¿Por qué el Super Bowl exige a Bondi los archivos Epstein?

Super Bowl LX y caso Epstein: supervivientes presionan a Pam Bondi; el Congreso revisa archivos sin tachones y Maxwell se acoge a la Quinta.

El domingo 8 de febrero, en pleno ruido de la Super Bowl, un anuncio de apenas unos segundos consiguió lo que muchos comunicados y ruedas de prensa no estaban logrando: poner el foco en Pam Bondi y en la parte del caso Jeffrey Epstein que sigue sin resolverse a ojos de las víctimas. Supervivientes del entramado de abusos emitieron un spot que no iba de morbo ni de teorías, iba de algo mucho más básico y, por eso, más incómodo: “no vamos a pasar página” y queremos que el Departamento de Justicia publique lo que falta.

El golpe de efecto llega con el calendario apretando. Este lunes 9 de febrero, Ghislaine Maxwell tiene prevista una comparecencia ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes; y, también desde hoy, miembros del Congreso entran en el propio Departamento de Justicia para revisar versiones sin tachones de los archivos ya publicados. La escena es potente por sí sola: el Gobierno defendiendo su “cumplimiento”, el Capitolio exigiendo más, y las supervivientes colándose en el mayor escaparate televisivo del país para señalar una ventanilla concreta: la de la fiscal general.

El anuncio que eligió la Super Bowl para señalar a Bondi

La elección del momento no fue casualidad, fue estrategia de impacto sin florituras. La Super Bowl no es solo un partido; es una cápsula cultural en la que Estados Unidos se mira al espejo, se ríe con anuncios carísimos y, de paso, acepta que le interrumpan la fiesta. Ahí entró el spot: supervivientes que aparecen en pantalla sosteniendo fotos de cuando eran adolescentes, un texto directo, y una consigna que se repite con la insistencia de un martillo: es hora de la verdad. En la producción participa World Without Exploitation, y el mensaje se construye para que no haya escapatoria retórica: no piden un gesto simbólico, piden archivos.

En el centro del anuncio, el nombre de Pam Bondi no funciona como una simple mención institucional. Funciona como un “tú”. La fiscal general aparece como la responsable política del ritmo y del alcance de la divulgación de documentos, y eso tiene una lectura clara: si hay más material, si faltan piezas, si los tachones tapan demasiado o si la publicación ha sido chapucera… la ventanilla final se llama Bondi. El spot la presiona por dos flancos a la vez: por lo que no se ha publicado y por lo que se publicó mal. Y ahí, justo ahí, se entiende por qué el anuncio no va dirigido al “sistema” en abstracto, sino a una persona con cargo y firma.

El contexto legal es el que da forma a la exigencia. La llamada Epstein Files Transparency Act fue firmada por Donald Trump el 19 de noviembre de 2025 y obliga al Departamento de Justicia a divulgar materiales de investigaciones federales relacionadas con Epstein y Maxwell, con excepciones previstas. La administración sostiene que ha cumplido; las supervivientes sostienen que no, y lo argumentan con una cifra que se ha convertido en eslogan: millones de archivos siguen fuera o, como mínimo, fuera del alcance público con contenido inteligible. El anuncio pone esa discusión en el salón de casa de medio país, sin pedir permiso.

Esa presión pública también tiene un trasfondo muy concreto: la sensación, extendida desde hace años, de que el caso Epstein no es solo el relato de un depredador, sino el retrato de una época de impunidad social: mansiones, jets, contactos de élite, un círculo de poder que parece inmune al escándalo. El spot se construye contra esa resignación. No promete revelaciones mágicas; lo que hace es recordar que, cuando un expediente se gestiona con medias tintas, las víctimas vuelven a quedar en segundo plano, otra vez. Y ese “otra vez” pesa.

El Departamento de Justicia abre el acceso sin tachones

El movimiento del Congreso de entrar a revisar material sin censura es la otra gran imagen de esta semana. A partir del lunes 9 de febrero, los legisladores podrán consultar en el propio Departamento de Justicia versiones no redactadas de los más de tres millones de archivos ya divulgados, según detalla una carta remitida a los miembros del Congreso. No se trata de un “libre acceso” total; se trata de un acceso controlado, con reglas y con un claro mensaje político: el Gobierno concede, pero no entrega las llaves.

La carta marca condiciones que no son decorativas. Los congresistas deben avisar con 24 horas de antelación, revisan el material en ordenadores del Departamento de Justicia, sin personal de apoyo, y se les permite tomar notas, pero sin copias electrónicas y sin llevarse un disco duro bajo el brazo. La idea es evidente: permitir supervisión parlamentaria sin soltar el control sobre un material que incluye datos personales, contenidos sensibles y, también, potencialmente información que afecta a terceros. Esa arquitectura de acceso revela lo que el caso se ha vuelto: un campo de minas donde cada paso se mide por el riesgo legal, el riesgo político y el riesgo humano.

En paralelo, el Departamento de Justicia insiste en que su última gran entrega, publicada el 30 de enero de 2026, lo deja “en cumplimiento” de la ley: cerca de 3,5 millones de páginas en total, incluyendo más de tres millones adicionales en esa tanda, además de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. La administración explica que “sobrerrecopiló” material: identificó alrededor de seis millones de páginas como potencialmente relevantes, pero sostiene que la cifra realmente “responsiva” es menor. Los críticos responden con una idea sencilla, casi de barra de bar pero demoledora: si se recopilaron seis millones, ¿por qué se publican poco más de tres? La discusión, a estas alturas, es matemática y política a la vez.

Verlo en un ordenador del DOJ, sin copias ni personal

Esa fórmula de revisión —entrar, sentarse, mirar, apuntar— tiene un componente deliberadamente áspero. Para algunos legisladores es una victoria: “cuando el Congreso empuja, el Congreso puede ganar”, publicó en redes Ro Khanna, uno de los impulsores de la ley. Para otros, es una concesión que llega tarde y que, además, no resuelve el problema central: la distancia entre lo que el Gobierno dice haber cumplido y lo que las víctimas y parte del Congreso sienten como opacidad.

En el debate aparecen nombres y cargos como en un tablero de ajedrez. El presidente del comité de supervisión, James Comer, se ha convertido en una figura clave porque su comisión no solo llama a Maxwell; también empuja la narrativa de que el Departamento de Justicia no ha entregado lo prometido. Y del otro lado, la cúpula del Departamento de Justicia ha puesto cara a su defensa técnica y política en la figura del fiscal general adjunto Todd Blanche, que ha minimizado el alcance de los fallos de redacción y ha insistido en la complejidad de manejar un archivo gigantesco de dos décadas.

La carta que abre el acceso sin tachones también es una respuesta a un malestar concreto: la publicación anterior no solo llegó con retrasos y redacciones agresivas; llegó, además, con un problema que estalló como una granada en el lugar menos esperado, el de la protección a las víctimas. Y eso cambió el centro de gravedad del debate: de la transparencia a la seguridad.

Cuando la transparencia expone a las víctimas

Si el anuncio de la Super Bowl grita “verdad”, lo hace también porque en las últimas semanas se ha instalado otra palabra, más fea y más real: daño. La publicación masiva de documentos del caso Epstein ha ido acompañada de fallos de redacción que dejaron al descubierto nombres, correos electrónicos, direcciones, fotografías y, en algunos casos, datos financieros. El Departamento de Justicia terminó retirando miles de documentos y ficheros multimedia para revisarlos. La cifra exacta varía según el recuento interno, pero la dimensión se entiende por la consecuencia: supervivientes que de pronto se ven identificadas, expuestas, señaladas; una re-victimización de manual.

El problema no se limitó a un nombre suelto escapado entre tachones. Se habló de fotos con rostros visibles, de listados donde se intuían identidades, de cruces de líneas tan finas que el texto seguía leyéndose, de documentos donde la misma persona aparecía correctamente ocultada en una versión y descubierta en otra, como si hubieran trabajado equipos distintos con criterios distintos. En algunos materiales, el ocultamiento era tan débil que bastaba con seleccionar o interactuar con el texto para que reapareciera. Suena absurdo, sí. Pero en un expediente de esta naturaleza, lo absurdo se convierte en amenaza.

El caso llegó a los tribunales no por una discusión abstracta, sino por un “esto no puede seguir así”. Abogados de víctimas elevaron el asunto a los jueces que llevan el historial judicial del caso en Nueva York, describiendo un escenario casi de emergencia: vidas “patas arriba”, amenazas recibidas, cuentas que se cierran por miedo, una sensación de que el Estado, en su intento de mostrar transparencia, había fallado en la única tarea que debía ser sagrada: no delatar a las supervivientes.

La carta de Clayton y el choque con el tribunal

El nombre que aparece en el documento judicial es el de Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que envió una carta a los jueces explicando la retirada de materiales y anunciando cambios de protocolo. La lógica oficial es clara: cuando una víctima o su abogado alerta de un problema, el documento se baja, se revisa y se vuelve a subir, idealmente en un plazo de 24 a 36 horas, ya corregido. Es un intento de poner orden después del incendio.

En la otra esquina están los abogados que firmaron la protesta más dura: Brittany Henderson y Brad Edwards, que describieron “miles de fallos” y subrayaron algo especialmente corrosivo: que el Gobierno llevaba meses con la lista de nombres que debía proteger y, aun así, el sistema se rompió. En testimonios remitidos al juez, varias mujeres calificaron la situación de amenaza vital; una de ellas explicó que, tras la publicación, recibió amenazas de muerte y tuvo que intentar bloquear tarjetas y cuentas por haberse filtrado información bancaria. No es retórica: es logística del miedo.

Los jueces que orbitan este capítulo son Richard M. Berman, que presidió el caso penal de Epstein, y Paul A. Engelmayer, vinculado a los procedimientos relacionados. La presión judicial obliga al Departamento de Justicia a documentar cada corrección, cada retirada, cada re-subida. Y ahí aparece una tensión que atraviesa todo: se quiere publicar, pero no se puede publicar de cualquier manera. La ley exige transparencia; la ética y la protección de víctimas exigen cuidado quirúrgico. Cuando la publicación falla, el debate deja de ser político y pasa a ser, literalmente, de protección de personas.

El Gobierno, a través de Blanche, ha minimizado el porcentaje de errores, hablando de un impacto ínfimo en el total del material; el problema es que en este terreno los porcentajes son una trampa. Un 0,001% puede ser insignificante en una hoja de cálculo, pero devastador si en ese 0,001% aparece un nombre real asociado a un abuso real. Y eso es lo que alimenta la indignación del anuncio de la Super Bowl: la idea de que, mientras se discute sobre tachones y plazos, las supervivientes vuelven a estar expuestas y, al mismo tiempo, los posibles facilitadores o conocedores de los hechos siguen difuminados en sombras legales.

Maxwell ante el Comité: la Quinta Enmienda por delante

En este clima, la comparecencia de Ghislaine Maxwell se ha convertido en una especie de “momento bisagra” aunque, paradójicamente, todo apunta a que habrá poco contenido. La declaración está prevista para el lunes 9 de febrero, a puerta cerrada y por videoconferencia, ante el House Committee on Oversight and Government Reform. Maxwell cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable en 2021 por su papel en el reclutamiento, manipulación y abuso de menores dentro del esquema de Epstein. La expectación no nace de un misterio romántico, sino de una pregunta práctica: si alguien puede describir la mecánica interna, los nombres alrededor, los patrones, es ella.

Pero el guion probable es otro. Una carta enviada desde el Congreso, firmada por Ro Khanna, señala que Maxwell planea acogerse a la Quinta Enmienda, es decir, a su derecho a no responder preguntas que puedan incriminarla. Esa decisión se entiende en términos legales, pero cae como una losa en términos políticos: la comisión la cita y ella, previsiblemente, contestará con silencio. Comer ya ha declarado públicamente que esperaba otra cosa; incluso dijo que ojalá cambiase de idea. En Washington, el silencio no es neutral: el silencio se interpreta, se usa, se convierte en munición.

Hay un elemento más que pesa sobre Maxwell. Su abogado, David Markus, ha advertido de que cualquier testimonio ante el Congreso podría afectar a la estrategia judicial de su clienta, que mantiene abierta una batalla para anular su condena mediante un recurso de habeas corpus. Traducido a lenguaje llano: hablar puede complicar su situación. En ese marco, el silencio es autoprotección. Y también es frustración pública, porque el caso Epstein se ha convertido en uno de esos asuntos donde la sociedad exige respuestas como si fueran un derecho inmediato, mientras el sistema responde con cautelas, formalismos y, a menudo, muro.

Si Maxwell lee una declaración preparada al inicio —como se anticipa— lo más probable es que sea un texto medido, pensado para fijar posición sin abrir flancos. Puede deslizar una queja, un matiz, una insinuación sobre el proceso que la condenó. Puede insistir en que hay verdades que no se han contado. Pero la comisión quería preguntas y respuestas. Y lo que tendrá, casi seguro, es un monólogo corto y luego la Quinta Enmienda, una y otra vez, como un metrónomo. Ahí el Congreso queda en una disyuntiva: asumir el vacío o buscar vías de presión adicionales. En el ambiente ya circulan palabras gruesas —desacato, medidas coercitivas— que no siempre se traducen en acciones, pero que describen bien el tono: se acabó la paciencia.

La “lista de clientes” que no existe y el caso que no cierra

Entre el ruido de anuncios, comités y cartas, hay una realidad que rompe muchas expectativas: en memorandos internos y correos de agentes, el FBI dejó por escrito que no encontró una “lista de clientes” como la que se ha repetido durante años en conversaciones, redes y tertulias. Esa idea —la carpeta con nombres de poderosos— se convirtió en mito moderno. Y sin embargo, según esos documentos, la investigación federal concluyó que no había base probatoria suficiente para sostener que Epstein operara una red de tráfico sexual “al servicio” de hombres influyentes, al menos en los términos que permitirían una acusación federal sólida. Esto no blanquea el crimen principal; lo acota jurídicamente. Y esa diferencia entre horror probado y red ampliada no demostrada es un clavo ardiendo para el debate.

Los documentos internos describen una investigación exhaustiva: registros bancarios, correos electrónicos, búsquedas en residencias, revisión de dispositivos, entrevistas con víctimas, análisis del entorno social del acusado. Se incautaron fotos y vídeos, se revisaron miles de elementos digitales. Y aun así, según queda reflejado, no aparecieron materiales que implicaran de forma clara a terceros en delitos federales vinculados al núcleo del caso. La entonces fiscal federal Maurene Comey dejó escrito en comunicaciones internas que, de existir vídeos con abuso y participación de otros hombres, el Gobierno los habría perseguido; pero no se localizaron. Se halló material sexual y se consideró a las mujeres retratadas como potenciales víctimas, y se adoptó la decisión de redactar o bloquear desnudos o pornografía en la publicación pública. Aun así, parte de ese material salió mal protegido, y ahí estalló el problema de las redacciones.

También aparece otro punto delicado: algunas víctimas afirmaron haber sido “cedidas” a hombres ricos o influyentes. El nombre que planea sobre esa parte del relato es el de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más conocidas, fallecida recientemente. Los documentos reflejan que esas acusaciones no pudieron corroborarse con la consistencia y el apoyo probatorio necesarios para imputaciones federales contra terceros. Este matiz es esencial, aunque sea frustrante: no es lo mismo una acusación pública que un caso penal viable. Y la ausencia de cargos contra figuras de alto perfil, en vez de cerrar el debate, lo alimentó durante años con sospechas de encubrimiento. Ahí se entiende por qué la palabra “verdad” vuelve una y otra vez: porque el vacío se llena con especulación.

En esa grieta entre lo que se sospecha y lo que se prueba también entra el historial político de Bondi. En febrero de 2025, ella misma llegó a decir en televisión que una “lista de clientes” estaba sobre su mesa. Ese tipo de frase, en un caso como este, deja cicatriz. Meses después, sin embargo, los documentos internos describen que los agentes concluyeron que esa lista no existía. Resultado: un choque que no es solo jurídico, es de credibilidad institucional. Si una fiscal general habla de una lista que luego el FBI sostiene que no existe, la pregunta ya no es solo qué hay en los archivos, sino quién controla el relato y por qué.

A partir de ahí, el caso se vuelve un pulso permanente entre tres fuerzas. Las víctimas, que reclaman transparencia sin que se les exponga; el Gobierno, que intenta cumplir la ley sin dinamitar privacidad, investigaciones y derechos de terceros; y el Congreso, que usa la supervisión como herramienta y como escenario. El anuncio de la Super Bowl encaja exactamente en ese triángulo: pone el coste político sobre Bondi, recuerda el coste humano sobre las supervivientes, y acompasa el calendario a dos fechas inmediatas, el 9 de febrero con Maxwell y el 11 de febrero con la comparecencia prevista de Bondi ante el House Judiciary Committee.

La imagen final de esta semana no es la de un misterio resuelto, sino la de un expediente que vuelve a sangrar por los bordes. Hay millones de páginas publicadas, sí, y aun así hay sensación de incompletitud; hay promesas de transparencia, sí, y aun así hay víctimas que se sienten traicionadas por filtraciones; hay un Congreso con acceso sin censura, sí, y aun así sin posibilidad de copiar ni de trabajar con equipos técnicos; hay una testigo clave convocada, sí, y aun así con la Quinta Enmienda lista como escudo. Por eso el anuncio de la Super Bowl no suena a campaña, suena a hartazgo. Y por eso el caso Epstein, aunque haya pasado el tiempo y aunque el principal acusado muriera en 2019, sigue funcionando como un motor de desconfianza: porque cada intento de cerrar el capítulo abre otro.