Subida cotizaciones autonomos 2026: cuándo llega y cuánto es

Autónomos en 2026: nuevas cuotas por ingresos reales, cifras según tramos, calendario hasta 2028 y impacto y costes en pymes y profesionales.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa un alza de las cuotas del RETA para 2026 que se aplicaría a todos los tramos de ingresos. La propuesta fija una cuota mínima de 217,37 euros al mes para rendimientos muy bajos y eleva la cuota máxima a 796,24 euros, con un abanico de incrementos que va de 17 a 206 euros mensuales según el escalón de rendimiento neto. El esquema, que forma parte del modelo por ingresos reales, incluye una senda de revisiones en 2027 y 2028 con importes ya orientados en los borradores. No está aprobado: se negocia con las asociaciones de autónomos y, si el Ejecutivo opta por un real decreto-ley, necesitará convalidación parlamentaria.

El calendario marcado arranca el 1 de enero de 2026. De prosperar, subirían todas las cuotas —de abajo arriba— con lógica progresiva: quien más declara, más aporta. Las asociaciones del sector dibujan posiciones divergentes: ATA califica la propuesta de “sablazo”, UPTA habla de “mejorarla” con ajustes y la oposición política ya se ha alineado en contra. El Ministerio defiende que el ajuste consolida el sistema por ingresos reales iniciado en 2023, corrige brechas con las cotizaciones de los asalariados y refuerza la protección social. Hay una cifra que contextualiza el alcance: la recaudación adicional estimada ronda 1.900 millones de euros al año hasta 2028 si se culmina la senda planteada.

Qué trae 2026: tramos, cuotas y calendario

El armazón técnico es una tabla de 15 tramos que se asignan por rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles). La propuesta para 2026 eleva la cuota más baja a 217,37 euros al mes para rendimientos por debajo de 670 euros, y escala de forma gradual hasta 796,24 euros al mes para rendimientos que superan los 6.000 euros mensuales. Por debajo, los escalones iniciales —los de menor capacidad— asumen subidas moderadas; en la parte alta, el salto es más intenso. El abanico de incrementos en 2026 se cifra entre 17 y 206 euros al mes respecto a 2025.

En la zona baja y media-baja aparecen referencias útiles. Para rendimientos entre 670 y 900 euros, la cuota propuesta pasa a 234,85 euros en 2026. El tramo de más de 900 y hasta 1.166,70 euros cose una cuota de 271,24 euros. A partir de 1.166,70 euros mensuales se entra en la tabla general, con doce escalones donde la base mínima y la cuota van creciendo hasta alcanzar, en el último peldaño, los 796,24 euros al mes. En números redondos: un profesional en torno a 1.300–1.500 euros de rendimiento neto se movería en cuotas ligeramente por encima de 300 euros, y así sucesivamente conforme suben los rendimientos.

El calendario 2026–2028 está dibujado en la propuesta. Para los tramos bajos, la senda mantiene el paso corto: el primer peldaño (≤ 670 euros) avanzaría hasta 234,73 euros en 2027 y 252,10 euros en 2028. En la parte alta, el aumento anual es más acusado: la cuota máxima se empinaría por encima de los 1.000 euros en 2027 y pasaría de 1.200 euros en 2028, según los borradores trasladados a las organizaciones. La pauta general —sube todo, pero con progresividad— se replicaría con ajustes hasta final de periodo. Hay intención de mantener el patrón más allá de 2028, en el marco de la convergencia con las cotizaciones de asalariados de renta equivalente, pero los importes de 2029–2031 dependen de nuevas mesas.

Un matiz relevante para encuadrar el debate: las tres cuotas más bajas de 2026 (217, 234 y 271 euros) seguirían por debajo de la cuota mínima de 2022 (294 euros), el año previo a la implantación del sistema por ingresos reales. Es un argumento utilizado por el Gobierno para apuntalar la idea de protección de rentas más débiles, mientras define el mayor esfuerzo para las bases altas.

Ejemplos con números reales

Una peluquera con 800 euros de rendimiento neto mensual encajaría en el escalón de 234,85 euros. Hoy paga 220 euros: el salto sería de 14,85 euros al mes, 178,20 euros al año. Un diseñador gráfico con 2.000 euros de rendimiento neto se sitúa en la parte media de la tabla general: la cuota supera los 300 euros y anota una subida de decenas de euros al mes, con una factura anual adicional que ya se nota en la caja. Un asesor o médico privado con más de 6.000 euros de rendimientos netos encajaría en la cota alta: 796,24 euros al mes en 2026, con 206 euros más respecto a 2025 solo en el primer año de la senda. Si el negocio mantiene estabilidad, 2027 y 2028 sumarían nuevas vueltas de tuerca.

Las cifras intermedias dependen del tramo exacto en el que se declare. Como el sistema es de ingresos reales con regularización, el profesional elige un tramo según previsión anual y puede cambiarlo a lo largo del año. Al cerrar ejercicio, la Seguridad Social cruza datos fiscales para ajustar: si se aportó de menos, se abona la diferencia; si se aportó de más, hay devolución. Esta mecánica, vigente desde 2023, permite corregir a mitad de año cuando la actividad flojea o despega, y afecta directamente a la cuota final que termina abonándose.

Un modelo asentado en los ingresos reales y la regularización

La transformación de las cotizaciones de los autónomos no arranca en 2026. Se enhebra en la reforma de 2023, que abandonó la cuota plana generalizada y abrazó el criterio de rendimientos netos. La tabla por tramos ordena a los trabajadores por cuenta propia en escalones donde cada uno aporta según su capacidad. Con la propuesta ahora en discusión, el Gobierno consolida esa arquitectura y ajusta importes con senda 2026–2028.

El mecanismo de regularización es el corazón del sistema. Cada comienzo de año, los autónomos declaran una previsión de ingresos y eligen tramo. Si la previsión falla, el cambio de tramo es posible —varias veces anuales— para acompasar la cuota a la realidad del negocio. Al cierre, la interoperabilidad con Hacienda zanja cuentas: regulariza aportes por exceso o por defecto. En actividades estacionales o con picos de demanda —turismo, espectáculos, comercio minorista—, este engranaje evita desfases prolongados, pero exige vigilancia trimestral sobre la evolución de los gastos deducibles y el margen. La experiencia de 2023 y 2024 dejó, además, una lección: documentar bien los gastos que inciden en la base, porque el rendimiento neto computable se ajusta precisamente ahí.

El sistema no es monolítico: los autónomos societarios (administradores o socios de sociedades) y la pluriactividad añaden capas. Los societarios tributan con reglas contables que, en la práctica, también desembocan en rendimientos computables y, por tanto, tramo. La pluriactividad —combinar empleo por cuenta ajena y actividad propia— se ha convertido en un punto sensible: asociaciones han denunciado sobrecotización frente a lo que ocurre con asalariados pluriempleados, asunto que se arrastra de la regularización de 2023. La mesa de negociación lo conoce y hay margen para ajustes técnicos si se aspira a un esquema más fino. En paralelo, situaciones especiales (cuidado de hijos, incapacidad temporal, cese de actividad) siguen con bonificaciones o prestaciones asociadas a la base elegida.

Quién gana, quién pierde y dónde está el debate

Por diseño, la progresividad vertebra el cuadro: los tramos altos concentran el esfuerzo en 2026 y más todavía en 2027 y 2028. Profesionales con facturación sostenida por encima de 4.000–5.000 euros netos mensuales verán cómo la cuota se convierte en un coste fijo de notable tamaño. En ese segmento, cualquier bache de demanda o subida de costes (alquiler, suministros, carburantes) tensiona la tesorería, y no es extraño que se replantee la política de precios o la cartera de clientes. El discurso oficial contrapone que, si se comparan con asalariados de renta equivalente, la brecha de aportación todavía favorece a los autónomos y que la reforma avanza hacia equidad contributiva.

En la mitad de la tabla, donde se mueven miles de profesionales de servicios, el efecto es heterogéneo. Subidas contenidas —en decenas de euros— pueden absorberse si la actividad es predecible y el margen acompaña. Si hay variabilidad o se acumulan pagos extraordinarios (una inversión en equipos, un mes malo, una baja), la subida anual se hace notar. Para esa zona, el sistema ofrece como única palanca efectiva el ajuste de tramo durante el año, con la contrapartida de no quedarse corto al alza si los ingresos finalmente rebotan y llega la regularización con desembolso adicional.

En la base de la pirámide —rendimientos reducidos o inestables—, las cuantías siguen por debajo de la mínima de 2022 y los incrementos de 2026 son moderados. En términos absolutos, 17 euros al mes pueden representar poco en políticas públicas, pero mucho en una caja de negocio ajustada. Ahí late uno de los dilemas de la reforma: cómo equilibrar sostenibilidad del sistema con realidad micro de oficios cuyos ingresos fluctúan por temporada, tiempo dedicado a cuidados o simple pulsación de la demanda local.

El ruido político y social acompaña. ATA ha rechazado el dibujo, alega perjuicio en capas medias y denuncia errores de regularización en la pluriactividad. UPTA ha pedido “mejorar” tramos y modular esfuerzos. En el terreno partidista, Vox y el PP han cargado contra la subida y la presentan como un incremento de presión sobre quienes tiran del carro empresarial. El Ejecutivo, por su parte, defiende que el colchón de protección —incapacidad, cese de actividad, prestaciones— mejora cuando se cotiza por lo que realmente se gana, y que el esfuerzo adicional apunta a sostener pensiones en un momento de gasto creciente. De fondo, la caja: el cálculo de 1.900 millones de recaudación anual adicional hasta 2028 ayuda a explicar el impulso.

Efectos prácticos en el día a día de un pequeño negocio

Más allá de la macro, la subida de cotizaciones aterriza en decisiones de tesorería. Para un comercio minorista, una consulta profesional o un taller, 206 euros extra al mes —en el tope superior— no se resuelven con una ocurrencia: suponen 2.472 euros al año que hay que financiar con precio, volumen, ahorro de costes o una mezcla de todo. En los tramos intermedios, un salto de 30–60 euros al mes también requiere encaje. El IVA y los pagos fraccionados del IRPF comparten calendario y, en no pocas provincias, el alquiler se ha encarecido. La gestión del flujo de caja disfruta poca épica y mucho Excel: calendario fiscal, recibos, rotación de cobros, plazos a proveedores.

La reforma por ingresos reales ha agudizado la importancia de documentar gastos deducibles con rigor. Suministros, alquiler de despacho, vehículo afecto, amortización de equipos, seguros: cada apunte que reduce el rendimiento neto moldea el tramo y, por tanto, la cuota. Quien solía trabajar con márgenes sobre ventas sin mirar demasiado el detalle contable, ahora entiende que la base de cotización se cocina con papeles. También ha ganado peso la previsión trimestral: si el negocio viene flojo en primavera, bajar de tramo puede evitar un ajuste doloroso en la regularización anual; si repunta en otoño, volver a subir evita sorpresas por defecto de aportación.

Importa, igualmente, la relación con la banca. La estabilidad de recibos —cotización incluida— y una historia de ingresos coherente favorecen líneas de circulante para capear meses de baja actividad. Un aumento fijo de cuota, aunque sea moderado, entra en el análisis de riesgo y puede animar a repensar plazos medios de cobro o políticas de anticipo. En servicios profesionales, la revisión de honorarios a clientes recurrentes suele llegar tras cambios normativos: discretamente y con justificación objetiva, la cotización sube y el coste total de prestar el servicio también.

Lo que pasa con los colectivos singulares

El autónomo societario seguirá dentro de la lógica de ingresos reales, aunque su casuística fiscal sea distinta a la de un profesional individual. La propuesta no crea una tabla separada para societarios: proyecta el mismo principio de capacidad económica a partir de rendimientos. En el caso de colaboradores familiares —figura minoritaria, pero existente—, no hay señales de giro específico más allá de lo que arrastre el tramo en el que encajen sus ingresos computables. Sobre la llamada tarifa plana para nuevas altas (régimen transitorio vigente en 2023–2025), el Ministerio no ha detallado cambios de calado en 2026 dentro de esta propuesta de cuotas; el foco está en la tabla general y la senda trianual.

La pluriactividad concentra fricción. La queja central: el tratamiento de quien cotiza a la vez en Régimen General y RETA no se alinea con el de un asalariado pluriempleado y provoca excesos de aportación en determinados perfiles. Las organizaciones han pedido correcciones en la regularización para estos casos y Seguridad Social conoce el expediente. Si hubiera ajuste, se plasmaría en el desarrollo normativo o en una instrucción que clarifique criterios de cómputo de rendimientos y topes.

También sobreviven los elementos de protección. El cese de actividad —el “paro” de los autónomos— se financia con la cotización y mejora con bases más altas. Las contingencias profesionales y la incapacidad temporal guardan relación con la base: en tramos altos, la cobertura sube; en tramos bajos, la factura mensual es menor, pero la prestación también. Es la otra cara del esquema: no se trata solo de pagar más o menos, sino de qué derechos se activan cuando el negocio tropieza.

La política, el Congreso y lo que puede moverse aún

Nada de esto es ley a día de hoy. El lunes 13 de octubre de 2025 el Ministerio puso sobre la mesa la primera propuesta y arrancó una negociación formal con ATA, UPTA y el resto de actores. La vía más probable para desplegar la tabla 2026–2028 es un real decreto-ley, que exigiría convalidación en el Congreso. El equilibrio parlamentario es estrecho y, por tanto, el texto final podría moverse en detalles: microajustes de tramo, bonificaciones selectivas, calendario de entrada en vigor de alguna casuística. El Gobierno sostiene que la reforma es estructural y que retroceder supondría debilitar un sistema que pretende acercar aportaciones a renta real y sostener pensiones. La oposición, por su parte, ha encontrado en las cuotas un terreno abonado para señalar presión fiscal sobre clases medias y autónomos.

Mientras la aritmética parlamentaria se resuelve, conviene mirar fechas clave. Si el 1 de enero de 2026 debe entrar en vigor, el texto tendría que estar aprobado y publicado con margen suficiente para que gestorías y profesionales adapten tramos y domiciliaciones. Cada trimestre de 2026 será una estación de control para detectar si los ingresos previstos se desvían y, en su caso, ajustar tramo. La regularización del ejercicio llegará en la primavera de 2027 con la campaña del IRPF, donde se cruzarán cuentas.

Hay más movimiento alrededor. El debate sobre bases máximas —asalariados— y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional está presente en la otra orilla del sistema, lo que añade tensión política a cualquier subida que toque la nómina de autónomos o empresas. Si el Gobierno busca coherencia entre pilares contributivos, la negociación de autónomos no es un islote: lo que se decida aquí conecta con la fotografía completa de cotizaciones y prestaciones.

El número del recibo y todo lo que arrastra

Por debajo de las consignas, lo que cambia es el recibo. 217,37 euros, 234,85 euros, 271,24 euros, 796,24 euros… números fríos que cuentan cosas muy concretas: cuánto aguanta el margen de un estudio creativo, qué decisión toma la dueña de una tienda de barrio al revisar precios, cómo planifica un transportista el diésel de la semana, por qué un abogado que factura alto revisa su estructura y su equipo. La propuesta para 2026 aprieta de arriba a abajo, aunque con paso corto en los peldaños inferiores, y dibuja un par de años más de incrementos para consolidar el modelo por ingresos reales.

Las cifras de recaudación ayudan a entender por qué: reforzar pensiones y prestaciones exige ingresos sostenidos, y el Ejecutivo ha elegido a los autónomos para un esfuerzo que, en su visión, corrige la distancia histórica con los asalariados. Enfrente, las organizaciones recuerdan que la incertidumbre forma parte del ADN de trabajar por cuenta propia y que toda subida de cuotas se come margen en un momento —alquileres, energía, financiación— que no invita a la euforia. El Congreso dirá si la tabla sale como está, se modula por tramos o se enfría. En cualquier caso, el 1 de enero está a la vuelta de la esquina y el recibo de la Seguridad Social, ese papel que llega sin hacer ruido, ya pesa en los planes de 2026.

Puntos clave, negro sobre blanco: subida general en 2026 para todos los tramos; mínima de 217,37 euros y máxima de 796,24; incrementos entre 17 y 206 euros al mes; senda hasta 2028 con nuevas alzas; efecto recaudatorio que roza los 1.900 millones anuales si el plan se despliega como se ha presentado. A partir de ahí, todo dependerá de dos engranajes conocidos por cualquiera que haya llevado un pequeño negocio: contabilidad fina y previsión. La reforma empuja hacia ahí. Y, como casi todo lo importante en la vida económica de un país, se decidirá con una mezcla de números, votos y tiempo.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y medios de referencia en España. Fuentes consultadas: El País, La Vanguardia, RTVE, 20Minutos.