¿Guiaron agentes marroquíes la entrada masiva de migrantes a Ceuta?

La crisis de Ceuta acaba de abrir un frente bastante más incómodo que el puramente migratorio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al director general de la Policía, Francisco Pardo, que aclare con urgencia si la Policía Nacional dispone de información según la cual gendarmes marroquíes habrían guiado la entrada masiva de personas en Ceuta y, sobre todo, desde cuándo conoce esos datos el cuerpo.

El movimiento llega después de que El Español publicara que la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras habría trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón una hipótesis especialmente grave: la llegada de los días 30 y 31 de julio no habría sido únicamente un fenómeno migratorio descontrolado, sino un proceso organizado para saturar la frontera española, con participación sobre el terreno de agentes marroquíes.

Por el momento, conviene mantener cada verbo en su sitio. Esa tesis forma parte de información policial sometida a investigación y no existe una resolución judicial que la dé por probada. Lo que sí está confirmado es que Marlaska quiere conocer qué información manejaba la Policía, cuándo la obtuvo y por qué un asunto de semejante calibre aparentemente no había llegado antes al responsable político de Interior.

Marlaska quiere saber qué sabía la Policía y desde cuándo

La carta enviada de madrugada por Grande-Marlaska plantea una cuestión institucional bastante sencilla, aunque sus consecuencias podrían no serlo: cuándo llegó esa información a la Policía Nacional y por qué el ministro no disponía de ella.

Interior considera que, de confirmarse lo publicado, se trataría de información esencial para que el Gobierno pueda adoptar decisiones relacionadas no solo con inmigración, sino también con la seguridad nacional, la política exterior y la defensa de los intereses del Estado. Marlaska reclama que los datos sean puestos a disposición de los órganos competentes.

El ministro recuerda también que la existencia de diligencias judiciales no impide que las fuerzas de seguridad comuniquen información relevante a quien ejerce el mando superior en materia de seguridad interior. Ahí aparece una de las partes más delicadas del episodio. No es únicamente qué pudo ocurrir al otro lado de la frontera, sino qué información circulaba dentro del Estado español.

Si un documento de semejante relevancia llegó a una investigación judicial sin que el Ministerio del Interior conociera previamente su contenido, el problema adquiere una segunda dimensión. Y bastante seria.

El informe atribuido al CENIF cambia el foco sobre Marruecos

Según la información publicada, el CENIF, unidad especializada de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría descrito una actuación coordinada en territorio marroquí durante las horas previas y simultáneas a la entrada masiva.

Gendarmes uniformados habrían dado indicaciones a grupos de migrantes para dirigirse hacia determinadas zonas de acceso a Ceuta, mientras personas vestidas de paisano habrían supervisado el movimiento y transmitido instrucciones sobre el terreno. El informe interpreta esa dinámica como algo distinto de una avalancha espontánea causada exclusivamente por rumores, redes sociales o mafias de inmigración.

La tesis va más lejos. El documento atribuido a la Policía sostiene que el objetivo habría sido colapsar el sistema español de control fronterizo y reducir su capacidad de reacción. También relacionaría los acontecimientos con la histórica reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla.

Son afirmaciones de enorme calado diplomático y precisamente por eso no pueden convertirse automáticamente en hechos acreditados. El informe plantea una hipótesis policial; la investigación tendrá que determinar qué pruebas la respaldan y hasta dónde puede demostrarse una eventual participación de agentes marroquíes.

Una alerta policial fechada antes de la entrada masiva

Otro detalle complica todavía más la secuencia temporal. Según las informaciones conocidas, el CENIF emitió el 29 de julio, un día antes del momento crítico de la crisis, una alerta sobre un riesgo extremo de entrada en Ceuta y Melilla previsto para la jornada siguiente, principalmente por vía marítima.

La nota advertía de posibles accesos coordinados mediante saltos de la valla y entradas a nado. La cuestión que se abre es hasta dónde llegaba aquella advertencia: una cosa es prever un movimiento migratorio masivo y otra, mucho más sensible, disponer de indicios sobre una posible intervención de las fuerzas de seguridad de un país vecino.

Eso es precisamente lo que Marlaska pretende despejar. Porque conocer que miles de personas pueden intentar atravesar una frontera exige una respuesta policial; saber que detrás podría existir una actuación organizada desde Marruecos obliga a activar resortes políticos y diplomáticos muy distintos.

El problema para el Gobierno: su versión anterior era otra

La revelación resulta políticamente incómoda porque llega después de que Pedro Sánchez asegurara que no existía información procedente de las fuerzas de seguridad, el CNI u otros servicios de inteligencia que apuntara a una participación de las autoridades marroquíes.

El presidente había defendido que la colaboración con Marruecos en materia migratoria era positiva y había recordado el despliegue policial realizado en la zona de Castillejos una vez desencadenada la crisis. Esa posición pública choca, al menos aparentemente, con la existencia de un documento policial que estaría manejando una hipótesis bastante distinta.

El Gobierno fue incluso más categórico el 1 de septiembre. Su portavoz, Elma Saiz, afirmó que no existían evidencias, informes ni indicios de una participación marroquí en los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Al mismo tiempo, el Ejecutivo había colocado parte del foco sobre la amplificación digital de la crisis desde espacios vinculados a Rusia e Israel y sobre el papel de la desinformación.

Un día después, el ministro del Interior pide comprobar si precisamente existe ese informe policial sobre Marruecos. La contradicción, al menos sobre el papel, es difícil de ignorar.

Eso no permite concluir que el Gobierno conociera esos datos y los ocultara. Puede haber documentos de distinta naturaleza, niveles diferentes de inteligencia, comunicaciones que no alcanzaron a los responsables políticos o conclusiones elaboradas posteriormente. Pero sí exige aclarar quién sabía qué y en qué momento. Porque cuando se mezclan Marruecos, Ceuta, seguridad nacional y servicios de inteligencia, el habitual “nadie me lo comunicó” deja poco espacio para la comodidad.

Ceuta pasó de crisis migratoria a problema de seguridad nacional

La entrada masiva iniciada a finales de julio desbordó rápidamente el debate migratorio. Miles de personas cruzaron desde Marruecos, España desplegó recursos adicionales y el propio Sánchez llegó a describir lo ocurrido como un ataque y una vulneración de la integridad territorial española, aunque evitó responsabilizar directamente a Rabat.

Madrid y Rabat acordaron inicialmente reforzar la coordinación y agilizar el retorno de quienes hubieran entrado irregularmente. Interior llegó a calificar de “ejemplar” la colaboración con Marruecos, una expresión que adquiere un significado bastante distinto bajo la luz de las nuevas informaciones conocidas.

A finales de agosto, Interior cifraba en torno a 5.000 los migrantes que todavía permanecían en Ceuta, mientras continuaban los procedimientos de identificación, la atención a menores, las solicitudes de protección internacional y los retornos. La emergencia no terminó, por tanto, cuando dejaron de producirse entradas masivas; simplemente cambió de escenario.

Ahora aparece otra capa mucho más sensible: determinar si aquello fue solamente una crisis provocada y amplificada mediante redes sociales o si hubo también una dirección operativa desde territorio marroquí.

La relación entre España y Marruecos hace que cualquier indicio de este tipo adquiera rápidamente una dimensión mayor. Migración, cooperación policial, terrorismo, comercio, Canarias, Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla forman parte de una relación estratégica que puede parecer estable sobre el papel y volverse áspera en apenas unas horas.

Si las pesquisas confirmaran que funcionarios marroquíes facilitaron conscientemente una entrada destinada a saturar la frontera española, Madrid afrontaría un problema que excedería ampliamente la gestión migratoria. Pero una acusación diplomática de semejante magnitud tampoco puede construirse únicamente con filtraciones: harán falta documentos, testimonios, imágenes e identificación de responsabilidades.

La Audiencia Nacional investiga una hipótesis todavía abierta

La información policial ha llegado a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, dentro de unas actuaciones que se encuentran todavía en una fase inicial. Ese detalle importa. Mucho.

Una investigación judicial trabaja con hipótesis, documentos, testimonios e indicios que deben ser contrastados. Que un informe policial recoja una determinada conclusión no equivale a que esa conclusión esté probada ni a que pueda atribuirse responsabilidad política al Gobierno marroquí.

Las pesquisas deberán determinar qué ocurrió realmente en el lado marroquí de la frontera, quién impartió las supuestas instrucciones, qué pruebas existen sobre los agentes de paisano mencionados y si puede demostrarse una relación entre esas actuaciones y una estrategia deliberada contra España.

También será necesario separar lo perteneciente al terreno migratorio de aquello que pudiera entrar de lleno en el ámbito de la seguridad del Estado. Mezclar ambos planos sin pruebas sería irresponsable; ignorar indicios sólidos, también.

La incógnita ya no está solo al otro lado de la frontera

La carta de Marlaska ha colocado una segunda cuestión sobre el tablero: qué ocurrió dentro de las instituciones españolas entre el momento en que la Policía obtuvo su información y el instante en que el ministro tuvo conocimiento de ella.

Ese punto puede terminar resultando tan relevante como el posible papel de Marruecos. Hasta ahora, el Ejecutivo había defendido públicamente que no existían elementos que permitieran responsabilizar a Rabat y había situado buena parte del foco en la desinformación, las mafias y la instrumentalización digital de la crisis.

El documento atribuido al CENIF introduce una explicación diferente, quizá complementaria, quizá contradictoria. Todavía faltan hechos acreditados y responsabilidades concretas, pero el escenario político y judicial ha cambiado.

Marruecos vuelve al centro de la investigación sobre Ceuta y Marlaska necesita aclarar no solo qué pudieron hacer agentes del país vecino, sino también qué sabía su propia Policía y desde cuándo. A veces la frontera más incómoda no está marcada por una verja: está entre un informe que existe y el despacho al que nunca llegó.