¿Suben las agresiones sexuales con Sánchez? Datos oficiales y contexto

Los datos oficiales dibujan una curva incómoda durante los años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno: los delitos sexuales conocidos por las fuerzas de seguridad han crecido de forma notable. En la serie 2018-2024 del Ministerio del Interior, los hechos conocidos contra la libertad sexual pasan de 13.782 en 2018 a 22.846 en 2024, lo que supone un aumento del 66%. De ahí sale la búsqueda —y el ruido político— sobre si suben las agresiones sexuales con Sánchez. La cifra no es pequeña, no es un matiz perdido en una tabla gris. Es una subida de más de 9.000 delitos registrados en seis años.

Otra cosa, bastante distinta, es convertir esa evolución en una frase cerrada de tertulia: “pasa con Sánchez, luego es culpa de Sánchez”. Ahí empieza el barro, que en España suele tener horario de máxima audiencia. Los datos dicen que las agresiones sexuales registradas han aumentado; no prueban por sí solos una causalidad política directa. En medio hay cambios legales, más denuncias, mayor conciencia social, una cifra oculta enorme y una transformación del lenguaje penal: desde la ley del solo sí es sí, la antigua distinción entre abuso y agresión sexual quedó alterada y toda conducta sexual sin consentimiento pasó a encajar bajo el paraguas de la agresión sexual.

La frase, por tanto, tiene una parte verdadera y una parte demasiado cómoda. Verdadera, porque los delitos contra la libertad sexual han subido con claridad en los registros oficiales. Cómoda, porque permite señalar al presidente como si una curva criminal fuese una factura con membrete de La Moncloa. La política cuenta, por supuesto. Las leyes cuentan. Los recursos policiales, los juzgados, la educación, la prevención, la inmigración, la noche, el alcohol, la pornografía, la desigualdad y el miedo a denunciar también cuentan. Todo cuenta. Y ahí es donde el eslogan empieza a sudar.

Los datos duros: de 2018 a 2024, una subida del 66%

La serie oficial sobre delitos contra la libertad sexual deja una escalera bastante nítida. En 2018 se registraron 13.782 hechos conocidos; en 2019, 15.319; en 2020, año torcido por la pandemia y las restricciones de movilidad, bajaron a 13.174; después volvieron a subir: 17.016 en 2021, 19.013 en 2022, 21.825 en 2023 y 22.846 en 2024. No hay que ser catedrático en estadística, ni tertuliano con gráfico de cartón pluma, para ver la línea. Sube. Con un bache pandémico, sí, pero sube.

Dentro de ese total, las categorías más sensibles también avanzan. Los hechos registrados como agresión sexual pasan de 7.983 en 2018 a 13.674 en 2024, una subida aproximada del 71%. Las agresiones sexuales con penetración, que en el lenguaje común suelen identificarse como violaciones, pasan de 2.744 en 2018 a 5.222 en 2024, cerca de un 90% más. Es el dato que más golpea. Porque una cosa es discutir el encuadre político y otra mirar esos números sin notar un frío raro en la nuca.

Conviene detenerse en una nota técnica que suele desaparecer cuando la frase se lanza como piedra. En esta serie, las variables agresión sexual y agresión sexual con penetración incluyen también los antiguos delitos de abuso sexual y abuso sexual con penetración. Es decir, no estamos ante una fotografía penal idéntica a la de hace años. El Código Penal cambió, el registro se adaptó y algunas categorías se reordenaron. Eso no borra la subida; la explica mejor.

El dato no necesita maquillaje, pero sí contexto. Si se dice que los delitos sexuales han subido durante los gobiernos de Sánchez, la afirmación se sostiene. Si se dice que esa subida nace exclusivamente de Sánchez, la frase ya pisa terreno resbaladizo. La estadística penal es un espejo sucio: refleja algo real, pero también acumula polvo legal, cambios administrativos y costumbres sociales que antes dejaban demasiadas víctimas en silencio.

El último balance: 2025 sube menos, pero sigue subiendo

El balance general de criminalidad de 2025 aporta otra pieza importante. En esa serie, los delitos contra la libertad sexual registrados pasan de 21.170 en 2024 a 21.659 en 2025, un aumento del 2,3%. Las agresiones sexuales con penetración suben de 5.215 a 5.363, un 2,8% más. Traducido a una imagen menos burocrática: en 2025 se registraron de media casi 59 denuncias diarias por delitos contra la libertad sexual, y unas 15 al día por agresión sexual con penetración.

Aquí hay que andar con zapatos de suela fina. El informe monográfico de delitos sexuales de 2024 y el balance general de criminalidad de 2025 no deben mezclarse como si fueran el mismo vaso de agua. Tienen encuadres estadísticos distintos y el propio balance general separa la criminalidad convencional de la cibercriminalidad. La comparación rigurosa se hace dentro de cada serie: en la serie 2018-2024 del informe específico, la subida es del 66%; en el balance general de 2025, comparado con su propio dato de 2024, la subida anual se modera al 2,3%. El titular fácil sobrevive, pero pierde parte del colmillo cuando se mira con lupa.

Interior introduce además una explicación que no es menor: el crecimiento sostenido debe relacionarse, al menos en parte, con políticas de concienciación, menor tolerancia social ante estos delitos y mayor disposición de las víctimas a denunciar. Eso no significa que “no pase nada” ni que todo sea producto de más denuncias. Significa algo más incómodo: puede haber más casos conocidos porque hay más hechos, porque se denuncian más, porque se clasifican de otra forma o por una mezcla de todo ello. La realidad, esa señora antipática, rara vez cabe en un eslogan.

También hay una paradoja difícil de vender en televisión: cuando una sociedad denuncia más la violencia sexual, la estadística puede empeorar aunque parte del cambio sea positivo. No porque la violencia desaparezca, ni mucho menos, sino porque aflora lo que antes quedaba enterrado en la vergüenza, la dependencia económica, el miedo familiar o la desconfianza hacia el sistema. Una denuncia más puede ser un fracaso social y, al mismo tiempo, una pequeña victoria institucional. España, como casi siempre, convive mal con las dos ideas a la vez.

La ley cambió el mapa: abuso, agresión y consentimiento

Uno de los puntos decisivos para entender la evolución es la reforma legal. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, eliminó la categoría de abuso sexual y estableció que toda conducta sexual sin consentimiento constituye una agresión sexual. También definió de manera expresa el consentimiento, una palabra sencilla que en los juzgados, en la política y en algunas barras de bar ha provocado discusiones de ópera.

Después, la Ley Orgánica 4/2023 modificó de nuevo varios aspectos penales y procesales, elevando los tramos mínimos de algunas penas en supuestos con violencia o intimidación. La historia ya se conoce: la ley del solo sí es sí nació con una intención declarada de reforzar la protección de la libertad sexual, pero acabó atrapada en una tormenta jurídica por la revisión de condenas y la rebaja de penas en determinados casos. Aquello dejó una cicatriz política profunda. Otra. En España no falta material para el archivo de cicatrices.

Esto altera la conversación pública. Antes, una parte de los hechos se ubicaba bajo el rótulo de abuso; después, muchas conductas pasan a agruparse bajo agresión. De ahí que comparar titulares viejos con titulares nuevos sin mirar la arquitectura legal sea como comparar dos mapas de metro con líneas renombradas: el trayecto existe, pero las estaciones ya no se llaman igual. Y cuando la política entra con botas, suele pisar justo ahí, donde el matiz resulta más necesario.

La reforma no explica toda la subida. Sería demasiado cómodo. La tendencia ya venía creciendo antes y los informes anteriores mostraban incrementos en los años previos, con una evolución al alza de los delitos sexuales conocidos durante buena parte de la década. El aumento, por tanto, no nació mágicamente en 2018, aunque durante los gobiernos de Pedro Sánchez la curva sí se aceleró y alcanzó sus máximos recientes.

Hay otro elemento que tampoco cabe en la pancarta: la infradenuncia. Los datos conocidos no reflejan la totalidad de los hechos cometidos. En violencia sexual, muchas víctimas no denuncian nunca. Callan por miedo, por culpa inducida, por dependencia, por vergüenza, por no creer que el proceso vaya a servir de algo o por puro agotamiento. Es un agujero negro estadístico. Lo que aparece en el sistema puede ser apenas la punta iluminada de una masa mucho mayor, escondida en casas, relaciones, fiestas, chats, silencios familiares y noches que nadie quiere recordar.

Víctimas: mujeres, menores y jóvenes en el centro del golpe

En 2024 hubo 22.778 victimizaciones registradas por delitos contra la libertad sexual. La palabra “victimización” suena fría, casi administrativa, como un mueble metálico en un pasillo judicial. Pero detrás hay personas. El informe señala que 19.518 de esas victimizaciones correspondieron a mujeres y 3.246 a hombres; en porcentaje, casi el 86% fueron mujeres. En agresión sexual con penetración, la sobrerrepresentación femenina es todavía más evidente: 4.318 mujeres frente a 511 hombres y dos casos sin constancia de sexo.

La edad abre otra grieta. En 2024, el grupo de 18 a 30 años concentró 6.956 victimizaciones, el mayor volumen de la tabla. Pero los menores pesan muchísimo: 4.196 victimizaciones en el grupo de 0 a 13 años, 2.872 entre 14 y 15, y 2.325 entre 16 y 17. Sumadas, las víctimas menores de 18 años representan aproximadamente el 41% del total de victimizaciones registradas. No es un dato lateral. Es el cuarto oscuro de la estadística.

Las agresiones sexuales con penetración también muestran una concentración fuerte entre jóvenes adultos. En 2024 se registraron 1.763 victimizaciones de este tipo en el tramo de 18 a 30 años; en el grupo de 31 a 40 años fueron 697; entre 41 y 50, 575; entre 14 y 15, 520; entre 16 y 17, 515; y entre 0 y 13, 474. Cada número es una casilla, sí. Pero no conviene olvidar que una casilla, en estos delitos, puede ser una vida partida en dos.

También hay estacionalidad. Los informes detectan más hechos conocidos en verano y principios de otoño, con máximos acumulados en julio, agosto y junio dentro de la serie 2018-2024. No significa que el calendario explique la violencia sexual por sí solo. Significa que las rutinas sociales importan: ocio nocturno, viajes, fiestas, más interacción fuera del hogar, más alcohol en algunos contextos, más exposición. La violencia no aparece por combustión espontánea, aunque algunos prefieran explicarla como si fuera niebla.

El dato de los menores obliga a mirar más allá del debate partidista. Aquí entran la familia, la escuela, las redes sociales, los entornos deportivos, los espacios de ocio, la protección institucional y la educación afectivo-sexual, esa expresión que algunos pronuncian como si invocara a un demonio con gafas de pasta. Sin prevención seria, sin detección temprana y sin recursos para víctimas, la cifra seguirá funcionando como un semáforo roto: parpadea, alarma, molesta, pero no detiene nada.

Autores: el patrón masculino es abrumador

El perfil de las personas detenidas o investigadas tampoco deja demasiado espacio para el misterio. En 2024 se registraron 14.375 personas detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual, frente a 8.288 en 2018. De nuevo, una subida muy fuerte. En la distribución por sexo, 13.388 eran hombres y 987 mujeres: alrededor de un 93% masculino. El dato no acusa a “los hombres” como bloque, esa caricatura para discusiones pobres, pero sí retrata un patrón criminológico muy estable.

Por edades, el grupo más numeroso entre detenidos o investigados en 2024 fue el de 18 a 30 años, con 4.215 personas, seguido del tramo de 31 a 40, con 3.012, y del grupo de 41 a 50, con 2.746. Los menores de 14 a 17 años sumaron 1.206. La tendencia al alza se mantiene en casi todos los grupos de edad, aunque con ligeros descensos en menores y mayores de 65 respecto al año anterior.

La cuestión migratoria suele aparecer en este debate como un petardo lanzado en un cuarto cerrado. Los datos de 2024 indican que, entre detenidos o investigados, el 61% tenía nacionalidad española y el 39% restante correspondía a población extranjera, con especial incidencia de personas procedentes de América y África. Pero ese dato pide lectura cuidadosa por el efecto de la pirámide poblacional y la sobrerrepresentación de algunos grupos en edades de mayor riesgo delictivo. Dicho de forma menos académica: el dato existe, pero usarlo como martillo identitario sin tasas ajustadas por edad, sexo y composición demográfica es hacer propaganda con una calculadora prestada.

También importa la relación entre víctima y agresor, aunque el debate público adore imaginar siempre un callejón, una sombra, un desconocido. La violencia sexual muchas veces ocurre cerca: en espacios de confianza, en entornos conocidos, en relaciones previas, en lugares donde la víctima no esperaba tener que defenderse. Esa cercanía no suaviza nada. Al contrario. Añade una capa de traición, como humedad en una pared: no siempre se ve desde fuera, pero pudre por dentro.

Qué se puede afirmar y qué no

Se puede afirmar que los delitos sexuales registrados han aumentado durante los años de Sánchez en el Gobierno. Se puede afirmar que las agresiones sexuales con penetración casi se han duplicado entre 2018 y 2024 en la serie específica de Interior. Se puede afirmar que 2025 mantiene la tendencia al alza, aunque con un incremento mucho más moderado en el balance general. Y se puede afirmar que las mujeres y los menores concentran una parte muy relevante de la victimización.

No se puede afirmar, con esos datos solamente, que Sánchez sea la causa directa de la subida. La estadística no funciona como un dedo acusador automático. Un Gobierno aprueba leyes, dota recursos, diseña políticas, nombra responsables, prioriza o desatiende problemas; todo eso merece evaluación política. Pero una serie de criminalidad no basta para cerrar el juicio causal. Haría falta aislar factores: cambios de denuncia, reformas penales, variación demográfica, actuación policial, digitalización de delitos, cambios culturales, consumo de pornografía extrema, ocio nocturno, educación sexual, reincidencia, respuesta judicial y tiempos procesales. Mucha tela. Y no precisamente de pancarta.

También hay una trampa en el verbo “suben”. En criminalidad, sube lo registrado. Eso puede significar que aumentan los hechos cometidos, que se denuncian más, que se registran mejor o que cambian las categorías legales. En delitos sexuales, donde la infradenuncia ha sido históricamente altísima, un aumento de denuncias puede reflejar una sociedad menos silenciosa. Pero sería indecente usar esa explicación para minimizar el problema. Que se denuncie más puede ser una buena noticia institucional; que haya decenas de miles de hechos conocidos sigue siendo una pésima noticia social. Las dos cosas pueden convivir. España, aunque a veces lo olvide, no está obligada a elegir entre cerebro y tripas.

La frase, por tanto, necesita bisturí: sí, las cifras oficiales muestran una subida fuerte de los delitos sexuales conocidos desde 2018; sí, el periodo coincide con los gobiernos de Pedro Sánchez; no, esa coincidencia no demuestra por sí sola causalidad política; sí, la evolución obliga a examinar las políticas públicas sin complacencia; no, el cambio legal y el aumento de denuncias no convierten el problema en un simple efecto contable.

El dato queda, la causalidad se gana con pruebas

La estadística deja una imagen áspera: más delitos sexuales registrados, más agresiones con penetración, más victimizaciones, más detenidos o investigados. Desde 2018 a 2024, la subida del 66% en hechos conocidos contra la libertad sexual es demasiado grande para barrerla bajo la alfombra con el pie. Y el dato de 2025, aunque más moderado, confirma que el fenómeno no se ha evaporado. Sigue ahí, respirando en la nuca del país.

Pero el rigor importa. Precisamente porque el asunto es grave. La frase “suben las agresiones sexuales con Sánchez” funciona como titular político, incluso como gancho de búsqueda, pero solo es honesta cuando se completa: suben los delitos sexuales registrados durante su etapa, en un contexto de reformas legales, mayor denuncia, cambios sociales e infradenuncia persistente. Quien quite esa segunda parte no está informando mejor; está recortando la realidad hasta que encaje en su cartel.

Y aun así, el Gobierno no queda fuera del examen. Ningún Ejecutivo puede mirar una curva así y refugiarse solo en que “ahora se denuncia más”. Eso explica una parte, no absuelve de todo. La pregunta pública sensata no es si el dato existe, porque existe. La pregunta útil es por qué crece, qué parte corresponde a más violencia y qué parte a más denuncia, dónde fallan prevención y protección, por qué tantos menores aparecen en las tablas, qué ocurre con los agresores jóvenes, cómo actúa la justicia y qué políticas reducen daños de verdad. Lo demás es ruido. Mucho ruido. Y las víctimas, mientras tanto, no viven dentro de un gráfico. Viven después.