De la Espriella lanza un ultimátum final a los narcos de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado un mes a los grupos armados ilegales para organizar su sometimiento a la justicia. Después, según el discurso que le llevó a la Casa de Nariño, no habrá negociaciones políticas, ceses generosos ni concesiones parecidas a las ensayadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Habrá presión militar, persecución financiera, extradiciones y cárceles. Esa es la promesa. La realidad, bastante menos marcial que una tarima electoral, es un país donde las organizaciones ilegales reúnen a más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, influyen en centenares de municipios y manejan economías clandestinas que cruzan fronteras.

Frente al ultimátum están el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, las distintas familias de disidencias de las FARC y varias estructuras regionales que extorsionan, reclutan y controlan corredores de coca, oro y contrabando. No forman un ejército unido ni obedecen a una sola dirección. Compiten entre ellas, se alían cuando conviene y, en ocasiones, administran la vida cotidiana de comunidades donde el Estado aparece de visita, con chaleco y helicóptero, para marcharse después. De la Espriella no hereda una guerra tradicional, sino un archipiélago criminal: muchas islas, mucho dinero y demasiadas armas.

Un ultimátum que vence antes de la investidura

La advertencia fue pronunciada el 25 de junio de 2026, cuando el Consejo Nacional Electoral entregó a De la Espriella la credencial de presidente electo. El plazo de un mes terminaría alrededor del 25 de julio, casi dos semanas antes de que asuma formalmente el poder, el 7 de agosto. Hay aquí una peculiaridad difícil de esconder bajo el uniforme retórico: hasta su investidura no será comandante supremo de las Fuerzas Armadas ni podrá ordenar operaciones.

El mensaje funciona, por ahora, como una señal dirigida a los jefes ilegales y a la Fuerza Pública. Les comunica que el nuevo Gobierno piensa romper con la Paz Total de Petro y sustituir la lógica de las mesas de diálogo por un modelo de sometimiento. En términos jurídicos, la diferencia importa. Una negociación política puede reconocer una agenda y ofrecer mecanismos de justicia transicional; el sometimiento exige que una organización acepte la autoridad del Estado, entregue las armas y responda penalmente a cambio de beneficios limitados.

Todavía no se conoce qué condiciones concretas ofrecerá el nuevo Ejecutivo, qué ocurrirá con los procesos abiertos ni cómo resolverá los compromisos adquiridos por el Gobierno saliente. El Clan del Golfo, por ejemplo, tiene pactadas zonas temporales para concentrar combatientes y avanzar hacia una desmovilización parcial. Deshacer esos acuerdos con una frase sería sencillo. Evitar que quienes abandonen las zonas regresen a los corredores del narcotráfico, algo menos.

El mapa armado: quién manda y dónde

La Fundación Ideas para la Paz calculó que Colombia cerró 2025 con 27.121 miembros de grupos armados organizados. Algo más de la mitad serían combatientes y el resto pertenecería a redes de apoyo, inteligencia, logística, cobro o control local. Su influencia alcanzaría unos 600 municipios y habría al menos 14 regiones sometidas a disputas abiertas.

Las cifras deben leerse como estimaciones, no como un padrón con fotografía y domicilio. Las organizaciones esconden sus bajas, inflan su fuerza cuando negocian y multiplican las siglas cada vez que dos comandantes se pelean. Aun así, la tendencia resulta nítida: durante los últimos años crecieron el reclutamiento, la presencia territorial y la capacidad económica de los grandes actores ilegales.

El Clan del Golfo, la empresa criminal más extensa

El Clan del Golfo, que se presenta como Ejército Gaitanista de Colombia, es la organización más numerosa. Las estimaciones de finales de 2025 le atribuían unos 9.840 integrantes, entre aproximadamente 3.300 hombres armados y más de 6.500 miembros de sus redes. En tres años habría aumentado su fuerza cerca de un 140 % y ampliado su presencia hasta casi 300 municipios.

Su principal dirigente es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico. La estructura conserva su núcleo en Urabá, Córdoba, Antioquia y Chocó, pero se extiende por el Bajo Cauca, el sur de Bolívar, parte del Caribe y corredores que desembocan en el Darién, los puertos del Pacífico y las salidas marítimas hacia Centroamérica.

No controla necesariamente todos los cultivos o laboratorios de coca. Su fortaleza está en otra parte: protege rutas, compra cargamentos, cobra por atravesar territorios y conecta a productores locales con redes mexicanas y europeas. También obtiene dinero de la minería ilegal de oro, las extorsiones, el contrabando, los comercios, el transporte, los contratos públicos y las economías legales instaladas en sus zonas. Opera como un holding clandestino, solo que sus juntas directivas llevan fusil.

Su capacidad armada combina combatientes móviles con una extensa malla de colaboradores. Dispone de fusiles, ametralladoras y explosivos, comunicaciones cifradas y unidades capaces de imponer paros, cerrar carreteras o asesinar de forma selectiva. No necesita ocupar cada plaza con hombres uniformados; le basta con que alcaldes, comerciantes y vecinos sepan quién cobra y qué ocurre cuando alguien no paga.

El ELN, una guerrilla con más de seis décadas

El Ejército de Liberación Nacional contaría con unos 6.800 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Su máximo comandante es Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, aunque el grupo mantiene una dirección colegiada y frentes con elevada autonomía. Esa estructura descentralizada le ha permitido sobrevivir durante más de sesenta años, pero también ha torpedeado sucesivos intentos de paz: lo que acepta una delegación no siempre se cumple junto a un río del Chocó o en una vereda del Catatumbo.

Sus principales bastiones se encuentran en Norte de Santander, especialmente el Catatumbo; Arauca, Chocó, sur de Bolívar y áreas de Antioquia, Cauca y Nariño. También conserva redes y zonas de retaguardia en la frontera venezolana. En algunos territorios combate contra las disidencias de las FARC; en otros disputa corredores con el Clan del Golfo. Las comunidades quedan en medio, que es una manera diplomática de decir que ponen los muertos.

El ELN obtiene recursos de extorsiones, secuestros y minería ilegal, además de cobros sobre la producción, el transporte y el comercio de cocaína. Sus mandos niegan participar directamente en el narcotráfico, pero reconocen que gravan a quienes intervienen en esas actividades. La distinción puede tener valor en sus comunicados; para quien paga la tarifa bajo amenaza, el matiz resulta más bien decorativo.

Además de fusiles, minas y artefactos explosivos, ha incorporado drones comerciales adaptados para atacar. Uno de sus comandantes advirtió antes de las elecciones que la organización estaba dispuesta a dialogar con el próximo Gobierno, pero que también podía resistir una ofensiva militar. Añadió que los secuestros seguirían siendo una fuente de financiación. Una curiosa tarjeta de visita para pedir mesa y café.

Mordisco, Calarcá y los herederos enfrentados de las FARC

El universo de las disidencias es más confuso. El antiguo Estado Mayor Central se fracturó y sus dos grandes ramas se combaten entre sí. El Estado Mayor Central de Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, rondaría los 4.000 integrantes. Tiene fuerza en Cauca, Nariño, Guaviare y zonas de Meta, Caquetá y Vaupés, donde explota corredores amazónicos, enclaves cocaleros y rutas hacia las fronteras.

Su capacidad de presión resulta especialmente visible en el Cañón del Micay, en Cauca, una región abrupta donde los cultivos de coca, los caminos hacia el Pacífico y la débil presencia institucional han convertido cada montaña en una pieza del negocio. El EMC utiliza explosivos improvisados, hostigamientos, minas, francotiradores y drones. También recluta menores y mantiene redes urbanas para conseguir suministros, información o dinero.

La facción rival, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, está encabezada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba. Tendría cerca de 3.000 integrantes y presencia en Caquetá, Meta, Guaviare, Huila, Putumayo, Antioquia y el Catatumbo. Algunos de sus frentes participaron en conversaciones con el Gobierno Petro, aunque los diálogos se fueron rompiendo mientras la organización ampliaba su radio de acción.

A este rompecabezas se suma la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, dirigida políticamente por Walter Mendoza y formada tras una escisión de la Segunda Marquetalia. Agrupa estructuras como los Comandos de la Frontera, activos en Putumayo, y fuerzas del litoral de Nariño y Cauca. Sus filas se han estimado en torno a 2.500 miembros, aunque los números cambian con las rupturas, adhesiones y guerras internas.

La Segunda Marquetalia de Iván Márquez continúa existiendo como una estructura menor y fragmentada, con redes en zonas fronterizas y orientales. El paradero de Márquez ha sido objeto de versiones contradictorias durante años. Otros mandos, como Jhon 40, conservan influencia sobre rutas y negocios. Más que una organización compacta, la vieja marca funciona ahora como paraguas, recuerdo y herramienta de negociación.

Fuera de estas grandes siglas operan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, bandas locales del Pacífico, redes herederas del EPL y organizaciones urbanas conectadas con el narcotráfico. En Colombia las fronteras entre guerrilla, grupo posparamilitar, banda y proveedor logístico se han vuelto porosas. La ideología permanece en algunos discursos; el balance mensual se hace en cocaína, oro y efectivo.

La potencia de estas organizaciones no puede medirse únicamente contando fusiles. Cuentan con armas automáticas, ametralladoras, granadas, minas antipersona, morteros artesanales y explosivos improvisados, pero su ventaja más preocupante está en la combinación de tecnología barata y conocimiento territorial. Desde 2023 se han documentado cerca de 500 ataques con drones cargados de explosivos. En 2025, el Ministerio de Defensa registró 333 ataques efectivos, más de cinco veces los del año anterior.

Un aparato comercial que cuesta lo mismo que una motocicleta puede observar una patrulla, lanzar una carga o forzar a una unidad militar a detenerse. No sustituye a la artillería, pero multiplica el miedo y reduce el margen de movimiento. Cauca, Catatumbo y Guaviare se han convertido en laboratorios de esta guerra de bajo coste. El cielo, antes refugio de la ventaja estatal, también está en disputa.

El dinero sostiene todo lo demás. No existen balances fiables de ingresos por organización, aunque distintas estimaciones sitúan las economías ilegales colombianas en decenas de miles de millones de dólares anuales. La cocaína sigue siendo el motor principal, acompañada por la extracción ilegal de oro, la extorsión y el contrabando. En algunos territorios se cobra por cada máquina minera, cabeza de ganado, camión, comercio o contrato.

El dominio también es social. Los grupos fijan horarios, resuelven conflictos, castigan robos, regulan relaciones sentimentales, controlan la entrada de desconocidos y deciden quién puede presentarse a unas elecciones locales. A veces reducen los homicidios porque matar demasiado perjudica los negocios. Esa calma aparente no es paz; es obediencia administrada.

Qué hará De la Espriella si nadie se somete

El programa de De la Espriella promete cero negociación, recuperación del control territorial y una ofensiva contra el narcotráfico. Incluye fumigación aérea, erradicación manual, sustitución de cultivos, extradición, extinción de dominio acelerada y persecución de los capitales ilegales. También propone fortalecer la Fuerza Pública, mejorar la inteligencia, desmontar milicias, recuperar las cárceles y crear un bloque especializado contra la extorsión.

Durante la campaña habló de construir diez megacárceles y de utilizar bombardeos contra estructuras armadas. También dirigió advertencias personales a Iván Mordisco y Calarcá. Tras tomar posesión, el escenario más probable combina operaciones militares selectivas, órdenes de captura, reactivación de extradiciones, golpes a las finanzas y presión sobre las conversaciones heredadas de Petro.

Eso no significa que el 8 de agosto vayan a salir columnas de soldados hacia todos los enclaves ilegales al mismo tiempo. La Fuerza Pública tiene limitaciones de movilidad, inteligencia y presupuesto. Parte de su flota de helicópteros permanece en tierra por falta de repuestos, mientras las operaciones prolongadas en selvas y cordilleras consumen recursos con una rapidez poco compatible con las promesas de reducir drásticamente el tamaño del Estado.

Tampoco puede confundirse una ofensiva legal con una licencia para ejecutar adversarios. El presidente podrá ordenar operaciones dentro del marco constitucional y del derecho internacional humanitario, no condenas sumarias pronunciadas desde un micrófono. La Constitución, para disgusto de los aficionados al tráiler bélico, seguirá vigente.

Los expertos advierten de otro efecto posible: golpear una cúpula no siempre destruye el negocio. Puede fragmentarlo. La captura de un jefe abre guerras sucesorias, crea nuevas siglas y desplaza las rutas hacia otra comarca. Colombia lleva décadas comprobándolo. Los nombres cambian; el río, la mina y el embarcadero siguen allí.

Recuperar el territorio sin perder la ley

El desafío de De la Espriella no consistirá en demostrar que puede ordenar un bombardeo. Colombia conoce de sobra las operaciones espectaculares, los grandes titulares y las fotografías de armas extendidas sobre una lona. La verdadera prueba será permanecer después: instalar jueces, escuelas, carreteras, protección para los líderes sociales y alternativas económicas que no desaparezcan cuando se apague la cámara.

La Paz Total de Petro no consiguió desarmar a las principales organizaciones y coincidió con un fuerte crecimiento de sus integrantes y territorios. También dejó algunos procesos parciales que no pueden borrarse sin medir las consecuencias. El nuevo Gobierno tendrá que decidir cuáles liquida, cuáles transforma en sometimientos y cómo evita que los combatientes concentrados regresen a la clandestinidad.

De la Espriella ha ganado las elecciones ofreciendo autoridad frente a un Estado que muchos colombianos perciben agotado. Su mandato, sin embargo, llega de una victoria por menos de un punto y ante una sociedad partida casi por la mitad. Combatir al crimen exige firmeza; convertir la seguridad en venganza política sería otra forma de derrota.

Los grupos armados saben sobrevivir a presidentes, ofensivas y negociadores. Se alimentan del dinero ilegal, pero también del vacío institucional. Recuperar Colombia no será únicamente ocupar montañas. Será conseguir que, cuando los soldados se marchen, la ley permanezca.