¿Por qué vuelve el fiscal general al caso de Miguel Ángel Rodríguez?

El PSOE ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo provisional de la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por la difusión de la identidad y la fotografía de dos periodistas de El País. Los socialistas sostienen que la causa se cerró demasiado pronto, sin aclarar si información obtenida durante una identificación policial acabó en manos del alto cargo madrileño.

El procedimiento, por tanto, no ha sido reabierto todavía. La Audiencia deberá decidir si confirma el sobreseimiento acordado el 30 de junio o devuelve el expediente al juzgado para que se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de los policías que identificaron a los reporteros, una prueba que el PSOE considera central y que la instructora no llegó a realizar.

El PSOE denuncia una investigación incompleta

La causa nació por lo ocurrido en marzo de 2024, cuando dos periodistas investigaban el fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador y distintas actuaciones relacionadas con la vivienda que comparte con Ayuso. Los reporteros fueron identificados en la vía pública por agentes vinculados al dispositivo de seguridad de la presidenta madrileña. Poco después, Rodríguez distribuyó entre profesionales de la información una fotografía acompañada de sus nombres y de acusaciones sobre un supuesto hostigamiento a vecinos.

La acusación popular ejercida por el PSOE no discute únicamente quién tomó aquella imagen. Su recurso coloca el foco en el origen de las identidades y en la posibilidad de que datos recabados durante una actuación policial fueran comunicados fuera de los cauces legales. Según los socialistas, tres testigos afirmaron durante la instrucción que Rodríguez había conocido esos datos a través de fuentes policiales.

La magistrada Raquel Robles, sin embargo, concluyó que no existían indicios suficientes para sostener esa hipótesis. Consideró que Rodríguez ya conocía a los periodistas por su actividad profesional y que tanto sus nombres como sus fotografías podían localizarse públicamente. En consecuencia, entendió que el mensaje difundido no contenía datos reservados ni información obtenida ilícitamente.

Los policías que no llegaron a declarar

El punto más incómodo del archivo está ahí, en lo que no se investigó. La jueza adoptó su decisión sin interrogar a los dos policías que solicitaron la documentación de los periodistas ni a otros agentes y testigos propuestos por la acusación. Para el PSOE, cerrar el sumario sin escucharles equivale a resolver el misterio dejando fuera de la habitación a quienes podían explicar una parte esencial.

La Audiencia Provincial ya había intervenido anteriormente y había ordenado que la investigación siguiera adelante para esclarecer cómo llegaron los datos a Rodríguez. El recurso socialista sostiene que esa cuestión continúa sin respuesta y acusa a la instructora de haber desarrollado una indagación sesgada, favoreciendo las diligencias exculpatorias mientras descartaba otras destinadas a comprobar si existió una filtración policial. Es la posición de una parte, no una conclusión judicial. Conviene no mezclar los cajones.

Los mensajes borrados y el espejo del fiscal general

El elemento políticamente más llamativo del recurso es la referencia a la condena del antiguo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo lo condenó en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia fue adoptada por mayoría y contó con dos votos particulares discrepantes.

Durante aquel proceso, el borrado de dispositivos y comunicaciones de García Ortiz fue utilizado como uno de los indicios para cuestionar su versión. El PSOE intenta aplicar ahora ese mismo razonamiento a Rodríguez y a González Amador: ambos reconocieron que no conservaban el chat de WhatsApp en el que supuestamente se envió la fotografía de los periodistas.

Rodríguez declaró que había eliminado sus mensajes. González Amador sostuvo que perdió aquella conversación después de sufrir un hackeo, aunque sí conservaba intercambios de esos días con sus vecinos. El empresario afirmó que recibió la imagen de un residente de la quinta planta y que posteriormente se la remitió al jefe de Gabinete de Ayuso. No identificó públicamente a ese vecino durante la información conocida sobre su declaración.

La apelación rescata una ironía difícil de esconder. Rodríguez y González Amador habían señalado el borrado de mensajes del fiscal general como una conducta sospechosa; cuando la investigación se acercó a sus propias conversaciones, aquellas también habían desaparecido. La hemeroteca, ese armario que en política siempre termina abriéndose, ha proporcionado al PSOE el argumento más afilado de su recurso.

Eso no significa que borrar un chat demuestre por sí solo la comisión de un delito. Puede ser un indicio que deba valorarse junto con otras pruebas, pero no sustituye la obligación de acreditar el origen ilícito de la información, la condición reservada de los datos y la participación consciente del investigado. La sospecha no es una sentencia, aunque en la refriega política se venda muchas veces con el mismo envoltorio.

Por qué la jueza archivó la causa

El auto de sobreseimiento provisional sostuvo que la fotografía procedía de un vecino y que llegó a Rodríguez a través de González Amador. También aceptó que el jefe de Gabinete conocía previamente la identidad de los periodistas y que los nombres y las imágenes difundidos no podían considerarse secretos o reservados en los términos exigidos por el Código Penal.

Rodríguez reconoció haber distribuido la fotografía y los datos, pero negó que se los proporcionaran los policías. A la entrada del juzgado aseguró que la imagen procedía de un “vecino enfadado”; después precisó que el vecino se la había enviado a González Amador y que este se la trasladó a él. Explicó la diferencia diciendo que se había expresado mal. Una corrección veloz, casi de edición radiofónica, pero incorporada a la causa.

La jueza consideró que no había pruebas de una transmisión ilegal desde el dispositivo policial. Tampoco estimó que la difusión de nombres, primer apellido y fotografías afectara de forma penalmente relevante a la intimidad de los periodistas. Por eso decretó el archivo provisional, una figura que permite cerrar la instrucción por falta de indicios suficientes, pero que no equivale a una absolución ni impide que el procedimiento continúe si la Audiencia aprecia diligencias pendientes.

La fotografía no resuelve todo el recorrido

La versión aceptada por la instructora explica cómo habría circulado la imagen: vecino, González Amador, Rodríguez. El recurso insiste en que ese itinerario no aclara necesariamente de dónde salieron todos los datos incorporados al mensaje posterior ni qué ocurrió después de que los reporteros fueran identificados por los agentes.

Ese matiz será decisivo. Para reabrir la investigación no basta con que el relato resulte extraño, contradictorio o políticamente desagradable. La Audiencia tendrá que apreciar que existen diligencias razonables y pertinentes capaces de esclarecer hechos con posible relevancia penal. Interrogar a los agentes parece, desde fuera, una actuación bastante elemental. Otra cuestión será lo que puedan aportar y si sus respuestas modifican el cuadro probatorio.

La Comunidad de Madrid acusa al PSOE de “enfangar”

El Gobierno de Ayuso ha respondido con su repertorio habitual: ofensiva frontal y devolución del golpe. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmó que los socialistas intentan “emponzoñar” el debate para ocultar las presuntas “corruptelas” que atribuye al entorno de Pedro Sánchez.

García Martín recordó que la Agencia Española de Protección de Datos también archivó una denuncia relacionada con estos hechos al no apreciar una infracción de la normativa de privacidad. Para la Comunidad, las decisiones administrativa y judicial demuestran que no existe caso y que el recurso persigue prolongar artificialmente la polémica.

Son procedimientos distintos, no obstante. La Agencia analiza eventuales incumplimientos de la legislación sobre protección de datos, mientras que el juzgado penal estudia si pudo cometerse un delito de revelación de secretos. Que una vía administrativa termine archivada puede ser relevante, pero no resuelve automáticamente la otra. Las instituciones públicas tienen especial habilidad para presentar dos carpetas diferentes como si fueran la misma cuando el membrete les resulta conveniente.

El recurso abre así otro capítulo en la guerra política entre el PSOE madrileño y el equipo de Ayuso, con González Amador, el antiguo fiscal general y la libertad de información girando alrededor. Mucho voltaje, varias causas cruzadas y una conversación borrada que todos interpretan según el cristal —o el partido— con el que se mira.

La Audiencia decidirá si el archivo se sostiene

La Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver si la investigación practicada es suficiente o si todavía quedan cabos relevantes por atar. Puede confirmar el archivo provisional o revocarlo y ordenar nuevas diligencias, entre ellas las declaraciones policiales reclamadas por el PSOE. Mientras no exista resolución, Miguel Ángel Rodríguez mantiene plenamente su presunción de inocencia.

El núcleo del recurso no consiste en demostrar que Rodríguez cometió el delito, algo que corresponde a la instrucción y, en su caso, a un juicio. Busca convencer a los magistrados de que todavía es pronto para afirmar que no ocurrió nada penalmente relevante. Esa es la verdadera batalla jurídica.

La política, mientras tanto, ya ha dictado sus dos sentencias paralelas. Para el PSOE, hay mensajes borrados, versiones cambiantes y testigos sin escuchar. Para la Comunidad de Madrid, solo existe una maniobra destinada a desgastar a Ayuso y desviar la atención de los problemas del Gobierno central. Entre ambos relatos queda la tarea menos vistosa, pero decisiva: averiguar de dónde salieron los datos y por qué quienes podían explicarlo no fueron interrogados antes de bajar la persiana.