¿Cárceles en hogares? El plan para 1.332 viviendas públicas

El Gobierno activa 1.332 viviendas públicas en antiguas cárceles: claves, reparto territorial y efectos en ocho ciudades españolas con datos.

El Gobierno ha decidido poner en marcha una operación concreta y medible para ampliar el parque de viviendas públicas: 1.332 hogares en ocho ciudades españolas que nacerán sobre antiguas cárceles y suelos penitenciarios. La medida, aprobada este 14 de octubre por el Consejo de Ministros, traslada sin coste estos activos desde Interior a Sepes, el germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo. El reparto está cerrado: 508 viviendas en el ámbito de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid); 240 en La Ranilla (Sevilla); 174 en Córdoba; 145 en Dénia (Alicante); 140 en Huesca; 64 en Torrero (Zaragoza); 53 en Segovia; y 8 en Briviesca (Burgos). Todos los suelos están presentes en el PACEP, superan los 78 millones de valoración conjunta y se ubican en tramas urbanas consolidadas. Hay planeamientos aprobados y primeras obras previstas en breve en Huesca, Segovia y Burgos; Carabanchel aguarda el visto bueno a su proyecto de urbanización.

Más allá de la cifra, la hoja de ruta es operativa: Sepes asume la urbanización y la promoción para sacar al mercado vivienda protegida y asequible en alquiler (y, donde proceda, en venta a precio tasado). Se trata de suelos de titularidad estatal que cambian de función y de relato, con el añadido simbólico de convertir espacios de represión en barrios habitables. Madrid, Sevilla, Córdoba o Zaragoza integrarán estas actuaciones en tejidos ya servidos por transporte y dotaciones, lo que acelera el impacto real sobre la oferta y evita nuevas periferias sin servicios.

Qué se aprueba y cuántas viviendas públicas nacen de aquí

La decisión gubernamental fija un trazo de continuidad: movilizar suelo público disponible y sin uso para transformarlo en viviendas públicas de acceso regulado. El traspaso se realiza desde SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) a Sepes, que ya venía reforzando su cartera con inmuebles de Defensa y con activos de Sareb incorporados durante el último año. Aquí, de golpe, se activan ocho localizaciones con planeamiento en marcha; unas entran en obra en semanas, otras avanzan en trámites de urbanización. No es un anuncio abstracto, sino una operación con parcelas identificadas, usos definidos y calendarios de licitación encima de la mesa.

El caso de Carabanchel ilustra el alcance. El ámbito penitenciario, con 27.000 m² destinados a uso residencial dentro de un tejido mayor, se reconvierte para albergar 508 viviendas públicas y equipamientos de escala de distrito, con la previsión de un hospital y espacios verdes. Es una porción relevante de suelo en un barrio densamente habitado donde el alquiler libre ha tensado precios. En Sevilla, el antiguo recinto de La Ranilla se resignifica con 240 viviendas y un diseño urbano que aspira a coser bordes y a reconocer la memoria del lugar. Córdoba retoma una urbanización que llegó a adjudicarse y se frenó por el desajuste de precios; ahora se actualiza el proyecto para levantar 174 hogares. Dénia, con 145, marca tiempos en función de la demolición pendiente. Huesca (140), Zaragoza (64), Segovia (53) y Briviesca (8) completan un mosaico que combina escala metropolitana y ciudades medias.

El mapa: ocho ciudades, ocho piezas urbanas distintas

El impacto de la medida solo se entiende entrando al detalle de cada localización. No todas pesan igual ni aportan lo mismo; cada una desbloquea un problema urbano concreto.

Madrid, Carabanchel. La intervención más voluminosa en número de viviendas públicas. No es una pieza cualquiera: su trayectoria histórica, su posición en el sur de la capital y su capacidad de activar equipamientos le otorgan un efecto multiplicador. Cuando la urbanización reciba luz verde, se priorizará una trama que favorezca recorridos peatonales, mezcla de usos y viviendas de tipologías diversas —desde viviendas para familias con hijos hasta soluciones adaptadas para mayores—. La densidad prevista permite un equilibrio entre altura media y espacios libres, con fachadas activas en planta baja para generar comercio de proximidad y vida en la calle.

Sevilla, La Ranilla. La operación asume un patrimonio de memoria democrática para transformarlo en ciudad habitable sin borrar las huellas. Las 240 viviendas protegidas no solo suman oferta asequible. Reequilibran un borde urbano que llevaba tiempo a la espera de definición y que ahora se ordena con viviendas, zonas verdes y dotaciones compatibles. Un punto clave: el trazado viario y las conexiones con la red de autobuses urbanos deben calzarse con precisión para evitar un enclave aislado; el objetivo es sumar barrio, no crear un islote residencial.

Córdoba. La cancelación de la urbanización por precios desactualizados obligó a recalibrar el proyecto. Con el traspaso, la prioridad pasa por aprobar un modificado solvente que haga viables las 174 viviendas públicas sin sacrificar calidades esenciales: orientación, ventilación cruzada cuando sea posible, envolventes térmicas exigentes y espacios comunes útiles. La experiencia de los últimos dos años —licitaciones desiertas por subidas de costes— invita a introducir cláusulas de revisión que eviten nuevos bloqueos.

Dénia. Ciudad atravesada por la estacionalidad, con un mercado dominado por la vivienda turística. Aquí, 145 viviendas asequibles pueden producir un alivio tangible para sanitarios, personal de hostelería, empleados públicos y trabajadores de sectores estables que, durante años, encadenaron contratos con alquileres inasumibles en temporada alta. La demolición del antiguo recinto penitenciario marca el compás técnico; después, un proyecto que apueste por altura contenida y manzanas permeables puede funcionar mejor que una torre aislada sin vida en planta baja.

Huesca. 140 viviendas públicas en un entorno céntrico con capacidad para activar comercio y facilitar la vida a pie. Ciudades medias como esta ofrecen una oportunidad singular: promociones de escala humana, tramitaciones menos enrevesadas que en grandes áreas metropolitanas y un efecto de arraigo que se nota rápido. Si se licita pronto, Huesca puede convertirse en ejemplo de entrega ágil y de buena gestión de alquiler asequible.

Zaragoza, barrio de Torrero. 64 hogares que cumplen una misión de costura urbana. Proyectos compactos, bien encajados, con tipologías flexibles —desde dos dormitorios versátiles hasta viviendas adaptadas— y con estándares térmicos que reduzcan factura energética. Cuando se hace bien, este tipo de promociones terminan por elevar la calidad del entorno de manera silenciosa pero persistente.

Segovia y Briviesca. 53 viviendas en la capital segoviana y 8 en la localidad burgalesa. Pueden parecer cifras modestas; en realidad, ordenan suelo, evitan la dispersión y ofrecen oportunidades reales de emancipación. En municipios de tamaño medio, unas decenas de viviendas de alquiler asequible descomprimen el mercado local y aportan estabilidad al parque existente.

Sepes toma el timón: cómo funcionará la nueva entidad

El Gobierno ha ido configurando Sepes como un operador integral de vivienda pública. No se limita a urbanizar: compra, ordena, promueve y gestiona un parque de vivienda asequible que busca ser permanente. La integración de activos de Defensa (17 inmuebles ya incorporados con capacidad para unas mil viviendas) y la incorporación anunciada de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb dibujan un músculo institucional que hace unos años no existía. Este esquema prepara a la entidad para actuar con rapidez cuando aparecen ventanas de oportunidad: suelos públicos ociosos, reconversiones como la de las cárceles o cooperaciones con ayuntamientos para cerrar actuaciones complejas.

El modelo de acceso seguirá los patrones de la vivienda protegida en España: convocatorias públicas, requisitos de ingresos máximos, cupos preferentes —jóvenes, familias con menores, personas mayores o con discapacidad— y alquileres por debajo del precio de mercado. En determinados ámbitos, especialmente donde la demanda social sea muy intensa, se activarán sorteos con baremos transparentes y periodos de empadronamiento referenciados, como ya se ha visto en otras promociones. El éxito del modelo se medirá en su capacidad de permanencia: cuanto más parque se mantenga en manos públicas, más efecto estabilizador tendrá sobre los precios privados.

La gobernanza técnica también cambia. Sepes, como entidad estatal, coordina con comunidades autónomas y ayuntamientos para encajar planeamiento, licencias y proyectos de urbanización. La clave está en los equipos mixtos que permiten deslindar cargas, fijar calendarios realistas y resolver servidumbres o condicionantes patrimoniales desde el inicio. En ámbitos como Carabanchel o La Ranilla, donde la memoria histórica es parte del lugar, la coordinación con el Ministerio de Memoria Democrática añade una capa de trabajo para garantizar que la intervención respete vestigios, diseñe espacios de recuerdo y, a la vez, entregue viviendas de calidad.

La dimensión económica se ancla en aportaciones patrimoniales, presupuestos ordinarios y la posibilidad de financiar parte de la urbanización con retornos futuros del propio parque. La experiencia reciente ha dejado lecciones: presupuestos de obra que se quedan viejos en meses, licitaciones que se caen por desajustes, falta de mano de obra cualificada. La respuesta pasa por pliegos más realistas, revisión de precios pactada, lotes que permitan concurrencia de pymes y un diseño de obra que integre industrialización cuando sea viable, reduciendo plazos y desviaciones.

Efectos esperados: alquiler asequible, regeneración y servicios

Cada promoción de vivienda pública que aterriza en una ciudad produce una serie de efectos concatenados. El primero es inmediato: más oferta regulada a un precio razonable. En zonas tensionadas, esto actúa como contrapeso a los alquileres más agresivos; en ciudades medias, evita que la juventud se marche o que familias con ingresos moderados migren a periferias mal conectadas. El segundo efecto es urbano: regeneración de vacíos, conexión de barrios, activación de planta baja con comercio y servicios. El tercero se nota en la vida cotidiana: menos horas de desplazamiento, más estabilidad residencial, matrícula escolar que no fluctúa tanto, mejor aprovechamiento del transporte público.

En el caso específico de suelos penitenciarios, el impacto simbólico añade un plus. Donde hubo muros y garitas, ahora habrá patios comunitarios, ascensores y zaguán. Ese cambio de uso no elimina la memoria; la resignifica: paneles, recorridos, pequeños centros de interpretación o piezas integradas en la trama urbana permiten que la ciudad recuerde, pero que lo haga habitando el lugar. Este gesto se amplifica en Carabanchel y La Ranilla, referencias nacionales donde la conversación pública es intensa. La vivienda asequible es, aquí, una política de memoria con efectos sociales medibles.

Hay otra derivada que la Administración subraya: servicios públicos asociados. En Madrid, el hospital previsto refuerza la idea de barrio completo, no dormitorio. En otras ciudades, la dotación podrá ser un centro de salud, un colegio, una biblioteca o equipamientos deportivos. Estas piezas anclan población, evitan desplazamientos en coche y garantizan que las viviendas protegidas se integren sin estigmas. La buena mezcla se cocina con usos diversos, con puertas que abren a la calle, con plazas compartidas. La arquitectura no lo resuelve todo, pero ayuda.

El medio ambiente entra en la ecuación con fuerza. Urbanizar suelo ya transformado —antiguas cárceles en zonas urbanas— evita expandir la ciudad hacia periferias agrícolas o naturales. Es, por definición, una estrategia más sostenible: infraestructuras existentes, redes de transporte aprovechables, huella de carbono más contenida. Si a esto se suma un diseño que apueste por envolventes térmicas exigentes, energías renovables in situ cuando sea posible y sistemas pasivos de climatización, el resultado son viviendas que, además de asequibles en renta, abaratan la factura energética de sus inquilinos.

Riesgos, costes y calendario realista

Cualquier lector con memoria reciente puede levantar la ceja: la construcción se ha encarecido, algunas licitaciones han quedado desiertas y los plazos urbanísticos, a veces, se eternizan. Es cierto. Identificar riesgos no empaña la operación; la hace más creíble.

Inflación de costes. La subida de materiales y de mano de obra tensiona presupuestos. La manera de evitar parones pasa por pliegos con precios actualizados, cláusulas de revisión bien parametrizadas y reservas para contingencias. Córdoba es el caso más claro: una urbanización adjudicada que se detuvo por desajuste de costes. Con el proyecto actualizado, el riesgo se reduce.

Tramitación urbanística y patrimonial. Donde hay memoria, hay cautelas —y debe haberlas—. Integrar restos, diseñar recorridos y proteger piezas tiene un coste y un tiempo. Lo sensato es planificarlo desde el inicio, con mesas técnicas que incluyan a patrimonio, memoria democrática y servicios urbanos. Más vale un proyecto sólido que tres versiones que no pasan filtros.

Capacidad productiva. La industrialización de parte de la vivienda asequible —componentes fabricados en taller, montaje en obra— es una promesa si se usa con criterio. Acelera plazos, mejora calidades y reduce imprevistos. No funciona para todo ni en todas partes, pero en promociones repetitivas, con módulos bien diseñados, recorta meses sin renunciar a tipologías flexibles y a fachadas honestas.

Gestión del parque. Construir es la mitad del camino. La otra mitad es gestionar: mantenimiento, convivencia, atención a vecinos, rotación cuando cese el derecho, cobro de rentas, intervención social si es necesaria. La nueva entidad pública de vivienda quiere parecerse a sus pares europeos como gran gestor de parque público, no solo como promotor. Si eso se consolida, el ciclo se cierra: se devuelve dignidad a suelos ociosos, se crea alquiler asequible sostenible en el tiempo y se estabiliza el mercado.

Calendario. En Huesca, Segovia y Briviesca se han anunciado licitaciones inminentes, lo que despeja el arranque de obras. Dénia sincroniza su reloj con la demolición. Córdoba actualiza proyecto y vuelve a pista. Zaragoza y Sevilla integran actuaciones en suelo ya ordenado. Carabanchel transita el paso previo a urbanizar; cuando llegue la aprobación, la maquinaria administrativa está preparada para licitar y construir. No es un proceso lineal: habrá tramos rápidos y otros más densos. Lo razonable es hablar de fases con entregas parciales y ocupación progresiva.

Modelo de acceso. Las viviendas públicas se asignarán con criterios ya conocidos: ingresos máximos, situaciones familiares, cupos específicos. La prioridad, dada la crisis de acceso, es alquiler a precios regulados. En algunos casos, habrá vivienda protegida en venta con precio tasado. En todos, la adjudicación transparente y la información pública sobre cupos y baremos evitan frustraciones y refuerzan la credibilidad del programa.

Entorno y convivencia. A menudo se teme que las promociones públicas generen rechazo vecinal. La experiencia dice que, cuando están bien diseñadas —fachadas activas, espacios comunes cuidados, mezcla tipológica—, se integran sin ruido y elevan la calidad del entorno. La mezcla social es un activo: familias con ingresos moderados, personal esencial, jóvenes que empiezan, mayores con pensiones medias. Esa diversidad sostiene la vida cotidiana del barrio.

Del pasado penitenciario al zaguán abierto

La apuesta de hoy tiene un valor práctico indiscutible: 1.332 viviendas públicas que se plantan en el mapa con dirección y número. En un país donde el alquiler libre se ha convertido en una cuesta arriba para demasiada gente, sumar parque asequible no es un gesto, es una necesidad. Más cuando ese parque nace sobre suelos públicos infrautilizados, en barrios que ya existen, con transporte, colegios y centros de salud a mano. La Entidad Pública de Vivienda y Suelo que toma forma en Sepes se prueba en un examen exigente: convertir antiguos recintos penitenciarios en viviendas habitables, con dignidad, con memoria y con un equilibrio fino entre densidad, dotaciones y calidad arquitectónica.

Queda claro que esta operación no cierra la crisis de acceso ni pretende hacerlo sola. Es un paso escalable: si funciona, si las obras arrancan sin sobresaltos y las entregas se suceden a buen ritmo, España tendrá un método replicable para ampliar el parque de vivienda asequible con suelo propio. Ese es el horizonte. Multiplicar operaciones de este tipo, mantener el parque en manos públicas para que cumpla su misión reguladora, y profesionalizar la gestión hasta el detalle. Quien entre por esos nuevos portales verá otra cosa: un zaguán donde antes hubo rejas. Una calle con vida. Una señal de política pública que no se queda en titulares. Y sí, que empieza a notarse desde el primer ladrillo.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo se ha elaborado con información contrastada y reciente de fuentes oficiales y medios nacionales. Fuentes consultadas: EFE, El País, La Moncloa, El Español.