¿Por qué Manuela Bergerot acusa a Ayuso de corrupción por el ático?

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha elevado este jueves el tono contra Isabel Díaz Ayuso por la polémica del ático de Chamberí y ha acusado directamente a la presidenta madrileña de corrupción. El inmueble fue adquirido en abril por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, inicialmente con la previsión de utilizarlo durante las obras de la Real Casa de Correos.

La acusación de Bergerot es, a día de hoy, una acusación política, no una conclusión judicial. La compra sí se encuentra bajo examen de la Justicia: el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid abrió diligencias tras una denuncia de Iustitia Europa y recibió posteriormente otras cuatro remitidas por la Fiscalía. Que exista una investigación no significa que se haya acreditado delito alguno ni determina la responsabilidad de Ayuso.

Bergerot lleva el ático al choque directo con Ayuso

La escena se produjo durante la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid del 17 de septiembre de 2026, precisamente en una jornada marcada por la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para informar sobre las operaciones patrimoniales de Planifica Madrid. Bergerot sostuvo que Ayuso no merece una residencia oficial, sino, en sus palabras, “un juicio por corrupta”.

La portavoz de Más Madrid llegó a afirmar que el ático será un problema político persistente para la presidenta. No era la primera vez. Durante el Debate sobre el Estado de la Región ya había llamado “corrupta” a Ayuso y había utilizado el inmueble como uno de los principales ejes de su ofensiva parlamentaria.

Ayuso respondió de forma igualmente contundente. Instó a Bergerot a repetir esas acusaciones ante un medio de comunicación y sostuvo que, de hacerlo, ambas podrían acabar discutiéndolas ante los tribunales. La presidenta rechaza así la acusación planteada por Más Madrid y la sitúa dentro de la confrontación política mantenida durante las últimas semanas.

Qué pasó realmente con el ático de 6,3 millones

El centro material de la tormenta es un inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, una de las zonas más cotizadas de Madrid. Planifica Madrid lo adquirió en abril por 6,3 millones de euros. La vivienda tiene alrededor de 481 metros cuadrados y una gran terraza, cercana a los 200 metros cuadrados.

La Comunidad explicó que el piso permitiría disponer de un espacio provisional durante las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño en la Puerta del Sol. El problema apareció después: la normativa urbanística no permite el uso ordinario de oficina en esa planta del edificio. El ático está situado en una novena planta de un inmueble residencial.

Ahí comenzó una de las grietas que alimentaron la polémica. Un inmueble residencial de lujo, comprado mediante una empresa pública para una finalidad administrativa que después chocaba con las condiciones urbanísticas del edificio. La operación, silenciosa durante meses, pasó rápidamente del ladrillo al pleno de la Asamblea.

Una oficina vacía añadió nuevas dudas

La controversia ganó otra capa cuando trascendió que Planifica Madrid disponía al mismo tiempo de una oficina vacía de 478 metros cuadrados cerca de Plaza de Castilla, prácticamente del mismo tamaño que el ático. La existencia de ese espacio ha servido a la oposición para cuestionar por qué era necesaria una adquisición adicional de 6,3 millones.

El Gobierno autonómico ha defendido que la operación respondió a las necesidades temporales derivadas de las obras de la sede presidencial. Sus adversarios políticos reclaman conocer con detalle quién propuso la compra, qué alternativas se valoraron y qué informes administrativos justificaron escoger precisamente esa propiedad.

También se ha conocido que antes de cerrar la operación se habían buscado inmuebles de gran tamaño y con terraza en Chamberí o zonas próximas. Entre las propiedades examinadas hubo, según la información publicada sobre el proceso, otras alternativas más baratas antes de que Planifica Madrid se decantara por el ático de Martínez Campos.

Ayuso niega que el ático fuese una residencia para ella

Una de las principales disputas gira alrededor del uso que realmente iba a darse al piso. Más Madrid y PSOE han sugerido que podía acabar vinculado a una residencia para la presidenta. Ayuso lo niega y ha sostenido que no tenía intención de instalarse allí.

Durante el Debate sobre el Estado de la Región, la dirigente del PP afirmó que le parecería razonable que el presidente de la Comunidad de Madrid pudiera disponer de una residencia oficial, como ocurre con responsables institucionales de otros territorios, pero insistió en que el piso de General Martínez Campos no había sido comprado para ese fin.

Bergerot interpreta la secuencia de otra manera. La portavoz de Más Madrid sostiene que Ayuso no terminó utilizando el inmueble porque la operación se conoció públicamente y considera que las explicaciones ofrecidas desde el Ejecutivo madrileño no despejan las dudas sobre su finalidad inicial. Esa es la tesis política de su partido, no un hecho establecido judicialmente.

La visita al inmueble también quedó bajo el foco

La propia Ayuso visitó el ático después de su compra, según confirmó el Ejecutivo madrileño, que defendió que acudió para conocer una posible solución temporal mientras se estudiaba el traslado por las obras de la Real Casa de Correos. Desde el Gobierno se ha insistido en que aquella visita no equivalía a una decisión definitiva sobre su uso.

Para la oposición, ese vínculo refuerza la necesidad de conocer el expediente completo. Para el Ejecutivo, no demuestra que existiera un proyecto de residencia personal o presidencial. Los mismos hechos, dos interpretaciones políticas enfrentadas. Y en medio, una operación inmobiliaria pública de más de seis millones de euros.

El piso salió otra vez al mercado por 6,69 millones

Después de estallar la polémica, Planifica Madrid puso el inmueble de nuevo en el mercado. El precio de salida quedó fijado en 6,69 millones de euros, frente a los 6,3 millones pagados en abril. La Comunidad vinculó la venta del ático y de otros inmuebles a la obtención de recursos para la reconstrucción de municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

El plazo para presentar ofertas terminó el 7 de septiembre. La apertura pública de las propuestas económicas, inicialmente prevista para el 16 de septiembre, fue aplazada al 17 de septiembre a las 14.00 horas por motivos organizativos. Hasta la culminación del procedimiento no puede darse por hecho ni que exista comprador ni cuál será el resultado económico final de la venta.

Así, una adquisición concebida en primavera como solución inmobiliaria temporal se convirtió en pocos meses en una operación de compraventa sometida a un intenso escrutinio parlamentario y judicial. El recorrido ha sido peculiar, incluso para los estándares de la política madrileña: comprar, justificar, rectificar y vender, todo antes de que acabara el verano.

Cinco denuncias y una investigación todavía abierta

El elemento que obliga a separar cuidadosamente la batalla política de los hechos jurídicos está en los tribunales. La Fiscalía Provincial de Madrid recibió cuatro denuncias relacionadas con la adquisición —tres de particulares y otra del PSOE— y las remitió al Juzgado de Instrucción número 8, que ya había abierto diligencias a partir de la denuncia de Iustitia Europa. En total, son cinco denuncias vinculadas a la operación examinadas en ese procedimiento.

La denuncia que originó las diligencias planteaba posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público. Se trata de hipótesis formuladas por los denunciantes que tendrán que ser valoradas por el juzgado; no de delitos declarados probados.

La diferencia no es un detalle. Que Bergerot hable de corrupción no convierte esa calificación en un hecho judicialmente acreditado. Tampoco la apertura de diligencias equivale a una condena, ni siquiera a la confirmación de que vaya a producirse una acusación formal. La responsabilidad penal debe acreditarse en sede judicial; la responsabilidad política se discute, mientras tanto, en otro terreno.

El ático que sigue marcando el debate madrileño

La compra ha sobrevivido al verano y ha entrado de lleno en el nuevo curso político. El PP rechazó la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, por lo que las explicaciones parlamentarias han quedado concentradas fundamentalmente en Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente de la empresa pública.

Más Madrid y PSOE han reclamado la documentación relativa a la operación. El Ejecutivo de Ayuso sostiene que la compra respondió a una necesidad administrativa y niega que escondiera una residencia para la presidenta. Entre ambas posiciones queda un expediente inmobiliario que ha resultado bastante más difícil de desalojar del debate político que de volver a poner en venta.

Lo comprobado hasta este 17 de septiembre es más concreto: Planifica Madrid compró el ático por 6,3 millones, planteó utilizarlo durante las obras de la sede presidencial, posteriormente lo puso a la venta por 6,69 millones y la operación está siendo examinada judicialmente tras varias denuncias. Sobre esa secuencia Bergerot construye su acusación de corrupción; Ayuso la rechaza y ha retado a la portavoz de Más Madrid a sostenerla fuera del ámbito parlamentario. La última palabra sobre la existencia o no de responsabilidades penales, esa sí, corresponde a los tribunales.