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¿Puede la Audiencia de Madrid frenar el último órdago de Peinado?
La Audiencia de Madrid revisará el último paso de Peinado en el caso Begoña Gómez, entre cautelares, recursos y dudas jurídicas aún abiertas.

La petición para retirar el pasaporte a Begoña Gómez no es todavía una decisión judicial. Es la medida cautelar solicitada por las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír al término de la audiencia preliminar celebrada ante el juez Juan Carlos Peinado. Reclaman también que la esposa del presidente del Gobierno no pueda salir de España y comparezca cada quince días en un juzgado. El magistrado no resolvió en la sala y deberá pronunciarse mediante auto.
El movimiento llega cuando la instrucción entra en su tramo decisivo y cuando la Audiencia Provincial de Madrid acumula recursos capaces de alterar el rumbo del procedimiento. Peinado puede acordar la apertura de juicio oral, rechazar las cautelares o aceptarlas, pero su resolución no cerrará el debate. La segunda instancia tendrá que revisar si la investigación quedó correctamente delimitada, si existen indicios concretos para continuar y si el procedimiento del jurado elegido por el instructor está jurídicamente bien construido. El foco sigue sobre Peinado; el poder de corregir la escena, sin embargo, está unos pisos más arriba.
El pasaporte está sobre la mesa, pero aún no hay decisión
La audiencia celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla reunió a Begoña Gómez, a su antigua asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Era un trámite previsto en la Ley del Tribunal del Jurado: las partes exponen si consideran procedente abrir juicio oral, discuten la competencia del jurado y formulan sus últimas peticiones antes de que el instructor adopte una resolución. No fue un juicio, ni una declaración de culpabilidad, ni esa ceremonia de condena instantánea que las redes sociales montan con dos fotografías y un rótulo rojo.
Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada conjunta de las acusaciones populares, pidió para Gómez y Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días. Alegó un riesgo de fuga vinculado a la gravedad de las penas solicitadas. No reclamó medidas personales para Barrabés. También planteó impedir a Gómez utilizar la marca y el dominio relacionados con el programa informático desarrollado en el entorno de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.
La retirada del pasaporte tiene una potencia política y televisiva evidente: convierte una cautela procesal en una imagen casi fronteriza. Pero jurídicamente no basta con agitar una cifra de años de prisión. Una restricción de movimientos debe estar motivada, perseguir una finalidad legítima y resultar necesaria y proporcionada para evitar que la persona encausada se sustraiga a la acción de la justicia. La notoriedad pública, el domicilio conocido, los vínculos familiares y la conducta mantenida durante la investigación son elementos que el juez tendrá que ponderar. La cautelar no prueba el delito; solo pretende asegurar que el proceso pueda celebrarse.
Peinado había advertido de que la comparecencia era obligatoria y de que podía adoptar medidas cautelares destinadas a reducir el peligro de fuga. Los tres investigados acudieron. Tras más de tres horas de vista, el magistrado no anunció su criterio. El dato enfría la lectura más estridente: nadie ha retirado todavía el pasaporte a Begoña Gómez. Existe una petición de las acusaciones, la oposición de la defensa y de la Fiscalía, y un auto pendiente.
Qué sostiene Peinado y qué discuten la Fiscalía y la defensa
El juez mantiene procesada a Gómez por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Cristina Álvarez figura vinculada a esa misma arquitectura acusatoria, mientras que a Barrabés se le atribuyen los delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El intrusismo profesional, explorado durante la causa, quedó fuera al cerrarse la instrucción.
La hipótesis de Peinado se apoya en dos líneas. La primera sostiene que Gómez habría aprovechado su posición como esposa del presidente para impulsar proyectos profesionales vinculados a la Universidad Complutense y favorecer intereses empresariales relacionados con Barrabés. La segunda examina si Cristina Álvarez, empleada pública destinada como asesora en La Moncloa, realizó tareas privadas para Gómez y si ese uso de recursos públicos podría constituir malversación.
El auto con el que el magistrado cerró la investigación no eligió precisamente una prosa aséptica. Comparó el supuesto con prácticas propias de épocas absolutistas y recurrió al reinado de Fernando VII para subrayar que, a su juicio, no existe un precedente semejante en la democracia española. El pasaje dio munición a la defensa, que lo considera impropio de una resolución judicial y una señal de que el instructor ha mezclado valoración jurídica, retórica histórica y juicio político. La toga, cuando se pone literaria, corre el riesgo de escribir el titular antes que el razonamiento.
La Fiscalía Provincial de Madrid sostiene una posición radicalmente distinta. Ha pedido el archivo porque considera que los hechos investigados no constituyen infracción penal y ha anunciado que, si finalmente se abre juicio, solicitará la absolución. La defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, denuncia que la causa se ha instrumentalizado para erosionar al Gobierno y que numerosas diligencias solicitadas por los investigados han sido rechazadas. También reprocha al instructor haber acelerado el final mientras quedan recursos pendientes ante la Audiencia.
La discrepancia de fondo está en qué debe entenderse por indicio penal suficiente. Para el instructor, la suma de relaciones, gestiones, correos, patrocinios y colaboración institucional dibuja una trama susceptible de juicio. Para la Fiscalía y las defensas, esa construcción convierte relaciones profesionales y actuaciones administrativas discutibles en delitos mediante inferencias demasiado amplias, sin identificar un beneficio ilícito claro ni una influencia concreta ejercida sobre una autoridad determinada.
Una instrucción expansiva y sometida a correcciones
La causa comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias elaborada a partir de informaciones periodísticas, alguna posteriormente desacreditada. Desde entonces, la investigación creció como una mancha de aceite: contratos públicos de empresas relacionadas con Barrabés, cartas de recomendación, la cátedra extraordinaria de la Complutense, el programa informático asociado al proyecto, la actividad de Cristina Álvarez e incluso el rescate de Air Europa, una línea que la Audiencia terminó dejando fuera por falta de indicios nuevos y concretos.
La Audiencia Provincial no ha desmontado toda la investigación. Ha avalado algunas diligencias y ha permitido mantener como investigados a varios protagonistas. Pero también ha recortado líneas, anulado decisiones y exigido una motivación más sólida. Esa doble realidad rompe los relatos cómodos de ambos bandos. Ni cada resolución de Peinado ha sido confirmada, ni la segunda instancia ha declarado inexistente todo el caso.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando la Audiencia anuló la primera decisión de transformar la causa en un procedimiento con jurado popular. Los magistrados reprocharon al instructor que no hubiera realizado un esfuerzo argumentativo mínimo para delimitar los hechos y la base incriminatoria. Peinado volvió después sobre esa vía con una resolución más extensa y, al cerrar la instrucción, insistió en que el caso debía llegar a juicio ante un jurado.
Ese antecedente explica por qué la vista celebrada no liquida el problema. La defensa ha recurrido nuevamente y cuestiona tanto el procesamiento como la elección del procedimiento. La Audiencia deberá decidir si la nueva fundamentación corrige las deficiencias anteriores o si el edificio sigue apoyado en planos borrosos. Ahí está el verdadero nudo: en la precisión con la que puedan describirse conductas, autores, decisiones y beneficios presuntamente ilícitos.
La Audiencia de Madrid tiene la última palabra procesal
La expresión «última palabra» necesita una pequeña poda. La Audiencia Provincial no dictará una sentencia sobre la inocencia o culpabilidad de Begoña Gómez en esta fase. Resolverá recursos y controlará si las decisiones del instructor respetan la ley, las garantías de defensa y los requisitos para abrir juicio. Puede confirmar el avance del procedimiento, modificar su cauce, anular resoluciones o acordar el archivo de todo o parte de la causa si concluye que los hechos no presentan relevancia penal suficiente.
La Ley del Tribunal del Jurado concede al instructor un plazo breve tras la audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral. Si Peinado lo hace, el asunto pasará a la Audiencia Provincial para la fase de enjuiciamiento, siempre que los recursos no alteren antes el terreno. La Audiencia no recibirá una pieza inerte: heredará una causa discutida, cargada de impugnaciones y con una controversia severa sobre la delimitación de los hechos.
También tendrá que resolver el debate sobre la competencia del jurado. La malversación puede ser enjuiciada por ese procedimiento, pero el caso incorpora otros delitos y hechos conectados que complican la arquitectura. Un juicio con jurado tiene reglas propias y exige que la acusación llegue especialmente depurada. No se puede entregar a nueve ciudadanos un laberinto de sospechas, correos, convenios y relaciones empresariales esperando que encuentren la salida por intuición.
La jubilación forzosa de Peinado, prevista cuando cumpla 72 años el próximo 27 de septiembre, añade una capa temporal. No convierte sus resoluciones en inválidas, pero explica la sensación de carrera contra el calendario que denuncia la defensa. El magistrado quiere dejar cerrada la instrucción y encaminado el juicio antes de abandonar la carrera judicial. Es legítimo concluir un procedimiento; otra cosa es que la prisa pueda sustituir a la motivación. Ese será uno de los asuntos sometidos al control de la segunda instancia.
El informe de la UCO complica el relato sin cerrar el caso
El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil introdujo matices incómodos para todos. Los agentes no hallaron movimientos sospechosos ni ingresos opacos en las cuentas examinadas de Gómez y concluyeron que la creación de la cátedra se ajustó a la normativa universitaria. Esos datos debilitan la imagen de una operación financiera clandestina y ofrecen a la defensa un argumento potente: después de dos años de investigación, no apareció el rastro económico que suele esperarse en una trama de corrupción clásica.
El documento, sin embargo, no fue un certificado de pureza administrativa. La UCO señaló irregularidades en la contratación de empresas que participaron en el desarrollo del software y describió gestiones de Cristina Álvarez relacionadas con actividades profesionales de Gómez. También reflejó contactos con patrocinadores y actuaciones que, según los agentes, correspondían a órganos de gestión de la universidad. La discusión consiste en determinar si esos hechos revelan delitos atribuibles a los investigados, desórdenes administrativos o responsabilidades que no encajan en las figuras penales elegidas por Peinado.
El derecho penal no es una aspiradora que absorba cada anomalía de una institución pública. Una contratación defectuosa puede generar responsabilidad administrativa, contable o disciplinaria sin convertirse automáticamente en corrupción o malversación. Para cruzar esa frontera hacen falta elementos concretos: conocimiento, participación, beneficio, perjuicio y voluntad de actuar al margen de la ley. La acusación tendrá que demostrarlo; la defensa solo necesita sembrar una duda razonable sobre cada elemento del delito.
En el caso del software, la disputa gira alrededor de su desarrollo, financiación, titularidad y posible uso por una sociedad vinculada a Gómez. La Universidad Complutense se ha personado como perjudicada y ha pedido que se abra juicio, aunque no reclamó medidas cautelares personales. Esa posición da peso institucional a una parte de la acusación, pero no resuelve por sí sola la responsabilidad penal.
La política convierte cada trámite en un plebiscito
El caso afecta a la esposa del presidente del Gobierno y nació impulsado por organizaciones situadas en la oposición más frontal al Ejecutivo. Sería ingenuo fingir que la política no existe. También sería irresponsable deducir de esa contaminación ambiental que cualquier investigación es ilegítima o que toda acusación resulta verdadera. La democracia liberal funciona en ese espacio incómodo: los tribunales deben investigar sin obedecer al Gobierno, pero también sin convertirse en escenarios de combate partidista.
Hazte Oír y el resto de acusaciones populares tienen derecho a ejercer las acciones que la ley reconoce. La acusación popular ha permitido impulsar procedimientos relevantes cuando otros actores permanecían inmóviles. Su legitimidad procesal, sin embargo, no convierte sus peticiones en hechos probados. Pedir 24 años de prisión o la retirada de un pasaporte expresa una posición de parte. El juez debe filtrarla con criterios jurídicos, no con el volumen de los titulares que genere.
Lo mismo vale para el Gobierno y el PSOE. Denunciar una persecución política no sustituye a la respuesta sobre los hechos. La condición de esposa del presidente no puede ser un indicio universal que ilumine cualquier relación profesional, pero tampoco concede inmunidad. El estándar democrático sensato es menos excitante que los eslóganes: investigar lo que tenga base, descartar lo que no la tenga, motivar cada decisión y preservar la presunción de inocencia hasta una sentencia firme.
El comportamiento público de Peinado ha alimentado la controversia. Sus advertencias sobre el uso de la fuerza pública, el anuncio de posibles cautelares, la amplitud de algunas pesquisas y ciertos pasajes retóricos han dado a la defensa argumentos para cuestionar la apariencia de neutralidad. Nada de eso prueba por sí mismo prevaricación ni invalida automáticamente la causa. Sí obliga a que sus resoluciones sean especialmente sobrias y robustas. Cuando una instrucción soporta tanta carga política, la forma no es un adorno: es parte de la garantía.
El próximo movimiento ya no depende solo de Peinado
Peinado conserva una decisión inmediata: resolver las medidas cautelares y pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. Puede rechazar la retirada del pasaporte, imponerla, establecer comparecencias periódicas o considerar que no existe un riesgo de fuga concreto. También puede abrir juicio, como todo indica que pretende, aunque deberá explicar qué hechos atribuye a cada persona y por qué constituyen los delitos señalados.
Después llegará el examen de la Audiencia. Su intervención será más decisiva que el último gesto del instructor porque puede confirmar el camino, estrecharlo o cerrarlo. Ya ha demostrado que no actúa como simple notaría de Peinado: ha validado partes de la investigación y ha corregido otras. La causa entra así en una fase menos propicia para los golpes de efecto y más exigente con la técnica jurídica.
Hasta que esas resoluciones se conozcan, hay tres datos firmes. Begoña Gómez sigue amparada por la presunción de inocencia. La retirada del pasaporte es una petición, no una medida acordada. Y la apertura de juicio oral, si se produce, tampoco equivaldrá a una condena. Son obviedades, sí, pero en la política española contemporánea las obviedades necesitan escolta.
El futuro del procedimiento dependerá de si la acusación logra transformar una acumulación de relaciones, gestiones e irregularidades en un relato penal concreto y demostrable. La defensa apuesta a que el edificio se desmoronará cuando la Audiencia examine sus pilares. Peinado sostiene que hay material suficiente para que un jurado escuche el caso. Entre ambos queda la segunda instancia, con varios recursos sobre la mesa y una responsabilidad poco vistosa pero esencial: separar el indicio de la conjetura, el delito del desorden y la justicia del espectáculo.












