¿Qué implica que Vox gestione la valoración de víctimas andaluzas?

La entrada de Vox en el Gobierno andaluz ha colocado bajo la Consejería de Justicia dirigida por Manuel Gavira la gestión administrativa de las unidades que evalúan a mujeres, menores y agresores en procedimientos por violencia de género. Eso no significa que un dirigente del partido vaya a entrevistar a las víctimas ni a corregir informes forenses con bolígrafo rojo. Significa algo más discreto, aunque relevante: el departamento político de Gavira organizará los equipos, administrará sus medios humanos y materiales e impulsará protocolos y formación relacionados con la atención judicial.

¿Existe un peligro para las mujeres andaluzas? Hay un riesgo institucional razonable, pero no puede afirmarse que las valoraciones hayan sido manipuladas, recortadas o deterioradas: no hay constancia de que eso haya ocurrido. La preocupación nace del margen que sí tiene la Consejería para decidir recursos, refuerzos, prioridades y procedimientos, unido a la trayectoria de Vox, que ha combatido el concepto jurídico de violencia de género y cuestionó públicamente a estos profesionales. Entre la alarma automática y la ingenuidad administrativa queda un terreno incómodo. Justo ahí está la noticia.

Qué competencias ha recibido realmente Vox

El Decreto 191/2026, publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, atribuye a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local las materias de violencia de género vinculadas directamente con la Administración de Justicia. La cartera está encabezada por Manuel Gavira, vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz y dirigente de Vox.

El texto oficial no deja demasiado espacio para el maquillaje semántico. El departamento se ocupará de la organización y supervisión de los institutos de medicina legal, incluida la dotación de personal; de los equipos psicosociales que apoyan a los juzgados; de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; y del impulso de los protocolos en los que intervienen los profesionales forenses. También gestiona la asistencia jurídica especializada, el seguimiento de las órdenes de protección, la formación de quienes intervienen en los procesos y diversos servicios de atención a víctimas.

No se trata, por tanto, de una competencia decorativa escondida en algún cajón del organigrama. Vox ha recibido una parte sensible de la maquinaria judicial que acompaña los procedimientos por malos tratos, aunque la política de igualdad y buena parte de la atención social permanezcan en otros departamentos de la Junta.

Gavira no podrá dictar el contenido de un informe

Conviene despejar una confusión importante. Los informes no los elaborará Vox, sino profesionales de la medicina forense, la psicología y el trabajo social. Actúan dentro de los institutos de medicina legal y, en los procedimientos judiciales, trabajan a petición de jueces y fiscales. El marco legal exige que este personal ejerza sus funciones con plena independencia y criterios estrictamente científicos.

Un consejero no puede ordenar que una mujer sea considerada menos creíble, rebajar artificialmente la peligrosidad de un agresor o alterar una conclusión psicológica porque choque con el programa electoral del partido. Tampoco decide una orden de alejamiento, una custodia o una condena. Eso corresponde a los órganos judiciales, que valoran el conjunto de pruebas.

La barrera jurídica es nítida. Otra cosa es la fontanería del sistema: cuántos profesionales trabajan, cuánto tardan en emitir un dictamen, qué formación reciben, qué protocolos aplican y cuántos expedientes se acumulan sobre una mesa. La política no firma el informe, pero decide cuántas sillas hay en la sala.

Para qué sirven las unidades de valoración integral

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género surgieron al amparo de la Ley Orgánica de 2004. Su función es ofrecer a los juzgados una visión multidisciplinar que vaya más allá de una lesión concreta o de una fotografía tomada en urgencias. Estudian las consecuencias físicas, psicológicas y sexuales sufridas por la mujer, la exposición de los hijos a la violencia, la peligrosidad del investigado, el riesgo de reincidencia y las circunstancias relevantes para procedimientos civiles.

Eso puede incluir el análisis de una relación prolongada de control, amenazas o aislamiento económico, miedo y dependencia emocional. Situaciones que rara vez caben enteras en un parte de lesiones. También se examina a los menores que han presenciado la violencia o la han sufrido directamente, porque un niño sentado detrás de una puerta cerrada no deja de ser víctima por no aparecer en la denuncia.

Los informes pueden ayudar al juez a valorar medidas de protección, regímenes de visitas, custodias, consecuencias psicológicas o el nivel de riesgo. No sustituyen la decisión judicial, pero aportan una pieza técnica decisiva en numerosos procedimientos. Un informe tardío, incompleto o elaborado por un equipo saturado pesa menos de lo que debería. A veces la burocracia no golpea la mesa; simplemente llega tres meses tarde.

La ley estatal obliga a que los servicios forenses cuenten con estas unidades y presten especial atención a la violencia vicaria. Por eso, el Gobierno andaluz no puede borrarlas de un plumazo ni sustituirlas libremente por un modelo ideológico incompatible con la legislación vigente. Su existencia está protegida, aunque su funcionamiento cotidiano dependa en buena medida de la comunidad autónoma.

El antecedente que alimenta la desconfianza

La polémica no nace solo de que Vox haya entrado en la Consejería de Justicia. En 2019, el entonces líder andaluz del partido, Francisco Serrano, solicitó al Parlamento una relación detallada con nombres, apellidos, colegiación y otros datos de quienes habían trabajado desde 2012 en las unidades de valoración, los equipos psicosociales de familia y los servicios de menores.

La Junta no entregó la información personal por razones de protección de datos, aunque posteriormente facilitó datos sobre las titulaciones profesionales. Vox justificó aquella petición alegando dudas sobre la cualificación y el supuesto sesgo de quienes elaboraban los dictámenes. El episodio fue interpretado por sindicatos y adversarios políticos como un intento de señalar a funcionarios cuyo trabajo incomodaba al partido.

Siete años después, la formación ya no pide desde la oposición información sobre esos equipos: ocupa la cúspide administrativa del departamento que los organiza. El cambio de posición es sustancial. También lo es el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, que contempla revisar normas, organismos y ayudas considerados superfluos, ineficientes o marcados por un supuesto sesgo ideológico. El término parece vaporoso, pero en política los conceptos vaporosos suelen terminar convertidos en presupuestos bastante sólidos.

Vox lleva años proponiendo sustituir el marco específico de la violencia de género por otro centrado en la llamada violencia intrafamiliar. La diferencia no es meramente lingüística. La legislación vigente reconoce una violencia ejercida contra las mujeres dentro de relaciones afectivas y vinculada a situaciones de desigualdad y dominación. Diluir esa categoría modifica el diagnóstico institucional; y cuando cambia el diagnóstico, acaba cambiando la respuesta pública.

Dónde aparece el riesgo para las víctimas

El primer riesgo es el debilitamiento material. Una unidad puede seguir existiendo sobre el papel y funcionar mal por falta de psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses o sustituciones. Puede acumular retrasos, perder refuerzos temporales o verse obligada a atender en pocos minutos situaciones que requieren tiempo, silencio y una escucha especializada. Nada de eso exige derogar una ley.

El segundo riesgo está en los protocolos de actuación. La Consejería tiene capacidad para impulsarlos y participar en su elaboración. Un cambio en los criterios de coordinación, en la formación específica o en la manera de abordar la violencia vicaria puede influir en la calidad de la evaluación. No convierte automáticamente un informe técnico en un panfleto político, pero abre una zona en la que las decisiones administrativas importan. Mucho.

Existe también un problema de confianza pública. Una mujer que sabe que el partido responsable de esa estructura ha negado o relativizado el concepto de violencia machista puede preguntarse si será escuchada con la misma seriedad. Aunque los profesionales mantengan intacta su independencia, la duda puede instalarse antes de cruzar la puerta. En este ámbito, la confianza no es un adorno sentimental: condiciona la disposición a denunciar, relatar los hechos y sostener un procedimiento largo, áspero y a menudo agotador.

Eso no permite concluir que Vox vaya a interferir en expedientes concretos. Convertir una sospecha en certeza sería hacer precisamente aquello que se critica: sustituir la prueba por la ideología. Hasta el momento no se han anunciado recortes, modificaciones de protocolos ni instrucciones que comprometan la autonomía profesional. El Gobierno de Moreno sostiene que las unidades continuarán funcionando y que Vox deberá cumplir la legislación. La formación de Gavira, por su parte, no ha detallado públicamente qué planes tiene para estos servicios.

Lo que no puede hacer Vox y lo que sí puede condicionar

Vox no puede eliminar las unidades, ordenar a un juez qué resolución adoptar, redactar los informes ni acceder arbitrariamente a datos clínicos y personales. Las normas estatales, la protección de datos, la independencia forense y el control judicial funcionan como diques.

Sí puede influir en la dotación de recursos, la cobertura de vacantes, los refuerzos, la formación, la estructura territorial, la organización de los equipos y la elaboración de protocolos. También puede marcar el discurso público de la Consejería y decidir qué problemas merecen prioridad política. No es poder absoluto, desde luego. Tampoco es irrelevante.

La diferencia podrá observarse en indicadores poco épicos pero reveladores: tiempos de espera, plantillas completas, continuidad de los equipos, presupuesto ejecutado, especialización profesional y calidad de los informes. Las políticas públicas suelen mostrar su ideología ahí, en la letra pequeña de la gestión y bajo la luz blanca de una oficina, no únicamente en los discursos del Parlamento.

El contexto exige prudencia redoblada. Según los datos provisionales actualizados el 3 de agosto, 33 mujeres habían sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas durante 2026. Nueve de esos crímenes se produjeron en Andalucía, el 27,3% del total, y 23 menores quedaron huérfanos en el conjunto del país. La estadística no demuestra que una estructura administrativa concreta evite por sí sola un asesinato, pero recuerda que la violencia machista está muy lejos de ser una batalla cultural de sobremesa.

La protección se medirá en personal, plazos y protocolos

La cesión de estas competencias a Vox no supone que las víctimas queden inmediatamente desprotegidas ni que los informes pasen a redactarse desde una sede política. Las unidades conservan su cobertura legal, los profesionales están obligados a actuar con independencia y los jueces mantienen la decisión final.

Pero la inquietud tampoco es una fantasía partidista. Entregar la gestión de estos servicios a una formación que ha cuestionado su fundamento, pidió identificar a sus trabajadores y rechaza el marco legal de la violencia de género crea una contradicción política evidente. Moreno confía en que la ley y la estructura administrativa contengan cualquier deriva. Puede ser. Los diques, sin embargo, necesitan mantenimiento.

El verdadero examen comenzará cuando haya que renovar contratos, cubrir bajas, aprobar presupuestos, actualizar protocolos o responder a los primeros retrasos. Ahí se comprobará si la Consejería dirigida por Gavira protege una herramienta pública que recibe con desconfianza ideológica o si empieza a adelgazarla desde dentro. Sin estruendo, sin decreto de demolición. Apenas quitando tornillos.