La reforma de Milei moviliza a miles de trabajadores en Argentina

Miles de personas se concentraron el jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La movilización, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), reunió a sindicatos, organizaciones sociales y referentes de la oposición, y coincidió con una señal política relevante: el debate en el Senado se aplazó hasta el 10 de febrero de 2026. El proyecto seguía en trámite y todavía podía cambiar; no era una ley aprobada ni sus medidas estaban vigentes.

La disputa va mucho más allá de una modificación aislada. El texto propone cambios en indemnizaciones, organización de la jornada, huelgas, convenios colectivos y aportes patronales. El Gobierno sostiene que las reglas actuales frenan las contrataciones y que flexibilizar algunos costes puede ampliar el empleo registrado; la CGT teme que la reforma reduzca la capacidad de negociación y la protección de los trabajadores. La marcha convirtió ese choque de diagnósticos en una pulseada visible entre la calle y el Congreso.

Una movilización frente a la Casa Rosada

Desde el mediodía, columnas de manifestantes fueron llegando a la plaza situada frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Muchos llevaban camisetas sindicales, banderas y carteles contra la iniciativa. La CGT encabezó la convocatoria, a la que se sumaron las dos CTA, otros gremios, movimientos sociales y partidos políticos. También participaron diputados, senadores y dirigentes opositores, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La protesta reunió así a organizaciones laborales y actores políticos que comparten el rechazo, aunque no necesariamente todas sus posiciones.

Dirigentes sindicales plantearon que el proyecto podía enfrentar a trabajadores entre sí y debilitar la defensa colectiva de sus condiciones. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, lo presentó como un ataque a la libertad vinculada al trabajo. Kicillof, por su parte, afirmó ante medios locales que no encontraba elementos favorables a los empleados. Son valoraciones de quienes se oponen al texto; el oficialismo defiende una lectura distinta sobre sus efectos económicos. La discusión enfrenta, por tanto, dos explicaciones sobre cómo se protege el empleo: mediante derechos colectivos o reduciendo obstáculos a la contratación.

La jornada también incluyó acciones gremiales fuera de la plaza. Los controladores aéreos realizaron paros rotativos, mientras que otros sindicatos organizaron medidas de fuerza y hubo manifestaciones en ciudades de distintas provincias. La CGT denunció que controles policiales en las rutas dificultaban el paso de autobuses con manifestantes; esa queja formó parte del clima de tensión alrededor de la convocatoria. La protesta no se limitó a una concentración porteña, aunque la Plaza de Mayo fue su principal escenario y termómetro político.

El aplazamiento cambió el ritmo del debate

El Senado había comenzado a discutir la propuesta en comisiones durante la semana de la movilización. Patricia Bullrich, senadora oficialista y presidenta de la comisión que analizaba el texto junto con la de Presupuesto, anunció que el tratamiento se trasladaría al 10 de febrero de 2026. La intención declarada fue dejar abierto el dictamen y disponer de tiempo para examinar las propuestas recibidas. El aplazamiento apartó la posibilidad de una aprobación antes de finalizar 2025, pero no significó que el proyecto quedara retirado.

El cambio de calendario también reflejó que el oficialismo necesitaba seguir negociando. Para llevar una iniciativa al recinto no basta con defenderla en público: hacen falta apoyos parlamentarios suficientes, y los bloques pueden pedir modificaciones o condicionar sus votos. El proyecto había logrado avanzar en el trabajo de comisión, pero la sesión se pospuso mientras continuaban las conversaciones. La fecha de febrero marcaba el siguiente momento previsto para la discusión, no un resultado asegurado.

En la movilización, la CGT advirtió que mantendría la oposición en el Congreso y en las calles. Dirigentes sindicales plantearon la posibilidad de un paro general si el texto avanzaba sin cambios sustanciales. Esa amenaza expresa una estrategia de presión, no la confirmación de una huelga nacional con fecha definida. Entre tanto, el debate podía incorporar ajustes en distintos artículos, algo que daba margen tanto a los negociadores como a quienes buscaban frenar la reforma. La demora abrió una ventana política, pero dejó intacta la controversia de fondo.

Qué pretende cambiar el proyecto laboral

La iniciativa, denominada Ley de Modernización Laboral, abarca distintos aspectos de la relación entre empresas y trabajadores. Entre sus ejes figuran las modalidades de contratación y pago, el cálculo de indemnizaciones, la distribución de las horas de trabajo, el alcance de las huelgas y la negociación colectiva. También incluye incentivos para registrar empleo y un régimen para regularizar relaciones laborales no declaradas. Por eso, el alcance de la propuesta no se reduce a una jornada más larga o a una única modificación en el despido.

El Gobierno argumenta que la legislación vigente genera incertidumbre y encarece la contratación formal. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo ante una comisión del Senado que las empresas temen entrar en un marco que consideran conflictivo. El Ejecutivo describe el mercado laboral como afectado por reglas obsoletas y busca flexibilizar contratos y reducir cargas patronales. Su apuesta es que unas condiciones más previsibles animen a contratar; que eso ocurra dependerá de cómo respondan las empresas y de la evolución de la economía.

Los sindicatos responden que reducir costes o flexibilizar relaciones no garantiza por sí solo empleos de calidad. También sostienen que una negociación individual o dentro de cada empresa puede producir condiciones menos favorables que las pactadas para un sector entero, sobre todo cuando el trabajador negocia desde una posición más débil. En las referencias usadas durante el debate se señala que cerca del 40% de la fuerza laboral está en la informalidad. Ese dato ayuda a explicar la urgencia compartida de ampliar el empleo registrado, aunque las partes discrepan sobre el camino para conseguirlo.

Indemnizaciones, aportes y el fondo laboral

Uno de los puntos más discutidos es el cálculo de la indemnización por despido. El texto propone excluir de la base ciertos conceptos que no se abonan mensualmente, como el aguinaldo, las vacaciones y algunos premios o beneficios. Además, plantea pautas para actualizar sumas reconocidas en sentencias judiciales y contempla que determinados pagos puedan fraccionarse hasta en 12 cuotas. Si se aprobara en esos términos, cambiaría tanto la base de cálculo como algunas condiciones de pago, pero no conviene tratar esas previsiones como derecho vigente.

La propuesta crea asimismo un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una aportación mensual empresarial del 3% sobre la base de contribuciones al sistema previsional. El dinero se depositaría en una cuenta separada y se destinaría a cubrir indemnizaciones y preavisos en relaciones laborales registradas que hayan durado al menos 12 meses. Si el fondo no alcanzara para pagar lo correspondiente, la diferencia seguiría a cargo de la empresa. El mecanismo funcionaría como una reserva para afrontar costes de desvinculación, no como una eliminación automática de la responsabilidad del empleador.

El régimen se plantea como optativo y el proyecto vincula ese aporte con una reducción equivalente de contribuciones patronales al sistema previsional. El Gobierno lo presenta como una herramienta para dar previsibilidad, en especial a las pequeñas y medianas empresas. Los críticos, en cambio, advierten de que podría abaratar el despido y trasladar recursos que hoy alimentan el sistema. La controversia no es solo cuánto costaría una desvinculación, sino quién financia ese coste y qué efectos tendría sobre la protección social.

Jornadas más flexibles y horas acumuladas

El banco de horas es otra de las medidas que explica el rechazo sindical. En lugar de pagar todas las horas extra con un recargo, empresa y trabajador podrían acordar compensarlas después con tiempo libre o jornadas más cortas. El proyecto mantiene la posibilidad de abonarlas con los recargos previstos, del 50% en días laborables y del 100% en fines de semana y festivos, pero añade esa alternativa de compensación. La diferencia práctica está en recibir dinero por el tiempo extra o recuperarlo posteriormente como descanso.

La propuesta también permite pactar promedios de jornada mediante convenios o acuerdos de empresa. El texto descrito fija un descanso mínimo de 12 horas entre turnos y de 35 horas semanales. En ese marco, la distribución de horas podría adaptarse a periodos de mayor y menor actividad, algo que el Gobierno considera útil para sectores con demanda estacional. La reforma no equivale, sin más, a imponer a todos los trabajadores una jornada diaria de 12 horas: la organización dependería de los acuerdos y de los límites aplicables.

La posibilidad de jornadas más extensas en ciertos días, compensadas después, está detrás de la alarma por el horario de 12 horas. Para los sindicatos, acumular horas puede reducir el ingreso de quienes dependen de las extras pagadas para completar el sueldo y dejar demasiado margen a la empresa para organizar turnos. Para el Ejecutivo, disponer de más flexibilidad facilitaría responder a cambios de actividad sin multiplicar las horas extraordinarias. El efecto real dependería de cómo se pacte el sistema y de la capacidad de cada trabajador para negociar esas condiciones.

En materia de vacaciones, el proyecto permitiría dividirlas en bloques de al menos siete días. En los esquemas rotativos, se mantendría la obligación de que cada empleado disfrute de un periodo en verano al menos una vez cada tres años. La medida busca adaptar el calendario de descanso a las necesidades de actividad, pero su aplicación también quedaría ligada a la negociación y a la organización concreta de cada sector. La flexibilidad del calendario puede ser útil para algunas actividades y problemática si reduce el control del trabajador sobre su tiempo de descanso.

Huelgas, servicios mínimos y actividad sindical

El proyecto amplía las actividades consideradas servicios esenciales, que deberían mantener al menos el 75% de su funcionamiento durante una huelga. A sectores como la salud, el agua, la energía y el control aéreo se añadirían, entre otros, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el tráfico portuario, las aduanas, las migraciones y la educación, salvo la universitaria. Cuanto mayor sea el nivel de actividad que debe mantenerse, menor puede ser el impacto de una huelga sobre el servicio y sobre la negociación.

La propuesta incorpora además una categoría de servicios de importancia trascendental, con una prestación mínima del 50%. El listado abarca ámbitos como la banca y las finanzas, el transporte de pasajeros y cargas, los medios y plataformas, y varias industrias, además de la construcción, la hostelería y el comercio electrónico. Para el Gobierno, esos mínimos protegerían a usuarios y a la economía; para las centrales sindicales, una clasificación tan amplia puede restringir la eficacia de las medidas de fuerza. La disputa gira en torno al equilibrio entre mantener servicios y conservar una herramienta de presión laboral efectiva.

Las reglas propuestas también afectan a asambleas y reuniones de delegados dentro de las empresas. Estas no deberían interferir en el funcionamiento normal y requerirían autorización del empleador; el tiempo dedicado a ellas no sería remunerado. El texto, además, tipifica como faltas muy graves los bloqueos y las tomas que impidan entrar al lugar de trabajo. Así, el proyecto no solo regula cuánto servicio debe continuar durante una huelga, sino también cómo puede organizarse la actividad sindical en el centro de trabajo.

La extensión de los servicios mínimos enlaza con una disputa previa sobre el alcance del derecho de huelga. El Gobierno defiende la necesidad de garantizar prestaciones básicas y limitar los perjuicios a terceros. Los sindicatos sostienen que imponer niveles altos en más sectores puede vaciar de efecto una protesta, incluso cuando la convocatoria se mantiene formalmente permitida. El desacuerdo consiste en determinar cuándo una restricción protege a la población y cuándo reduce demasiado la capacidad colectiva de los trabajadores.

Convenios colectivos y negociación dentro de cada empresa

Otro cambio de calado afecta a la ultraactividad, el principio por el que un convenio colectivo puede seguir aplicándose cuando vence, hasta que se acuerde uno nuevo. La iniciativa limitaría esa continuidad, aunque preservaría las condiciones de trabajo. Si se aprueba, la medida podría cambiar el equilibrio de las negociaciones cuando un convenio expire y las partes todavía no hayan cerrado un reemplazo. El debate no trata solo de salarios: también determina qué reglas siguen protegiendo a los trabajadores durante una negociación prolongada.

El texto da prioridad a los convenios de ámbito menor, como los acuerdos de empresa, frente a los convenios sectoriales, incluso si los primeros resultan menos favorables para el empleado. El Ejecutivo defiende que cada compañía pueda adaptar las condiciones a su productividad y situación. La CGT teme que la negociación se fragmente y que empresas de un mismo sector compitan reduciendo salarios o garantías. La cuestión central es si la adaptación local mejora la respuesta a cada realidad empresarial o debilita el suelo común de derechos.

La propuesta incluye, además, una negociación más abierta sobre componentes variables de la remuneración, como bonos, premios o complementos ligados a la productividad. También contempla el pago del salario en moneda extranjera, si existe acuerdo, y su depósito en billeteras virtuales, junto con recibos digitales. No se trata de una obligación general de cobrar en dólares ni de sustituir automáticamente el salario de convenio: son opciones previstas en el proyecto. La preocupación sindical es que los complementos individuales resten peso a las escalas colectivas y aumenten las diferencias entre trabajadores.

El capítulo de contratos a tiempo parcial busca actualizar modalidades con menos horas que la jornada habitual y una remuneración y unos aportes proporcionales. El Gobierno lo presenta como una vía para formalizar trabajos que hoy pueden desarrollarse de manera irregular. Sin embargo, una modalidad parcial no garantiza por sí misma que el empleo sea estable o suficiente: su resultado dependerá de las condiciones pactadas y de la forma en que las empresas la utilicen. La formalización importa, pero también importa la calidad del empleo que se registra.

Incentivos para registrar empleo y preguntas abiertas

La iniciativa incorpora un régimen temporal de incentivos para empresas que amplíen su plantilla con personas desempleadas, monotributistas o antiguos empleados públicos. El esquema descrito prevé reducciones de contribuciones patronales durante cuatro años para las contrataciones que cumplan las condiciones del programa. A eso se suma un mecanismo para regularizar trabajadores no registrados, con condonación de multas, extinción de acciones penales por evasión y planes de pago de deudas por aportes de hasta 72 cuotas. El objetivo declarado es que parte del empleo informal pase a estar registrado, aunque el alcance dependerá de la respuesta de las empresas.

Ese diseño abre una discusión sobre los incentivos y sus consecuencias. El Gobierno considera que facilitar la regularización puede resultar más eficaz que mantener costes que algunos empleadores no afrontan. Los críticos temen que las condonaciones premien a quienes incumplieron y alimenten la expectativa de que futuras regularizaciones vuelvan a perdonar deudas. La medida puede aumentar el registro en el corto plazo, pero el debate también alcanza a la equidad entre quienes cumplieron y quienes quedaron fuera de la ley.

La informalidad ayuda a entender por qué las dos partes presentan sus propuestas como una defensa del empleo. Para el Ejecutivo, las reglas más flexibles pueden animar a contratar formalmente; para los sindicatos, si la formalización llega acompañada de menos protección, el cambio no necesariamente mejora la vida laboral. Y quienes ya trabajan en la economía informal podrían no quedar cubiertos por todas las garantías previstas para una relación registrada. El desafío consiste en ampliar el empleo formal sin convertir la reducción de derechos en la principal vía para lograrlo.

Una reforma que aún depende del Congreso

La manifestación de diciembre elevó el coste político de una reforma que ya había provocado desacuerdos en el Senado. El anuncio de Bullrich trasladó el tratamiento al 10 de febrero de 2026 y dejó tiempo para que el oficialismo buscase apoyos y los bloques planteasen cambios. Entre los capítulos más sensibles están los servicios mínimos, las reglas para las asambleas, el banco de horas y la relación entre convenios sectoriales y acuerdos empresariales. El calendario podía cambiar, pero ninguna de esas controversias había quedado resuelta con el aplazamiento.

El desenlace dependería de las negociaciones parlamentarias y de la capacidad del Gobierno para reunir votos. Los sindicatos, a su vez, anunciaron que continuarían la oposición y dejaron abierta la posibilidad de un paro general. En ese escenario, las modificaciones al texto podían servir para acercar posiciones o, por el contrario, dejar intactos los puntos que la CGT considera centrales. La calle y el Congreso operaban como dos frentes de una misma disputa, con objetivos y herramientas diferentes.

Para los trabajadores, el impacto potencial no sería idéntico en todas las actividades. Quien cobra horas extra podría encontrarse con una compensación en tiempo; un empleado de un sector incluido entre los servicios esenciales tendría límites distintos durante una huelga; y un convenio de empresa podría adquirir más peso que el acuerdo de toda una rama. En un eventual despido, el fondo propuesto cubriría parte del coste según sus reglas, pero la empresa seguiría respondiendo por lo que faltara. La consecuencia concreta dependería del puesto, del convenio aplicable y de la versión final que aprobase el Congreso.

La marcha de Plaza de Mayo fue, en ese sentido, algo más que una expresión de rechazo: hizo visible el conflicto sobre quién debe asumir los riesgos de un mercado laboral cambiante. El Gobierno apuesta por flexibilizar reglas para promover contrataciones y reducir incertidumbres empresariales; los sindicatos sostienen que varias de esas herramientas pueden debilitar la negociación colectiva y limitar la protesta. La reforma seguía pendiente, pero la discusión ya había puesto en el centro una pregunta decisiva para Argentina: cómo ampliar el empleo formal sin vaciar de protección el trabajo que se crea.