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Von der Leyen admite un error estratégico sobre la energía nuclear
La rectificación de Bruselas reabre el debate sobre energía, industria y dependencia exterior.

Ursula von der Leyen ha calificado de error estratégico que Europa redujera el peso de la energía nuclear en su sistema eléctrico. La presidenta de la Comisión Europea sostiene que el continente dio la espalda a una fuente fiable, asequible y de bajas emisiones justo cuando su dependencia del petróleo y el gas importados vuelve a dejarlo expuesto a las crisis de precios y a las tensiones internacionales.
La dimensión del cambio se aprecia en una cifra: la energía nuclear aportaba alrededor de un tercio de la electricidad europea en 1990 y hoy representa cerca del 15% del total. En París, el 10 de marzo de 2026, Von der Leyen vinculó ese retroceso a una menor autonomía energética y anunció una garantía de 200 millones de euros para impulsar inversiones privadas en pequeños reactores modulares, con la aspiración de que la tecnología pueda operar a comienzos de la década de 2030.
Una rectificación con consecuencias políticas
La presidenta no se limitó a defender que la energía nuclear pueda convivir con las renovables. Su diagnóstico fue más amplio: la reducción de su presencia fue una elección política que, a su juicio, debilitó la posición europea. La distinción importa porque desplaza la discusión desde las preferencias tecnológicas hacia una cuestión de seguridad de suministro y competitividad. No se trata solo de qué fuentes producen electricidad con menos emisiones, sino de cuáles permiten disponer de energía cuando se necesita y reducir la exposición a mercados exteriores inestables.
El mensaje se pronunció durante una cumbre nuclear celebrada en París y organizada por Francia junto al Organismo Internacional de Energía Atómica. Emmanuel Macron fue el anfitrión de una cita que reunió a responsables políticos, organismos internacionales, empresas y especialistas. El lugar tampoco era neutral: Francia lleva años defendiendo que la energía atómica debe conservar un papel central en la estrategia europea, tanto por su producción estable como por su relación con la industria y la independencia energética.
La declaración llega después de un prolongado desacuerdo entre los países de la Unión Europea. Francia y Suecia figuran entre los partidarios más firmes de la energía nuclear, mientras que Alemania y Austria han mantenido posiciones mucho más reticentes. Esa división ha influido en los debates sobre financiación, regulación y reconocimiento de la nuclear dentro de las políticas climáticas. Por eso, que la presidenta de la Comisión la describa como una fuente a la que Europa dio la espalda constituye una señal política relevante, aunque no obligue a todos los Estados miembros a cambiar su estrategia.
La dependencia exterior, en el centro del argumento
Von der Leyen relacionó el retroceso nuclear con la vulnerabilidad de Europa ante las importaciones de combustibles fósiles. El bloque depende del exterior para cubrir una parte importante de sus necesidades de petróleo y gas, cuyos precios pueden variar con rapidez cuando se producen conflictos o interrupciones del suministro. Esa dependencia no desaparece por completo al construir centrales nucleares, pero contar con generación eléctrica propia y constante puede reducir la necesidad de recurrir a combustibles importados para producir luz.
La crisis energética de 2022 dejó a la vista las consecuencias de esa exposición. La ruptura de los flujos de gas ruso y el encarecimiento de los combustibles provocaron fuertes presiones sobre los precios en Europa. El problema no fue únicamente que la energía se encareciera: también mostró cómo una decisión tomada fuera del continente podía repercutir en hogares, empresas y sectores industriales europeos. La lección que extrae ahora la Comisión es que la seguridad energética depende también de quién controla el suministro y de cuánto margen tiene cada país para responder a una crisis.
La energía nuclear no elimina todos esos riesgos. El uranio también forma parte de cadenas internacionales de suministro y las centrales necesitan combustible, mantenimiento y una infraestructura especializada. La diferencia es que el combustible nuclear se utiliza para generar electricidad durante periodos prolongados y no está expuesto a las mismas dinámicas de consumo diario que el gas en una central térmica. Presentarla como independencia absoluta sería exagerado; describirla como una forma de diversificar el sistema eléctrico resulta más ajustado.
De la electricidad de 1990 al retroceso actual
El contraste entre 1990 y la actualidad resume décadas de cambios en las políticas energéticas nacionales. Hace más de tres décadas, la energía nuclear producía aproximadamente un tercio de la electricidad europea. La cuota se ha reducido hasta situarse cerca del 15%, mientras los países han seguido trayectorias distintas: algunos han mantenido o ampliado sus reactores y otros han decidido cerrarlos o no construir nuevos. La cifra europea reúne esas historias diferentes y no significa que todos los Estados hayan reducido la nuclear en la misma proporción.
El caso alemán explica parte de la controversia. Durante el gobierno de Angela Merkel se decidió abandonar gradualmente la energía nuclear después del accidente de Fukushima, en Japón, en 2011. La decisión respondió a la oposición pública y a las preocupaciones sobre la seguridad de las centrales. Von der Leyen formaba parte de aquel gobierno, un antecedente que añade una dimensión personal y política a su rectificación actual: la dirigente que ahora cuestiona el rumbo participó en el Ejecutivo que tomó una decisión clave en uno de los principales países europeos.
Ese contexto no convierte la historia en una simple admisión individual de culpa. La política energética europea se construye a partir de decisiones nacionales y acuerdos comunitarios, con gobiernos que cambian y opiniones públicas que también evolucionan. Alemania siguió su propia senda, mientras Francia defendía la continuidad de sus reactores. La frase de Von der Leyen reconoce que el resultado agregado pudo perjudicar a Europa, pero no resuelve por sí sola quién debe asumir la responsabilidad política ni cuál habría sido el balance de mantener cada central en funcionamiento.
La nuclear vuelve a la estrategia europea
El cambio de tono ya se había insinuado en las discusiones sobre el próximo presupuesto comunitario. En julio de 2025, la Comisión abrió la puerta a que parte del presupuesto europeo de 2028 a 2034 pudiera apoyar nueva capacidad nuclear de fisión, una posibilidad que no estaba disponible para centrales convencionales en el presupuesto vigente. La propuesta mostró que Bruselas empezaba a revisar los límites de su política de financiación, aunque el desacuerdo entre los países siguiera condicionando cualquier decisión común.
La financiación europea no equivale a una orden para construir reactores en todos los países. La energía sigue siendo una competencia en la que cada Estado conserva capacidad para elegir su combinación de fuentes, y la falta de consenso entre los 27 limita el alcance de las iniciativas comunitarias. Algunos gobiernos, entre ellos Austria y Luxemburgo, mantienen su oposición. Otros, como Dinamarca y Países Bajos, han suavizado posiciones anteriores. El mapa político está cambiando, pero la disputa sobre el papel de la nuclear sigue abierta.
La novedad consiste en que la Comisión la incorpora con más claridad a la conversación sobre descarbonización, autonomía y actividad industrial. Esa reconsideración no supone renunciar a las renovables ni sustituirlas por reactores. Refleja una preocupación por la capacidad del sistema para cubrir una demanda eléctrica creciente sin depender en exceso de los combustibles fósiles. La pregunta de fondo ha dejado de ser solo qué tecnología se considera deseable y pasa a incluir cómo se garantiza electricidad suficiente en todo momento.
Los pequeños reactores y los 200 millones de euros
La medida concreta anunciada por Von der Leyen es una garantía de 200 millones de euros destinada a movilizar inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, en particular los reactores modulares pequeños, conocidos por sus siglas en inglés como SMR. El dinero, según el anuncio, procedería del mercado de carbono de la Unión Europea. No se trata de una partida que cubra por sí sola la construcción de una central: una garantía busca facilitar la financiación privada y reducir parte del riesgo asociado a proyectos que todavía deben demostrar su viabilidad a escala comercial.
Los SMR se diseñan para fabricar componentes de forma modular y construir instalaciones de menor tamaño que las grandes centrales tradicionales. Sus defensores esperan que puedan desplegarse con más flexibilidad y suministrar electricidad o calor a instalaciones industriales. La Comisión quiere que los primeros proyectos europeos puedan estar operativos a comienzos de la década de 2030. Ese horizonte expresa una aspiración política e industrial, no la certeza de que los reactores estén disponibles entonces en todos los países.
La alianza industrial europea para estos reactores se puso en marcha en febrero de 2024 y busca coordinar empresas, gobiernos y otros actores del sector. Para que una tecnología de este tipo llegue a producir electricidad hacen falta licencias, cadenas de suministro, financiación, personal cualificado y cooperación entre reguladores. También deben resolverse cuestiones relacionadas con el combustible, los residuos radiactivos, la seguridad y la no proliferación. En otras palabras, el anuncio de fondos abre una vía, pero no elimina los obstáculos técnicos y económicos que separan un diseño de una instalación en funcionamiento.
Una combinación de fuentes, no un duelo entre tecnologías
La defensa que hace Von der Leyen de la energía nuclear no plantea necesariamente una elección entre reactores y renovables. La posición expuesta en París es que ambas fuentes pueden desempeñar funciones distintas dentro del mismo sistema: la eólica y la solar aportan electricidad de bajas emisiones, pero su producción depende del viento y de la luz; la nuclear puede suministrar generación constante. La combinación necesita además redes, almacenamiento, interconexiones y flexibilidad para equilibrar oferta y demanda.
La diferencia entre energía variable y generación firme ayuda a entender por qué ha cambiado el debate. Cuando el viento sopla o el sol ilumina los paneles, la producción renovable puede ser abundante. En otros momentos cae y el sistema debe contar con otras fuentes, almacenamiento o recursos capaces de responder. La energía nuclear puede cubrir parte de esa necesidad, aunque no sustituye por sí misma las inversiones en redes ni resuelve todos los desajustes horarios o geográficos. La estabilidad depende del conjunto del sistema, no de una tecnología aislada.
El interés también se explica por el consumo de la industria pesada y por la expansión de actividades que necesitan mucha electricidad. La química y la siderurgia, entre otros sectores, requieren energía continua y deben reducir sus emisiones si Europa quiere avanzar en sus objetivos climáticos. A la vez, centros de datos y nuevas tecnologías digitales pueden aumentar la demanda. La nuclear aparece en este escenario no solo como una fuente baja en emisiones durante la generación, sino como una posible pieza de una estrategia de reindustrialización y competitividad.
Francia busca convertir la energía en ventaja industrial
Francia es el principal productor de energía nuclear de Europa y considera que sus centrales son una pieza esencial de la competitividad industrial. El Gobierno francés ha defendido que la electricidad nuclear puede sostener una oferta estable y baja en emisiones, además de dar al país una posición diferenciada dentro del mercado eléctrico europeo. Macron también ha vinculado esa capacidad con la posibilidad de atraer centros de datos de inteligencia artificial, una actividad que requiere un suministro eléctrico abundante.
La dimensión industrial ayuda a explicar por qué París impulsa una mayor cooperación europea en el diseño de reactores. Macron ha propuesto avanzar hacia estándares comunes, una iniciativa que podría facilitar proyectos entre países y beneficiar a empresas con experiencia en el sector. Pero la estandarización también tiene consecuencias comerciales: Francia cuenta con EDF, una empresa pública que compite por contratos internacionales y que ha encontrado obstáculos en algunas licitaciones recientes. La política nuclear europea es, por tanto, también una disputa por capacidades industriales y mercados.
La transición energética no se limita a producir electricidad con menos emisiones. También afecta a quién fabrica los equipos, quién domina la tecnología y quién obtiene los empleos asociados a su despliegue. Von der Leyen ha defendido que Europa fue pionera en el ámbito nuclear y podría volver a tener un papel destacado en las nuevas generaciones de reactores. Para lograrlo, sin embargo, no basta con una declaración política: hacen falta empresas capaces de construir, suministradores, trabajadores especializados y proyectos que puedan competir en coste y plazo.
España ante un debate que ya afecta a sus centrales
La rectificación europea tiene una lectura directa para España, donde el sistema combina una fuerte expansión renovable con una aportación nuclear todavía significativa. En 2025, las renovables representaron el 55,5% de la generación eléctrica, o el 56,6% al incluir la estimación del autoconsumo. La producción libre de emisiones se acercó al 75%, mientras la demanda eléctrica aumentó un 2,6% respecto al año anterior. En ese mismo periodo, la energía nuclear aportó cerca del 19% de la electricidad nacional.
Esas cifras describen un sistema en transformación, no una contradicción. España puede instalar más generación eólica y solar y, al mismo tiempo, seguir dependiendo de centrales nucleares para producir una parte relevante de la electricidad. La cuestión es cómo encajan ambas fuentes a medida que crece la demanda y se electrifican más actividades. Las centrales nucleares no son intercambiables de inmediato por nueva capacidad renovable: también hay que considerar redes, almacenamiento y recursos que mantengan el equilibrio del sistema cuando cae la producción variable.
El calendario de cierre añade presión al debate. España tiene siete reactores operativos y el plan acordado prevé apagar progresivamente el parque nuclear hasta 2035, con el primer cierre de Almaraz previsto para 2027. Los propietarios de esa central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado prolongar su funcionamiento unos tres años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha indicado que la empresa prevé pedir extensiones para el conjunto de los reactores. Así, la revisión europea coincide con decisiones españolas sobre el futuro de instalaciones concretas, no solo con una discusión teórica.
El apagón peninsular de abril también reabrió preguntas sobre la estabilidad del sistema y el papel de las distintas tecnologías, aunque un incidente de este tipo no permite atribuir automáticamente una causa a la energía nuclear o a las renovables. La seguridad eléctrica depende de múltiples factores técnicos y de la respuesta coordinada de la red. En ese contexto, el debate español exige separar los argumentos políticos de las condiciones concretas de cada central, cuyo funcionamiento futuro depende de evaluaciones regulatorias y decisiones empresariales.
El reconocimiento no resuelve los dilemas de la energía nuclear
Calificar de error la reducción de la energía nuclear no demuestra que todas las centrales deban seguir abiertas ni que construir nuevos reactores sea siempre la opción más conveniente. Persisten interrogantes sobre costes, plazos, residuos radiactivos, seguridad y aceptación social. La decisión de Fukushima y sus consecuencias políticas recuerdan que el respaldo público puede cambiar con rapidez cuando se percibe un riesgo. A la vez, los proyectos nucleares requieren inversiones elevadas y una planificación de largo recorrido.
Los pequeños reactores tampoco deben confundirse con una solución ya disponible. La promesa de instalaciones modulares y más flexibles debe contrastarse con la experiencia de su construcción y operación a escala comercial. El anuncio europeo de una garantía de 200 millones de euros reconoce que se necesita inversión para impulsar la tecnología, pero no establece por sí mismo cuánto costará la electricidad de esos reactores ni cuándo estará lista cada planta. La ambición política y la realidad industrial avanzan a ritmos distintos.
También hay límites en el modo de interpretar el suministro nuclear. Aunque las centrales ofrecen producción constante, Europa sigue necesitando materias primas, combustible y cooperación internacional. En consecuencia, la energía atómica puede contribuir a diversificar el abastecimiento, pero no suprime la interdependencia. La cuestión que queda abierta es qué combinación de fuentes proporciona electricidad fiable y asequible con menos emisiones, y cómo se distribuyen sus costes y riesgos entre países, empresas y consumidores.
Una revisión que todavía debe convertirse en política
La frase pronunciada en París marca un cambio de lenguaje en Bruselas: el descenso de la energía nuclear ya no se presenta únicamente como el resultado legítimo de elecciones nacionales, sino también como una decisión que pudo dejar a Europa en desventaja. Esa lectura conecta la energía con la autonomía económica, el precio de la electricidad y la capacidad de sostener industrias intensivas en consumo. El reconocimiento reordena el debate, pero no fija por sí solo el rumbo de cada país.
Entre la declaración y un nuevo parque nuclear hay años de decisiones, permisos, financiación y obras. También habrá que resolver las diferencias entre Estados que ven la energía nuclear como un activo estratégico y los que siguen rechazándola. En España, el calendario de cierre y el futuro de Almaraz convierten esa discusión europea en una cuestión inmediata para la planificación energética. La revisión de Bruselas, por tanto, no borra el pasado ni despeja todas las incertidumbres: obliga a valorar con más atención qué capacidad necesita Europa para reducir emisiones sin quedar expuesta a cada sobresalto del mercado exterior.

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