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¿Por qué La Haya da la razón a Rusia sin reconocer Crimea como rusa?

La Haya da ventaja a Rusia en el mar de Azov, pero no reconoce Crimea como rusa ni convierte el estrecho de Kerch en dominio exclusivo ruso.

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interior tribunal de la haya

El fallo arbitral publicado en La Haya supone una victoria jurídica importante para Rusia, pero no la victoria total y casi imperial que algunos titulares han empezado a dibujar. El tribunal rechazó la mayor parte de las demandas presentadas por Ucrania sobre la navegación en el mar de Azov y el estrecho de Kerch, aceptó que estas zonas conservaron después de 1991 su condición de aguas interiores compartidas por ambos países y concluyó que varias normas invocadas por Kiev no eran aplicables. No reconoció, sin embargo, que Crimea sea rusa ni convirtió el Azov en una propiedad exclusiva de Moscú.

El matiz no es pequeño. Es todo el asunto. El tribunal afirmó que el mar de Azov y el estrecho de Kerch eran aguas interiores de Ucrania y Rusia, no aguas históricas pertenecientes únicamente a la Federación Rusa. También condenó a Moscú por haber realizado evaluaciones ambientales insuficientes durante la construcción del puente de Kerch, los cables eléctricos y los gasoductos instalados en la zona. No concedió indemnizaciones, no ordenó derribar infraestructura alguna y dispuso que cada país pagara sus propios gastos.

Dicho sin la envoltura diplomática: Ucrania perdió el grueso del pleito porque planteó muchas de sus reclamaciones mediante artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que el tribunal consideró inadecuados para aquellas aguas. Rusia salió reforzada en la discusión sobre el régimen marítimo, aunque quedó señalada por incumplimientos ambientales. Y la soberanía de Crimea no fue adjudicada a nadie, sencillamente porque aquel tribunal no tenía competencia para resolverla.

Una victoria rusa, aunque bastante menos redonda de lo anunciado

El laudo fue dictado el 22 de abril de 2026 y se publicó el 15 de junio, después del periodo reservado para revisar posibles datos confidenciales. El procedimiento llevaba abierto desde septiembre de 2016, cuando Ucrania acudió al arbitraje previsto en el anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida por sus siglas inglesas, UNCLOS.

Conviene aclarar también quién ha decidido. No fue la Corte Internacional de Justicia ni una sala permanente que se reúna cada mañana con los mismos jueces. La Corte Permanente de Arbitraje actuó como secretaría y administradora del procedimiento, mientras que la decisión correspondió a un tribunal arbitral formado por cinco miembros. Había un árbitro designado por Ucrania, otro por Rusia y tres nombrados conforme al mecanismo previsto en la Convención. El resultado fue unánime.

Esa unanimidad da fuerza al fallo, pero no amplía mágicamente su objeto. Los árbitros resolvieron una controversia sobre derechos marítimos, navegación, protección ambiental, patrimonio cultural submarino y determinadas infraestructuras. No estaban juzgando la invasión rusa de Ucrania, la anexión de Crimea ni el conjunto de la guerra. El derecho internacional, para desesperación de los amantes del titular de ocho palabras, funciona por compartimentos.

El tribunal declaró que tenía competencia para examinar casi todas las pretensiones finales de Ucrania, salvo una parte relacionada con la incautación de dos plataformas de perforación ucranianas. Después, al estudiar el fondo, rechazó la mayoría. Tener derecho a que te escuchen no significa que vayan a darte la razón. Es una diferencia elemental, aunque en la batalla propagandística suele desaparecer con la velocidad de un documento incómodo.

La mayor ganancia rusa está en la interpretación del régimen marítimo del mar de Azov y el estrecho de Kerch. El tribunal aceptó que conservaron su carácter de aguas interiores después de la desaparición de la Unión Soviética. Eso debilitó el argumento ucraniano de que debían aplicarse allí algunas libertades propias del mar territorial, de las zonas económicas exclusivas o de los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Ahora bien, el fallo no dice que esas aguas sean rusas. Dice que eran aguas interiores de los dos Estados ribereños, Rusia y Ucrania, conforme a su historia jurídica, sus acuerdos y su comportamiento posterior a 1991. Moscú ha ganado una discusión sobre la categoría marítima, no una escritura de propiedad con sello de La Haya.

Por qué el tribunal rechazó las principales demandas de Ucrania

El centro de la derrota ucraniana está en una cuestión técnica con consecuencias políticas enormes: Kiev eligió una base jurídica insuficiente para una parte considerable de sus reclamaciones. Ucrania sostuvo que el estrecho de Kerch debía tratarse como un estrecho usado para la navegación internacional y que, por ello, los buques disfrutaban de un derecho de paso en tránsito conforme a los artículos 38, 43 y 44 de la Convención.

Los árbitros no aceptaron esa construcción. Consideraron que Kerch no encajaba en la definición del artículo 37, porque el paso comunica el mar Negro con el mar de Azov, cuyas aguas habían mantenido la condición de aguas interiores. Al caer esa premisa, se desmoronaron las reclamaciones ucranianas basadas en el régimen internacional de paso en tránsito.

Esto afectaba directamente al puente de Crimea, una estructura de unos 19 kilómetros que une la península de Tamán, en territorio ruso, con la península de Kerch. Ucrania alegaba que su diseño, especialmente la altura de sus arcos, impedía el paso de determinados barcos que antes podían navegar hacia los puertos ucranianos de Mariúpol y Berdiansk. También denunciaba inspecciones, demoras, controles y restricciones impuestas por Rusia.

El tribunal no afirmó que todas esas actuaciones fueran impecables. Su conclusión fue más estrecha: los artículos concretos de UNCLOS utilizados por Ucrania no sostenían las demandas tal y como habían sido formuladas. La categoría de aguas interiores cambiaba el tablero. Las reglas previstas para los estrechos internacionales no podían trasladarse allí como quien mueve una ficha de una casilla a otra.

El tratado de 2003 que Ucrania decidió no utilizar

La paradoja más llamativa aparece en el tratado de 2003 sobre la cooperación en el mar de Azov y el estrecho de Kerch. Aquel acuerdo establecía que los barcos rusos y ucranianos disfrutaban de libertad de navegación o libre paso por esas aguas. También indicaba que las cuestiones relativas a Kerch debían resolverse mediante un pacto entre las dos partes.

Los árbitros observaron que determinadas medidas, como la regulación del tráfico, el practicaje o los sistemas de control marítimo, debían haber sido pactadas conjuntamente. La imposición unilateral de esas medidas podía resultar contraria al acuerdo bilateral. Ahí parecía abrirse una puerta considerable para Ucrania.

Pero Kiev había construido sus reclamaciones exclusivamente sobre la Convención del Derecho del Mar y había defendido que el tratado de 2003 no era aplicable al caso. El tribunal no podía cambiar de oficio la base jurídica de la demanda y condenar a Rusia por una infracción que Ucrania no había planteado de esa manera. Hacerlo habría vulnerado el principio de ne ultra petita, una expresión latina que significa, en lenguaje de calle, que un juez no debe conceder algo distinto o mayor de lo que le han pedido.

Ese detalle explica buena parte del resultado. El tribunal reconoció que existían derechos de navegación derivados del acuerdo bilateral, pero se abstuvo de decidir si las inspecciones y restricciones rusas los habían vulnerado. Ucrania había apostado sus fichas a UNCLOS y no podía recoger el premio de otro tratado cuando la partida ya estaba terminada.

También fueron rechazadas las acusaciones relativas a la interrupción de la navegación hacia los puertos ucranianos del Azov. Al considerar esas aguas interiores de ambos países en el momento de iniciarse el arbitraje, los jueces entendieron que los artículos citados por Kiev sobre libertad de navegación y jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón no eran aplicables. Otra vez, no se declaró lícito todo lo ocurrido. Se declaró inadecuada la vía jurídica empleada.

El Azov y Kerch no han sido reconocidos como aguas rusas

Este es el punto donde el titular difundido sobre una supuesta consagración de las aguas históricas rusas se distancia más claramente del texto del fallo. El tribunal examinó dos argumentos distintos de Moscú. El primero sostenía que el mar de Azov y Kerch estaban sometidos a un título histórico. El segundo defendía que habían conservado su condición de aguas interiores tras la desaparición de la Unión Soviética.

mapa sentencia la haya rusia

Rusia perdió el primer argumento y ganó el segundo. Una diferencia breve en palabras, pero enorme en sus consecuencias jurídicas.

Los árbitros concluyeron que las pruebas no demostraban que aquellas aguas fueran una bahía histórica ni que estuvieran sometidas a un título histórico en el sentido jurídico estricto. La soberanía ejercida por el Imperio ruso y después por la Unión Soviética no bastaba para acreditar esa categoría. Tampoco consideraron concluyentes los documentos aportados para demostrar su supuesto origen histórico.

En cambio, aceptaron que el carácter de aguas interiores podía transmitirse a los Estados sucesores de la Unión Soviética. Analizaron el derecho de sucesión de Estados, las negociaciones bilaterales mantenidas desde la década de 1990, el tratado de cooperación de 2003 y la conducta de Rusia y Ucrania frente a terceros países.

La conclusión fue que ambos gobiernos habían tratado durante años el Azov y Kerch como aguas interiores de los dos Estados. Ucrania quería delimitar una frontera dentro del mar; Rusia prefería mantener un espacio interior común. Discutían cómo dividir o gestionar la zona, no tanto su clasificación general.

La diferencia es sustancial. Unas aguas interiores compartidas no son un lago ruso. Tampoco implican que cada Estado tenga soberanía conjunta e ilimitada sobre cada metro cuadrado. El propio tribunal señaló que la falta de delimitación no significa automáticamente que los dos países ejerzan una soberanía conjunta sobre toda la superficie. Existía un régimen bilateral complejo, pendiente de delimitación y basado en la cooperación.

Ucrania denunció el tratado de 2003 en marzo de 2023, más de un año después del inicio de la invasión rusa a gran escala. El tribunal consideró que esa denuncia no podía modificar retroactivamente el régimen jurídico vigente cuando comenzó el arbitraje en 2016. Los jueces debían trabajar con la fotografía legal de aquel momento, no con la película transformada por la guerra.

Crimea quedó fuera del juicio y su soberanía no cambió

El laudo no decide que Crimea sea rusa. Ni siquiera entra a resolverlo. Esta limitación había quedado establecida en una decisión preliminar de febrero de 2020, cuando el tribunal concluyó que no podía pronunciarse sobre reclamaciones cuyo análisis exigiera determinar antes qué país era soberano sobre la península.

La razón es competencial. El arbitraje se constituyó bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa convención permite resolver controversias marítimas, pero no concede a un tribunal arbitral una jurisdicción general para repartir territorios, revisar anexiones o fijar fronteras terrestres. Para decidir determinadas reclamaciones ucranianas, los árbitros habrían tenido que responder primero quién era el Estado costero soberano de Crimea. No podían hacerlo.

Ese límite procesal ha permitido a Moscú presentar el desenlace como una confirmación indirecta de su posición. No lo es. Cuando un tribunal se declara incompetente sobre una cuestión, no está dando la razón a una de las partes. Está diciendo que esa cuestión queda fuera de su jurisdicción.

La situación internacional de Crimea permanece, pues, intacta. Rusia ocupó la península en 2014 y la incorporó a su territorio tras un referéndum no reconocido por Ucrania ni por la mayor parte de la comunidad internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas reafirmó la integridad territorial ucraniana y declaró que aquella consulta no podía alterar el estatus de Crimea.

Nada de lo decidido sobre el Azov sustituye esa posición. El tribunal separó conscientemente las reclamaciones marítimas de la disputa territorial. Cuando analizó la incautación de las plataformas de perforación Tavrida y Sivash, por ejemplo, declaró que carecía de competencia sobre su propiedad. Sí examinó el cambio de pabellón de las instalaciones, porque esa cuestión podía estudiarse sin decidir previamente la soberanía de Crimea, aunque finalmente también rechazó la reclamación ucraniana.

La frase correcta, aunque tenga menos brillo de trompeta, es esta: Rusia ganó varias cuestiones marítimas sin obtener un reconocimiento sobre Crimea. El expediente no reescribe fronteras, no legitima la anexión de Crimea y no obliga a otros Estados a modificar su política exterior.

Rusia sí fue condenada por incumplimientos ambientales

La victoria rusa tampoco fue absoluta en el fondo del asunto. El tribunal declaró que Moscú vulneró varios artículos de UNCLOS relacionados con la protección del medio marino al ejecutar grandes obras en el estrecho de Kerch. Las infracciones afectaron al puente, los cables eléctricos y los gasoductos submarinos.

Los árbitros consideraron insuficientes las evaluaciones de impacto ambiental realizadas por Rusia. Señalaron que, dada la magnitud de los proyectos y su posible efecto sobre el ecosistema, los plazos empleados no garantizaban un análisis adecuado. También concluyeron que Rusia no había demostrado la recopilación de datos de referencia suficientes antes del inicio de las obras.

La obligación no consistía solo en encargar informes. Había que evaluar con diligencia los riesgos de contaminación o de alteraciones significativas del entorno marino, comunicar los resultados y permitir que otros Estados pudieran examinarlos. El tribunal determinó que Moscú no publicó ni transmitió adecuadamente esos informes a las organizaciones internacionales competentes.

Rusia incumplió asimismo su deber de cooperación ambiental con Ucrania. El Azov es un mar semicerrado, frágil y poco profundo, conectado al mar Negro por el estrecho de Kerch. Una obra de esas dimensiones altera corrientes, sedimentos, rutas de navegación y hábitats. No es exactamente colocar una pasarela en un estanque municipal, aunque determinadas evaluaciones parecieron tratarla con una ligereza parecida.

El tribunal, sin embargo, no concedió una indemnización a Ucrania. Consideró suficiente la declaración formal de las infracciones y no estimó necesario ordenar el cese de las actividades, garantías de no repetición o reparaciones adicionales. También dispuso que cada país asumiera sus propios gastos jurídicos tras casi una década de procedimiento.

Ucrania consiguió, por tanto, una condena declarativa. Tiene valor jurídico y diplomático, pero escaso efecto material inmediato. El puente de Kerch sigue en pie, las infraestructuras no deben desmontarse y Kiev no recibirá una compensación económica por este laudo.

También fueron rechazadas las acusaciones relativas a la protección del patrimonio cultural submarino. Ucrania había citado la posible manipulación o deterioro de un pecio bizantino, un fragmento de escultura de terracota y dos aviones históricos hundidos. El tribunal consideró que las pruebas no demostraban que Rusia hubiera incumplido sus obligaciones de diligencia.

Un fallo limitado que proyecta una sombra enorme

Moscú puede exhibir el fallo como un triunfo porque las reclamaciones más visibles de Ucrania —las restricciones a la navegación, el régimen del estrecho y la actuación rusa en el mar de Azov— fueron rechazadas. El reconocimiento de la continuidad de las aguas interiores supone un respaldo a una tesis defendida durante años por los juristas rusos.

Kiev, en cambio, subraya que el tribunal mantuvo su condición de Estado ribereño, rechazó la existencia de un título histórico ruso exclusivo y declaró ilegales varias actuaciones ambientales de Moscú. También insiste en que el laudo no transforma el Azov en un mar ruso ni reconoce las anexiones territoriales proclamadas por el Kremlin.

Los dos gobiernos seleccionan los párrafos que mejor alimentan su relato. No es una rareza; para eso están los departamentos de comunicación, esas cocinas donde una sentencia de 400 páginas acaba servida en un tuit con guarnición patriótica. Pero el texto completo deja una imagen bastante clara: Rusia obtiene la ventaja principal, Ucrania conserva algunos argumentos relevantes y ninguna de las partes logra una absolución moral sobre el conjunto del conflicto.

La guerra jurídica entre ambos países se libra en numerosos tribunales y organismos. Hay procedimientos distintos sobre la detención de buques y marineros ucranianos, las acusaciones de genocidio, la financiación del terrorismo, los derechos humanos y los daños ocasionados por la invasión. Confundirlos produce titulares espectaculares, pero una comprensión desastrosa.

Este arbitraje solo responde a una parte del mapa. Un mapa importante, desde luego. El estrecho de Kerch es la única salida marítima del Azov hacia el mar Negro y constituye una vía estratégica para el comercio, la logística militar y el abastecimiento de Crimea. Controlar sus accesos significa controlar el pulso económico de los puertos de la región. No es extraño que cada palabra jurídica pese como una compuerta de acero.

La decisión de La Haya representa un revés serio para Ucrania porque desmonta buena parte de la arquitectura jurídica utilizada contra las restricciones rusas en el mar de Azov y el estrecho de Kerch. El tribunal entendió que esas aguas seguían siendo interiores de los dos Estados, que Kerch no estaba sometido al régimen general de los estrechos internacionales y que Kiev había invocado disposiciones incapaces de sostener varias de sus demandas marítimas.

Rusia puede celebrar esa parte. No puede afirmar con rigor que el laudo reconoce Crimea como rusa, que convierte el Azov en aguas exclusivamente rusas o que absuelve todas sus actuaciones. El tribunal rechazó expresamente la tesis del título histórico, reconoció que Ucrania mantenía derechos como Estado ribereño y declaró que Moscú incumplió obligaciones internacionales de evaluación, información y cooperación ambiental.

El resultado es jurídicamente desigual y políticamente inflamable. Rusia ganó lo más visible; Ucrania obtuvo una condena limitada. Nadie recibió indemnización y la cuestión territorial quedó fuera. En las 400 páginas del laudo caben los matices que no entran en la propaganda.

La contundencia real está ahí: La Haya no entregó Crimea a Rusia. Dio la razón a Moscú en la clasificación de unas aguas y en la debilidad jurídica de la mayoría de las reclamaciones ucranianas. Parece parecido cuando se lee deprisa. No lo es.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.