¿Qué pasa con Santos Cerdán, su familia y la tarifa del 2%?

La tarjeta de Servinabar, pagos del 2% y alquileres en Madrid ponen a Santos Cerdán en el foco: datos y cifras clave de investigación penal.

La tarjeta de crédito vinculada a Servinabar 2000 S.L. se ha convertido en el indicio más comprometedor para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Los extractos recopilados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyen a esa tarjeta gastos personales asociados al político y a su entorno que suman 33.574 euros, con un último uso fechado el 19 de febrero de 2024, la víspera de la gran redada del llamado “caso Koldo”. Esa secuencia temporal y, sobre todo, la naturaleza de los cargos —restauración, viajes, compras— han colocado el “plástico” de Servinabar en el centro de la investigación: ofrece un rastro bancario preciso, documental, que los agentes presentan como beneficios particulares sufragados por una empresa que, a su juicio, habría nutrido buena parte de su negocio con comisiones del 2% ligadas a adjudicaciones públicas.

Ese es el corazón del argumento policial: tarjeta corporativa para gastos privados, más pagos en cadena —alquileres, nóminas y abonos a familiares— sostenidos en el tiempo. Todo ello encajado, según los informes, en una relación preferente de Servinabar con grandes contratos públicos a través de un entramado de uniones temporales de empresas. Cerdán lo niega, mantiene su presunción de inocencia y asegura que nunca fue socio de Servinabar, aunque la UCO aporta una escritura privada que él y el administrador de la firma desautorizan por ineficaz. Es ahí donde la tarjeta se vuelve asfixiante para su defensa: no es un testimonio, es un extracto. Y el sumario enlaza ese extracto con un puzle de gastos que, si supera el examen judicial, dibuja un flujo de ventajas impropio.

Lo que revelan los extractos y los mensajes intervenidos

La fortaleza probatoria de una tarjeta es su materialidad. Tickets, fechas, importes, comercios: piezas que se encajan con poca ambigüedad. En los documentos incorporados a la causa aparecen decenas de cargos que los investigadores califican de uso personal y prolongado. No es un “día suelto”. La pauta —afirman— se repite, y no se detiene hasta el 19 de febrero de 2024. En esa cronología, la UCO destaca pagos en restaurantes, viajes y compras que no encajarían con un gasto corporativo ordinario. El relato policial añade algo más: mensajes recuperados de teléfonos y chats del círculo empresarial en los que se comenta, con tono de sorna, que “la Paqui” —Francisca Muñoz, esposa de Cerdán— “gastaba con la tarjeta” y que incluso “la conocían todas las vendedoras de El Corte Inglés”. Son frases atribuidas a miembros de la trama, incorporadas como indicio del uso habitual del plástico por el entorno familiar. Su valor penal lo fijará el tribunal; su valor narrativo, hoy, es evidente: ilustran volumen y cotidianeidad.

El hilo de los extractos se entrelaza con pagos de vivienda y abonos a familiares. A juicio de la UCO, refuerzan un patrón: Servinabar sufragaba gastos de la vida en Madrid del entonces dirigente socialista y, en paralelo, irrigaba a cooperativas y sociedades relacionadas desde las que salían nóminas o transferencias a parientes. La hipótesis de los agentes no se basa en una sola línea de cuenta, sino en la concatenación de rastros contables que convergen siempre en la misma empresa.

Un mosaico de pagos: familia y vivienda

Los documentos del caso reúnen una secuencia detallada de desembolsos asociados a la familia de Cerdán. El capítulo más citado son los 9.500 euros que Francisca Muñoz percibió de la cooperativa Noran entre marzo y julio de 2018. La UCO señala que no consta la aportación obligatoria como socia en ese periodo y enmarca ese flujo en una red de cooperativas y sociedades que habría servido —siempre según su tesis— para canalizar retornos de Servinabar.

Aparece también la hermana, Belén Cerdán, con 22.324,51 euros abonados directamente por Servinabar y, más tarde, con nóminas de la cooperativa Erkolan. Esta última, de acuerdo con el expediente, se financiaba con transferencias de Servinabar que superaron los 360.000 euros en el periodo bajo lupa. La UCO lo interpreta como una derivación sistemática de fondos desde la empresa navarra hacia estructuras satélite desde las que se retribuía a personas del entorno del político.

El cuñado, Antonio Muñoz Cano, completa el cuadro familiar. Entre 2019 y 2022 habría cobrado más de 61.000 euros de Servinabar por trabajos de albañilería. La defensa ha insistido en que esos servicios fueron reales y acreditables; la investigación, en cambio, cuestiona la proporcionalidad y el contexto de los pagos.

El bloque de vivienda tampoco es menor. La UCO consigna 7.200 euros en alquileres vinculados a un arrendamiento en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018, y 44.645,26 euros adicionales correspondientes a un segundo alquiler; suma mobiliario por al menos 7.849 euros. Colocado todo en línea, el relato policial es nítido: Servinabar asumió gastos esenciales para el traslado y la vida en la capital del entonces número tres del PSOE. El debate jurídico no es si esos pagos existieron —están documentados—, sino cómo se califican: ¿prestaciones de un tercero sin contraprestación? ¿Relación laboral o mercantil oculta? ¿O simples gastos de empresa con justificación válida? Ahí se libra la disputa.

La “tarifa del 2%”: UTEs, Acciona y el circuito del dinero

Nada de lo anterior se sostiene sin un motor financiero. El informe de la UCO lo bautiza como la “tarifa del 2%”: un retorno fijo que Servinabar habría recibido de las adjudicaciones ganadas por Acciona en obras donde acudían en unión temporal de empresas (UTE). Ese porcentaje —2% neto— explicaría, según los agentes, que más del 75% de los ingresos de Servinabar provinieran de su relación con la constructora. El eje societario de ese esquema sería el empresario Joseba Antxón Alonso, al que la investigación sitúa como interlocutor y operador con directivos del grupo.

Ese supuesto porcentaje tiene ya consecuencias tangibles en la causa. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó registros en sedes de Acciona (Madrid y Bilbao) y ha ampliado la lista de investigados para esclarecer si ese retorno existió y, sobre todo, con qué cobertura. La tesis de la UCO no se queda en el porcentaje: cuantifica seis millones de euros en transferencias desde Acciona hacia Servinabar en el arco temporal investigado y, desde ahí, casi 700.000 euros hacia Noran, la cooperativa en la que figuró Koldo García. ¿Prueba automática de comisión ilegal? No. Pero sí un circuito de dinero que, si se conecta con amaños concretos en licitaciones, adquiriría otro significado.

Acciona, por su parte, ha subrayado su colaboración con la Justicia y defiende la regularidad de sus procesos internos. Servinabar rechaza la idea de “cliente preferente con retorno” y asegura que su actividad mercantil fue minoritaria en el conjunto de las UTE y ajustada a mercado. La defensa de Cerdán añade que, incluso si ese 2% existiera, no lo vincula a él ni le convierte en beneficiario. El interrogante procesal es si la instrucción acreditará un nexo directo entre el flujo de fondos y ventajas indebidas para el exdirigente socialista.

Qué niegan Cerdán y Servinabar, y qué discute el Supremo

La principal línea de exculpación se resume en tres ideas. Primero, propiedad y control: la UCO aportó una escritura privada fechada el 1 de junio de 2016 por la que Santos Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar por 6.000 euros. Cerdán y el administrador de la empresa sostienen que ese documento no tuvo efectos, que no pasó a sociedad y que nunca fue socio. Segundo, tipicidad penal: la defensa ha recurrido la prisión provisional y denuncia que el caso se apoya en inferencias y en audios discutidos técnicamente, sin llegar —dicen— al estándar probatorio para cohecho, organización criminal o tráfico de influencias. Tercero, narrativa pública: niegan la existencia de una “trama” y anuncian acciones contra informaciones que consideran inexactas.

En la mesa del Supremo se sopesan ahora cuatro piezas: la tarjeta de Servinabar, la escritura del 45%, los mensajes y audios intervenidos, y los flujos de dinero entre Acciona, Servinabar y las cooperativas. La clave será conectar cada euro con el delito concreto que se imputa, demostrar que hubo amaños en contratos y establecer que Cerdán dirigía o se beneficiaba personalmente del esquema. Mientras tanto, rige la presunción de inocencia. La prisión provisional —adoptada por riesgo de destrucción de pruebas— ha tensado el debate sobre proporcionalidad, pero no altera el fondo: indicios hay; condena, aún no.

Cómo llegó Cerdán a ese lugar de poder

Para entender por qué la tarjeta aprieta, conviene repasar cómo llegó Cerdán a la cúspide orgánica del socialismo. Navarro, curtido en la fontanería de partido, fue hombre de confianza en la reconstrucción del liderazgo de Pedro Sánchez tras la crisis interna de 2016–2017. De aquellas primarias, que el sanchismo ganó a contracorriente, salió un núcleo duro apodado por adversarios y cronistas como la “banda del Peugeot”: carretera, agrupaciones, café en vaso de plástico y una red de lealtades que, con el tiempo, cristalizó en cargos clave. En 2021 Cerdán ascendió a la Secretaría de Organización, el puesto que engrasa la maquinaria de Ferraz y manda sobre listas, cuadros y vida interna.

Su protagonismo tocó techo en 2023, cuando actuó como cara visible de la negociación con Carles Puigdemont en Bruselas para la investidura. El operador discreto se volvió interlocutor nacional. Ese capital político explica por qué duele el caso: no afecta a un militante cualquiera, sino a un arquitecto del poder reciente. Una vez estalla la investigación, Ferraz reacciona con un relevo rápido: Rebeca Torró asume la Secretaría de Organización para estabilizar la estructura. En paralelo, el Gobierno repite una idea: “no es un Gobierno corrupto”. La dimensión política coexiste con la penal, y la primera —más rápida— ya ha cobrado precio.

La historia personal, además, cruza con la de Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El caso que lleva su nombre, “Koldo”, sirvió de detonante para el despliegue de diligencias que, con el tiempo, desembocan en la mirada intensa sobre Servinabar, sobre las cooperativas y sobre la tarjeta. Como detalle significativo: el último cargo del plástico cae un día antes de aquella redada. No prueba nada por sí solo, pero condensa la narrativa.

Lo siguiente en la investigación: dos carriles y un examen pericial

La instrucción avanza en paralelo por el carril patrimonial y el carril de contratación. En el patrimonial, la UCO realiza un levantamiento contable de Servinabar, Noran y Erkolan, y cruza entradas y salidas desde y hacia Acciona. En el de contratación, el juez pide expedientes concretos: pliegos, puntuaciones, visitas de obra, informes técnicos, para buscar amaños y favores. Los registros en la constructora y las nuevas imputaciones apuntan a que el foco no se limita ya a la figura de Cerdán, sino a quienes pudieron facilitar el supuesto 2% o beneficiarse de él.

El tramo decisivo, admiten todas las partes, será el peritaje económico. ¿Qué porcentaje del negocio de Servinabar procede de UTE con Acciona? ¿Cuántos contratos coinciden con pagos a cooperativas? ¿Qué correlación hay entre picos de ingresos y abonos a familiares? Esas respuestas, sobre datos duros, pueden inclinar la balanza. También será clave la cadena de custodia de los audios y mensajes: si hubo fallos técnicos o problemas de integridad, su fuerza probatoria disminuiría. Si, por el contrario, superan el filtro, el relato policial ganará cuerpo.

El calendario judicial es otro elemento a observar. Las causas complejas exigen meses de análisis, requerimientos a administraciones y empresas, y declaraciones de investigados y testigos. Mientras tanto, el plano político corre por carril propio: oposición afilando la crítica, PSOE conteniendo el daño, y socios parlamentarios midendo distancias. No hay vacío: el sistema de contratación pública y la ética en la financiación de empresas auxiliares se colocan en la conversación pública, con el 2% como etiqueta fácil de recordar.

Cronología para no perderse

El año 2015 marca el arranque de Servinabar y de Noran. La relación con Acciona se intensifica en los ejercicios siguientes, encuadrada en UTE de obra civil. El 1 de junio de 2016, la UCO incorpora al sumario la escritura privada por la que Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar por 6.000 euros; la defensa sostiene que no tuvo eficacia. Entre noviembre de 2017 y julio de 2018, aparecen 7.200 euros en alquileres de una vivienda de Madrid; más tarde, 44.645,26 euros en un segundo arrendamiento y 7.849 euros en mobiliario. En 2018, Francisca Muñoz recibe 9.500 euros de Noran; entre 2019 y 2022, Antonio Muñoz Cano supera los 61.000 euros en trabajos de albañilería. La hermana, Belén, cobra 22.324,51 euros de Servinabar y luego nóminas de Erkolan, nutrida con más de 360.000 euros transferidos desde la empresa navarra. El 19 de febrero de 2024 se registra el último cargo de la tarjeta. En 2025, la causa escala con registros en Acciona, nuevos investigados, el relevo en Ferraz con Rebeca Torró y la prisión provisional del exnúmero tres socialista, recurrida por su defensa.

Qué está ya firme y qué sigue en disputa

A estas alturas, hay elementos objetivados: la tarjeta y su cifra de 33.574 euros, el calendario de cargos, los pagos de vivienda y los abonos a familiares. También hay cifras de flujo entre Acciona, Servinabar y cooperativas como Noran y Erkolan. Y hay una hipótesis central —la del 2%— que organiza ese material contable en una presunta trama de retornos. Lo discutido es la calificación: ¿son pagos lícitos con justificación laboral o mercantil, o beneficios indebidos? La defensa se mueve en esa grieta: niega propiedad, beneficio y relación causal; cuestiona audios y mensajes; y exige un vinculante directo entre cada euro y el delito imputado.

Una pieza delicada es la escritura del 45%. Aunque existe físicamente, su eficacia jurídica está en tela de juicio. Si la judicatura concluye que no surtió efectos, cae el argumento de control societario directo sobre Servinabar. Si, por el contrario, la escritura se valida como pacto real, el marco probatorio cambiaría: pagos y tarjeta se interpretarían bajo la luz de un vínculo propietario.

Algo similar sucede con los mensajes sobre “la Paqui” y El Corte Inglés. Son ilustrativos, sí, y verosímiles con el patrón de uso intensivo, pero en un juicio su peso dependerá de su autenticidad, su contexto y su correlación con tickets y extractos. Dicho de otro modo: no condenan, pero apuntalan.

Quién colocó a Cerdán ahí y qué se sabía en la cúpula

La pregunta que sobrevuela la política es cómo y por quién Cerdán alcanzó un poder que le permitió mediar en asuntos de Estado y decidir en la vida interna del partido. La respuesta no es críptica: fue Pedro Sánchez quien, tras ganar las primarias de 2017, se rodeó de un anillo de confianza en el que Cerdán figuró como pieza estable. Ábalos, Cerdán y otros operadores fueron la arquitectura interna de una etapa en la que se recuperó Moncloa, se pilotaron mociones y se revalidó el Gobierno. Esa hoja de servicios explica su ascenso a Organización en 2021 y su papel —para bien o para mal— en 2023.

Lo que no está acreditado es que la cúpula del PSOE conociera o amparara delitos. Ferraz ha negado tajantemente ese extremo y ha actuado con rapidez cuando la causa ha ganado entidad. La dimisión de Cerdán, el relevo por Rebeca Torró, los mensajes internos de disciplina y la consigna de colaboración con la Justicia son los hitos visibles. De fondo, una lección incómoda para todos los partidos: cuando las estructuras dependen de operadores de confianza que concentran poder orgánico, el riesgo reputacional se torna sistémico si estalla un caso penal.

El perímetro de la responsabilidad

Hoy, lo claro es que la tarjeta de Servinabar ha pasado de anécdota contable a indicio estructural: fechas, importes y comercios que, combinados con pagos de vivienda y abonos a familiares, sostienen la sospecha de beneficios privados. Lo pendiente es probar el delito detrás de cada línea de extracto y coser el hilo con contratos públicos concretos. Si el peritaje y los expedientes refrendan la tesis del 2%, la tarjeta habrá sido la punta del ovillo de un caso con derivadas que alcanzan a una gran constructora, a cooperativas y a figuras relevantes del último ciclo político. Si no, quedará como el rastro incómodo de gastos discutibles en la frontera entre lo corporativo y lo privado.

El ruido no debe tapar lo obvio: Cerdán tiene hoy derecho a la presunción de inocencia y la causa está abierta. Pero tampoco debe ocultarse el dato: 33.574 euros de gasto atribuido, alquileres y mobiliario pagados, nóminas y transferencias a esposa, hermana y cuñado, seis millones que salen de Acciona hacia Servinabar y casi 700.000 que viajan a Noran. Entre esos números se decide algo más que la suerte de un político: la confianza en cómo se contrata y se vigila el dinero público. Ahí, la tarjeta ya ha hablado. Falta saber qué dice la sentencia.