Por qué aumenta la violencia sexual contra menores en la RDC

Más de 35.000 casos de violación y agresión sexual contra menores quedaron registrados en la República Democrática del Congo entre enero y septiembre de 2025. La cifra, recopilada por servicios de protección y atención, refleja un aumento sostenido desde 2022 y una crisis que afecta tanto a las zonas golpeadas por el conflicto como a comunidades urbanas y rurales. UNICEF advierte, además, de que los registros no muestran toda la magnitud de la violencia: el miedo, el estigma y la inseguridad impiden que muchas víctimas denuncien o lleguen a recibir ayuda.

En 2024 se contabilizaron cerca de 45.000 casos, aproximadamente tres veces más que en 2022 y casi el 40% de los episodios de violencia sexual registrados en el país ese año. No se trata de un recuento exhaustivo de todas las agresiones ocurridas, sino de casos que llegaron a los sistemas de atención. Esa diferencia importa: un descenso en las denuncias no demostraría por sí solo que la violencia haya remitido, igual que un aumento puede reflejar tanto más agresiones como una mayor capacidad para registrarlas.

Qué cuentan las cifras y qué dejan fuera

El informe de UNICEF publicado en diciembre de 2025 reúne datos procedentes de proveedores de servicios de protección y atención a la violencia de género. En los nueve primeros meses de ese año, esos servicios registraron más de 35.000 casos de violencia sexual contra la infancia. La comparación con los casi 45.000 de todo 2024 no equivale a un balance anual de 2025: los periodos son distintos y los datos de los últimos meses del año no están incluidos en esa cifra parcial. Aun así, el volumen registrado en solo nueve meses confirma la dimensión de la emergencia y la continuidad del repunte.

También conviene leer con cuidado la comparación histórica. UNICEF sitúa los casos de 2024 en un nivel tres veces superior al de 2022, pero la cifra no representa necesariamente todas las agresiones sufridas por niños y adolescentes. Los servicios solo pueden contar los casos que conocen, y parte de las víctimas nunca contacta con ellos. Por eso, el registro sirve para identificar tendencias y necesidades de atención, pero no para medir con exactitud cuántas personas han sufrido abusos en todo el país.

El subregistro tiene causas concretas. Algunas familias temen represalias o que el agresor vuelva a acercarse; otras anticipan rechazo social, culpabilización o expulsión del hogar. La inseguridad y las grandes distancias dificultan llegar a una clínica o a un servicio de protección, especialmente para quienes han tenido que huir. El silencio no es una señal de que no haya ocurrido nada: con frecuencia expresa que denunciar puede parecer peligroso, inútil o socialmente costoso. Esa barrera vuelve incompleta cualquier estadística basada en casos atendidos.

El este concentra la emergencia, pero no la explica por completo

Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri reúnen la mayor parte de los casos registrados. Son provincias atravesadas por décadas de violencia, presencia de grupos armados y desplazamientos de población. UNICEF identifica a grupos armados no estatales entre los principales autores, en un contexto de impunidad y debilitamiento de las redes que podrían proteger a los menores. Cuando una familia abandona su hogar, pierde a menudo el contacto con la escuela, los vecinos y los servicios locales; la ruptura de esa red deja a niños y adolescentes más expuestos y hace más difícil pedir ayuda después de una agresión.

La magnitud de la crisis se hizo visible en las primeras semanas de 2025. Entre el 27 de enero y el 2 de febrero, socios de UNICEF comunicaron un aumento de cinco veces en los tratamientos por violación en 42 centros sanitarios; alrededor del 30% de las personas atendidas eran menores. Entre enero y febrero se notificaron en el este cerca de 10.000 casos de violación y violencia sexual a actores de protección, y los menores representaban entre el 35% y el 45% de ese grupo. Son datos de un periodo y de canales de registro concretos, no un recuento completo de todo el país, pero muestran cómo la intensificación de los combates puede desbordar los servicios en muy poco tiempo.

El desplazamiento agrava ese escenario. A comienzos de 2025, UNICEF informó de más de 1.100 menores no acompañados identificados en Kivu del Norte y Kivu del Sur en apenas dos semanas, mientras familias enteras trataban de escapar de la violencia. Un niño separado de sus cuidadores tiene menos protección cotidiana y más dificultades para acceder a servicios, aunque la separación no determine por sí sola qué le ocurrirá. En una crisis que obliga a moverse de un lugar a otro, la pérdida de referencias y de adultos de confianza aumenta la vulnerabilidad y complica la localización de quienes necesitan apoyo.

Sin embargo, reducir el problema al frente oriental dejaría fuera una parte esencial del diagnóstico. UNICEF también registra cifras significativas en Kinshasa, la capital, y en Kasai, en el centro del país. Allí, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar aparecen entre los factores que aumentan la exposición a la explotación. El patrón cambia según el lugar: en unas zonas pesan más los combates y el desplazamiento; en otras, la precariedad y la falta de alternativas. La violencia está extendida por el país, aunque sus causas inmediatas no sean idénticas.

El conflicto no actúa solo

La presencia de grupos armados ayuda a explicar la concentración de casos en el este, pero no basta para entender el aumento general. La violencia sexual se ve favorecida cuando fallan a la vez los mecanismos que deberían prevenirla o responder: protección comunitaria, servicios sociales, atención sanitaria, investigación policial y justicia. En algunas localidades, las instituciones tienen dificultades para operar de forma estable; en otras, las barreras son económicas o sociales. El riesgo crece cuando el agresor puede actuar y la víctima carece de una vía segura para denunciar.

La pobreza también modifica la vida cotidiana de los menores. La inseguridad alimentaria y la falta de recursos pueden empujar a las familias a situaciones de mayor exposición, mientras que el abandono escolar reduce el contacto regular con adultos capaces de advertir señales de riesgo. UNICEF señala que, en Kinshasa y Kasai, estas condiciones elevan la vulnerabilidad a la explotación y al matrimonio precoz. No significa que la pobreza conduzca inevitablemente a la violencia ni que las familias sean responsables de los abusos: significa que la desigualdad estrecha las opciones de protección y aumenta la dependencia.

La escuela tiene un papel que va más allá de impartir clases. Mantiene rutinas, ofrece contacto con docentes y puede facilitar que un menor explique lo que le ocurre. Cuando deja de funcionar, desaparece uno de los espacios donde los problemas podrían detectarse y donde los niños pasan parte de la jornada bajo supervisión. A comienzos de 2025, más de 2.500 escuelas y espacios de aprendizaje habían cerrado en Kivu del Norte y Kivu del Sur, según los datos citados por UNICEF. En esas circunstancias, la pérdida educativa se combina con más horas sin una estructura protectora y más obstáculos para reconocer una situación de abuso.

Los grupos armados no son los únicos agresores. El informe advierte de que la violencia también se produce dentro de los hogares y puede ser cometida por familiares o personas conocidas. Otros episodios suceden durante trayectos cotidianos, como el camino a la escuela o la búsqueda de agua. Esa variedad desarma una explicación sencilla basada solo en ataques en zonas de combate: el peligro puede aparecer tanto en un desplazamiento forzado como en espacios familiares. Por eso, la prevención no puede limitarse a proteger a la población de los enfrentamientos.

Quiénes aparecen en los registros y quiénes quedan ocultos

Las adolescentes de entre 12 y 17 años figuran como el grupo más afectado. La proporción de niñas entre las personas supervivientes registradas aumentó del 27% en 2022 al 47% en 2024, según los datos recogidos en el informe. Ese cambio describe la composición de los casos atendidos, no permite concluir que niñas y niños sufran la violencia en idéntica proporción ni establece por sí solo qué causó la variación. Sí muestra que la violencia contra las adolescentes ocupa un lugar creciente en los registros disponibles.

Los niños también son víctimas, aunque aparecen menos en los datos oficiales. El estigma puede hacer especialmente difícil que hablen de una agresión, y las expectativas sociales sobre la masculinidad pueden añadir una barrera a la búsqueda de atención. La falta de registros, por tanto, no permite asumir que el problema sea irrelevante entre ellos. Si los sistemas de apoyo no reconocen esa realidad, algunos menores pueden quedar fuera de la detección y de los servicios. La infrarrepresentación es un límite de la información, no una prueba de ausencia.

Los menores con discapacidad afrontan obstáculos adicionales. Las barreras físicas y de comunicación pueden dificultar tanto la prevención como la posibilidad de contar lo ocurrido; además, pueden complicar el acceso a la atención médica y a la justicia. Los niños desplazados, separados de sus cuidadores o sin un entorno estable también pueden tener menos oportunidades de acudir a servicios de protección. Estas condiciones no describen a todas las personas de esos grupos, pero sí señalan riesgos que los sistemas deben considerar. Una respuesta uniforme puede dejar sin atender necesidades distintas.

El miedo a la estigmatización atraviesa todos esos perfiles. Algunas familias temen que la comunidad responsabilice a la víctima o que la denuncia provoque represalias. En otros casos, la inseguridad o la distancia hacen inviable llegar a un centro. Así se forma un círculo difícil de romper: los casos que no se comunican no aparecen en los datos, y aquello que no aparece puede recibir menos recursos o atención. La invisibilidad estadística tiene consecuencias prácticas, porque afecta a la planificación de servicios y a la capacidad de entender dónde se necesita protección.

Las consecuencias no terminan cuando cesa la agresión

Las secuelas pueden incluir lesiones físicas, embarazos no deseados y un mayor riesgo de contraer VIH u otras infecciones de transmisión sexual. La atención clínica es importante, pero no siempre resulta accesible, sobre todo cuando las familias deben caminar durante horas, se desplazan por razones de seguridad o encuentran servicios con recursos limitados. UNICEF ha descrito casos de madres que recorren largas distancias con hijas que apenas pueden caminar después de una agresión. Esa imagen da cuenta de la distancia entre necesitar asistencia y poder alcanzarla.

En un hospital visitado en 2025, el portavoz de UNICEF James Elder informó de 127 supervivientes sin acceso a PEP, la profilaxis postexposición que puede reducir el riesgo de infección por VIH tras una agresión sexual. El dato corresponde a ese centro y a las personas atendidas allí; no debe interpretarse como una cifra nacional. Sí evidencia que la disponibilidad de atención urgente puede ser desigual y que la falta de recursos repercute en la respuesta médica. El acceso tardío o inexistente puede añadir riesgos a un daño ya grave.

Las consecuencias psicológicas también pueden prolongarse. El miedo, la ansiedad y la depresión aparecen entre las secuelas descritas, junto con el rechazo social y la exclusión de la familia o la comunidad. Para algunos menores, el embarazo o los rumores hacen aún más difícil continuar con su vida escolar. Una adolescente de 16 años agredida en Kasai en 2025 dejó los estudios porque sus padres temían que la gente hablara si regresaba a clase, según el testimonio recogido en el informe. El estigma puede convertir la agresión en una segunda pérdida: la de la educación y la vida cotidiana.

En ese sentido, la violencia puede prolongarse en forma de aislamiento. Si una víctima abandona la escuela, pierde un entorno que daba estructura a sus días; si la familia la aparta, pierde una fuente esencial de cuidado. Y si no existe apoyo psicológico, las secuelas emocionales pueden quedar sin atención. El acompañamiento, por tanto, no se reduce a tratar lesiones: incluye apoyo psicosocial, protección y seguimiento. La recuperación depende también de que el menor no quede solo frente a las consecuencias.

La respuesta existe, pero la financiación se reduce

UNICEF y sus socios ofrecen atención clínica, apoyo psicosocial, espacios seguros y gestión de casos, en colaboración con el Gobierno congoleño y organizaciones locales. Entre 2022 y 2024, el número de menores supervivientes atendidos con apoyo de UNICEF aumentó un 143%, hasta superar los 24.200 en 2024 en las provincias más afectadas. El crecimiento refleja una mayor capacidad para llegar a niños y adolescentes, pero también la persistencia de una necesidad enorme. Atender a más supervivientes no demuestra por sí mismo que haya menos agresiones.

La continuidad de esos servicios está amenazada por la inseguridad y los recortes de financiación. En 2025, solo el 23% de las intervenciones contra la violencia de género contaban con financiación, frente al 48% en 2022. El descenso puede traducirse en menos espacios seguros, clínicas móviles y programas comunitarios, o en la reducción de su actividad. UNICEF alertó de que cientos de miles de menores podían perder acceso a apoyo esencial, incluidos 300.000 en regiones afectadas por el conflicto en el este. La brecha presupuestaria se traduce en servicios que pueden cerrar o no llegar a tiempo.

La respuesta no es únicamente médica ni puede descansar solo en organizaciones humanitarias. UNICEF pide ampliar servicios adaptados a niños y adolescentes, proteger a supervivientes y testigos, reforzar las investigaciones y los enjuiciamientos y sostener la prevención comunitaria. Cada elemento cubre una parte distinta del problema: atención para quien ha sufrido una agresión, seguridad para quien denuncia y consecuencias para quien la comete. Sin recursos estables, incluso un servicio bien planteado puede quedarse fuera del alcance de quienes lo necesitan.

La falta de financiación se suma a otras dificultades. Una clínica puede existir, pero estar demasiado lejos; un servicio puede tener personal, pero no transporte; una denuncia puede presentarse, pero no contar con medidas suficientes para proteger a la víctima. En zonas de conflicto, la inseguridad añade obstáculos a cada etapa. Por eso, la disponibilidad formal de un programa no equivale a acceso efectivo. La protección funciona cuando sus distintas piezas llegan a la vida real de los menores, no solo cuando aparecen en un plan o en un informe.

La impunidad alimenta el silencio

Investigar una agresión requiere que las instituciones puedan operar, que los testigos estén protegidos y que las víctimas no queden expuestas a nuevos riesgos. En áreas afectadas por el conflicto, la inseguridad puede impedir desplazamientos y dificultar la recogida de pruebas. Pero la dificultad no elimina la necesidad de rendición de cuentas. UNICEF sostiene que reforzar investigaciones y enjuiciamientos es esencial para combatir la impunidad, junto con mejores sistemas de denuncia y protección. La justicia y la seguridad de la víctima deben avanzar juntas.

Ahí aparece una tensión central: denunciar puede ser necesario para que el caso llegue a las autoridades, pero hacerlo sin garantías puede exponer a la víctima o a su familia a represalias y estigma. Pedir a los menores que rompan el silencio sin ofrecer confidencialidad, atención y protección traslada sobre ellos una carga que corresponde a las instituciones. El informe plantea la necesidad de vías seguras de derivación y servicios diseñados para las necesidades específicas de la infancia. Una denuncia solo puede ser una salida si no abre otro peligro.

La magnitud registrada tampoco debe ocultar las diferencias entre provincias. En el este, la violencia armada y los desplazamientos tienen un peso evidente; en Kinshasa y Kasai, la precariedad, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar ayudan a explicar otros escenarios de riesgo. La presencia de casos en todo el país no significa que todas las comunidades vivan la crisis de la misma manera. Significa que la protección debe responder tanto a la emergencia del conflicto como a las vulnerabilidades que persisten lejos del frente.

Los datos disponibles dibujan, en definitiva, una crisis que se agrava cuando coinciden agresores impunes, familias desplazadas, servicios debilitados y menores apartados de la escuela. Pero también muestran por qué el recuento conocido no puede considerarse el total: quienes temen hablar, no pueden llegar a una clínica o no confían en las instituciones apenas dejan rastro estadístico. En la República Democrática del Congo, la cifra de casos registrados es una señal de alarma, no una medida completa del daño. Que la violencia deje de crecer exige que protección, atención y justicia puedan sostenerse allí donde hoy faltan.