Cuántas vida de llevó la Dana de verdad: el número sube a 234

La cifra oficial de la DANA en Valencia se sitúa en 229, pero cinco muertes en revisión podrían elevarla a 234. Contexto, cronología y claves

La cifra oficial de víctimas mortales por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia permanece en 229. Ese es, a día de hoy, el dato reconocido. Pero el balance puede moverse de nuevo: hay cinco fallecimientos bajo revisión forense que podrían incorporarse al registro si se confirma la relación de causalidad con la riada. El último expediente que ha entrado en la instrucción corresponde a un hombre cuya muerte se produjo el 3 de noviembre, días después del temporal. Si ese caso y los otros cuatro en estudio se validan, el recuento provincial ascendería a 234.

A escala nacional, el conteo consolidado por instituciones y medios sitúa el total en 237 víctimas: 229 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. El dato estatal se ha convertido en un referente de memoria y de gestión pública, visible estos días en actos oficiales, homenajes y un funeral de Estado celebrado en Valencia con los nombres de las víctimas leídos uno a uno. El foco, sin embargo, vuelve a lo esencial: reconocer a cada persona y fijar con precisión el número final, sin prisas políticas ni atajos estadísticos, apoyados en informes periciales y resoluciones judiciales.

El dato que se ajusta: 229 oficiales y cinco casos en revisión

El 229 no es un número caprichoso. Llegó tras meses de trabajo forense, judicial y policial, con identificaciones por huellas, ADN y documentación clínica, y después de una fase de búsquedas complejas en cauces, acequias y zonas anegadas. Esa cifra se estabilizó a lo largo de 2025 y se ha utilizado en las conmemoraciones del primer aniversario. ¿Por qué podría subir a 234? Porque la magistrada de Catarroja que instruye la causa principal sobre la DANA en la provincia ha incorporado una quinta muerte a la pieza que estudia los decesos potencialmente vinculados al episodio meteorológico. No se trata de reabrir el recuento de cero, sino de completarlo con expedientes que requieren una valoración técnica pormenorizada.

En términos técnicos, la clave es la relación de causalidad. No basta con que el fallecimiento ocurriera “después” de la riada. Es necesario que sin el evento —o sin sus consecuencias inmediatas— la muerte no se hubiera producido en ese momento o de esa forma. Eso es lo que el Instituto de Medicina Legal (IML) debe dictaminar en cada uno de los cinco casos abiertos. Cuando el informe llega al juzgado, la jueza decide si integra el deceso en el registro oficial de víctimas de la DANA. Es un proceso frío, a veces lento, pero imprescindible para dotar de seguridad jurídica a la memoria y a las indemnizaciones.

La novedad de hoy es concreta y limitada: se ha pedido un informe más y el grupo de casos pendientes pasa a cinco. Si todos se confirman, el balance provincial quedará en 234. Si alguno no alcanza el estándar probatorio —porque concurren patologías previas determinantes, porque la secuencia clínica no sostiene el vínculo o porque faltan elementos de prueba—, el dato se moverá menos. Hasta que lleguen las resoluciones, el 229 sigue siendo el número vigente.

Qué se está investigando: causalidad, tiempos y pruebas

Cada expediente bajo estudio plantea la misma pregunta en términos médico-legales: ¿la DANA fue condición necesaria, suficiente o concurrente para el fallecimiento? La respuesta no sale de una intuición. Se reconstruye con piezas: autopsia, historia clínica, atestado, geolocalización, testimonios, cronología de rescate y atención sanitaria, y evolución hospitalaria. En ahogamientos y politraumatismos el nexo suele ser evidente. En complicaciones diferidas —neumonías por aspiración, fallos multiorgánicos tras hipotermias prolongadas, descompensaciones cardíacas precipitados por el estrés fisiológico extremo— el análisis es más fino.

Ese encaje técnico explica por qué, un año después, todavía hay casos abiertos. No se trata de ocultar datos ni de inflarlos; se trata de atribuir con rigor. Es la misma lógica que permitió sumar en 2025 los fallecimientos de personas dadas inicialmente por desaparecidas y declaradas legalmente muertas tras agotar búsquedas y pruebas. Con la nueva pieza incorporada, la instrucción se hace más completa y, a la vez, más exigente.

Cómo se demuestra la relación con la DANA

En la práctica, los forenses manejan tres escenarios. Causalidad directa: arrastre por la corriente, asfixia por inmersión, lesiones por derrumbe. Causalidad indirecta con nexo robusto: la inundación obliga a un encierro prolongado en ambientes insalubres, se aspira agua contaminada, llega una neumonía, el paciente empeora y muere; o el colapso de accesos retrasa una atención crítica. Causalidad no acreditada: el evento meteorológico está cerca en el tiempo pero no se sostiene el vínculo, ya sea por patologías previas determinantes o por ausencia de pruebas.

Los cinco expedientes en revisión se mueven en ese terreno intermedio. Se registraron en días posteriores al 29 de octubre, en el radio de municipios golpeados por las crecidas, y con circunstancias compatibles con un desencadenante vinculado a la riada. De ahí que la jueza haya pedido informes periciales adicionales. Son piezas que, si encajan, cambian el número; si no, lo mantienen.

Cronología del recuento: del caos de los primeros días a las cifras estables

El 29 de octubre de 2024 quedó fijado como fecha negra para la provincia de Valencia. Las lluvias torrenciales transformaron l’Horta Sud y la ciudad en un laberinto de agua y barro. Los accesos se cortaron, el 112 reventó de llamadas, la UME y los servicios de emergencia encadenaron rescates en portales, garajes y pasos subterráneos. Durante los primeros días las cifras “bailaron” por razones obvias: personas no localizadas, atestados incompletos, fallecimientos en hospitales días después del rescate. Ese baile se fue calmando con las semanas.

A mediados de noviembre llegaron los primeros balances judiciales consolidados con centenares de identificaciones confirmadas. A partir de enero de 2025, las órdenes judiciales que certificaban la muerte de desaparecidos cerraron brechas dolorosas, y la cifra provincial fue escalando hasta fijarse en 229. No hubo una única actualización: hubo una secuencia de ajustes documentados, cada uno con su expediente. El dato 237 nacional se fijó en paralelo con la suma de Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), lo que permitió dimensionar el alcance estatal de la catástrofe.

Un año después, con homenajes oficiales y banderas a media asta, la provincia recuerda a sus 229 mientras pisa la última milla estadística. La instrucción penal abierta en Catarroja —que analiza, entre otros aspectos, la gestión de avisos y la coordinación operativa— convive con esta pieza pericial sobre fallecimientos. El recuento, lejos de ser un trámite, es una política pública: afecta a indemnizaciones, a seguros, a ayudas, a memoria.

El territorio herido: l’Horta Sud y la capital, puntos críticos

La DANA no golpeó igual en toda la geografía valenciana. La combinación de orografía, urbanismo y cauces secundarios desbordados hizo especialmente vulnerables tramos de l’Horta Sud y barrios bajos de la capital. Paiporta, Catarroja, Alfafar, la ciudad de Valencia y otras localidades quedaron expuestas por estar en las zonas donde el agua encontró camino rápido y violento. No hace falta un mapa para entenderlo: la cota a la que entró el agua en bajos y garajes y la velocidad del anegamiento explican por qué hubo tantos rescates a contrarreloj.

El barranco del Poyo se convirtió en símbolo. Allí se concentraron búsquedas, homenajes y preguntas. ¿Por qué se inundó así? ¿Qué papel jugaron mantenimiento, previsión y obras previas? No son cuestiones menores. Porque el punto débil de un territorio es, muchas veces, la suma de pequeñas decisiones durante años: ocupación de llanuras de inundación, soterramientos sin salida, drenajes que no dan para episodios extremos, y una confianza ingenua en que “no volverá a pasar”. La DANA de 2024 demostró lo contrario: sí pasa.

Valencia capital vivió escenas que quedaron grabadas: pasos subterráneos cerrados demasiado tarde para algunos, aparcamientos transformados en trampas, portales sin luz con vecinos esperando a oscuras. L’Horta Sud, con sus tramas de acequias y calles estrechas, sufrió lo peor de la mezcla entre agua desbocada y entornos construidos para una climatología que ya no es la de hace décadas. Es el tipo de territorio donde cada centímetro de cota, cada rejilla, cada compuerta y cada aviso importan.

Duelo público y causa judicial: el año que siguió a la riada

El primer aniversario dejó dos imágenes que ayudan a tomar perspectiva. Una: el funeral de Estado con la lectura de los 237 nombres y sus apellidos, uno por uno, con familiares levantando fotografías de sus seres queridos. Otra: la continuidad de la causa penal en el juzgado de Catarroja, con declaraciones de técnicos y responsables, con informes sobre protocolos de alerta, con solicitudes de documentación a administraciones, y con el pulso comprensible entre exigencia social y tiempos judiciales.

No hay contradicción entre ambas escenas. El duelo necesita un lugar y un rito; la justicia, papeles y pruebas. El expediente sobre los cinco fallecimientos en estudio pertenece a ese segundo ámbito. Cada informe pericial que llegue al juzgado permitirá decidir si se suma o no al recuento. Mientras, la conversación pública ha girado —y seguirá girando— en torno a preguntas concretas: cómo se activaron las alertas, quién coordinó qué, qué falló, qué funcionó. No es ruido. Es rendición de cuentas.

El paso del tiempo no ha amortiguado la demanda de responsabilidades. Asociaciones de víctimas han pedido comparecencias, reclamado perdones públicos y exigido cambios en infraestructuras y protocolos. Al mismo tiempo, instituciones autonómicas y estatales han reforzado canales de atención a familias, han simplificado trámites y han mejorado la interlocución con ayuntamientos. Esa es la otra cara del recuento: cada número tiene detrás una tramitación que debe acabar en reconocimiento y reparación.

Ayudas, indemnizaciones y seguros: por qué el número importa

El recuento final no es un ejercicio contable que se cierre en una hoja de cálculo. Determina derechos. De él dependen indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, reconocimiento en ayudas públicas y, en algunos casos, prestaciones derivadas de accidentes de trabajo cuando el fallecimiento se produjo en jornada laboral o in itinere. También marca quién entra en los homenajes oficiales, quién figura en las relaciones nominales y quién recibe atención específica por parte de las administraciones.

Por eso el estándar para incorporar un fallecimiento es alto. Pero una vez dentro del registro, el sistema debe funcionar: peritajes de daños, certificados, resoluciones rápidas y pagos sin laberintos. Las familias que llegan al primer aniversario siguen lidiando con la burocracia: duplicados de documentos destruidos por el agua, citas en juzgados, idas y venidas con aseguradoras, reparaciones de viviendas que dependen de informes técnicos y, en paralelo, procesos de duelo que no admiten calendario.

El dato 234 —si se confirma— no alterará la escala del desastre; sí la obligación de llegar hasta el final en esos cinco casos. Y envía un mensaje: cada historia cuenta. La contabilidad, cuando se hace bien, es un acto de respeto.

Qué sabemos y qué falta por certificar

Lo que está confirmado hoy es claro: 229 muertos en la provincia de Valencia, 237 en el conjunto del país. Lo que está pendiente: cinco informes forenses para determinar si el recuento provincial sube a 234. Esos expedientes corresponden a fallecimientos posteriores al día de la riada, en el entorno de municipios afectados, con elementos que justifican la pericia. La jueza ha formalizado la solicitud al IML y, cuando lleguen los dictámenes, tomará decisiones. No hay atajos.

En paralelo, la instrucción penal sigue su curso. Se analizan protocolos de alerta, canales de comunicación entre administraciones y decisiones operativas durante las horas críticas. No es el espacio para dar veredictos previos. Sí para recordar que la justicia debe explicarse: por qué admite una prueba, por qué la rechaza, por qué pide otra. Y que el poder público debe aprender: de dónde vino el error, dónde acertó, qué se ha cambiado para el próximo episodio severo.

Es útil separar los planos. Uno, el de los hechos: llovió con intensidad extrema, se anegaron zonas pobladas, murieron al menos 229 personas en Valencia, hay cinco muertes que podrían añadirse. Dos, el de la gestión: cómo se avisó, cómo se actuó, cómo se coordinó. Tres, el de la reparación: ayudas, seguros, atención, memoria. Cuando se mezclan, el debate se embarranca. Cuando se ordenan, avanza.

Lecciones del mapa y del agua: por qué dolió tanto

El episodio de 2024 expuso la vulnerabilidad estructural de una parte de la provincia. La mezcla de cauces secundarios, bajantes urbanas pensadas para otra pluviometría y ocupación de antiguas áreas inundables compuso un cóctel letal. No es un diagnóstico nuevo, pero esta vez la factura fue impagable. En l’Horta Sud, donde los cascos urbanos crecen pegados a acequias y barrancos, cualquier atasco multiplica el riesgo. En la capital, el subsuelo —aparcamiento, pasos, tramos de metro— demostró ser el talón de Aquiles frente a un caudal que llega rápido.

Hay otro factor. La cadena de avisos y cierres preventivos es tan fuerte como su eslabón más débil. En 2024, mientras se medían milímetros de lluvia, decenas de decisiones se tomaron o no en minutos. Algunas salvaron vidas. Otras llegaron tarde. Ese es el tipo de lección que la justicia y la gestión civil deben destilar en procedimientos claros: cuándo se cierra un paso subterráneo, quién tiene la llave, qué mensaje se lanza a la población y cómo se mantiene el flujo de información en plena emergencia.

No todo fue fallos. La respuesta de los equipos de rescate —bomberos, policías, sanitarios, UME— evitó que el balance fuera aún peor. Hay testimonios que lo cuentan sin necesidad de épica: lanchas por calles, cuerdas entre portales, camillas a oscuras, helicópteros guiados por linternas. Esa experiencia, capitalizada en protocolos, será útil la próxima vez. Porque habrá próxima vez.

Últimos pasos para fijar la cifra y atender a las familias

El 229 con el que Valencia ha honrado a sus muertos podría transformarse en 234 en cuestión de semanas si los informes del IML apuntalan la relación de causalidad en los cinco casos abiertos. Esa posible actualización no cambia la esencia del desastre; afina su contabilidad. Mejora, también, la base jurídica para indemnizaciones y reconocimientos, y cierra el círculo administrativo de familias que hasta ahora han vivido en un limbo entre la tramitación y el duelo.

El sistema ha de demostrar que aprende: que los mapas de riesgo se actualizan con criterios técnicos, que los avisos se simplifican para que todo el mundo los entienda, que la coordinación entre administraciones se ensaya y no se improvisa, que los cauces se limpian y se mantienen, que las obras se planifican con la certeza de que eventos extremos ya no son tan raros. Pero hoy, ya, hay una prioridad: nombrar con precisión a cada víctima y acompañar a cada familia. El salto eventual a 234 no es un titular ruidoso; es justicia estadística y reparación humana. A veces, esa suma de cinco es la diferencia entre un duelo suspendido y un duelo que por fin encuentra dónde apoyarse.

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Este artículo se ha elaborado con información contrastada y reciente. Fuentes consultadas: Cadena SER, Europa Press, La Vanguardia, RTVE, Valencia Plaza, Euronews, La Razón, elDiario.es.