¿Por qué crece la tensión en Tordoia por coches, aceras y amenazas?

Una disputa por algo tan cotidiano como aparcar sobre una acera ha terminado convirtiéndose en un conflicto vecinal de mucha mayor gravedad en Petón, una pequeña aldea de Bardaos, en el municipio coruñés de Tordoia. Miquel Suárez, vecino de la zona y padre de dos niñas, ha denunciado ante la Guardia Civil un episodio de amenazas después de meses reclamando medidas para impedir que los coches ocupen el espacio reservado a los peatones.

La tensión alcanzó otro nivel a finales de agosto. Según la denuncia presentada por Suárez, después de ser identificado cerca de un bar como la persona que había avisado a la Guardia Civil por los estacionamientos irregulares, escuchó una frase difícil de confundir con una discusión sobre tráfico: «Eso costa 5.000 euros matalo». El vecino acudió el 27 de agosto al cuartel de Ordes para denunciar lo sucedido. El conflicto, que había empezado con coches encima de una acera, entraba así en un terreno bastante menos doméstico.

De los coches en la acera a una denuncia por amenazas

Suárez se trasladó desde Santiago de Compostela a Petón con su mujer y sus hijas, de 8 y 3 años. Allí se encontró con una situación que, según viene denunciando desde hace meses, se había normalizado: varios vehículos estacionaban sobre las aceras de la carretera provincial DP-8401, obligando a quienes caminaban por la zona a bajar a la calzada.

No es precisamente el mejor escenario para improvisar un paseo. La vía conecta A Tablilla, en Cerceda, con Agro do Mestre, en Trazo, y el punto conflictivo está próximo a un cambio de rasante. Existe además una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora. El propio informe de la Policía Local reconoce que la configuración de la carretera y la velocidad a la que pasan algunos vehículos generan peligro para los peatones.

La preocupación de Suárez tiene también una dimensión familiar muy concreta. Sus hijas deben cruzar por esa zona para coger el autobús escolar. Cuando la acera está bloqueada, caminar deja de significar avanzar unos metros protegido del tráfico y pasa a significar compartir espacio con los coches. Es una diferencia pequeña en el plano y enorme cuando quien camina mide poco más de un metro.

Una reclamación que comenzó en septiembre de 2025

El vecino presentó en septiembre de 2025 un escrito ante el Concello de Tordoia. Pedía vigilancia sobre los estacionamientos, la posible instalación de bolardos y la construcción de un paso de peatones elevado que, además de facilitar el cruce, obligase a reducir la velocidad.

La respuesta inicial fue bastante más modesta: se colocaron dos conos delante de su vivienda y la petición fue trasladada a la Diputación de A Coruña, titular de la carretera. Pasaron los meses sin que llegara una solución que modificase de forma sustancial el funcionamiento del tramo.

En mayo de 2026, tras unos nueve meses de gestiones, Suárez decidió acudir a la Valedora do Pobo, la institución gallega encargada de supervisar la actuación de las administraciones y defender los derechos de los ciudadanos frente a posibles deficiencias de los poderes públicos.

La Policía Local admite el peligro para los peatones

Uno de los elementos más relevantes del caso está en el informe elaborado por la Policía Local. No se trata únicamente de una percepción del denunciante. El documento señala que la estrechez de la zona y la configuración de las aceras hacen imposible estacionar correctamente determinados vehículos en la vía.

La presencia de establecimientos comerciales próximos favorece que algunos conductores terminen dejando sus coches encima de la acera. El resultado es bastante previsible: los peatones se ven forzados a invadir el carril de circulación.

A eso se suma el cambio de rasante y una velocidad de paso que los agentes consideran inadecuada para las características del tramo. La conclusión policial es que existe una situación de peligro para los peatones, precisamente el argumento que Suárez llevaba meses planteando en sus reclamaciones.

Aparcar en la acera no es una peculiar costumbre local

Aquí hay poco espacio para interpretaciones pintorescas. El Reglamento General de Circulación prohíbe estacionar sobre las aceras, paseos y zonas destinadas al paso de peatones. La acera puede resultar muy cómoda para dejar un coche cuando falta aparcamiento, claro, del mismo modo que una plaza pública podría parecer estupenda para guardar una furgoneta. El problema es que no está destinada a eso.

La normativa también establece que el estacionamiento no debe obstaculizar la circulación ni crear riesgo para los demás usuarios de la vía. Cuando los vehículos obligan a una persona a bajar a la calzada para continuar caminando, el asunto deja de ser una simple molestia entre vecinos y entra de lleno en el terreno de la seguridad vial.

Las soluciones habituales en puntos donde el estacionamiento invade recurrentemente los espacios peatonales pasan por reforzar la señalización, utilizar elementos separadores o instalar obstáculos físicos que impidan ocupar la acera. Dicho de forma menos burocrática: peatones y coches no deberían disputarse el mismo metro por falta de una solución estable.

Concello y Diputación se reparten las competencias

El Concello de Tordoia sostiene que trasladó las reclamaciones a la Diputación de A Coruña, responsable de la DP-8401, y que estudia habilitar una zona de aparcamiento. La Diputación, por su parte, considera que el emplazamiento no reúne los criterios técnicos recomendados para construir el paso de peatones solicitado.

En cuestiones como el control de los excesos de velocidad o los estacionamientos reiterados sobre las aceras, la institución provincial señala hacia el Concello o hacia Tráfico. La fotografía administrativa resulta familiar: una carretera, varias competencias y el ciudadano intentando averiguar en qué despacho termina exactamente el problema.

La Valedora do Pobo intervino en julio y recomendó a las administraciones implicadas que adoptasen, dentro de sus respectivas competencias, medidas capaces de reducir la situación de riesgo. La discusión técnica sobre quién pinta una línea, coloca un bolardo o autoriza un paso peatonal no elimina el hecho básico: hay personas caminando por una carretera porque los vehículos ocupan el espacio concebido para ellas.

La llegada de la Guardia Civil cambió el conflicto

Durante el verano, Suárez acudió también a la Guardia Civil de Ordes para denunciar lo que consideraba hostigamiento social relacionado con sus reclamaciones. La intervención de los agentes tuvo un efecto visible: se obligó a retirar vehículos estacionados sobre las aceras y se impuso alguna sanción.

El propio vecino reconoce que desde entonces el número de coches mal estacionados se ha reducido considerablemente. Aquello que durante meses parecía difícil de corregir empezó a cambiar cuando aparecieron los agentes. Misterios de la movilidad rural.

Pero también aumentó la tensión personal. El 26 de agosto, según su relato, pasó junto a un establecimiento próximo a su vivienda y alguien lo identificó como el vecino que había llamado a la Guardia Civil. Fue entonces cuando asegura haber escuchado la referencia a que matarlo costaría 5.000 euros, acompañada posteriormente por otra alusión intimidatoria a contratar a una persona para hacerlo.

Suárez presentó al día siguiente una nueva denuncia ante la Guardia Civil. Será la investigación correspondiente la que determine el alcance de lo sucedido y las posibles responsabilidades. La legislación española contempla específicamente las amenazas de causar un mal constitutivo de delitos graves, aunque la calificación jurídica concreta depende siempre de los hechos que puedan acreditarse.

El regreso al colegio devuelve el foco a la carretera

El conflicto llega a septiembre con una circunstancia que devuelve la seguridad vial al centro del problema: el comienzo del curso escolar. Para Suárez, la discusión no gira únicamente alrededor de ganar una batalla personal contra otros vecinos, sino del recorrido que hacen sus hijas para llegar al transporte escolar.

El alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro, sostiene que la Policía Local ha explicado a los vecinos que no se puede aparcar sobre las aceras y asegura que actualmente prácticamente nadie continúa haciéndolo. Respecto al paso de peatones, el Concello mantiene que la decisión corresponde a la Diputación y que las técnicas provinciales descartaron su construcción porque el lugar no cumple los criterios necesarios.

La reducción de los estacionamientos supone una mejora, pero no resuelve completamente la cuestión planteada durante estos meses: cómo garantizar un itinerario peatonal seguro en un tramo donde confluyen viviendas, pequeños negocios, tráfico y menores que se desplazan para coger el autobús.

Una acera que terminó retratando un problema mucho mayor

Petón podría parecer uno de esos conflictos minúsculos que apenas ocupan unos metros de carretera: un coche mal aparcado, un vecino que protesta, otro que se molesta. Pero bajo esa superficie aparece algo bastante más incómodo.

Está la seguridad de los peatones, especialmente la de los niños. Está la lentitud con la que distintas administraciones responden cuando una carretera depende de una institución, la vigilancia de otra y la solución física quizá de ambas. Y está, finalmente, la degradación de una discrepancia vecinal hasta desembocar en denuncias por amenazas.

Todo empezó porque una acera no podía utilizarse para caminar. Parece poca cosa. Hasta que una niña tiene que bajar a la carretera para esquivar un coche y alguien termina entrando en un cuartel para denunciar que ha escuchado cuánto supuestamente costaría matarlo. Entonces la discusión sobre dónde aparcar deja, definitivamente, de ser una discusión sobre aparcamiento.