¿Por qué Vox quiere frenar la mezquita de Sevilla en el Polígono Sur?

Vox ha decidido convertir la futura mezquita de Sevilla en su primer gran campo de batalla simbólico dentro de la nueva etapa política andaluza. Manuel Gavira, portavoz del partido en Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta, ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian medidas para impedir la construcción del centro religioso y cultural previsto junto al Polígono Sur, bajo el argumento de evitar “la islamización de los barrios”. No es una frase al aire. Es una consigna, con toda su pólvora dentro.

El proyecto lo impulsa la Fundación Mezquita de Sevilla, una entidad privada, y contempla un espacio de oración, dependencias culturales y sociales y servicios complementarios, entre ellos asistencia médica con especial atención a población musulmana. La obra, si supera todos los trámites, podría arrancar a finales de 2026 y ejecutarse en un plazo que oscila entre año y medio y tres años. El presupuesto aparece situado en torno a los 15 millones de euros, una cifra suficiente para que el asunto haya dejado de ser un expediente urbanístico y se haya convertido en munición política.

Vox abre un frente político con la mezquita de Sevilla

Gavira ha prometido “todas las acciones judiciales y políticas” para que la mezquita no se levante. La intervención no llega sola ni cae de un cielo despejado: aparece pocos días después del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Andalucía, un pacto que incorpora conceptos como prioridad nacional y que también prevé poner fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios andaluces a partir del curso 2027-2028. La mezquita, de pronto, se convierte en algo más que un edificio. Un tótem. Un espejo donde cada partido mira lo que quiere ver.

La posición de Vox no se limita a pedir información urbanística, aunque también la pide. El partido sostiene que el centro supondría un foco de “islamización” y compara el caso con la ubicación de centros de menores extranjeros no acompañados, otra de sus banderas habituales. El mecanismo retórico es reconocible: barrio vulnerable, identidad cultural, sospecha sobre lo distinto y una promesa de protección que suena bien en campaña y chirría cuando entra en el registro administrativo.

Qué se quiere construir junto al Polígono Sur

La iniciativa prevista junto al Polígono Sur no sería una mezquita aislada al modo clásico, sino un centro cultural islámico con sala de oración, espacios comunitarios y usos sociales. La sala de oración tendría unos 400 metros cuadrados, capacidad aproximada para entre 400 y 500 personas y un revestimiento inspirado en la celosía andalusí, con referencias formales a los paños de sebka de la Giralda. Sevilla, como siempre, cargada de capas: piedra cristiana, traza almohade, postal turística y bronca política en el mismo plano.

El inmueble se levantaría en un terreno situado entre la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco y la Ronda Nuestra Señora de la Oliva, próximo al Parque Celestino Mutis. La fundación defiende que se trata de una inversión privada sobre suelo no municipal, una diferencia importante respecto al intento fallido de Los Bermejales en 2004, cuando la cesión de una parcela pública acabó encallando entre rechazo vecinal, conflicto político y recorrido judicial.

Un proyecto privado, con una tramitación aún sensible

Aquí aparece una zona gris que conviene no embadurnar con brochazos. El proyecto se mueve entre la información sobre la licencia municipal, los trámites urbanísticos y la revisión administrativa que debe acompañar a una obra de estas características. Ese matiz no es un detalle de notaría: puede marcar el margen real de las acciones que Vox dice estar estudiando y separar la fiscalización legítima del mero gesto de barricada.

En términos prácticos, una cosa es comprobar si el expediente cumple la normativa de seguridad, accesibilidad, aforos, movilidad o impacto en el entorno. Otra, bastante distinta, es pretender vetar un lugar de culto por la religión de quienes lo usarán. La primera vía pertenece al Ayuntamiento, a los técnicos y, llegado el caso, a los tribunales. La segunda se estrella contra un muro constitucional bastante más sólido que cualquier eslogan.

El margen legal: urbanismo sí, veto religioso no

España reconoce la libertad religiosa y de culto en la Constitución, con la única limitación necesaria para preservar el orden público protegido por la ley. La legislación también ampara el derecho de las confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o reunión, siempre dentro del ordenamiento jurídico general. Dicho de forma menos solemne: una mezquita puede ser discutida por licencia, ruido, tráfico o seguridad; no por ser mezquita.

Eso no convierte cualquier proyecto en intocable. Ningún edificio lo es. La administración puede exigir papeles, corregir deficiencias, condicionar aperturas, revisar accesos o paralizar obras si hay incumplimientos. Pero el principio de fondo es delicado: el Estado no puede funcionar como portero ideológico de una confesión. En una democracia liberal, el derecho de culto no es una cortesía que se concede cuando el templo queda bonito en la foto. Es un derecho. Incluso cuando incomoda al vecino, al concejal o al tertuliano con prisa.

El Polígono Sur, otra vez usado como escenario

El Polígono Sur arrastra una carga simbólica enorme en Sevilla. No es solo un punto en el mapa: es una zona marcada por desigualdad, estigmas, promesas institucionales incumplidas y una resistencia cotidiana que rara vez sale en los titulares salvo cuando hay conflicto. Que el debate sobre la mezquita aterrice ahí no es inocente. El barrio aparece como argumento, como advertencia, como decorado de una discusión que va mucho más allá de sus calles.

La fundación promotora defiende que el centro puede colaborar con una zona vulnerable y aportar actividad comunitaria, cultural y económica. Vox, en cambio, lee el proyecto como una pieza más de una supuesta transformación identitaria de los barrios. Entre una versión y otra queda el territorio real: vecinos que necesitarán saber qué se construye, cómo afectará al tráfico, qué servicios traerá, quién lo financia, cómo se gestionará y qué garantías habrá. Menos niebla. Más expediente.

El antecedente de Los Bermejales pesa en la memoria

Sevilla ya vivió una polémica parecida hace más de dos décadas. El intento de construir una mezquita en Los Bermejales, impulsado tras un acuerdo municipal de 2004, acabó atravesado por rechazo vecinal y conflicto judicial. Aquel precedente explica parte de la prudencia actual de la Fundación Mezquita de Sevilla: comprar suelo privado y evitar una cesión municipal reduce el flanco político y administrativo. No lo elimina. Lo estrecha.

La diferencia central es precisamente esa: no estamos ante una parcela pública entregada para un uso religioso, sino ante una iniciativa privada que debe cumplir normas como cualquier otra. Vox lo sabe, por eso habla de estudiar acciones. El verbo estudiar, en política, es una sala de espera: permite hacer ruido antes de saber si existe una puerta jurídica por la que entrar.

Un debate sobre convivencia, pero también sobre poder

La nueva mezquita de Sevilla llega en un momento político cargado. Vox acaba de entrar en el Gobierno andaluz con una vicepresidencia y áreas relevantes, mientras el PP de Juanma Moreno administra el equilibrio entre poder institucional y dependencia parlamentaria. La polémica del Polígono Sur funciona como prueba temprana de esa convivencia: hasta dónde llega la agenda cultural de Vox, hasta dónde cede el PP y qué papel mantiene el Ayuntamiento en una decisión que, en principio, debe resolverse con criterios urbanísticos, no con termómetro identitario.

Hay una ironía de fondo, seca como una persiana al mediodía sevillano. Vox defiende retirar la lengua árabe de los colegios públicos y, casi en la misma respiración, señala que quien quiera aprender esas cuestiones puede hacerlo en un centro musulmán si finalmente se construye. Es una manera curiosa de ordenar la convivencia: sacar lo incómodo del espacio común y luego señalar con alarma el lugar al que se ha empujado.

La ciudad ante su propio espejo

La discusión real no es si Sevilla puede tener una mezquita. Puede. La cuestión es si el proyecto cumple la ley, si el Ayuntamiento tramita con transparencia, si los vecinos reciben información clara y si los partidos están dispuestos a distinguir entre control administrativo y agitación cultural. Porque una ciudad democrática no se mide por los templos que aplaude, sino por los derechos que respeta cuando no le gustan tanto.

Vox ha encontrado en la mezquita del Polígono Sur un asunto de alto voltaje político. La fundación promotora, por su parte, sostiene que el proyecto es privado, cultural y religioso, con vocación comunitaria. Entre ambos relatos queda lo importante: licencia, legalidad, convivencia y derechos fundamentales. Lo demás —la consigna, el aspaviento, la palabra “islamización” lanzada como piedra al estanque— hará ruido. Mucho. Pero el ruido, incluso cuando llena titulares, no siempre construye derecho.