalmente se consideraban más templados. Abril y mayo ya aparecen en las quejas de familias y docentes, y los veranos cada vez más largos prolongan el periodo de exposición. La ministra relacionó la situación con el cambio climático y defendió que el Gobierno es sensible a las demandas de la comunidad educativa. El calendario de las altas temperaturas ya no coincide con el calendario escolar que diseñaron muchos edificios.

Las actuaciones estructurales no se completan de una semana para otra. Hace falta identificar las necesidades, elaborar proyectos, aprobar convocatorias, asignar recursos y contratar las obras. Si el anuncio se produce en junio, no cabe dar por hecho que miles de aulas estarán adaptadas antes del siguiente episodio de calor. Los fondos pueden activar proyectos y acelerar reformas, pero la fecha de una declaración pública no es la fecha de finalización de una obra.

También hay una diferencia entre atender una emergencia y crear una política duradera. Medidas provisionales pueden aliviar una jornada especialmente calurosa, pero la adaptación de los edificios requiere continuidad presupuestaria y planificación que sobreviva a cada temporada. Un programa estable permitiría ordenar las intervenciones por riesgo y evitar que los centros compitan por ayudas sin una evaluación común. El resultado debe medirse en condiciones térmicas reales, no solo en el importe anunciado o gastado.

Una inversión importante, todavía lejos de una solución universal

Los más de 1.200 millones de euros representan una cantidad relevante, pero reúnen recursos con finalidades, destinatarios y grados de ejecución distintos. Los 1.080 millones del PIREP son para edificios públicos en general y parte de ese dinero ya tiene compromisos; los 200 millones educativos necesitan concretarse y llegar a proyectos. Por eso, la cifra agregada no permite afirmar que existe financiación suficiente para climatizar de forma integral todas las aulas. El alcance real dependerá de cuánto dinero llegue a cada centro y qué obra permita hacer.

La partida educativa puede financiar muchas actuaciones útiles, sobre todo si se concentra en los edificios con mayores necesidades y se complementa con recursos autonómicos y municipales. En unos colegios bastarán medidas de sombra o mejoras de ventilación; en otros habrá que renovar cubiertas, fachadas, ventanas e instalaciones antes de instalar equipos. Una media por aula no resuelve estas diferencias, pero sí deja claro por qué la universalización exige más que repartir una bolsa entre centros.

La cuestión decisiva será cómo se traduzca el anuncio en intervenciones coherentes, transparentes y adaptadas a cada inmueble. Comprar máquinas sin estudiar el edificio puede aliviar el calor a corto plazo y disparar después el consumo o el mantenimiento; posponer toda actuación hasta disponer de una reforma perfecta también deja a alumnos y docentes expuestos. La respuesta eficaz combina medidas inmediatas con rehabilitación energética y planificación a largo plazo.

La cifra, por tanto, sirve para empezar con recursos considerables, no para dar por terminado el trabajo. La suma suena amplia mientras se contempla desde el presupuesto nacional; al repartirla entre cientos de miles de grupos educativos y edificios con necesidades distintas, recupera sus límites. El cambio climático ha convertido el calor en un desafío recurrente para la escuela, y las administraciones tendrán que acompasar sus obras a esa nueva realidad. Las aulas no pueden depender cada curso de que el anuncio llegue antes que el siguiente termómetro.