¿Por qué sigue abierto el caso Daniel Sancho después de tres años?

El caso de Daniel Sancho continúa abierto porque la condena a cadena perpetua todavía no es firme. Tres años después de la muerte de Edwin Arrieta, el Tribunal de Apelaciones de Phuket estudia los recursos presentados tanto por la defensa del español como por la representación de la familia del cirujano colombiano. No existe una fecha oficial para comunicar la resolución.

La novedad está en Koh Samui. Fuentes del tribunal que dictó la primera sentencia han reconocido que el plazo está siendo más largo de lo habitual y consideran que no debería faltar mucho para conocer la decisión. Conviene rebajar el entusiasmo del cronómetro: el fallo depende exclusivamente del tribunal de Phuket, que a 5 de agosto de 2026 no ha señalado el día de su lectura. El calendario judicial tailandés, por desgracia para los titulares de televisión, no entiende de aniversarios.

Por qué el caso Daniel Sancho sigue sin cerrarse

Edwin Arrieta murió el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. Daniel Sancho admitió haber desmembrado y ocultado el cadáver, pero sostuvo durante el juicio que la muerte se produjo accidentalmente durante una pelea y que había actuado para defenderse. La Fiscalía y la acusación mantuvieron, por el contrario, que existió planificación previa.

El Tribunal Provincial de Samui aceptó la tesis de la premeditación. El 29 de agosto de 2024 declaró culpable a Sancho de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, en referencia al pasaporte de Arrieta. La pena inicial prevista para el asesinato fue la muerte, posteriormente conmutada por cadena perpetua debido a la colaboración del acusado durante la investigación.

La sentencia también fijó una indemnización de cuatro millones de baht para la familia de la víctima, una cantidad que entonces rondaba los 107.000 euros. La compensación quedó muy por debajo de la solicitada por la acusación particular y constituye otro de los puntos discutidos dentro del procedimiento.

Aquella resolución puso fin a la primera instancia, no a todo el proceso. El sistema judicial tailandés permite recurrir primero ante un tribunal de apelación y, posteriormente, acudir al Tribunal Supremo. Mientras esas vías permanezcan abiertas, la condena no alcanzará firmeza. Ahí está la respuesta, menos misteriosa de lo que sugieren algunos programas: el juicio terminó, pero el procedimiento judicial no.

El recurso de casi 400 páginas presentado por la defensa

La defensa de Daniel Sancho presentó su recurso de apelación el 26 de marzo de 2025, después de varias ampliaciones del plazo concedido para preparar y traducir la documentación. El escrito, de casi 400 páginas, fue elaborado por los equipos jurídicos que trabajan en España y Tailandia y entregado ante el Tribunal Provincial de Samui para su traslado al órgano competente.

Los abogados solicitan que se revoque la cadena perpetua y plantean la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio para incorporar testigos que no declararon durante la primera instancia. Su argumento central sigue siendo el mismo: rechazan que hubiera un plan para matar a Edwin Arrieta, cuestionan partes de la investigación policial y defienden que la muerte ocurrió durante un enfrentamiento.

La sentencia, sin embargo, consideró probada la preparación del crimen mediante la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. También concluyó que Sancho golpeó a Arrieta con intención de matarlo. Son dos relatos incompatibles, casi dos habitaciones sin puerta entre ellas, y el tribunal de Phuket deberá decidir si la valoración de las pruebas fue correcta y si el procedimiento respetó las garantías exigibles.

Qué reclama la familia de Edwin Arrieta

La representación tailandesa de la familia también recurrió. Su escrito pretende reforzar la condena, aumentar la responsabilidad civil y elevar formalmente la pena a muerte, al entender que las pruebas acreditan una conducta de extrema gravedad y que no existe un arrepentimiento suficiente.

Esa petición judicial no debe confundirse necesariamente con un deseo de que se ejecute al condenado. Los portavoces españoles de la familia han insistido en distintas ocasiones en que su prioridad es mantener una pena elevada, preservar la memoria de Edwin Arrieta y asegurar el cumplimiento de la indemnización. El matiz importa. En asuntos penales, una palabra mal colocada puede pesar como una piedra.

Cuándo puede conocerse la sentencia de apelación

No hay una fecha cerrada. Las fuentes del Tribunal Provincial de Samui señalan que estos recursos no suelen tardar tanto y creen próxima la resolución, pero subrayan que la decisión y los tiempos corresponden al Tribunal de Apelaciones de Phuket. La Fiscalía tampoco ha comunicado públicamente un calendario.

La apelación de la defensa y la promovida por la familia de Arrieta deberían resolverse de manera coordinada. El tribunal puede confirmar la condena, modificar alguno de sus extremos o adoptar una decisión que obligue a revisar determinadas actuaciones. Nadie conoce por adelantado qué camino elegirá, y cualquier pronóstico rotundo pertenece más al territorio de la tertulia que al del derecho.

La demora tampoco implica necesariamente una anomalía ni anticipa el sentido de la sentencia. El tribunal debe revisar un expediente voluminoso, analizar las alegaciones de ambas partes y estudiar la traducción de abundante documentación. La justicia tailandesa avanza con sus propios tiempos; desde fuera, esa espera parece un pasillo interminable.

Un fallo que quizá no sea el último

Aunque la resolución de apelación despejará la principal incógnita inmediata, no garantiza el final definitivo del caso. Las partes todavía podrían intentar llevar la controversia ante el Tribunal Supremo tailandés. Solo cuando terminen los recursos admitidos y no quede ningún procedimiento pendiente podrá hablarse con propiedad de una sentencia firme.

La defensa ha dejado claro que su objetivo es combatir la calificación de asesinato premeditado. La familia Arrieta, mientras tanto, busca preservar la condena y revisar la compensación económica. Dos movimientos en direcciones contrarias. Por eso el expediente sigue respirando tres años después del crimen, aunque desde fuera parezca detenido bajo el calor espeso del golfo de Tailandia.

La cadena perpetua y el posible traslado a España

Daniel Sancho permanece en la prisión de Surat Thani, un centro de alta seguridad al que fue trasladado después de conocerse la condena. Antes había pasado aproximadamente un año en prisión preventiva en Koh Samui. Cumplió 32 años en junio y continúa sometido al régimen penitenciario tailandés mientras espera noticias del tribunal.

La cadena perpetua tailandesa significa, en principio, encarcelamiento durante toda la vida. Puede verse afectada en el futuro por reducciones de pena o medidas de gracia, pero ninguna de ellas es automática. Tampoco existe una fecha de liberación asociada a la condena actual. Confundir una posible revisión, un indulto real o un traslado internacional con una excarcelación inmediata es mezclar puertas distintas del mismo pasillo.

Sancho ha explicado que se ha adaptado a la rutina de Surat Thani y que mantiene contacto con su familia, aunque sus comunicaciones se habrían reducido. Son detalles secundarios frente a lo esencial: permanece privado de libertad y condenado por una sentencia plenamente vigente, aunque todavía pueda ser revisada.

España y Tailandia cuentan desde 1987 con un acuerdo para que determinados condenados puedan cumplir la pena en su país de nacionalidad. No es un convenio de extradición ni un billete automático de vuelta. El tratado permite el traslado de presos condenados a prisión perpetua, pero exige que la sentencia sea firme y que no exista otro proceso judicial pendiente en el Estado que impuso la condena.

El procedimiento debe tramitarse por vía diplomática, contar con el consentimiento del condenado y recibir la aprobación de ambos países. Tailandia conservaría la competencia para revisar, reducir o conmutar la sentencia, mientras que España ejecutaría la pena conforme a sus propias normas penitenciarias después del traslado.

Por eso la apelación mantiene cerrada la vía de regreso. La propia defensa ha reconocido que aceptar la condena habría permitido iniciar antes los trámites, pero Daniel Sancho decidió recurrir. Esa elección pretende mejorar o anular el fallo, aunque al mismo tiempo aplaza cualquier negociación para cumplir la pena en España.

Se han publicado estimaciones de cuatro, ocho, diez e incluso más años para un eventual traslado. Ninguna constituye una fecha garantizada. Unos cálculos se refieren al periodo mínimo que debería cumplirse en Tailandia; otros incorporan la duración de los recursos, el pago de la responsabilidad civil, la autorización de ambos gobiernos y los tiempos administrativos. El acuerdo internacional no convierte el traslado en un derecho automático.

Un proceso pendiente del movimiento decisivo

El caso Daniel Sancho se encuentra en una fase concreta: la espera de la sentencia de apelación. No ha aparecido una nueva prueba decisiva, no se ha acordado su traslado a España y tampoco existe una fecha oficial para el fallo. Lo único nuevo y relevante es que el tribunal de Samui considera que la resolución no debería demorarse mucho más.

Después podrá abrirse otra etapa. Si la condena queda confirmada y nadie recurre ante el Supremo, comenzará a acercarse la firmeza. Si una de las partes vuelve a litigar, el procedimiento continuará. Y si algún día se plantea el regreso a España, deberá entenderse como lo que es: un cambio del país donde cumplir la pena, no la desaparición de la condena.

En medio del ruido quedan unos hechos que conviene no perder: Edwin Arrieta fue asesinado, su familia continúa esperando el desenlace judicial y Daniel Sancho cumple cadena perpetua en Tailandia. Tres años de focos no alteran esa realidad. Solo el próximo fallo podrá moverla, y todavía no tiene fecha.