El Sáhara, la brecha que persiste entre Yolanda Díaz y Sánchez

El Sáhara Occidental sigue siendo un punto de fricción entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, aunque no figure en los acuerdos que han permitido gobernar juntos al PSOE y a Sumar. El pacto de coalición dejó fuera la autodeterminación saharaui, pese a que Sumar la había defendido en su programa electoral; sin embargo, Díaz ha vuelto a expresar públicamente su rechazo a la posición del presidente sobre Marruecos y ha reafirmado que su espacio político seguirá defendiendo ese derecho. La discrepancia no ha desaparecido: ha quedado fuera del texto que organiza la coalición y reaparece en declaraciones y gestos políticos.

El desacuerdo tiene un trasfondo concreto. En 2022, Sánchez comunicó al rey Mohamed VI su respaldo al plan marroquí de autonomía para el territorio, mientras que Sumar ha sostenido que el pueblo saharaui debe poder decidir su futuro. Esa distancia explica por qué la ausencia del asunto en un pacto de gobierno provocó críticas del Frente Polisario y de representantes saharauis: no era solo una diferencia de redacción, sino la exclusión de una cuestión que enfrenta dos posiciones incompatibles sobre el destino del territorio. El contraste entre lo que Sumar defendía en campaña y lo que quedó escrito en el acuerdo es el núcleo de la controversia.

Un conflicto que el pacto de coalición dejó fuera

El acuerdo entre el PSOE y Sumar se negoció para facilitar la investidura de Sánchez y establecer las prioridades compartidas del nuevo Ejecutivo. En ese documento no se incluyó una referencia específica al Sáhara Occidental, una omisión que llamó la atención porque el asunto ya había enfrentado a los socios y porque la coalición de Díaz había llevado propuestas expresas sobre la cuestión durante la campaña electoral. La falta de una mención no equivale a que Sumar abandonara formalmente su postura, pero sí dejó sin compromisos comunes una discrepancia conocida.

La diferencia entre un programa electoral y un acuerdo de gobierno importa. El primero presenta las posiciones y compromisos que un partido ofrece a sus votantes; el segundo recoge aquello que los socios pactan para actuar conjuntamente. Si una cuestión no aparece en el texto compartido, no queda automáticamente resuelta ni se convierte en una prioridad ejecutiva común. En este caso, la ausencia permitió que la coalición avanzara sin cerrar la divergencia, pero también hizo más visible la distancia entre los planteamientos del PSOE y los de Sumar. El silencio del pacto fue, por tanto, una fórmula para convivir con el desacuerdo, no una síntesis de las dos posiciones.

Ese mecanismo ayuda a entender por qué el tema puede reaparecer más tarde sin que haya cambiado el acuerdo original. Los partidos pueden mantener sus propias posiciones públicas mientras limitan el alcance de los compromisos compartidos. Díaz ha utilizado esa separación para insistir en que su espacio sigue defendiendo la autodeterminación, aunque la política exterior del Ejecutivo esté marcada por la postura expresada por Sánchez. La tensión reside precisamente en que ambos forman parte del mismo Gobierno y, a la vez, sostienen enfoques distintos sobre un conflicto internacional. La coalición conserva la unidad institucional, pero no ha eliminado la contradicción política.

De la posición de Sánchez al respaldo de Sumar a la autodeterminación

El giro de Sánchez se produjo en abril de 2022, cuando trasladó a Mohamed VI su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Esa decisión modificó la posición que España venía manteniendo sobre el conflicto y abrió una brecha con quienes defienden que el pueblo saharaui debe decidir su estatus. El plan de Rabat plantea que el territorio tenga autonomía bajo soberanía marroquí; la autodeterminación, en cambio, sostiene que corresponde a los saharauis determinar su futuro. No son dos maneras equivalentes de describir una misma salida: parten de respuestas distintas sobre quién debe decidir y qué opciones deben estar disponibles.

En las elecciones del 23 de julio, Sumar incluyó en su programa la defensa del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. También planteó medidas para mejorar la vida de la población, tanto en los campamentos de refugiados de Tinduf como en el territorio ocupado y en España. El programa prometía fomentar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos sobre el terreno y aumentar la ayuda humanitaria destinada a los campamentos. La posición no se limitaba a una declaración diplomática: vinculaba la autodeterminación con la asistencia humanitaria y la protección de derechos.

La formación también se comprometió a impulsar una comisión de trabajo sobre la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui. La propuesta daba al debate una dimensión que excedía la relación actual con Marruecos: abordaba el papel de España en la historia del territorio y la responsabilidad que, según Sumar, debía examinarse políticamente. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas quedó incorporada de forma específica al pacto de coalición. La distancia entre el programa y el acuerdo se aprecia tanto en la ausencia del referéndum o la autodeterminación como en la desaparición de las medidas humanitarias y de memoria política.

La reacción saharaui y el reproche de incoherencia

El Frente Polisario consideró que la exclusión del asunto del acuerdo suponía una oportunidad perdida para que España asumiera un papel destacado en la conclusión del proceso de descolonización. También sostuvo que España continúa siendo la potencia administradora del territorio, pese a los intentos de desvincularse de esa responsabilidad. Esa caracterización forma parte de la posición política y jurídica defendida por el Polisario; presentarla como una afirmación indiscutida borraría la controversia que rodea el estatus del Sáhara Occidental y las responsabilidades internacionales asociadas. El desacuerdo abarca, por tanto, no solo la solución futura, sino también cómo se define la responsabilidad española en el presente.

La crítica del Polisario se centró asimismo en la diferencia entre las posiciones previas de los partidos y el contenido del pacto. A su juicio, excluir el Sáhara resultaba incoherente con la atención que las formaciones prestan a otros conflictos internacionales y con los principios de derecho internacional y protección de los derechos humanos que invocan. Su representante en España, Abdulah Arabi, sostuvo que todavía era posible encontrar fórmulas para respaldar las aspiraciones saharauis y llamó a las fuerzas firmantes a reconsiderar la omisión. El reproche no se dirigía únicamente a Sumar: señalaba también al PSOE por la posición que había adoptado sobre la propuesta marroquí.

La diputada saharaui de Sumar, Tesh Sidi, expresó una crítica parecida al advertir que el acuerdo no mencionaba el Sáhara y que existía una discordancia entre los planteamientos de los socios. Su intervención puso rostro parlamentario a una contradicción que, de otro modo, podía quedar reducida a una disputa entre comunicados. Sidi defendió que seguiría trabajando para que los derechos humanos y la cuestión saharaui tuvieran presencia en la política de investidura. Su posición mostró que la omisión del pacto no había borrado el debate dentro de la propia formación de Díaz.

La discrepancia ha reaparecido en público

La evolución posterior confirma que la distancia no quedó confinada a aquella negociación. Durante una cumbre de alto nivel entre España y Marruecos, Díaz volvió a cuestionar públicamente la línea del Ejecutivo y expresó su oposición a ceder territorio saharaui. La vicepresidenta segunda difundió un mensaje en vídeo y reivindicó la autodeterminación, mientras los ministros de Sumar no participaron en la reunión celebrada en La Moncloa, en la que sí estuvieron Sánchez y varios ministros socialistas. La escena convirtió una diferencia diplomática persistente en una señal visible de división dentro del Gobierno.

En declaraciones posteriores a esa cumbre, Díaz reconoció que existe una discrepancia manifiesta con sus socios socialistas y aseguró que Sumar continuará defendiendo el derecho de autodeterminación. La formulación es relevante porque aclara que la omisión del acuerdo no debe interpretarse como un cambio de criterio de la vicepresidenta. Su postura se mantiene, aunque no haya conseguido traducirse en una posición compartida por el conjunto del Ejecutivo. El desacuerdo, así, no es una lectura retrospectiva del pacto: ha sido reconocido públicamente por una de las partes.

La diferencia también ayuda a separar dos planos que a menudo se confunden. Una cosa es la postura que defiende una dirigente o un partido; otra, la política oficial que el Gobierno puede sostener en sus relaciones exteriores. Díaz puede expresar su oposición y comprometer a Sumar a mantener esa defensa, pero sus declaraciones no modifican por sí solas la orientación comunicada por Sánchez ni resuelven la disputa con Rabat. La voz de una vicepresidenta dentro de una coalición tiene peso político, pero no convierte automáticamente su posición en la del Estado.

Marruecos, Argelia y el coste diplomático de cambiar de rumbo

El conflicto saharaui está ligado a una relación regional delicada. En el momento descrito por la información de referencia, las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Argelia seguían afectadas por la decisión de Sánchez de respaldar el plan marroquí. Al mismo tiempo, el Gobierno buscaba mantener una relación funcional con Marruecos, un país relevante para la cooperación bilateral. La posición española sobre el Sáhara no se desarrolla en un vacío: tiene consecuencias para sus vínculos con los dos vecinos magrebíes y para la estabilidad de esa relación triangular.

El argumento político que explica el giro de Sánchez es que Madrid no puede ignorar los efectos de una ruptura con Rabat. Marruecos es un interlocutor central en asuntos de vecindad y cooperación, y la relación incluye cuestiones que afectan directamente a España. Pero ese razonamiento no elimina el coste de respaldar una propuesta que el Polisario y Argelia rechazan y que Sumar considera incompatible con el derecho de autodeterminación. La política exterior intenta administrar intereses que chocan entre sí, aunque el cálculo diplomático no resuelva la controversia jurídica ni política.

Sumar, por su parte, ha insistido en que la defensa de los derechos saharauis no debería sacrificarse por la relación con Marruecos. Tesh Sidi sostuvo durante la campaña que su formación trabajaría para revertir el cambio de posición de Sánchez, al que describió como una línea roja. Esa promesa chocó después con la negociación del acuerdo de gobierno, donde el asunto quedó fuera. La distancia entre la ambición electoral y el margen de negociación muestra los límites que puede encontrar un socio minoritario al intentar trasladar su programa a una política común. La coalición no solo revela una diferencia de criterio, sino también una diferencia de capacidad para convertir ese criterio en decisiones gubernamentales.

El frente europeo y la disputa por los recursos

La cuestión saharaui tampoco se limita a las relaciones entre España, Marruecos y Argelia. El debate alcanza a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos cuando afectan al territorio del Sáhara Occidental y a sus recursos. En Luxemburgo, Tesh Sidi se reunió con abogados, activistas y representantes del Polisario durante unas audiencias relacionadas con recursos ante tribunales europeos. El objetivo de esas actuaciones era cuestionar acuerdos que, según sus impugnantes, se aplican a un territorio ocupado sin el consentimiento de su representante. La discusión sobre la autodeterminación tiene también una dimensión económica: quién puede autorizar el uso de los recursos del territorio.

Ese aspecto amplía el sentido de la crítica saharaui. Para el Polisario, la defensa del derecho a decidir no puede separarse del control sobre los recursos naturales ni de la protección frente a su explotación sin consentimiento. El desacuerdo no trata solo de elegir entre autonomía e independencia; también se refiere a quién participa en las decisiones que afectan a la población y al territorio. La disputa por los recursos convierte una cuestión diplomática en un problema concreto de representación y consentimiento.

La vía judicial europea ofrece un escenario distinto al de la negociación entre gobiernos. Un litigio puede examinar la validez de acuerdos y el alcance de las obligaciones aplicables, pero no sustituye por sí solo una solución política al conflicto ni decide automáticamente el futuro del territorio. La presencia de representantes saharauis en ese proceso refleja una estrategia paralela: mientras los partidos discuten el rumbo diplomático, el Polisario busca hacer valer sus argumentos en instituciones europeas. La política, la diplomacia y los tribunales avanzan por carriles relacionados, pero no intercambiables.

Una posición que sigue sin convertirse en política común

La diferencia entre Díaz y Sánchez no se mide únicamente por las declaraciones enfrentadas. Se aprecia en qué compromisos aparecen en los documentos oficiales, qué asuntos quedan para la negociación y qué capacidad tiene cada socio para llevar sus prioridades a la acción del Gobierno. En el caso del Sáhara, Sumar conservó su defensa pública de la autodeterminación, pero no consiguió que el acuerdo de coalición recogiera ese objetivo de forma expresa. La postura de partido sobrevivió, mientras la política común quedó definida por la ausencia de un compromiso compartido.

Ese resultado puede parecer ambiguo, pero tiene una lógica política reconocible: los socios evitaron convertir la discrepancia en un obstáculo para la investidura y el funcionamiento del Ejecutivo. La fórmula permitió pactar en otros ámbitos sin resolver todos los desacuerdos de política exterior. Su límite es igual de claro: cuando el asunto vuelve a la actualidad, cada formación retoma su posición y la falta de una línea común se hace visible. El silencio puede aplazar el conflicto dentro de una coalición, pero no lo desactiva cuando las decisiones diplomáticas siguen teniendo consecuencias.

Por eso, cada nueva intervención de Díaz sobre el territorio funciona como recordatorio de una promesa electoral que no se tradujo en el acuerdo gubernamental. Y cada reafirmación del respaldo de Sánchez al plan marroquí mantiene abierta la brecha que originó la disputa. El caso muestra que un pacto de gobierno puede ordenar la convivencia entre socios sin producir consenso sobre todos los asuntos; también deja a la vista qué temas se consideran negociables y cuáles siguen siendo identitarios para cada formación. Mientras no haya una fórmula aceptada por ambas partes, el Sáhara seguirá siendo una frontera política dentro de la coalición.

El desacuerdo que la coalición no ha cerrado

La controversia no se reduce a que una mención desapareciera de un documento. Enfrenta dos enfoques sobre el futuro del Sáhara Occidental, plantea interrogantes sobre la responsabilidad histórica de España y afecta a las relaciones con Marruecos y Argelia. También conecta la autodeterminación con los derechos humanos, la ayuda a la población refugiada y el consentimiento sobre los recursos del territorio. Ese conjunto de dimensiones explica por qué la cuestión reaparece incluso cuando no ocupa un lugar central en la agenda diaria del Gobierno.

Sumar mantiene la defensa de la autodeterminación que formuló antes de las elecciones, mientras Sánchez conserva el respaldo al plan de autonomía marroquí comunicado en 2022. El acuerdo de coalición permitió que ambos socios gobernaran sin resolver esa incompatibilidad, pero no la transformó en una posición compartida. La brecha permanece abierta y su cierre dependerá de una decisión política que hasta ahora no figura en los compromisos comunes.