¿Por qué la UAB impide el acto de Vito Quiles en Bellaterra?

La UAB niega permiso al acto de Vito Quiles en Bellaterra: claves del aviso oficial, normas del campus y escenarios posibles sin dramatismos.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha notificado a Vito Quiles que no puede celebrar el acto anunciado en el campus por carecer de autorización. La universidad sostiene que no le consta ninguna solicitud válida ni reserva de espacio que habilite una actividad pública de ese tipo en Bellaterra y recalca que toda convocatoria no docente requiere permiso expreso. Quiles, por su parte, ha reiterado que acudirá igualmente y mantiene la cita difundida en redes sociales. A fecha de hoy, la posición institucional es inequívoca: sin permiso no hay acto; y, si se intenta, se aplicarán las reglas internas de uso de espacios y los dispositivos ordinarios de seguridad.

En términos prácticos, el escenario inmediato es el siguiente: no existe autorización vigente, el convocante asegura que irá y la UAB ha avisado con antelación de que el campus no es un foro abierto donde cualquiera pueda montar un evento por iniciativa propia. Esto no es una cuestión de simpatías políticas ni de censura, subraya la institución, sino de procedimiento: identificación de la entidad organizadora, reserva del lugar, condiciones técnicas, seguro y responsabilidades, horario pactado y coordinación con seguridad del campus. Al faltar esa cadena mínima, el acto público —tal y como se ha divulgado— no puede celebrarse dentro del perímetro universitario. Con este marco, el pulso está servido: una parte apela a la libertad de expresión y a la visibilidad; la otra a la autonomía universitaria y a la convivencia.

Qué ha decidido la UAB y qué está realmente encima de la mesa

La decisión formal de la UAB es clara y se apoya en su normativa: no hay evento sin autorización. La comunicación remitida al convocante indica que no figura ninguna petición aprobada para el uso de espacios del campus en el día y la hora difundidos, y que cualquier comparecencia que pretenda funcionar como acto abierto (con público, megafonía, tarima, cartelería o logística equiparable) quedará impedida si no se ajusta a los cauces ordinarios. Hay, además, un matiz sustantivo que conviene no perder de vista: ni un correo aislado ni una consulta informal equivalen a un permiso. La autorización se materializa en un documento verificable y con condiciones. Sin ese papel, la actividad es irregular y la universidad actúa en consecuencia.

El campus no cierra la puerta a que una entidad reconocida promueva un encuentro con oradores de cualquier perfil ideológico, siempre que cumpla los requisitos. De hecho, la UAB ha albergado históricamente mesas, conferencias y presentaciones con ponentes de todo signo. El conflicto no reside en quién toma la palabra, sino en cómo y dónde. Una charla en un aula con aforo acotado y controles de acceso no es lo mismo que una convocatoria abierta en la plaza Cívica a mediodía. Escalas distintas, exigencias distintas. Y ahí se ha encallado el caso Quiles.

Cómo funciona la autorización de actos en un campus como Bellaterra

Para cualquier actividad no docente, la UAB exige un itinerario básico: solicitud en tiempo y forma, identificación de la entidad organizadora (asociación registrada, departamento, servicio), responsable con nombre y apellidos, reserva de espacio concreto, cobertura de seguro, medios técnicos previstos, plan de limpieza, compromiso de restitución del espacio y coordinación con seguridad. La autorización se concede —o se deniega— por escrito, y fija condiciones sobre horario, ubicación, aforo y equipos. Si el acto se anuncia en abierto y en exteriores, el listón sube: hay más variables —tránsito de estudiantes, interferencia con clases, ruido, riesgos— y, por tanto, más condicionantes.

Este diseño no es un capricho. Bellaterra combina zonas verdes, viales internos, edificios docentes, instalaciones deportivas y servicios. Un acto imprevisto en hora punta puede bloquear accesos, interrumpir evaluaciones o tensionar la convivencia de miles de personas que acuden a trabajar y estudiar. Por eso se ordena el uso del espacio y se exige una entidad responsable que asuma civilmente lo que ocurra. Sin responsable no hay evento. Y sin autorización previa, no hay megafonía, ni tarima, ni carpas, ni nada que, en la práctica, configure un acto.

Interno, abierto y exterior: tres palabras que lo cambian todo

Las universidades distinguen entre actividad interna (seminarios, reuniones, talleres para miembros de la comunidad), acto abierto (con público no necesariamente universitario, difusión externa y posible cobertura mediática) y uso de exterior (plazas, jardines, aparcamientos). El caso en disputa se ha anunciado como abierto y apunta a espacio exterior. Esa combinación siempre activa la vía más exigente: Rectorado o el órgano competente deben autorizarla. Si no consta la autorización, no se celebra. Aunque la convocatoria permanezca en redes.

Quién convoca y cuál es el papel de las asociaciones estudiantiles

En la difusión del acto aparece con visibilidad la asociación S’HA ACABAT!, un colectivo estudiantil habitual en el debate público universitario. Su promoción de la cita no suple la necesidad de que una entidad registrada —sea esa u otra— solicite el permiso, asuma la responsabilidad y reciba la autorización. Es un punto clave que a menudo se malinterpreta: promocionar no es organizar; organizar no es estar autorizado. La UAB, como cualquier universidad pública, exige una trazabilidad completa del acto: quién pide, qué pide, dónde, cuándo y con qué medios.

Vito Quiles, comunicador con alto perfil en plataformas digitales, ha anunciado que acudirá pese al aviso institucional. Es una elección coherente con su estrategia de visibilidad: transformar la negativa administrativa en relato político. Pero eso no altera el procedimiento universitario. Si no hay permiso, el campus puede impedir el montaje, requerir la disolución de concentraciones que interfieran con la actividad académica y activar el protocolo de seguridad habitual. En ocasiones, cuando aparecen aglomeraciones espontáneas, la universidad reencauza la situación hacia espacio público municipal, fuera de su perímetro. No sería la primera vez.

Las últimas horas: del anuncio en redes al aviso formal

En las últimas 24 horas se ha acelerado la secuencia informativa. Carteles y mensajes en X e Instagram fijaron hora de mediodía y punto de reunión en el campus. Poco después, la UAB envió un aviso formal al convocante recordando la ausencia de permiso y la imposibilidad de celebrar el acto en Bellaterra en los términos divulgados. La respuesta fue mantener la convocatoria y verbalizar una intención de “ir, sí o sí”. Con ese intercambio, el pulso se trasladó a medios y a la conversación pública. La viralización ha sido inmediata: titulares que hablan de “gira universitaria”, piezas que califican la advertencia como “freno” o “veto”, y réplicas que sostienen que sí hubo peticiones por canales internos, sin aportar, eso sí, una autorización firme.

El punto de fricción es técnico y, a la vez, simbólico. Técnico, porque falta el documento que valida el uso de un espacio del campus con condiciones. Simbólico, porque cada actor intenta enmarcar el episodio a su favor: la UAB como aplicación neutra de reglas comunes a cualquier ponente; Quiles como ejemplo de tensión con la libertad de expresión; las asociaciones como protagonistas de una disputa que les es familiar. El resultado: ruido, lecturas militantes y un dato operativo incontestable a día de hoy: sin permiso, no hay acto.

Marco legal: autonomía universitaria, libertad de expresión y reglas del juego

La Constitución garantiza la autonomía universitaria y la libertad de expresión. Ambos derechos conviven, pero no de forma incondicional: en un campus rigen normas internas, planes de autoprotección y procedimientos que canalizan las convocatorias. La libertad de expresión no se merma por exigir un permiso y un espacio adecuado; se ordena para evitar daños, interrupciones o riesgos. Por eso es incorrecto equiparar un “no hay autorización” con un “prohibido hablar”. Se puede hablar, sí, pero cuando y donde queda autorizado.

Este equilibrio es recurrente en universidades españolas y europeas. Ponentes de todo el espectro ideológico se han visto sujetos a las mismas reglas: solicitud, evaluación y, llegado el caso, reubicación o denegación por seguridad, aforo o colisión con la actividad docente. No es una novedad en la UAB. De hecho, el estándar de gobierno de espacios universitarios se ha endurecido con los años, a medida que crecen las audiencias digitales, las convocatorias exprés y la exposición a incidentes que, aun siendo minoritarios, obligan a planificar como si fueran probables.

¿Puede celebrarse algo “sin ser un acto”?

Una tentación habitual cuando no hay permiso es rebajar la puesta en escena: sin escenario, sin megafonía, aparecer, hablar a una cámara y marcharse. ¿Evita eso el marco regulador? No del todo. Si la aparición genera una aglomeración, interfiere en flujos del campus o obstaculiza entradas, el personal de seguridad puede actuar para restablecer la normalidad. Y si se produjeran incidentes, la universidad podría incluso comunicar a la autoridad competente la necesidad de apoyo externo. A nadie le interesa llegar ahí. Por eso las advertencias se hacen antes, con tiempo, y por escrito.

Lo que puede ocurrir en Bellaterra: escenarios realistas

Las posibilidades son limitadas y, al mismo tiempo, previsibles. Primero, que no se intente montar el acto dentro del campus y que la convocatoria se diluya en una aparición breve para redes, sin infraestructura. Segundo, que se busque mover la cita fuera del perímetro de la UAB, ya en espacio municipal, donde entran en juego otras reglas y otras autoridades. Tercero, que pese a la advertencia aparezca un intento de instalar equipo o agrupar público en un punto sensible del campus. En esa hipótesis, el camino es conocido: intervención del personal de seguridad del campus, requerimientos y, si hiciera falta, desmontaje.

En todos los escenarios hay una prioridad institucional: garantizar la actividad académica sin sobresaltos. Ocurre cada curso con protestas estudiantiles, concentraciones sectoriales o visitas mediáticas. La función del campus no es ser plaza pública permanente ni platea de campaña, sino sede de docencia e investigación. De ahí el énfasis en permisos, aforos y horarios valle para los eventos autorizados. A quien le suene excesivo, basta con visitarlo a mediodía: miles de personas van y vienen entre facultades y servicios, y cualquier ruido extra se multiplica.

El papel de la seguridad del campus y la responsabilidad civil

El Servicio de Seguridad de la UAB no es una policía política, sino un mecanismo de gestión de un entorno complejo. Monitoriza accesos, responde a incidencias, moviliza equipos y contacta con Mossos d’Esquadra cuando el incidente supera su capacidad o su competencia. Un acto no autorizado que interrumpe la actividad universitaria entra de lleno en su radar, y su intervención —normalmente proporcional y escalonada— está diseñada para activar la mínima fuerza necesaria para restaurar la normalidad. La responsabilidad civil no es un asunto menor: si hay daños o lesiones, alguien debe responder. Esa es la otra razón por la que la universidad exige un organizador identificado y una cobertura adecuada.

Muchas veces, los propios organizadores —cuando los hay— aceptan las condiciones que impone la universidad: reubicación en un aula, reducción de aforo, controles de acceso, sin megafonía exterior, duración acotada. Es un pacto razonable que preserva tanto la visibilidad del invitado como la vida corriente del campus. Sin ese pacto, la universidad no se arriesga.

Qué se dice de cada lado y dónde coinciden, pese al ruido

Las versiones públicas de las últimas horas difieren en énfasis, pero coinciden en un punto: no hay autorización vigente para el uso del espacio que se ha promocionado. A partir de ahí, se abren dos narrativas. La institucional insiste en que las normas son iguales para todos, con independencia del orador, y que no se ha tramitado el expediente que permitiría un acto abierto en el campus. La del convocante habla de trabas, de burocracia usada como barrera y de determinación para acudir y contar lo que ocurra. En el entorno de las asociaciones estudiantiles hay, a su vez, diferentes estrategias: quienes reclaman una autorización que creen merecer y quienes prefieren el choque testimonial por su rentabilidad en redes.

La coincidencia de fondo, guste o no, es que sin autorización no se podrán montar los elementos que convierten una aparición en un acto. Todo lo demás —vídeos, mensajes, fotos— seguirá pasando, aquí o a tres metros del perímetro, porque vivimos en tiempos de cámara en mano. Pero el campus no se transformará hoy en escenario sin un permiso que no existe.

Contexto: precedentes y una pauta que no distingue ideologías

La UAB —como el resto de universidades públicas— acumula precedentes de todos los colores. Ponentes y colectivos de izquierda y de derecha han visto condicionadas o impedidas sus convocatorias por falta de autorización, por riesgos asociados o por incompatibilidad con la actividad docente. La pauta no discrimina ideología; discrimina el cumplimiento de las reglas. En muchos de esos casos, la solución fue reubicar el acto en interiores, limitar aforo o posponer. También hubo renuncias cuando la lista de condiciones no encajaba con el objetivo de visibilidad del convocante. Forma parte de la vida universitaria contemporánea.

Este patrón explica por qué la UAB repite mensajes conocidos y por qué la controversia no sorprende en Bellaterra. Los campus se han habituado a convocatorias exprés que buscan tanto el impacto presencial como la viralidad posterior. Cuando el principal retorno de una acción es comunicativo, el choque con la burocracia es un combustible más. Y cuando no hay permiso, ese choque no cambia el desenlace: no hay acto.

Si hay movimiento, dónde se notará primero

Si algo cambia en las próximas horas, se verá en tres puntos: una comunicación oficial que otorgue autorización y fije condiciones (ubicación concreta, horario, aforo, medios), un ajuste de la convocatoria hacia espacio municipal con comunicación a autoridades locales, o un despliegue visible de personal de seguridad en los puntos más transitados del campus —plaza Cívica, facultades de Ciencias, Comunicación, Derecho—. En ausencia de esos signos, lo razonable es esperar normalidad docente y una vigilancia discreta de accesos.

Sobre la movilidad, Bellaterra está trenzada por Ferrocarrils de la Generalitat y por la red interna de viales. Aglomeraciones en horas centrales entorpecen el paso y generan colas que la universidad trata de evitar con señalización, personal de información y, si es necesario, cierres puntuales de caminos secundarios. Nada inédito. Quien haya pasado por la plaza Cívica a mediodía sabe que cualquier gesto puede multiplicarse por miles de personas.

Qué no está en discusión, aunque se discuta

Hay mucho ruido, pero tres certezas atraviesan el debate. Primera: no hay autorización para el acto tal y como se promocionó. Segunda: la UAB aplicará sus normas de uso de espacios con independencia del perfil del orador. Tercera: si el convocante acude, habrá contenido para las redes, con o sin acto. El resto son interpretaciones legítimas, hipérboles y marcos retóricos. Importantes para la política; irrelevantes para el servicio de seguridad de un campus que, al final del día, quiere que el jueves o el viernes —cuando toque— sigan siendo días de clase como cualquier otro.

Hay un matiz más. “Negar un acto” no significa “prohibir una idea”. Significa exigir un trámite y unas condiciones para convivir. Esa diferencia, que puede parecer burocrática, es sustantiva en instituciones con decenas de miles de usuarios diarios. El papel —la autorización— no es un obstáculo para hablar; es la llave para ordenar la conversación sin romper la vida universitaria.

Lo que está en juego para cada actor

Para la UAB, el objetivo es coherencia institucional: aplicar las reglas siempre y evitar el precedente de que quien más ruido hace impone sus tiempos y sus espacios. Si hoy cede sin permiso, mañana no podrá negarlo a nadie. Para Vito Quiles, el interés está en convertir una negativa administrativa en materia prima narrativa: “me impiden hablar”, “aun así voy”, “mira lo que pasa”. Es una estrategia eficaz en la economía de la atención. Para las asociaciones estudiantiles, el episodio es una palanca para movilizar simpatías, probar fuerzas y medir el tono de la universidad.

Este juego de incentivos explica por qué ningún movimiento será accidental. Si aparece una autorización de última hora, será porque alguien la ha tramitado en regla y ha aceptado condiciones. Si no aparece, se habrá optado por forzar la escena y capitalizar el conflicto. En los dos casos, las reglas del campus —no el trending topic— marcarán dónde acaba la franja tolerable de la performance.

Dónde quedará el listón tras este episodio

Cuando pase el ruido, quedará un listón de previsibilidad: quien quiera hablar en Bellaterra podrá hacerlo si cumple el procedimiento. Quien prefiera el pulso simbólico, también sabrá a qué atenerse: sin permiso no habrá escenario. Esta claridad no es enemiga de la libertad de expresión; la sostiene en un entorno donde conviven cientos de aulas, laboratorios y servicios. De tanto en tanto, toca recordarla. Hoy ha tocado.

A estas horas, lo importante es simple: no hay autorización para el acto tal como se ha anunciado y la UAB ha advertido con tiempo suficiente. Si el convocante decide aparecer, tendrá la visibilidad que dan sus canales; si quiere un evento dentro del campus, deberá tramitarlo como hace todo el mundo. No hay atajos. Esa es la noticia. Y es, probablemente, lo que seguirá vigente cuando se apague el eco del día.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de medios e instituciones españolas con publicaciones concretas y vigentes. Fuentes consultadas: elDiario.es, ElNacional.cat, CatalunyaPress, El Plural, Universitat Autònoma de Barcelona.