¿Sudán del Sur vuelve a la guerra civil? Alianzas y frentes

Sudán del Sur se acerca al colapso con alianzas rebeldes, frentes abiertos y elecciones en duda, mientras Machar y Kiir reavivan la mayor crisis política

Sudán del Sur vuelve a caminar sobre una cuerda floja, y esta vez el viento sopla desde varios lados a la vez. En las últimas semanas de 2026, la violencia armada se ha recrudecido con una escalada militar que acerca al país a un escenario que muchos daban por enterrado, pero que nunca desapareció del todo: la guerra civil. La oposición armada, articulada alrededor de los partidarios del ex vicepresidente Riek Machar —arrestado y fuera del tablero institucional— ha abierto frentes contra las tropas gubernamentales del presidente Salva Kiir, y lo ha hecho con una novedad que cambia el guion: una alianza que, según su propio portavoz, pretende unir a todas las facciones antigubernamentales bajo un mando coordinado.

La imagen sobre el terreno es la de un país con costuras tensas: avances opositores en zonas que el Gobierno consideraba relativamente seguras, ataques en puntos sensibles del mapa y una respuesta desde Yuba que apunta a reforzar posiciones clave. En medio, la advertencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur sobre el riesgo de una violencia “catastrófica”, con preocupación expresa por ataques aéreos indiscriminados y la movilización creciente de milicias. Y, por debajo de todo eso —como una corriente fría bajo la puerta— la presión social y militar que describe el activista Edmond Yakani: salarios atrasados, frustración en las filas del ejército, reclutamiento forzoso y alianzas armadas que convierten un conflicto local en algo capaz de expandirse rápido, como fuego en hierba seca.

Una alianza opositora que cambia el tablero

El portavoz militar de la oposición, Peter Lam Gabriel, ha confirmado la existencia de una nueva alianza que reúne a distintas facciones antigubernamentales. En su relato, no se trata de una coordinación puntual ni de un pacto táctico de una semana, sino de un frente común que incluye al Frente Unido, el Frente de Salvación Nacional y el movimiento asociado al general Stephen Buai. La formulación es directa, sin eufemismos: trabajan “en plena coordinación” para “derrocar al régimen” y establecer un Gobierno civil que, dicen, refleje la “voluntad popular”. En un país donde el lenguaje político suele ir siempre pegado al lenguaje militar, esta declaración no es solo propaganda: es una manera de anunciar que el conflicto se concibe ya como una disputa total por el poder, no como una serie de choques periféricos.

El punto delicado no es únicamente lo que proclaman, sino lo que implica. Una alianza así busca sumar capacidad de maniobra, compartir información, repartir frentes y obligar al Gobierno a estirar sus recursos. En Sudán del Sur, donde la infraestructura es limitada y las distancias pesan como si fueran el doble —carreteras malas, tramos intransitables en temporada de lluvias, rutas de suministro frágiles— controlar o amenazar corredores logísticos puede ser tan decisivo como ganar una batalla. Y cuando el conflicto se desplaza a “zonas estratégicas”, lo “estratégico” suele coincidir con lo que sostiene la vida diaria: caminos, cruces, accesos a ciudades, puntos de abastecimiento.

Hay además un mensaje interno, casi psicológico: una oposición que se presenta unida pretende contagiar la idea de inevitabilidad, como si dijera “ya estamos coordinados, ya estamos aquí, ya hemos empezado”. Ese tipo de narrativa pesa en los cuarteles y en las comunidades. No hace falta que todos crean el relato; basta con que lo crean los suficientes como para dudar, desertar o cambiar de lealtad.

Bor, Jonglei y el golpe a la ruta de los suministros

El episodio más simbólico de esta fase ha sido la toma, la semana pasada, del control de una zona estratégica cercana a Bor, capital del estado de Jonglei, situada a unos 150 kilómetros de Yuba. El dato geográfico no es menor: Bor es una bisagra entre el centro político del país y varias rutas de conexión hacia el este. Si esa bisagra chirría, el resto del mecanismo se resiente. En términos prácticos, la zona es vital para rutas de suministros que conectan estados del centro y del este, y cualquier alteración allí se traduce en problemas de abastecimiento, movimiento de tropas, distribución de ayuda y circulación comercial.

Dentro del Gobierno, según fuentes de seguridad citadas en el relato de los hechos, la intención pasa por asegurar y reforzar el perímetro de Bor. La palabra “perímetro” tiene una frialdad técnica, pero su efecto es tangible: más controles, más tensión, más riesgo de choques, más nerviosismo en una ciudad que ya carga con el recuerdo de conflictos anteriores. En Sudán del Sur, la memoria pesa. Hay lugares donde una carretera no es solo una carretera: es el sitio donde una vez pasó algo, donde una vez desapareció alguien, donde una vez ardió un mercado.

En el plano militar, un avance opositor cerca de Bor sirve para probar la cohesión gubernamental, medir tiempos de respuesta y testar la capacidad de reacción en una zona que se consideraba relativamente controlada. En el plano político, golpea la percepción de seguridad de la capital: 150 kilómetros en Sudán del Sur no son “cerca” en el sentido europeo, pero tampoco son un mundo aparte. Es la distancia suficiente como para que el ruido llegue, y la distancia suficiente como para que la preocupación se instale en Yuba.

Kapoeta y el desplazamiento: cuando la guerra empuja a la gente

Casi en paralelo, y a más de 250 kilómetros de Bor, la oposición atacó Kapoeta, en el estado del sureste Ecuatoria Oriental, provocando el desplazamiento de miles de civiles. Ese dato, por sí solo, es el termómetro más fiable del nivel de amenaza: cuando la población se marcha en masa, suele ser porque el suelo ya no se siente firme. Kapoeta no es un simple punto en el mapa; es un nodo regional con tránsito, comercio y movimiento de personas. Cuando una ciudad así se convierte en objetivo, la violencia deja de ser un rumor de frontera y se vuelve un problema de puerta principal.

El desplazamiento no es una consecuencia secundaria, es una parte estructural del conflicto. Una oleada de personas huyendo reorganiza todo: no hay trabajo, se interrumpe la escuela, se desordena el acceso a alimentos, se disparan los precios, se saturan rutas y lugares de acogida. Se vive con lo puesto. Y lo puesto, muchas veces, es poco. La gente camina, se sube a camiones, se concentra donde cree que habrá una patrulla, una iglesia, una base, una ONG, algo. Esa “búsqueda de algo” es lo que deja la guerra cuando aún no se ha proclamado formalmente como guerra.

En este contexto, el portavoz opositor no solo habló de frentes. También hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se mantengan alejados de emplazamientos militares, avisando de que “las próximas batallas” tendrán como objetivo áreas estratégicas. La frase suena a advertencia, pero también a anuncio de continuidad: no se presenta como un episodio cerrado, sino como un capítulo dentro de una campaña en marcha.

El llamamiento a romper filas: “uníos a la resistencia”

Uno de los elementos más peligrosos de esta fase es el intento explícito de la oposición de atraer a miembros del Ejército a su causa. Peter Lam Gabriel instó a los militares a “unirse a las filas de la resistencia”. En un Estado con instituciones frágiles, donde la cadena de mando puede depender tanto del rango como de la fidelidad personal, este tipo de mensaje busca dinamitar la cohesión desde dentro. No hace falta una desbandada masiva para generar un problema: basta con sembrar sospecha, obligar al mando a vigilar a los suyos, tensar el ambiente en las unidades, multiplicar interrogatorios, castigos, represalias.

Además, la oposición intenta presentarse como un proyecto de Gobierno civil, un argumento diseñado para ganar legitimidad fuera de los cuarteles. Hablar de “voluntad popular” en un país donde el proceso electoral ha estado congelado o aplazado durante años es un movimiento retórico potente: coloca al Gobierno en una posición incómoda, porque si responde solo con músculo militar, parece confirmar que la política está secuestrada por las armas.

La realidad es más áspera: el conflicto en Sudán del Sur suele entrelazar poder, seguridad, identidad y territorio. En ese entrelazado, los soldados no son solo soldados; son hijos, padres, vecinos, gente con una comunidad detrás. Si se fractura el Ejército, no se fractura únicamente una institución: se fracturan redes sociales y se abre la puerta a una multiplicación de actores armados con agendas propias.

La advertencia de la ONU: ataques aéreos y milicias en movimiento

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur advirtió de una escalada de violencia “catastrófica”. La alarma incluye dos puntos especialmente inquietantes: los ataques aéreos indiscriminados de las fuerzas gubernamentales y la creciente movilización de milicias. Cuando entra el componente aéreo, el margen de error y el margen de daño se ensanchan. Un ataque desde el aire, en un contexto de inteligencia imperfecta y de objetivos mezclados con población civil, es el escenario donde una decisión militar puede convertirse en una tragedia de civiles en segundos. No es un debate teórico: es una preocupación reiterada en conflictos donde la precisión no siempre es la prioridad y donde el castigo pretende ser también mensaje.

La movilización de milicias añade otra capa: las milicias suelen actuar con reglas más difusas, con menos control, con más arbitrariedad. En Sudán del Sur, el uso de fuerzas irregulares ha sido un problema recurrente porque tiende a alimentar ciclos de venganza comunitaria. Una milicia no solo combate; a menudo, “ajusta cuentas”, reclama territorio, controla rutas, impone tasas, y esa economía de guerra se vuelve una forma de vida para algunos grupos. Cuando se activa ese mecanismo, desactivarlo cuesta años.

Aquí conviene recordar que Sudán del Sur es el país más joven del mundo por su independencia reciente, lograda en 2011, y que su historia reciente ha sido una sucesión de expectativas rotas y pactos incompletos. La independencia no trajo un aterrizaje suave; trajo un Estado naciente con enormes retos de cohesión, seguridad y construcción institucional. En ese marco, cada escalada militar reabre las mismas heridas con nombres nuevos.

De Nasir a 2026: la chispa de 2025 y el arresto de Machar

Lo que ocurre en 2026 se entiende mejor si se mira hacia marzo de 2025, cuando la milicia Ejército Blanco, antigua aliada de la oposición, atacó una guarnición gubernamental en Nasir, en el norte del país. La reacción del Gobierno fue contundente: culpó a Riek Machar, que entonces era vicepresidente, lo suspendió de su cargo y lo puso bajo arresto domiciliario. Ese movimiento no fue solo punitivo; fue político. En un sistema basado en un reparto frágil, sacar a Machar del tablero institucional tensiona todo el edificio del acuerdo de paz.

Antes de Nasir, ya habían existido tensiones serias. Kiir había relevado de sus cargos a ministros y altos funcionarios vinculados a Machar, una decisión denunciada por la oposición como incumplimiento del Acuerdo de Paz que pactaba el reparto de poder. En otras palabras: no fue un estallido repentino, fue una cadena de movimientos que fueron dejando menos espacio para la convivencia política.

Machar y Kiir representan, además, polos históricos del conflicto interno del país. Kiir ha sido la figura central del poder desde los primeros años del Estado; Machar, un rival clave y recurrente. En el pasado, su confrontación desembocó en guerra abierta. Esa memoria, otra vez, pesa. Cuando una oposición armada se organiza alrededor de los partidarios de Machar y declara un frente unido, muchos interpretan la escena como un retorno a un patrón conocido, con el agravante de que el país está cansado y más empobrecido.

El acuerdo de 2018, frágil desde su cuna

En 2018, las distintas fuerzas que lideraron la independencia pero luego se dividieron en una guerra interna alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a un lustro de combates. El pacto se apoyaba en promesas concretas: censo, constitución y elecciones. Sin embargo, ninguna de esas tres metas se ha cumplido plenamente en los años posteriores, y ese incumplimiento erosiona la legitimidad del proceso. Un acuerdo que no avanza se convierte en una sala de espera permanente. Y en una sala de espera, la paciencia no es infinita.

La transición, diseñada para integrar fuerzas, repartir poder y construir instituciones, ha ido acumulando retrasos y bloqueos. La consecuencia es que la política queda atrapada entre dos extremos: o pactos que se alargan sin resultados visibles, o violencia como atajo. Ese es el dilema, crudo, que reaparece ahora.

Elecciones de diciembre de 2026: promesa, sospecha y rechazo

A finales de 2025, ya en plena oleada de violencia, el Gobierno inició los preparativos para celebrar las primeras elecciones generales del país en diciembre de 2026, pese a no haber aprobado antes una constitución, alegando bloqueo político. El Ejecutivo presenta las elecciones como una “fase de transición crucial” hacia la estabilidad y el fortalecimiento institucional. La oposición, en cambio, las rechaza de forma generalizada y las interpreta como un intento de Kiir de excluirla del proceso político aprovechando el procesamiento y la detención de Machar.

El choque de narrativas es total. Para el Gobierno, votar es salir del túnel. Para la oposición, votar en estas condiciones es cerrarles la puerta con llave. En el terreno, además, aparece la pregunta que nadie formula en voz alta con demasiada alegría: ¿cómo se organiza un proceso electoral viable en un país con desplazamientos, frentes abiertos y una seguridad que depende de fuerzas que, a su vez, están bajo tensión?

En Sudán del Sur, el calendario electoral tiene un peso simbólico enorme porque durante años ha sido una promesa que se pospone. Cuando se anuncia una fecha, no se anuncia solo una votación: se anuncia un intento de normalidad. Pero esa normalidad necesita condiciones mínimas. Si la violencia se intensifica, el riesgo no es solo que no se vote; es que el intento de votar se convierta en otra chispa, otro motivo de disputa, otro argumento armado. Y con Machar detenido, el principal equilibrio del pacto de 2018 queda descompensado, lo que alimenta aún más la sensación de juego amañado.

El factor “Estado”: cohesión institucional y control del territorio

La expresión “desintegración del Estado” aparece con fuerza en las advertencias internas. Edmond Yakani ha pedido un diálogo político urgente para evitar precisamente eso: que el Estado se deshaga por dentro. En Sudán del Sur, el Estado no se mide solo por edificios oficiales o por discursos en Yuba; se mide por su capacidad de pagar salarios, mantener servicios, asegurar carreteras, controlar armas y evitar que cada comunidad se convierta en una frontera armada.

Cuando se retrasan salarios, cuando aumenta el reclutamiento forzoso, cuando las milicias se movilizan, cuando aparecen ataques aéreos cuestionados, el Estado se percibe como un actor que castiga más de lo que protege. Y esa percepción es letal, porque deja el espacio abierto a que grupos armados se presenten como alternativa, aunque esa alternativa sea, en esencia, más guerra.

La gasolina silenciosa: salarios atrasados y reclutamiento forzoso

La advertencia de Yakani sobre la frustración en el Ejército por retrasos salariales y reclutamiento forzoso no es un detalle menor: es una radiografía de cómo se erosiona una fuerza armada desde dentro. Un soldado que no cobra se convierte en un soldado vulnerable a la corrupción, al saqueo, a la deserción o a la tentación de cambiar de bando. No siempre por ideología; a veces por supervivencia. En un contexto de crisis, el sueldo no es solo una nómina: es una cuerda que mantiene unida la estructura.

El reclutamiento forzoso, por su parte, suele dejar heridas sociales profundas. Arranca jóvenes de sus comunidades, rompe familias, genera resentimiento, multiplica la violencia local. Y cuando se mezcla con tensiones étnicas o comunitarias, el daño se amplifica. La guerra deja cicatrices visibles —casas quemadas, mercados vacíos—, pero también deja cicatrices íntimas: miedo, odio, deseo de venganza. Esas cicatrices son el material con el que se alimentan los ciclos de conflicto.

En este punto, la oposición insiste en que está avanzando y que seguirá atacando áreas estratégicas. El Gobierno prepara refuerzos. La ONU alerta. La sociedad civil pide diálogo. La combinación no suena a calma. Suena a un país entrando en una fase donde cada decisión tiene doble filo: defender una ciudad puede significar endurecer controles y aumentar fricciones; atacar una ruta puede significar cortar alimentos a civiles; mover milicias puede significar perder control sobre el propio instrumento de seguridad.

Lo que se juega Yuba cuando el frente se acerca

Que el frente se acerque a zonas relativamente próximas a Yuba no significa necesariamente un asalto inmediato a la capital, pero sí significa una presión política constante. La capital es el centro del poder, del discurso, de la diplomacia y de la administración; si a su alrededor crece la sensación de inseguridad, la política se militariza aún más. Y cuando la política se militariza, el espacio para negociar se estrecha, porque toda concesión se lee como debilidad.

Bor, por su valor logístico, actúa como un termómetro. Kapoeta, por el desplazamiento que ha provocado, actúa como una alarma. Y el llamamiento a los soldados para unirse a la resistencia actúa como una palanca para intentar romper el equilibrio interno del Estado. Son tres movimientos distintos que apuntan a un mismo resultado: debilitar la capacidad del Gobierno de presentarse como única autoridad.

La respuesta gubernamental, según la información disponible, se orienta a asegurar perímetros y reforzar posiciones. Si esa respuesta escala hacia el uso de medios aéreos con impactos indiscriminados —algo que preocupa a la ONU— el conflicto puede adquirir una dimensión más destructiva, porque el daño colateral tiende a disparar la rabia comunitaria y a alimentar reclutamientos, venganzas y nuevas milicias. En guerras como esta, el civil no es un “daño colateral”; es el campo de batalla, aunque nadie lo diga así.

Sudán del Sur ante su momento más frágil desde el acuerdo

Sudán del Sur vive un choque entre un calendario político que promete elecciones en diciembre de 2026 y una realidad militar que amenaza con devorarse esa promesa antes de que llegue. La oposición armada, con Peter Lam Gabriel como voz militar visible, afirma haberse coordinado con facciones como el Frente Unido, el Frente de Salvación Nacional y el movimiento del general Stephen Buai, y se atribuye avances en zonas estratégicas cercanas a Bor y ataques en Kapoeta que han empujado a miles de civiles a desplazarse. El Gobierno, con Salva Kiir al frente, se prepara para reforzar perímetros y contener la expansión de los rebeldes. Y en el centro de este tablero, como un eje roto, está Riek Machar, ex vicepresidente, suspendido tras el estallido de violencia de 2025 y hoy detenido, cuya ausencia del juego institucional intensifica la confrontación.

La ONU advierte de una violencia “catastrófica” y de riesgos ligados a ataques aéreos indiscriminados y a la movilización de milicias. Edmond Yakani pone el acento en lo que convierte un conflicto en algo incontrolable: alianzas armadas, frustración en el ejército por salarios atrasados y una dinámica de reclutamiento forzoso que erosiona el tejido social. Son piezas que encajan demasiado bien para producir una tormenta.

Si algo define este momento es la simultaneidad: frentes abiertos, alianzas proclamadas, desplazamientos, presión sobre rutas de suministro, discursos de derrocamiento, refuerzo de perímetros, advertencias internacionales y un calendario electoral que se convierte en objeto de disputa. No hay un solo interruptor que se apaga y enciende; hay varios cables pelados tocándose a la vez.

Diciembre de 2026 se acerca con el país en vilo

La fecha de las elecciones, diciembre de 2026, está ahí como un faro que parpadea. Para el Gobierno, es la salida institucional. Para la oposición, es un intento de consolidación sin garantías, más aún con Machar fuera y con el acuerdo de 2018 incumplido en sus pilares fundamentales: censo, constitución, votación creíble. En la práctica, la escalada militar de estas semanas condiciona todo: quién controla qué territorio, quién mueve suministros, quién impone seguridad, quién intimida, quién puede presentarse como autoridad ante la población.

A estas alturas, la palabra “guerra civil” no es un titular fácil, es una posibilidad que se va llenando de contenido con cada movimiento armado. La oposición habla de “próximas batallas” y de objetivos estratégicos. El Gobierno se prepara para reforzar. La ONU alerta. La sociedad civil teme una desintegración del Estado. Y el país, que nació en 2011 con una carga de esperanza enorme, vuelve a parecerse a ese lugar donde los pactos son frágiles y los fusiles pesan demasiado.

El peligro inmediato no es solo la conquista de una ciudad u otra. El peligro es el mecanismo: si la violencia se vuelve el idioma dominante, las elecciones quedan reducidas a una palabra en un calendario; el acuerdo de 2018 queda como un papel envejecido; y la política vuelve a su versión más cruda, la que se resuelve en carreteras, perímetros y frentes. En Sudán del Sur, cuando eso pasa, lo primero que se rompe no es el Gobierno ni la oposición: se rompe la vida corriente, la que se sostiene con mercados, rutas, escuelas y hogares que, de golpe, ya no son un lugar seguro.