¿Qué busca Vox al acusar a Sánchez de traición por la crisis de Ceuta?

Vox ha abierto una ofensiva política y jurídica contra Pedro Sánchez a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. Santiago Abascal anunció el 8 de agosto que su partido pretende utilizar el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades criminales al presidente del Gobierno y a miembros de su Ejecutivo por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. El argumento central de la formación es que el Gobierno conocía con antelación el riesgo de una entrada masiva y no reaccionó adecuadamente.

Pero una cosa es anunciar que se quiere llevar a Sánchez ante el Tribunal Supremo y otra, bastante más complicada, conseguir que el procedimiento arranque. Vox tiene actualmente 32 diputados y necesita al menos 88 firmas para promover una acusación de esta naturaleza. Después harían falta 176 votos, la mayoría absoluta del Congreso, para que prosperase. El mecanismo constitucional existe, sí; su recorrido parlamentario, a 9 de agosto de 2026, está muy lejos de estar asegurado.

Vox lleva la crisis de Ceuta al artículo 102

Abascal sostiene que existen indicios suficientes para investigar lo sucedido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha puesto los diputados de Vox a disposición de otros grupos para alcanzar el mínimo requerido. La formación habla de la reciente “invasión de Ceuta”, una expresión política utilizada por Vox que no equivale, por sí misma, a una calificación jurídica de los hechos.

El partido señala particularmente el supuesto conocimiento previo del Gobierno. Esa es, de hecho, la pieza sobre la que intenta levantar la acusación: no únicamente que se produjera una crisis fronteriza extraordinaria, sino que el Ejecutivo hubiera dispuesto de información relevante con anterioridad y hubiera omitido una respuesta adecuada.

Ahí aparece el principal terreno de disputa. Marruecos aseguró que había advertido a España de que una reciente resolución del Tribunal Supremo podía debilitar la cooperación migratoria entre ambos países. Eso no significa necesariamente que Rabat hubiese comunicado que decenas de miles de personas iban a cruzar la frontera en una fecha determinada. Son cosas distintas, aunque políticamente quepan con comodidad en la misma frase.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el CNI o los servicios de información hubieran advertido de una entrada masiva de las dimensiones finalmente registradas. Reconoció que existía información sobre un aumento de la presión migratoria y sobre los efectos que podía tener la sentencia del Supremo, pero ha defendido que no hubo un aviso previo específico sobre una avalancha semejante.

Qué ocurrió realmente en Ceuta

La dimensión del episodio explica que el asunto haya saltado rápidamente de la frontera al Congreso. Interior elevó hasta aproximadamente 72.000 las personas que entraron irregularmente en Ceuta, principalmente durante la crisis iniciada a finales de julio, y señaló posteriormente que unas 70.000 habían regresado a Marruecos. Las cifras fueron revisándose a medida que las autoridades reconstruían un movimiento de población excepcionalmente rápido y difícil de contabilizar sobre el terreno.

La tragedia humana ha seguido creciendo incluso después de reducirse la presión fronteriza. Este domingo 9 de agosto, la Guardia Civil recuperó otro cadáver en aguas de Ceuta y el balance ascendió a 83 fallecidos vinculados a la entrada masiva del 30 de julio, según los últimos datos conocidos. Detrás de la batalla política hay también eso: familias esperando identificaciones, cuerpos recuperados del mar y una ciudad pequeña sometida durante días a una presión enorme.

Ceuta continúa afrontando las consecuencias. Este domingo las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú convocaron una concentración para reclamar mayor implicación del Estado, refuerzo policial, mejor control fronterizo y soluciones para la acogida. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, respaldó la movilización. La crisis, por tanto, sigue viva aunque las imágenes de las primeras horas hayan desaparecido de muchas portadas.

Qué dice exactamente el artículo 102 de la Constitución

Aquí conviene separar derecho y eslogan. El artículo 102 establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno debe exigirse, cuando corresponda, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Para los casos especialmente graves de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones, fija un procedimiento extraordinariamente exigente.

La iniciativa tiene que estar firmada por una cuarta parte de los miembros del Congreso. En una Cámara de 350 diputados eso supone un mínimo de 88 diputados. Después se celebra el procedimiento parlamentario regulado por el artículo 169 del Reglamento del Congreso; la iniciativa solo sale adelante si consigue la mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Si se aprueba, la Presidencia del Congreso comunica el acuerdo a la Presidencia del Tribunal Supremo.

No estamos ante una especie de botón rojo que el jefe de la oposición pueda pulsar para mandar al presidente directamente al banquillo. La Constitución española, por fortuna, tiene algo más de letra pequeña que un mensaje en redes sociales.

No es un “impeachment” al estilo estadounidense

A veces se está describiendo la iniciativa como un “juicio político”, pero esa etiqueta puede llevar a engaño. El artículo 102 no funciona como el impeachment estadounidense y su finalidad no consiste en destituir directamente al presidente mediante una votación parlamentaria.

España dispone de otro mecanismo estrictamente político para retirar la confianza al jefe del Gobierno: la moción de censura. El artículo 102 pertenece a otro terreno, el de una eventual responsabilidad penal extraordinaria de miembros del Ejecutivo.

Esa diferencia importa. Una mayoría parlamentaria puede discrepar radicalmente de cómo gestionó el Gobierno la frontera, exigir dimisiones, crear comisiones de investigación o intentar cambiar al presidente mediante una moción de censura. Para convertir esa crítica en una acusación penal por traición hace falta algo distinto: hechos concretos, encaje penal y pruebas. Las palabras gruesas sirven estupendamente para una rueda de prensa; ante un tribunal suelen necesitar compañía.

Los números dejan a Vox muy lejos de poder actuar solo

El primer obstáculo de Abascal ni siquiera es jurídico. Es aritmético. El Grupo Parlamentario Vox cuenta con 32 diputados. Necesita por tanto otras 56 firmas simplemente para alcanzar las 88 requeridas y poner en marcha formalmente el mecanismo del artículo 102.

El Partido Popular dispone de 137 diputados. Incluso una suma completa de PP y Vox alcanzaría 169 escaños, siete menos que los 176 necesarios para aprobar finalmente la acusación. La iniciativa necesitaría, por tanto, el respaldo adicional de parlamentarios pertenecientes a otras fuerzas.

Ese detalle convierte la propuesta en algo más que una ofensiva contra Sánchez: también coloca presión sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo. Vox puede pedir a los populares que participen en la iniciativa y obligarlos a decidir hasta dónde quieren acompañar la tesis de la traición. Pero incluso con ambos partidos caminando juntos, las cuentas no terminan de salir.

La política española tiene cierta afición por anunciar desenlaces antes de disponer de los votos. Esta vez las matemáticas parlamentarias son particularmente poco sentimentales.

La batalla está en demostrar qué sabía el Gobierno

La cuestión verdaderamente relevante no consiste en cómo denomine Vox los hechos, sino en qué puede acreditar. Abascal sostiene que el Ejecutivo tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. El Gobierno responde que nadie anticipó una entrada masiva semejante. Ambas afirmaciones no pueden resolverse mediante adjetivos: requieren documentos, comunicaciones, informes de inteligencia y una cronología precisa.

Existe constancia pública de que Marruecos comunicó su preocupación por los efectos de la resolución del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera. También se conocía una presión migratoria creciente. Lo que hasta ahora no aparece públicamente demostrado es que el Gobierno recibiese una advertencia inequívoca que anticipara una entrada de unas 72.000 personas y decidiera conscientemente ignorarla. Vox afirma disponer de indicios; tendrá que convertirlos en algo bastante más sólido si pretende mover el asunto del Congreso al terreno penal.

Eso tampoco exonera automáticamente al Ejecutivo de cualquier responsabilidad política. Una crisis puede revelar fallos de previsión sin que esos fallos sean un delito. Entre una gestión deficiente y la traición al Estado hay una distancia jurídica considerable. Conviene recordarlo, sobre todo cuando el debate público corre a velocidad de titular.

Ceuta convierte la inmigración en una batalla constitucional

La iniciativa de Vox eleva varios grados una crisis que ya había dejado de ser exclusivamente migratoria. Ceuta ha golpeado las relaciones con Marruecos, ha abierto discusiones europeas sobre fronteras y ha vuelto a colocar la inmigración en el centro de la confrontación política española. La movilización celebrada este domingo en la ciudad muestra, además, que el malestar local no desaparece porque Madrid cambie de asunto.

Abascal intenta convertir ese escenario en una acusación de máxima gravedad contra Sánchez. Tiene un artículo constitucional al que acogerse, pero no dispone todavía de los diputados necesarios ni ha demostrado públicamente los hechos que permitirían sostener una acusación penal de traición. El Gobierno, mientras tanto, tendrá que explicar con precisión qué información recibió antes del 30 de julio y cómo reaccionó ante ella.

Entre ambas cosas queda Ceuta. Una frontera europea sometida a una presión descomunal, 83 muertos contabilizados, miles de personas que pasaron por la ciudad y una relación con Marruecos cuya estabilidad vuelve a revelar lo frágil que puede ser cuando la migración se convierte en instrumento de presión, sospecha o propaganda.

El artículo 102 ha entrado así en la conversación política española, pero todavía no en una fase capaz de llevar a Pedro Sánchez ante el Supremo. Para eso hacen falta votos. Y después, pruebas. Dos materiales bastante menos abundantes que los titulares.