¿Por qué 1 de cada 4 ucranianas sufre violencia en la UE?

El 25% de las mujeres ucranianas entrevistadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) afirma haber sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la invasión rusa. Las agresiones ocurrieron en Ucrania, durante la huida o después de llegar a Europa. Esa última posibilidad rompe una idea cómoda: cruzar la frontera puede poner a alguien a salvo de los bombardeos, pero no garantiza que esté a salvo de la violencia.

La cifra procede de una encuesta realizada en Alemania, Polonia y Chequia, no de un recuento de todas las refugiadas que viven en la Unión Europea. Aun con ese límite, el informe describe un problema que atraviesa la acogida: el 51% de las entrevistadas ha sufrido acoso sexual, el 24% ha recibido ofertas potencialmente explotadoras de transporte, alojamiento o empleo y muy pocas víctimas de violencia acuden a la policía. Cuatro años después del 24 de febrero de 2022, el refugio sigue siendo una cuestión de derechos, pero también de seguridad cotidiana.

Lo que revela el nuevo informe europeo

La FRA basa su investigación en 1.223 entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2024 a mujeres que habían huido de Ucrania y residían en Alemania, Polonia o Chequia. Son tres de los principales países de acogida, aunque sus resultados no deben trasladarse sin más a España ni al conjunto de la UE. Tampoco describen exclusivamente lo ocurrido después de la llegada: varias preguntas abarcan toda la trayectoria desde que empezó la guerra, incluidos los meses vividos en Ucrania y el trayecto de salida.

Ese recorrido permite observar cómo cambian los riesgos. Una oferta de transporte puede parecer providencial en una frontera saturada; meses después, la dependencia puede tomar la forma de un alojamiento compartido, un contrato que no recoge las horas trabajadas o una atención sanitaria difícil de encontrar en otro idioma. La directora de la FRA, Sirpa Rautio, advierte de la distancia entre tener protección legal y sentirse segura. El informe no presenta esos episodios como una sola experiencia compartida por todas las desplazadas, sino como vulnerabilidades que pueden acumularse en una misma vida.

Violencia física y sexual: qué incluye el 25%

Desde el comienzo de la invasión, un 23% declara haber sufrido violencia física, sin contar las amenazas, y un 6% violencia sexual. El porcentaje de mujeres que refiere una u otra forma de agresión es del 25%: las categorías pueden solaparse porque una misma persona puede haber vivido ambas. En violencia física, las tasas registradas fueron del 27% en Alemania, el 26% en Chequia y el 20% en Polonia. En violencia sexual, llegaron al 7% en Chequia y Polonia y al 3% en Alemania.

El lugar de la agresión importa tanto como el porcentaje general. Entre las mujeres que sufrieron violencia física, el 62% la sitúa en su país de acogida, el 39% en Ucrania y el 9% durante el viaje. Entre quienes sufrieron violencia sexual, el 52% señala el Estado miembro donde reside, el 57% Ucrania y el 4% el tránsito. Las cifras de cada serie pueden sumar más del 100% porque algunas mujeres vivieron episodios en varios lugares. No permiten concluir que Europa sea más peligrosa que Ucrania: son periodos de exposición distintos, medidos entre mujeres que ya habían llegado a la UE.

En el momento de la encuesta, las más jóvenes mostraban una exposición superior a la media. Entre las entrevistadas de 18 a 29 años, el 32% declaró haber sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la guerra. El dato no identifica por sí solo una causa: edad, condiciones de alojamiento, movilidad y oportunidades de empleo pueden influir de maneras diferentes. Sí impide tratar la experiencia del desplazamiento como una fotografía uniforme en la que todas afrontan los mismos riesgos.

De la vivienda al transporte público

Los episodios más graves relatados en la encuesta no se concentran en un único escenario. Aparecen en espacios privados y lugares de uso diario, desde los alojamientos hasta los trayectos necesarios para trabajar, estudiar o hacer un trámite. Cuando el incidente más grave ocurrió en el país de acogida, el transporte público fue el escenario del 20% de esos episodios; cuando ocurrió en Ucrania o durante el viaje, representó el 5%. Un vagón, un autobús o una parada pueden convertirse así en lugares que condicionan la rutina posterior.

También pesa lo que sucede puertas adentro. Llegar con hijos a cargo, sin una red cercana y con la necesidad inmediata de encontrar techo puede aumentar la dependencia de quien ofrece una habitación o gestiona un traslado. No significa que todo alojamiento informal sea peligroso, pero sí que la desigualdad de poder abre oportunidades al abuso. La seguridad de una vivienda no se mide únicamente por tener una llave: importa quién decide cuánto tiempo se puede permanecer allí y bajo qué condiciones.

Agresores desconocidos y personas del entorno

En los casos de violencia física, la categoría de agresor más citada es la de una persona desconocida, con un 43%. Le siguen alguien con quien la mujer compartía o había compartido alojamiento y un miembro del ejército ruso, ambas con un 17%. Al agrupar las respuestas, la FRA calcula que el 48% describe a un agresor desconocido o no identificable y el 40% a alguien con una relación personal, ya sea familiar, laboral o de convivencia. Las categorías muestran que la amenaza puede aparecer tanto en la calle como dentro de un vínculo establecido.

En violencia sexual, el peso del entorno cercano es mayor: el 47% identifica a alguien con quien tenía una relación personal, frente al 22% que señala a una persona desconocida o no identificable. El informe registra además que un 6% menciona a policías o personal de frontera y un 4% a personas que proporcionaban apoyo o atención sanitaria. Esos porcentajes no describen a las instituciones en su conjunto, pero resultan especialmente graves por la función de protección o cuidado atribuida a esos profesionales. El 89% de las víctimas de violencia sexual identifica a uno o varios hombres como agresores.

El control ruso y la violencia anterior al desplazamiento

La llegada a la UE no borra lo ocurrido antes de cruzar la frontera. Entre las entrevistadas, el 15% afirma que tropas rusas la pararon y registraron; el 11% fue detenida, el 10% interrogada y otro 10% sufrió un registro de su vivienda. Las tasas aumentan entre quienes vivían en territorios ocupados: el 28% fue parada y registrada, el 18% detenida, el 17% interrogada y el 18% vio registrado su domicilio. Detrás de esas categorías hay experiencias distintas, unidas por la pérdida de control sobre los propios movimientos y el espacio doméstico.

Los interrogatorios muestran hasta qué punto esa presión podía dirigirse contra la dignidad personal. Entre las mujeres interrogadas por tropas rusas, el 58% relata humillación verbal, el 51% humillación física y el 29% describe lo ocurrido como sexualmente humillante. Un 37% afirma que fue coaccionada para proporcionar información o amenazada con consecuencias si no cooperaba. No todas esas experiencias se clasifican como agresiones físicas o sexuales, pero ayudan a entender por qué el miedo puede persistir mucho después de abandonar el lugar donde se produjo.

El alcance de la violencia también aparece en lo que las entrevistadas conocen de su entorno: el 39% dice estar al tanto de agresiones físicas o sexuales cometidas por tropas rusas contra familiares, amigas o vecinas. Esa respuesta habla de hechos conocidos por ellas, no de agresiones que necesariamente sufrieron en primera persona. La encuesta recoge asimismo que 47 de las 1.223 mujeres participaron activamente en el esfuerzo de guerra mientras estaban en Ucrania. No hay un relato único de salida: las vidas que confluyen bajo la condición de refugiada tenían responsabilidades y experiencias muy diferentes antes del viaje.

Acoso sexual: de la calle a la pantalla

El acoso sexual es más frecuente que las agresiones físicas o sexuales recogidas en el indicador principal. Lo declara el 51% de las mujeres entrevistadas desde febrero de 2022, con diferencias entre los tres países: 65% en Chequia, 52% en Alemania y 44% en Polonia. Para un 29%, el episodio más reciente se produjo en los 12 meses anteriores a la entrevista. El periodo medido, por tanto, no remite solo al desconcierto inicial de la huida; incluye también la vida que estas mujeres habían empezado a organizar en sus países de residencia.

Entre quienes sufrieron acoso, el 86% lo experimentó en el país de acogida, el 24% en Ucrania y el 15% durante el tránsito. La suma supera el 100% porque puede haber episodios en más de un contexto. Las formas de acoso tampoco se limitan a un espacio: una insinuación persistente puede ocurrir durante un trayecto, en el trabajo o mediante mensajes enviados al teléfono. Aunque cambie el escenario, se mantiene una consecuencia reconocible: la necesidad de calcular por dónde pasar, con quién hablar o qué información personal compartir.

El entorno digital ocupa un lugar propio en el informe. El 23% ha sufrido ciberacoso sexual, una proporción que llega al 30% en Chequia, al 23% en Alemania y al 20% en Polonia. Entre las mujeres de 18 a 29 años alcanza el 34%. Casi todas las entrevistadas, el 99%, usan al menos una red social. Esas plataformas sirven para mantener el contacto con personas que siguen en Ucrania, conocer noticias de la guerra y orientarse en el país de acogida; también proporcionan una vía para recibir mensajes ofensivos o sexualizados.

El acoso en el entorno laboral

Entre las mujeres que han sufrido acoso sexual, una de cada cuatro señala a alguien del trabajo, como un superior, un compañero o un cliente. En ese contexto, rechazar una conducta y comunicarla puede resultar especialmente difícil cuando el sueldo sostiene el alquiler o el cuidado de los hijos. La dependencia económica no convierte cada empleo en un lugar inseguro, pero cambia el margen de respuesta ante quien controla turnos, tareas o continuidad laboral.

Cuando se realizaron las entrevistas, el 45% tenía un empleo remunerado: el 54% en Chequia, el 50% en Polonia y el 20% en Alemania. Otro 5% conservaba un trabajo anterior a la llegada, en ocasiones a distancia para una entidad radicada en Ucrania. Esas tasas muestran diferencias en la inserción laboral, pero no cuentan por sí solas la calidad de los puestos. Tener ingresos puede ampliar la autonomía y, a la vez, exponer a relaciones laborales desequilibradas si faltan contratos completos o vías accesibles para denunciar abusos.

Ofertas de transporte, alojamiento y empleo que entrañan riesgo

Durante el desplazamiento y la instalación, el 24% recibió ofertas potencialmente explotadoras relacionadas con transporte, alojamiento o trabajo. Las propuestas laborales fueron las más mencionadas, con un 15%, seguidas de las de transporte, con un 9%, y las de alojamiento, con un 8%. Son señales de riesgo identificadas en la encuesta, no una cifra de víctimas confirmadas de trata. La distinción importa: una oferta sospechosa puede rechazarse, modificarse o no llegar a convertirse en un delito, aunque siga revelando una oportunidad de abuso.

La exposición fue mayor entre quienes llegaron poco después de comenzar la guerra, con un 26% frente al 15% registrado entre las llegadas posteriores. La prisa, la necesidad de abandonar una zona peligrosa y la falta de información sobre alternativas pueden reducir la capacidad de comprobar quién ofrece un viaje o una cama. Con el tiempo, los dispositivos de acogida se organizaron mejor, pero el riesgo no desapareció: pasó a convivir con decisiones menos visibles, como aceptar un empleo sin conocer bien sus condiciones.

Entre las mujeres que recibieron ofertas laborales sospechosas, el 13% creyó que se esperaba de ellas una contraprestación sexual y el 4% se encontró con personas que pretendían quedarse con su documentación. Retener documentos o vincular un empleo a exigencias sexuales son señales especialmente graves, aunque el informe no equipara todas las propuestas detectadas con casos consumados de trata. Por países, las ofertas potencialmente explotadoras afectaron al 25% en Polonia, al 18% en Alemania y al 17% en Chequia. La FRA apunta que disponer de asistencia económica puede dar más margen para rechazar una propuesta arriesgada.

Trabajar sin contrato y llegar con dificultad a fin de mes

El problema no termina al encontrar trabajo. Entre quienes estaban empleadas en el momento de la encuesta o habían trabajado desde su llegada, el 36% afirma haberlo hecho sin contrato o con horas no recogidas en él. Un 29% describe jornadas muy largas, un 24% dice haber cobrado menos de lo debido o no haber cobrado y un 12% relata que no podía hacer pausas. Ningún porcentaje, aislado, describe todas las condiciones de un puesto; juntos dibujan las formas en que un salario puede coexistir con la explotación.

El informe sitúa parte de esas experiencias en sectores de alta rotación. Entre los ámbitos señalados figuran alojamiento y restauración, con un 25%, manufacturas, con un 14%, y comercio mayorista, minorista y servicios asociados, con un 11%. Son trabajos donde los horarios variables y la incorporación rápida pueden dificultar que una persona recién llegada identifique lo que debe figurar en un contrato. El desconocimiento del idioma añade otra capa: una nómina, una reclamación o una conversación con un encargado pueden convertirse en obstáculos cuando faltan explicaciones comprensibles.

La economía doméstica estrecha aún más ese margen. Solo el 21% dice llegar a fin de mes fácil o bastante fácilmente; el 39% lo hace con dificultad y el 40% con cierta dificultad. Para cubrir gastos básicos, necesitó pedir dinero prestado el 46% de las entrevistadas en Chequia, el 37% en Polonia y el 17% en Alemania. Entre quienes se endeudaron por esas necesidades, el 6% sufrió presiones para hacer algo con lo que no se sentía cómoda a cambio de devolver la deuda. La proporción fue del 14% en Polonia, del 8% en Chequia y del 2% en Alemania.

La hostilidad que comienza al oír hablar ucraniano

La violencia y la explotación no agotan las dificultades de la vida diaria. Desde su llegada, el 54% de las entrevistadas ha sufrido una reacción negativa o un ataque al hablar ucraniano en público. El porcentaje alcanza el 67% en Chequia y el 55% en Polonia, frente al 31% en Alemania. El dato agrupa situaciones de distinta gravedad; no significa que todas fueran agresiones físicas. Sí muestra que un rasgo tan cotidiano como la lengua puede hacer visible a una mujer desplazada y convertirla en blanco de hostilidad.

Una conversación en el transporte o en una cola basta para que un desconocido identifique un origen y proyecte sobre él sus prejuicios. El informe recoge episodios de agresividad verbal, pero la reacción al idioma no se reduce a una discusión aislada cuando se repite en los recorridos habituales. Puede llevar a hablar más bajo, evitar determinadas rutas o mantenerse alerta en espacios donde otras personas se mueven sin pensarlo. Son cambios pequeños vistos desde fuera y costosos para quien los incorpora a su jornada.

El desgaste aumenta cuando esa hostilidad se superpone a un empleo precario, una vivienda insegura o experiencias previas de violencia. Algunas entrevistadas describen conductas de evitación después de sufrir agresiones: cambiar hábitos para sentirse a salvo, limitar desplazamientos o extremar la cautela en casa. No se trata de presentar a las mujeres desplazadas como permanentemente indefensas. Precisamente porque trabajan, cuidan, estudian y sostienen vínculos a través de las fronteras, esas restricciones tienen efectos concretos sobre una vida que intenta recuperar normalidad.

Por qué tantos episodios quedan fuera de la denuncia

Cuando el incidente más grave de violencia física o sexual ocurrió en el país de acogida, solo el 13% lo comunicó a la policía. Si se incluyen otras vías por las que los agentes llegaron a conocerlo, la proporción sube al 15%. Para los incidentes más graves ocurridos en Ucrania o durante el tránsito, el informe calcula que el 20% llegó a conocimiento policial por alguna vía. Los porcentajes corresponden a esos episodios concretos; no miden todas las agresiones vividas por cada entrevistada.

El recurso a servicios especializados también fue limitado. Entre las víctimas de violencia física o sexual ocurrida en la UE, un 3% contactó con organizaciones de apoyo a víctimas y otro 3% con entidades especializadas en personas procedentes de Ucrania; un 10% acudió a un servicio sanitario. En las respuestas aparecen motivos conocidos en otros contextos de violencia, como restar importancia a lo sucedido o desconfiar de la respuesta institucional. A ellos se suman las dificultades de orientarse en otro idioma mientras se tramitan documentos, se busca vivienda o se atiende a familiares.

La escasez de denuncias no equivale a ausencia de daño. Casi nueve de cada diez víctimas, el 88%, refieren consecuencias psicológicas duraderas de la violencia física o sexual, entre ellas ansiedad, sensación de vulnerabilidad o pérdida de confianza. La encuesta recoge esas consecuencias declaradas por las propias mujeres; no establece diagnósticos individuales. Muestra, en cambio, por qué medir solo los expedientes policiales dejaría fuera una parte decisiva de la experiencia: lo ocurrido continúa afectando a decisiones y relaciones mucho después del episodio.

La protección temporal y las barreras que persisten

La protección temporal ha permitido acceder con rapidez a residencia y empleo sin exigir a cada persona desplazada que atraviese de entrada el procedimiento ordinario de asilo. A 31 de diciembre de 2025, 4,35 millones de personas huidas de Ucrania tenían este estatuto en la UE. Alemania acogía a 1.250.620, Polonia a 969.240 y Chequia a 393.055. Las mujeres adultas representaban el 43,6% del total y los menores, el 30,5%. La cobertura está prorrogada hasta el 4 de marzo de 2027, una fecha administrativa para una situación humana que no se ajusta fácilmente al calendario.

En España, el Gobierno había comunicado la concesión de protección temporal a 236.570 personas durante los tres primeros años de conflicto. Esa cifra da una idea de la escala de la acogida, aunque no debe compararse directamente con las respuestas de la encuesta, realizada únicamente en Alemania, Polonia y Chequia. El permiso de residencia y la posibilidad de trabajar son bases decisivas; no sustituyen, sin embargo, la necesidad de encontrar una vivienda segura, entender un contrato o saber a qué servicio acudir después de una agresión.

La atención sanitaria ilustra esa distancia entre derecho y acceso. El 82% de las entrevistadas necesitó algún servicio de salud desde su llegada y, entre ellas, el 34% afirma que no recibió toda la atención requerida. Un 64% necesitó atención médica general o especializada, un 61% medicación prescrita, un 55% atención dental, un 45% servicios de salud reproductiva y un 28% atención de salud mental. Las necesidades pueden coincidir en una misma persona: una consulta pendiente, un tratamiento y una cita con un especialista no son problemas separados para quien debe organizarlo todo en un sistema nuevo.

Entre las necesidades señaladas como no cubiertas, destacan la atención dental, con un 28%, y la salud mental, con un 27%; también figuran la salud reproductiva, con un 23%, otra atención médica, con un 19%, y la medicación prescrita, con un 14%. En salud mental, el 44% de quienes encontraron obstáculos no sabía adónde dirigirse y el 30% menciona el idioma. Para la salud reproductiva aparecen la falta de orientación, con un 35%, las listas de espera, con un 34%, y la barrera lingüística, con un 32%. En otras consultas médicas, las esperas alcanzan el 47% entre los motivos indicados.

La seguridad también se mide después de cruzar la frontera

Los resultados de la FRA no reducen la acogida europea a un fracaso ni convierten experiencias distintas en una única historia. Señalan algo más preciso: la protección formal no elimina por sí sola las relaciones de dependencia en una vivienda, un empleo o un trayecto cotidiano. El informe plantea reforzar la respuesta frente a la violencia de género, facilitar el acceso a la justicia y al apoyo especializado, vigilar los abusos laborales y hacer efectivos los servicios sanitarios. Son ámbitos diferentes, pero las barreras se acumulan sobre las mismas personas.

La prórroga de la protección temporal ofrece continuidad legal mientras la guerra sigue desplazando vidas. Su alcance real se aprecia en escenas menos visibles que una resolución administrativa: cobrar todas las horas trabajadas, acudir a una consulta comprensible o viajar en transporte público sin anticipar una agresión. Estar a salvo no es solo haber escapado del frente. También es poder reconstruir una rutina sin que el miedo, la deuda o el silencio decidan por una mujer hasta dónde llega su refugio.