Telefónica activa un ERE: cifras y filiales afectadas

Telefónica comunicó a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que, en las primeras cifras detalladas, afecta a 5.319 puestos en cuatro sociedades. El recorte alcanza a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar Plus+. Sin embargo, esa cantidad no representa el total definitivo: la compañía debía comunicar también la afectación prevista en otras tres empresas del grupo.

La cifra de alrededor de 6.000 salidas que circuló en los días previos sigue siendo una referencia inicial, no un resultado cerrado. El número final depende de la negociación con UGT, CCOO y Sumados-Fetico, y de las condiciones que se acuerden para cada sociedad. La empresa ha planteado el ajuste dentro de su nueva hoja de ruta, mientras los sindicatos reclaman que las salidas sean voluntarias y estén protegidas por garantías laborales.

De los rumores a las primeras cifras oficiales

Durante meses se sucedieron informaciones sobre una posible reducción de plantilla. Algunas estimaciones publicadas hablaban de unos 4.000 puestos y otras elevaron la cifra hasta 6.000. En esa fase, Telefónica sostuvo que analizaba distintas áreas del grupo, pero que no tenía sobre la mesa una propuesta formal de despido colectivo. La situación cambió cuando la empresa convocó a los sindicatos para explicar la aplicación de su plan estratégico y las medidas laborales asociadas.

Las cifras concretas empezaron a conocerse después de las reuniones de negociación de noviembre de 2025. La primera comunicación detallada fijó 3.649 salidas en Telefónica de España, 1.124 en Telefónica Móviles, 267 en Telefónica Soluciones y 279 en Movistar Plus+. Sumadas, esas cantidades dan 5.319 puestos entre las cuatro filiales, aunque la compañía todavía tenía que precisar el impacto en Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Por eso conviene distinguir entre tres números que se mezclaron en la cobertura del proceso: las estimaciones difundidas antes de la negociación, la propuesta trasladada para las sociedades ya anunciadas y el balance que pueda resultar de un eventual acuerdo. Los 6.000 empleos no deben leerse como una cifra final confirmada con los datos disponibles sobre aquellas reuniones. La negociación podía reducir, modificar o concretar el alcance previsto, y todavía faltaba conocer el detalle de tres empresas.

Qué empresas entran en el ajuste y qué significan las cifras

Las cuatro sociedades con cantidades comunicadas concentran perfiles y actividades distintas. Telefónica de España y Telefónica Móviles agrupan buena parte de los servicios de telefonía fija y móvil; Telefónica Soluciones presta servicios de tecnología y comunicaciones, mientras que Movistar Plus+ opera en el negocio audiovisual. El ajuste, por tanto, no se limita a una sola área ni a una única marca comercial, sino que se articula mediante expedientes separados para distintas sociedades del grupo.

La mayor cifra anunciada corresponde a Telefónica de España, con 3.649 puestos. Le siguen Telefónica Móviles, con 1.124; Movistar Plus+, con 279; y Telefónica Soluciones, con 267. De acuerdo con los datos difundidos durante el proceso, esos recortes equivalían a alrededor del 41% de la plantilla de Telefónica de España, el 31% de Móviles, el 32% de Movistar Plus+ y el 24% de Soluciones. El porcentaje varía mucho según la sociedad, de modo que el total agregado no refleja por igual el efecto en cada plantilla.

La empresa debía completar el mapa con Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. En algunos medios se barajó que el conjunto pudiera situarse entre 6.000 y 7.000 salidas, pero ese intervalo no equivalía a una cifra cerrada por la compañía. Sin el desglose de las tres sociedades pendientes no podía conocerse el alcance completo, ni calcular con precisión qué parte de la plantilla española quedaría afectada.

Un ERE no equivale a un plan de salidas voluntarias

Un expediente de regulación de empleo, conocido como ERE, es el procedimiento colectivo al que recurre una empresa para extinguir contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, entre otros supuestos previstos. En este caso se trata de despidos colectivos, no solo de un programa de bajas incentivadas. La diferencia importa: un plan de salidas voluntarias ofrece una vía acordada para que trabajadores elegibles se adhieran, mientras que el expediente establece un marco formal de negociación sobre las extinciones.

Que se tramite un ERE no determina por sí solo cuántas personas acabarán saliendo ni qué condiciones tendrá cada baja. La propuesta inicial se negocia con la representación laboral y puede cambiar antes de alcanzar un acuerdo. En los procesos anteriores de Telefónica, las adhesiones voluntarias llegaron a superar las plazas pactadas; eso demuestra que la voluntariedad puede ser central en la práctica, pero no garantiza automáticamente las mismas reglas en un expediente nuevo.

UGT, CCOO y Sumados-Fetico han defendido que el proceso tenga carácter voluntario y se articule mediante prejubilaciones u otras fórmulas pactadas, con condiciones económicas y sociales. También han reclamado que no haya exclusiones entre quienes quieran acogerse, una petición que los sindicatos describen como universalidad. Esas demandas son posiciones negociadoras, no condiciones ya aprobadas: su incorporación depende del acuerdo final entre empresa y representación de los trabajadores.

El vínculo con el plan estratégico y el ahorro de costes

El recorte se enmarca en la hoja de ruta presentada por Telefónica el 4 de noviembre de 2025, que fija objetivos de ahorro de costes de 2.300 millones de euros para 2028 y 3.000 millones para 2030. La dirección indicó que cerca del 75% de los ahorros previstos para 2028 corresponderían a gastos operativos, una categoría que incluye costes de personal. La reducción de plantilla forma parte del contexto financiero del plan, aunque la empresa no atribuyó todo el ahorro proyectado al ERE.

La compañía explicó que los objetivos de eficiencia incluyen las medidas que considera posibles y que cualquier actuación relacionada con las personas se abordaría junto con los representantes de los trabajadores. Esa formulación vincula el ajuste laboral con una transformación más amplia, pero no permite calcular cuánto ahorro concreto produciría este expediente. No hay una cifra pública atribuible exclusivamente a las salidas anunciadas en las sociedades cuyo desglose se conocía.

También se informó de que Telefónica buscaba cerrar el proceso antes de terminar el ejercicio o en los primeros días del siguiente, de manera que el coste del ajuste pudiera registrarse en las cuentas de 2025. Ese calendario era una expectativa, no una garantía: dependía de la duración de las conversaciones y de que hubiera acuerdo. El momento contable del coste y el ahorro posterior son cuestiones distintas; el primero puede concentrarse en un ejercicio, mientras que el segundo se materializa con el tiempo si se reducen gastos recurrentes.

Qué precedentes hay en Telefónica

El ERE más reciente antes de este proceso se cerró en enero de 2024 y afectó a 3.420 trabajadores de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. La cifra pactada fue inferior a las 5.124 bajas planteadas inicialmente: el resultado final quedó un 33% por debajo de la propuesta de partida. Se presentaron 3.640 solicitudes para 3.420 plazas, una muestra de que la adhesión voluntaria superó el número acordado.

Aquel expediente tuvo un coste aproximado de 1.300 millones de euros antes de impuestos, equivalente a unos 380.000 euros por persona de media según los datos difundidos entonces. El ahorro anual atribuido a ese ajuste se situó en unos 285 millones de euros. El coste inicial para la empresa no es lo mismo que el ahorro anual: son magnitudes distintas y se producen en momentos diferentes. Tampoco permiten anticipar cuánto costará el proceso más reciente, cuyas condiciones aún estaban por negociar.

El antecedente de mayor escala se remonta a 2013, cuando un expediente terminó con 6.830 salidas. En los años posteriores también hubo reducciones de plantilla mediante programas de salidas incentivadas, que no son lo mismo que un ERE. Por eso, describir el ajuste anunciado como el primero desde 2013 sería inexacto: hubo un expediente colectivo en 2024, además de otros mecanismos de salida entre ambos procesos.

Las garantías laborales, en el centro de la negociación

Los sindicatos han condicionado el acuerdo sobre las salidas a que se protejan el empleo y las condiciones laborales del resto de la plantilla. UGT vinculó la negociación a la extensión del convenio de empresas vinculadas hasta 2030, en paralelo al horizonte del plan estratégico. La central sostiene que esa prórroga permitiría mantener garantías durante la transformación; la duración del convenio forma parte de la negociación y no debe confundirse con un acuerdo ya firmado para resolver el ERE.

En octubre de 2025, empresa y sindicatos alcanzaron un marco social para el grupo en España. El pacto aborda cuestiones como la organización de las personas, la cohesión territorial, la formación y adaptación profesional, la inteligencia artificial y el empleo, las nuevas formas de trabajo y la igualdad. Ese marco ofrece un contexto para la reorganización, aunque no sustituye la negociación específica de cada expediente ni determina por sí mismo las indemnizaciones o el número definitivo de salidas.

La exigencia de voluntariedad también se apoya en la experiencia de procesos anteriores, en los que los acuerdos se construyeron con salidas pactadas. Sin embargo, el resultado depende de qué colectivos puedan acogerse, qué condiciones se ofrezcan y cómo se resuelvan las discrepancias sobre las plantillas afectadas. La cifra anunciada no cuenta toda la historia laboral: el perímetro, los criterios de adhesión y las garantías para quienes permanecen son piezas igualmente decisivas.

Un ajuste que aún dependía de la mesa de negociación

La dimensión del expediente llamó la atención porque las cifras comunicadas para las cuatro primeras sociedades superaban ya las 5.300 salidas y podían aumentar al incorporarse las tres empresas pendientes. Aun así, comparar ese volumen con toda la plantilla del grupo puede inducir a error: los datos disponibles se referían a sociedades concretas y a sus plantillas respectivas. El impacto debe leerse por empresa y no solo como un total, sobre todo cuando el peso relativo del recorte cambia de forma notable entre filiales.

El Gobierno también se pronunció sobre el proceso. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, defendió que cualquier actuación se produjera con acuerdo sindical. Telefónica cuenta entre sus accionistas estratégicos con Criteria Caixa, STC y el Estado, a través de la SEPI, con participaciones cercanas al 10% cada uno según la información publicada; BBVA tiene alrededor del 5%. La presencia del Estado en el accionariado no elimina la negociación laboral: el desenlace del expediente sigue dependiendo de las conversaciones entre la dirección y los sindicatos.

En el momento en que se hicieron públicas las primeras cantidades, quedaban por conocerse el detalle de tres sociedades y las condiciones definitivas para todas las plantillas afectadas. El antecedente de 2024 mostraba que una propuesta podía reducirse durante la negociación, pero no permitía dar por hecho que el nuevo proceso seguiría el mismo recorrido. El dato decisivo no era solo cuántas salidas se planteaban, sino qué acuerdo podía alcanzarse sobre voluntariedad, garantías y calendario para acompañar la transformación de Telefónica.