¿Por qué se han duplicado las ejecuciones en Irán en 2025?

Irán en 2025 duplica ejecuciones: más de 1.900 casos, qisas y delitos de drogas al alza, octubre negro y una creciente presión internacional.

En 2025, Irán ha llevado la pena de muerte a niveles no vistos en décadas. Las cuentas independientes sitúan el total anual entre 1.870 y 1.922 ejecuciones, prácticamente el doble que en 2024. La explicación no es única: confluyen la reactivación de condenas por delitos de drogas, el uso masivo del qisas (retribución en casos de asesinato) y sentencias dictadas por tribunales revolucionarios bajo acusaciones de seguridad del Estado como moharebeh (“enemistad contra Dios”) o efsad fel-arz (“corrupción en la Tierra”). El resultado es un ciclo punitivo que se acelera en prisiones de todo el país, con notificaciones a última hora a las familias y una opacidad que dificulta el escrutinio externo.

La cronología del año ayuda a entender la magnitud. El otoño fue especialmente negro. Octubre marcó un pico mensual histórico —más de 200 ejecuciones confirmadas por recuentos consistentes— y el ritmo no se desinfló en noviembre ni diciembre. A las cifras de fondo (drogas y qisas), se sumaron casos que llegaron a la prensa internacional. Tres hombres fueron ahorcados en la prisión central de Isfahán por asesinatos no relacionados, un ejemplo de ese goteo diario que, sumado, dispara el balance. En paralelo, siguieron los avisos sobre condenas por cargos de seguridad del Estado con señalamientos de juicios rápidos, confesiones bajo coacción y limitaciones serias al derecho de defensa.

Qué cambió en 2025: del goteo a la avalancha

El “doble” no surge de la nada. Tras varios años con cifras ya altas, 2025 funcionó como acelerador. Hay un componente político evidente: la presión interna tras el ciclo de protestas que arrancó en 2022 y un clima de tensión regional que el poder utilizó como argumento de seguridad y control. En ese entorno, el aparato judicial y penitenciario volvió a exhibir la pena capital como herramienta de orden. Si uno mira la serie anual, el salto se explica por dos corrientes que corren en paralelo. La primera, silenciosa y constante: los homicidios por qisas, resueltos día a día en cárceles provinciales, con la decisión final en manos de la familia de la víctima (exigir la vida del condenado o conceder perdón a cambio de diya, la compensación económica). La segunda, intermitente pero potente: las condenas por drogas, multiplicadas tras una fase de endurecimiento que dejó atrás el paréntesis de 2017, cuando se había recortado el uso de la horca para ese tipo de delitos.

A estos dos grandes motores se añaden causas políticas o de seguridad, con cargos que en el derecho internacional generan sospechas de vaguedad legal. En casos de moharebeh o efsad fel-arz, los tribunales revolucionarios suelen celebrar procesos breves, con restricciones al acceso a abogados independientes y una fuerte dependencia de las confesiones. La suma empuja. Y el dato que lo resume: si 2024 cerró sobre el millar de ejecuciones, 2025 rompe la barrera de las 1.900. En un país sin transparencia oficial, es una cifra elocuente.

La maquinaria legal que sostiene la soga

La arquitectura penal iraní explica gran parte del repunte. No estamos ante un año anómalo fruto de un puñado de causas de alto perfil. Estamos ante un régimen de pena capital sostenido por tres pilares jurídicos y procesales.

Drogas: el gran acelerador
Irán ha utilizado históricamente la pena de muerte para castigar narcotráfico y delitos conexos. Tras la reforma de 2017 que elevó umbrales y redujo la horca en este ámbito, el péndulo regresó. En 2025, cientos de ejecuciones están vinculadas a drogas. El patrón procesal es conocido: detenciones en operaciones masivas, instrucciones sumarias, fiscales con margen amplio y resoluciones que llegan con velocidad. En el terreno demográfico, el impacto cae con más fuerza en quienes menos recursos tienen para defenderse: jóvenes de periferias urbanas, migrantes afganos sin redes estables, minorías étnicas en provincias fronterizas.

Qisas: la retribución que infla el total
El qisas convierte a las familias de las víctimas de homicidio en sujetos decisivos del desenlace. Pueden exigir la ejecución, aceptar una compensación (diya) o perdonar. Este diseño, que se presenta como restaurativo, empuja en la práctica a mantener un suelo alto de ejecuciones: centenares cada año. En 2025, el qisas funciona como marea de fondo. No llena portadas, pero explica por qué el contador no deja de sumar incluso en semanas sin grandes casos políticos.

Seguridad del Estado y disidencia
El tercer pilar abarca los procesos por seguridad nacional, con cargos de moharebeh o efsad fel-arz que castigan desde sabotaje hasta protestas etiquetadas como violencia política. De nuevo, la constante es la opacidad. Las condenas más mediáticas se dan a conocer cuando ya hay una fecha de ejecución inminente. Y la ventana para la conmutación es estrecha.

Quiénes aparecen en las listas: territorios y perfiles

Los informes convergen en que las minorías baluchí y kurda están sobrerrepresentadas en la estadística final. No es un detalle menor. Provincias como Sistán y Baluchistán, Kurdistán o Jorasán del Sur concentran operaciones antidrogas y cuentan con redes de defensa más débiles, lo que aumenta la vulnerabilidad ante la pena capital. En la lista general también figuran con frecuencia ciudadanos afganos, atrapados en causas de narcotráfico o acusaciones de homicidio sin apoyos consulares efectivos.

Otro vector inquietante es el de mujeres y menores. En 2024 ya se había registrado el año con más mujeres ejecutadas en década y media; el ritmo de 2025 no apuntó a una corrección sustantiva. Muchas causas se producen en contextos de violencia doméstica o matrimonios forzados. Y, aunque es menos frecuente, siguen documentándose ejecuciones por delitos cometidos siendo menores de edad, una vulneración directa de la prohibición internacional que protege a los niños y adolescentes. El cuadro se completa con casos de presos de conciencia y activistas sentenciados en procesos problemáticos.

En lo geográfico, los centros penitenciarios de Karaj, Rasht, Zahedán, Kermanshah o Isfahán aparecen con regularidad en reportes independientes. Las descripciones coinciden: salas de espera abarrotadas, avisos a los familiares con apenas horas de antelación, cuerpos entregados sin autopsias independientes. La prisión central de Isfahán, con las tres ejecuciones casi consecutivas de los últimos días de diciembre, ilustra esa mezcla de rutina y urgencia que ha marcado el año.

Cómo se cuentan las ejecuciones en un país sin transparencia

Las autoridades iraníes no publican un parte completo y verificable de ejecuciones. Por eso, los balances se construyen con metodologías de triangulación: redes de informadores dentro de las prisiones, familiares que comparten notificaciones, documentos judiciales filtrados, periodistas locales y seguimiento de medios provinciales. Ese sistema explica por qué los datos pueden presentar pequeñas divergencias y, al mismo tiempo, mantener coherencia en la tendencia. Cuando distintos equipos, por vías separadas, llegan a horquillas que apenas difieren —1.870 frente a 1.922—, la conclusión no es que el dato sea frágil, sino que el aumento es incuestionable.

Un factor poco conocido influye en el calendario: la estacionalidad judicial. Muchas ejecuciones se concentran en las últimas semanas del año solar persa o alrededor de periodos festivos, cuando el ruido informativo es menor y la presión social desciende. En 2025, el patrón se desplazó hacia el otoño. Octubre dejó la columna más alta de la serie anual y dejó claro que no era un pico aislado: noviembre y diciembre consolidaron la curva.

La capa política: control social, gestos de apertura y mano dura

El discurso oficial ha intentado proyectar en 2025 una imagen de control con matices: gestos puntuales de flexibilidad en normas sociales, espacios para eventos culturales, guiños de “normalidad” en grandes ciudades. Pero esa música convivió con la banda sonora de la represión judicial. La política del patíbulo operó como mensaje hacia dentro: hay líneas rojas, hay castigos ejemplarizantes, hay jurisdicciones donde el margen se estrecha. La brecha entre la vida urbana en Teherán o Shiraz y lo que pasa en cárceles de provincias se ensanchó.

En términos de legitimidad, el ciclo de protestas abierto tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini en 2022 sigue pesando. Ha cambiado la relación de parte de la sociedad con la autoridad y eso se nota en gestos cotidianos: mujeres sin velo, actos culturales con menos autocensura visible, redes sociales como caja de resonancia. La respuesta institucional ha sido dual. Un poco de aire en la calle; mucha cuerda en la prisión. La estadística de 2025 lo resume con crudeza.

Reacción internacional y papel europeo

La Unión Europea y varios gobiernos occidentales elevaron el tono durante el otoño, respaldando el trabajo de mecanismos internacionales y pidiendo una moratoria de las ejecuciones, en especial para delitos que el derecho internacional no considera entre “los más graves”. También han cobrado fuerza las propuestas de sanciones selectivas contra jueces, fiscales y responsables penitenciarios directamente vinculados a ejecuciones masivas o a procesos sin garantías. Entre bastidores, se activan gestiones discretas para frenar casos concretos cuando las ejecuciones son inminentes.

España se mueve en ese marco común. La posición oficial es abolicionista y, en el plano práctico, pasa por apoyar resoluciones en Naciones Unidas, sostener el trabajo de organizaciones que documentan caso a caso y utilizar herramientas diplomáticas cuando corresponde. Hay un punto en el que todas las capitales europeas coinciden: mientras el código penal iraní mantenga la pena capital para drogas y sostenga la arquitectura del qisas, la estadística seguirá alta, más allá de variaciones coyunturales.

Qué puede pasar a partir de enero

Hacer pronósticos cerrados en Irán es arriesgado, pero hay escenarios probables. Primero, el jurídico: si no hay reformas de calado, el “suelo” anual de ejecuciones permanecerá elevado. Cambiar eso implicaría tocar la letra del Código Penal Islámico y reordenar incentivos dentro del sistema judicial, una conversación que hoy no está en la agenda visible. Segundo, el político: si las autoridades consideran que 2025 ha generado demasiado coste externo, podrían modular la visibilidad de algunos casos, en especial los políticos, sin mover el grueso de drogas y qisas. Tercero, el internacional: si la presión se traduce en más listados sancionadores y seguimiento caso a caso, es razonable esperar conmutaciones puntuales y suspensiones de última hora.

En paralelo, existen vías de mitigación internas que, sin cambiar el sistema, salvan vidas. La expansión de redes de mediación civil y religiosa para fomentar el perdón en causas de qisas es una de ellas. No arregla el problema estructural, pero reduce el conteo. Otra es la visibilización rápida de nombres y fechas de ejecución en redes sociales persas: cuando una causa irrumpe en la conversación pública, a veces llega una suspensión cautelar o se reabre el expediente. No siempre funciona; hay casos, sin embargo, en los que esa presión de última hora ha hecho la diferencia.

Nombres, lugares, fechas: las piezas del año

Es fácil perderse en la ola de cifras. Por eso, conviene mirar algunos casos concretos que dibujan 2025. El triple ahorcamiento en Isfahán, en la recta final del año, condensó el patrón: causas ordinarias por homicidio, notificación tardía, ejecución sin anuncio oficial previo y sin observadores independientes. En el extremo opuesto, el pico de octubre, con más de dos centenares de ejecuciones verificadas por recuentos consistentes, mostró la capacidad del sistema para multiplicar la maquinaria punitiva en periodos concretos. Entre esos dos polos —la rutina y la avalancha— transcurre el año.

Hay, además, la capa de identidades. Los listados publicados por organizaciones de derechos humanos han incluido nombres y apellidos de ejecutados de origen baluchí y kurdo, así como afganos. En algunos expedientes aparecen mujeres en contextos de violencia doméstica; en otros, personas condenadas por delitos de drogas con cantidades y circunstancias que en la mayoría de países no desembocan en la pena capital. Y, de forma esporádica, surgen causas de alto perfil político que se convierten en símbolo dentro y fuera de Irán.

Transparencia, metodología y por qué el rango de cifras es estrecho

En ausencia de datos oficiales completos, se trabaja con metodologías transparentes: clasificación del origen de cada caso (documentación judicial, testimonio de familiares, funcionarios penitenciarios, prensa local), verificación cruzada y publicación con márgenes de confianza. Ese modo de proceder explica la estrechez de la horquilla final. No es casual que distintas organizaciones lleguen a totales que apenas se separan en unas decenas. Cuando los equipos rehúyen inflar números y, aun así, el gráfico final dibuja una curva ascendente tan clara, la conclusión es robusta.

Hay otro elemento importante: el dato de que la inmensa mayoría de ejecuciones no se anuncian oficialmente. Esa opacidad sostiene el sistema y dificulta que terceros —países, foros internacionales, prensa— puedan reaccionar con rapidez. La falta de anuncio impide, en muchos casos, que abogados y familiares presenten peticiones de última hora o que se activen campañas de clemencia. El efecto es medible: cuando trascienden nombres y fechas con suficiente antelación, la probabilidad de suspensión, indulto o conmutación aumenta.

Un dato incómodo que no se apaga

Detrás de los 1.900 registros de 2025 hay vidas concretas y un diseño legal que convierte la pena de muerte en una herramienta rutinaria. El año ha sido excepcional por volumen, no por lógica. La combinación de drogas, qisas y seguridad del Estado mantiene encendida la maquinaria, y la opacidad institucional impide el control público. La reacción exterior ha crecido, con voces que reclaman moratorias y sanciones selectivas. También han ganado tracción las vías internas de mediación para evitar ejecuciones por homicidio. Nada de eso, por sí solo, cambia la estructura.

Lo que deja 2025 es un mapa nítido: un Estado que recurre a la horca para gestionar crimen, conflicto y miedo; tribunales que dictan sentencias rápidas; prisiones donde octubre fue el mes más duro en al menos dos décadas; familias que se enteran de madrugada y corren a la puerta de un penal. El dato exacto —1.870, 1.900 o 1.922— importa. Pero importa más la tendencia y la capacidad del sistema para sostenerla. El comienzo de 2026 no cambiará esa realidad sin reformas de fondo. Hasta que lleguen, cada suspensión, cada perdón y cada conmutación seguirán siendo, caso a caso, la única grieta por la que entra un poco de aire.