¿Por qué se frena en Ceuta el traslado de 1.800 migrantes al puerto?

La crisis migratoria de Ceuta ha entrado este jueves, 17 de septiembre de 2026, en una nueva fase de enfrentamiento político e institucional. La Audiencia Nacional ha frenado provisionalmente la utilización de los campamentos preparados en el puerto para alojar a migrantes, una decisión que trastoca el dispositivo diseñado por el Gobierno. Óscar Puente asegura que estaba previsto comenzar este mismo jueves el traslado de unas 1.800 personas y sostiene que distintos obstáculos están impidiendo normalizar la situación.

La decisión judicial, conviene precisarlo, no supone una resolución definitiva contra el dispositivo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado paralizar su puesta en funcionamiento mientras estudia las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que cuestiona la ubicación por razones relacionadas con la seguridad y los riesgos laborales en una infraestructura portuaria. El Gobierno, mientras tanto, defiende que las instalaciones son seguras y reclama una decisión rápida.

La Audiencia Nacional frena los campamentos del puerto

El dispositivo se ha preparado sobre dos parcelas del Muelle de Poniente que suman aproximadamente 16.000 metros cuadrados. El Ministerio de Transportes autorizó el uso temporal del suelo portuario el pasado 5 de septiembre, después de que la Autoridad Portuaria rechazara la cesión solicitada. La capacidad inicialmente comunicada para este espacio rondaba el millar de personas, aunque el conjunto de instalaciones y traslados preparados por el Ejecutivo alcanzaba una cifra superior.

La actuación de la Audiencia Nacional responde al recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía. El tribunal ha frenado provisionalmente la ejecución mientras examina la petición cautelar y la documentación correspondiente. Dicho de otra manera: la Justicia todavía no ha resuelto el fondo del conflicto, pero su intervención ha impedido activar el operativo en la fecha que manejaba el Gobierno.

Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que se pronuncie “cuanto antes”. Según el ministro, el puerto fue una de las primeras alternativas estudiadas para ampliar las plazas de acogida. También sostiene que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, terminó aceptando esa solución y estaba plenamente informado del proyecto. El Gobierno ceutí ha mantenido discrepancias sobre distintos emplazamientos y condiciones del dispositivo, un choque que lleva días creciendo.

Los 1.800 migrantes de los que habla Puente

Las cifras requieren una pequeña explicación porque, a primera vista, parecen no encajar. Las informaciones iniciales sobre las parcelas del Muelle de Poniente situaban en torno a 1.000 personas la capacidad del campamento portuario. Puente, sin embargo, ha afirmado este jueves que los dos campamentos estaban terminados y que el plan era comenzar a trasladar a unas 1.800 personas.

En paralelo, el informe oficial del Gobierno fechado el 15 de septiembre indicaba que había 4.160 personas atendidas en plazas temporales y que estaba prevista la habilitación de otras 1.800 hasta alcanzar aproximadamente 6.000 plazas. Antes de la crisis, Ceuta disponía de unas 500. Son cifras de dispositivos distintos dentro de un operativo que ha ido ampliándose a medida que se buscaban terrenos y recursos de acogida.

La diferencia importa. No todas las 1.800 nuevas plazas anunciadas por el Ejecutivo tienen por qué corresponder exclusivamente a una única parcela del puerto. En una emergencia en la que cambian casi a diario los números de personas filiadas, alojadas, trasladadas o retornadas, mezclar capacidades distintas termina dibujando una fotografía que no existe.

Puente denuncia una campaña para bloquear las soluciones

El ministro de Transportes ha elevado considerablemente el tono. Puente sostiene que el Ejecutivo está encontrando “palos en las ruedas” mientras intenta aliviar la presión sobre Ceuta y ha denunciado lo que considera una campaña destinada a impedir que las soluciones preparadas por el Gobierno funcionen. Sus críticas se han dirigido especialmente al PP y a la actuación del Gobierno ceutí.

Su versión es que las instalaciones estaban listas, que el traslado podía comenzar y que una sucesión de resistencias políticas y judiciales ha frenado el operativo. Esa es, en todo caso, la interpretación del ministro. La Audiencia Nacional no ha establecido que exista una estrategia de bloqueo: se ha limitado por el momento a suspender provisionalmente la actuación mientras estudia el recurso del SUP.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha defendido este jueves la seguridad del campamento y ha reclamado que la Audiencia Nacional resuelva con urgencia. El Ejecutivo considera prioritario sacar a las personas que todavía permanecen en espacios precarios y completar cuanto antes los procedimientos de identificación y filiación necesarios para determinar su situación administrativa.

La dimensión de la emergencia se aprecia también en los menores. El último informe oficial contabilizaba 2.048 menores filiados, de los cuales 1.612 habían llegado a partir de los episodios del 30 y 31 de julio. El Gobierno estimaba además que entre 700 y 1.000 menores continuaban entonces fuera de los recursos específicos previstos para ellos.

Illa carga contra el PP y cuestiona la actuación judicial

Salvador Illa ha llevado la disputa un poco más lejos. El presidente de la Generalitat ha calificado de “enormemente extraña” la paralización del campamento y ha acusado al Poder Judicial de falta de lealtad institucional en la gestión de la emergencia. También ha arremetido contra PP y Vox por su postura ante la acogida y ha recurrido a un contundente “basta de hipocresía”. Son valoraciones políticas de Illa, no conclusiones del tribunal.

La distinción es importante. La Audiencia Nacional ha adoptado de momento una medida provisional y debe decidir sobre las cautelares solicitadas. No ha dictado una sentencia definitiva sobre la legalidad del campamento ni ha establecido que el Gobierno carezca de competencias para desarrollar el dispositivo.

Illa también ha defendido la actuación de Cataluña en materia de acogida y ha rechazado las críticas recibidas por el reparto de menores entre comunidades autónomas. La cuestión se ha convertido en otro campo de batalla política: detrás de cada cifra aparecen competencias administrativas, capacidad de los centros, financiación estatal y, cómo no, una bronca territorial que a estas alturas casi viaja con equipaje propio.

El PP prioriza los retornos mientras crece el pulso político

El Partido Popular sitúa el foco en los retornos a Marruecos. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido este jueves con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y su partido ha defendido la utilización de los recursos disponibles para devolver a quienes entraron irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España, dentro de la legislación nacional y europea. Brunner había señalado también en el Parlamento Europeo que quienes no tengan derecho a quedarse deben ser retornados con rapidez.

El Gobierno central, por su parte, también reclama acelerar esos procedimientos. Fernando Grande-Marlaska ha pedido este jueves a la Comisión Europea cambios legislativos para agilizar los retornos y las solicitudes de protección internacional en situaciones excepcionales como la registrada en Ceuta. La distancia entre Ejecutivo y oposición no está tanto en que puedan existir retornos legales como en la gestión de la emergencia, los traslados y el tratamiento de quienes permanecen en la ciudad.

También persiste el desacuerdo sobre los menores. La protección de los menores migrantes no acompañados implica competencias de la ciudad autónoma, mientras distintas tareas de identificación, extranjería y coordinación corresponden al Estado. Cada expediente necesita tratamiento individual y garantías jurídicas; no existe un mecanismo por el cual puedan desplazarse grupos de menores de una comunidad a otra como si se tratara simplemente de redistribuir plazas.

Castilla-La Mancha ha comenzado precisamente este jueves a recibir a 14 menores procedentes de Ceuta. Hay un detalle que evita confusiones: esos menores habían llegado antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, por lo que el traslado no corresponde directamente al contingente surgido de aquella crisis.

Ceuta continúa bajo una presión extraordinaria

Más allá de las declaraciones, las cifras permiten comprender por qué cada espacio disponible cuenta. El Gobierno comunicó el 15 de septiembre que 4.160 personas estaban alojadas en plazas temporales y que pretendía elevar la capacidad hasta aproximadamente 6.000. El salto es considerable: antes de la crisis, la capacidad disponible rondaba las 500 plazas.

La Comisión Europea ha aprobado además 114,7 millones de euros de financiación excepcional para responder a la emergencia. Parte de esos recursos está vinculada a actuaciones de Interior y a infraestructuras destinadas a reforzar la gestión fronteriza y la atención temporal. La crisis de Ceuta ha dejado, de hecho, de ser únicamente una cuestión española y ocupa ya un espacio visible en el debate comunitario.

Los procedimientos de retorno tampoco se han detenido. A fecha del 8 de septiembre, el Gobierno contabilizaba 4.516 retornos voluntarios a Marruecos desde el 10 de agosto y otras 278 expulsiones. Es la última cifra oficial localizada para esos dos conceptos y no equivale al número total de personas que han abandonado Ceuta por cualquier vía.

Mientras tanto continúan las filiaciones, los expedientes de extranjería y la búsqueda de alojamiento. Y ahí aparece la parte menos vistosa de una crisis que lleva semanas instalada en la ciudad: centros tensionados, recursos provisionales, menores pendientes de expediente, agentes desplegados y servicios públicos trabajando bastante lejos de una situación normal.

El puerto se convierte en el nuevo frente de la crisis

La próxima decisión de la Audiencia Nacional condicionará el movimiento inmediato del Ejecutivo. Si permite activar el dispositivo, el Gobierno podrá comenzar a utilizar las instalaciones portuarias en las condiciones que finalmente se establezcan. Si mantiene la suspensión, tendrá que encontrar otras plazas de acogida en una ciudad donde las alternativas disponibles son escasas, según sostiene el propio Ministerio de Transportes.

Lo que empezó como una cuestión aparentemente logística —dónde alojar temporalmente a quienes permanecen en Ceuta— ha terminado convertido en un conflicto político, administrativo y judicial. Puente habla de obstáculos y bloqueo; Illa cuestiona la lealtad institucional; el PP insiste en acelerar los retornos; el SUP reclama garantías sobre la seguridad del puerto. Cada parte pone el foco en un problema distinto, y ninguno desaparece porque el otro exista.

Por debajo de ese choque sigue la realidad material: miles de personas dependen todavía de dispositivos temporales en Ceuta y el sistema de acogida continúa ampliándose mientras avanzan los expedientes. El debate sobre quién bloquea a quién ocupará titulares; el problema inmediato, bastante menos retórico, sigue siendo encontrar espacio, completar identificaciones y resolver cada situación conforme a la ley.