Tres exdirectivos de Acciona, ante el juez del Supremo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente citó como investigados a tres antiguos responsables de Acciona después de recibir un informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. La comparecencia quedó fijada para el 3 de diciembre de 2025, tras una serie de registros relacionados con una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública. La decisión amplió las pesquisas a personas que, según el juez, podían haber intervenido en adjudicaciones bajo sospecha.

Los citados son Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel. La investigación se refiere, entre otros asuntos, a obras como el desdoblamiento de los túneles de Belate y el proyecto de la A-32 en Úbeda, Jaén, y a la relación entre Acciona y Servinabar 2000. La citación como investigados no equivale a una condena: señala que el juez considera necesario examinar su posible participación, mientras la instrucción debe aclarar qué ocurrió y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a cada persona.

Por qué el juez amplió la investigación

La decisión de Puente se apoyó en un informe de la UCO fechado el 11 de noviembre, que contenía referencias a determinadas adjudicaciones públicas y a la posible intervención de los tres antiguos directivos. El documento se incorporó a una pieza separada de la causa conocida como caso Koldo, abierta para investigar la situación patrimonial de Santos Cerdán y las sospechas relacionadas con contratos de obra pública. El informe policial fue el punto de partida de esta nueva decisión judicial, pero sus indicios todavía debían ser examinados en el procedimiento.

La investigación había permanecido parcialmente bajo secreto mientras se practicaban diligencias que, según el instructor, podían perder eficacia si las partes conocían de antemano su contenido. Una vez realizados los registros y asegurado el material intervenido, el juez consideró que ya no era necesario mantener esa reserva. El levantamiento del secreto permitió que las partes personadas conocieran las actuaciones que hasta entonces habían quedado ocultas, incluidos el informe policial y las resoluciones vinculadas a esas diligencias. La reserva era procesal y temporal: buscaba proteger las pesquisas, no anticipar la culpabilidad de los investigados.

El auto también deja abierta la posibilidad de nuevas diligencias. Puente señaló que el examen de la documentación y de los terminales telefónicos o informáticos intervenidos podía dar lugar a actuaciones posteriores. En otras palabras, el fin del secreto parcial no significaba que la investigación estuviera cerrada, sino que el juez entendía que ya podía continuar sin ocultar esa parte de la causa a quienes participaban en ella. La diferencia importa: levantar el secreto no es lo mismo que archivar el asunto, ni supone que las pruebas reunidas hayan sido consideradas suficientes para establecer responsabilidades.

Quiénes son los tres antiguos responsables

Justo Vicente Pelegrini había sido director de Construcción de Acciona para España. La compañía lo cesó el 16 de junio de 2025, después de que trascendiera el primer informe de la UCO sobre Cerdán. En las informaciones publicadas sobre la citación, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel aparecían vinculados a áreas de la constructora y como personas que reportaban a Pelegrini. La posición jerárquica de los tres es relevante para la investigación, aunque por sí sola no demuestra que participaran en una adjudicación irregular ni que conocieran un supuesto acuerdo ilícito.

Las informaciones disponibles identificaban a Olarte como responsable de la zona norte de Acciona y a García Alconchel como director de Construcción de la zona sur y África. Esos cargos describen la estructura empresarial en el momento al que se referían las noticias, no necesariamente su situación posterior. El motivo concreto de la citación, según el auto, era la posible participación de los tres en extremos relativos a adjudicaciones aparentemente indebidas. El alcance individual de esa posible intervención debe aclararse en las diligencias y en las declaraciones, sin atribuirles de antemano una conducta que todavía está bajo investigación.

La causa ya incluía a Fernando Merino, exdirector de la zona norte de Acciona, como investigado ante el Supremo, de acuerdo con la información publicada entonces. La incorporación de otros tres nombres amplió el foco sobre la relación entre responsables de la constructora y contratos públicos, pero no convierte a todas las personas mencionadas en un único bloque ni acredita que desempeñaran la misma función. El juez tendrá que valorar qué papel pudo tener cada uno, qué información manejaba y si existe una conexión probada con las adjudicaciones analizadas. La instrucción debe separar responsabilidades personales de la mera pertenencia a una empresa o a una cadena de mando.

Los registros y el levantamiento del secreto

Antes de citar a los tres antiguos directivos, el juez había ordenado ocho entradas y registros en distintas sedes y empresas. Entre los lugares registrados figuraban oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao, además de instalaciones de Erkolan y Noran en San Sebastián, compañías que aparecían vinculadas en las pesquisas. Las diligencias buscaban asegurar documentación y otros elementos que pudieran ayudar a reconstruir la relación entre empresas, contratos y personas. Los registros no constituyen por sí mismos una prueba de delito: son actuaciones de investigación destinadas a localizar material pertinente para la causa.

El material intervenido incluía terminales telefónicos o informáticos, cuyo contenido podía ser objeto de análisis. También se habían solicitado datos a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas y privadas. El juez justificó el secreto parcial por la necesidad de evitar que el conocimiento anticipado de esas medidas frustrara su objetivo. Una vez practicadas, entendió que la comunicación de lo actuado a las partes ya no podía perjudicar la investigación en curso. La secuencia —primero asegurar pruebas, después abrir las actuaciones— explica por qué algunas diligencias se desarrollaron bajo reserva.

La apertura de esa parte del expediente permitió conocer tanto el informe policial del 11 de noviembre como las resoluciones que habían ordenado nuevas diligencias y los informes presentados por la Fiscalía y la unidad investigadora. No significaba que todas las actuaciones futuras fueran públicas ni que la documentación incautada tuviera ya un valor probatorio definitivo. Su importancia dependía de lo que revelara al ser examinada y de cómo encajara con el resto de los indicios. Una diligencia de registro obtiene material; su interpretación corresponde después al juez, con las garantías propias del procedimiento.

La relación investigada entre Acciona y Servinabar

Servinabar 2000, empresa navarra constituida en 2015 por el empresario Antxón Alonso, ocupa un lugar central en las informaciones sobre esta parte del caso. Alonso era descrito como socio y amigo de Santos Cerdán. La investigación examinaba la relación de esa sociedad con contratos públicos en los que también aparecía Acciona, incluida la participación de ambas en una unión temporal de empresas vinculada al desdoblamiento de los túneles de Belate. La cuestión es cómo se articularon esas relaciones empresariales y si tuvieron alguna conexión indebida con las adjudicaciones, algo que debe probarse y no darse por establecido.

La UCO habría señalado en su informe indicios sobre posibles comisiones del 2% y beneficios para Cerdán y su entorno familiar relacionados con adjudicaciones amañadas. También se recogían facturas entre Servinabar y Acciona cuyos conceptos, por su generalidad, no permitían identificar con claridad los trabajos realizados. Son elementos atribuidos a la investigación policial, no hechos declarados probados por una sentencia. La existencia de pagos o facturas, por sí sola, no resuelve su finalidad: el análisis debe determinar qué servicios se prestaron, quién los autorizó y si guardaban relación con decisiones sobre contratos públicos.

Entre las obras que aparecen en las pesquisas figuran el desdoblamiento de los túneles de Belate y un proyecto de la A-32 en Úbeda. La referencia a esos proyectos sitúa la investigación en contratos concretos, pero la información disponible no permite afirmar que todas las adjudicaciones relacionadas con Acciona fueran irregulares ni que el mismo mecanismo se aplicara en cada una. El foco está en operaciones determinadas, cuya tramitación, participación empresarial y posible conexión con pagos deben examinarse por separado. Esa precisión evita confundir una sospecha sobre algunas licitaciones con una conclusión general sobre la actividad de la constructora.

Qué hizo Acciona tras conocerse las sospechas

En junio de 2025, Acciona anunció que rompía sus vínculos contractuales y de asociación con Servinabar 2000. La compañía también cesó a Pelegrini, que hasta entonces dirigía Construcción para España. La empresa tomó esas decisiones después de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán y mientras aumentaba la atención sobre la relación entre Servinabar y determinadas licitaciones. La ruptura empresarial fue una respuesta de la compañía a la aparición de las sospechas; no constituye, por sí misma, una admisión de responsabilidad penal ni una prueba de que se cometieran delitos.

La separación de las dos sociedades tiene relevancia para entender el contexto, pero no despeja automáticamente las preguntas que investiga el Supremo sobre contratos anteriores o sobre las personas que pudieron intervenir en ellos. Para establecer qué ocurrió, la instrucción debe reconstruir la cronología de las relaciones empresariales, los trabajos facturados y las decisiones adoptadas en los concursos. También debe distinguir entre las medidas internas adoptadas por una compañía y las conclusiones que puedan extraerse de las pruebas. Una ruptura contractual no sustituye el examen judicial de las operaciones que ya están bajo sospecha.

Acciona fue señalada en el informe de la UCO por su relación con licitaciones en las que también aparecía Servinabar. Esa mención explica la relevancia pública de la empresa en la causa, pero no significa que el informe atribuyera automáticamente una responsabilidad penal a toda la compañía ni a todos sus trabajadores. La investigación se centra en hechos y participantes concretos, y la eventual responsabilidad de una persona o entidad depende de lo que pueda acreditarse. La presunción de inocencia sigue vigente durante la instrucción, también cuando los indicios proceden de un informe policial o de registros autorizados judicialmente.

Qué significa estar citado como investigado

La condición de investigado indica que el juez examina una posible participación en hechos objeto de la causa y que la persona queda incorporada formalmente a esa parte de la investigación. No equivale a una acusación definitiva, a la apertura de juicio oral ni a una condena. En este caso, Puente relacionó la citación con referencias concretas del informe de la UCO sobre adjudicaciones aparentemente indebidas. El término describe una fase de la instrucción, en la que se reúnen y contrastan elementos antes de decidir si hay base para continuar hacia otras etapas o si procede descartar las sospechas.

La citación fijada para el 3 de diciembre de 2025 era una diligencia prevista para escuchar a los tres directivos dentro de esa investigación. La documentación de referencia no aporta el resultado de esas comparecencias ni las decisiones judiciales posteriores, por lo que no permite presentar como actual el estado de la causa ni anticipar qué resolvió después el Supremo. Esa limitación temporal es importante: la noticia describe una decisión tomada tras los registros y el informe policial, no el desenlace del procedimiento. Sin datos posteriores verificables, el resultado de las declaraciones queda fuera de lo que puede afirmarse.

La investigación tendrá que determinar si las relaciones entre Acciona y Servinabar respondían a trabajos reales y correctamente documentados, y si existió algún vínculo entre esas operaciones y las adjudicaciones públicas examinadas. También deberá precisar qué conocía cada uno de los citados y qué actos concretos pudo realizar. La presencia de una empresa en una UTE, una factura con conceptos poco detallados o una posición de responsabilidad pueden orientar una investigación, pero ninguno de esos elementos aislados demuestra por sí solo una trama. La diferencia entre indicio y hecho probado es la clave para entender una causa que, en esta fase, seguía abierta.

Una investigación que depende de lo que revelen las pruebas

El levantamiento del secreto y las nuevas citaciones marcaron una ampliación visible de las pesquisas sobre las adjudicaciones relacionadas con Cerdán, Acciona y Servinabar. Sin embargo, el alcance real de esa ampliación dependía del examen de la documentación, de los dispositivos intervenidos y de las explicaciones que pudieran ofrecer las personas citadas. El informe de la UCO aportó referencias que el juez consideró suficientes para convocarlas como investigadas, pero no reemplazaba la valoración judicial de cada prueba. La instrucción avanzaba desde una hipótesis hacia comprobaciones concretas, no desde una culpabilidad ya establecida.

El caso combina decisiones de contratación pública, relaciones entre empresas y sospechas sobre pagos, un conjunto que solo puede entenderse reconstruyendo cada operación y su contexto. Belate y la A-32 en Úbeda aparecen como proyectos bajo examen; los vínculos con Servinabar y la documentación intervenida forman parte de las líneas de investigación. La información disponible deja también límites claros: no detalla el resultado final de las declaraciones ni permite conocer la evolución posterior del procedimiento. La respuesta definitiva depende de pruebas contrastadas y de las resoluciones que se dicten, no de la mera sucesión de nombres y registros que acompaña a una causa de esta naturaleza.