¿Por qué Santos Cerdán borró sus mensajes antes del informe de la UCO?

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán dejó desaparecer sus conversaciones de WhatsApp apenas 48 horas antes de que se hiciera público, el 12 de junio de 2025, el informe de la UCO que precipitó su dimisión como secretario de Organización del PSOE. El movimiento habría quedado registrado el 10 de junio en la configuración de los mensajes intercambiados con Leire Díez, antigua militante socialista investigada en la Audiencia Nacional por una presunta operación destinada a obtener información sensible sobre causas judiciales y policiales incómodas para el partido y el Gobierno.

El dato central no es solo que hubiera mensajes borrados. Los agentes encontraron en el teléfono de Díez capturas de pantalla y referencias a conversaciones que no aparecían en el terminal del antiguo secretario de Organización. Una mitad del diálogo, por decirlo sin barniz técnico, estaba en silencio; la otra conservaba fragmentos, imágenes y huellas. Eso no demuestra por sí solo qué contenían todos los chats ni convierte automáticamente el borrado de mensajes en delito, pero sí abre una cuestión de peso: por qué desaparecieron las comunicaciones cuando el horizonte judicial empezaba a oscurecerse.

La cronología resulta difícil de ignorar. El atestado sobre las presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública ya había llegado al Tribunal Supremo y aún permanecía fuera del conocimiento público. Dos días después del último cambio detectado en la mensajería, el informe estalló en la escena política, Cerdán dejó su cargo y comenzó una crisis que golpeó de lleno a Ferraz. La proximidad temporal es un indicio relevante. No es, sin embargo, una sentencia ni una prueba autónoma de culpabilidad.

El borrado que detectó la UCO

La nueva información aparece dentro del caso Leire Díez, dirigido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. La UCO atribuye a Cerdán un supuesto papel de dirección y sitúa a Díez como coordinadora de contactos, reuniones y gestiones relacionadas con procedimientos que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas vinculadas a su entorno político. Ambos niegan las interpretaciones delictivas atribuidas a esas actuaciones.

Al analizar dispositivos y aplicaciones de mensajería, los investigadores observaron que Cerdán había utilizado en distintos momentos la función de desaparición automática. Según la reconstrucción incorporada a las actuaciones, el 15 de abril de 2024 fijó una duración de 24 horas; el 26 de septiembre la amplió a 90 días; el 21 de diciembre volvió a situarla en 24 horas, y el 10 de junio de 2025 se produjo otro cambio relevante.

Esa última fecha es la que concentra la atención. El informe policial sobre el caso Koldo se hizo público el 12 de junio de 2025 y describía a Cerdán como supuesto gestor de pagos relacionados con contratos de obra pública. La difusión del documento provocó una sacudida inmediata: dimitió como secretario de Organización, dejó posteriormente su acta de diputado y se apartó del partido. La política española pasó, en cuestión de horas, del rumor espeso al incendio declarado.

Conviene separar dos ideas que suelen mezclarse cuando el titular corre más deprisa que los hechos. No está acreditado públicamente que Cerdán pulsara un botón para eliminar en bloque cada conversación exactamente el 10 de junio. Lo que recoge la investigación es el uso reiterado de mensajes temporales, la modificación de su duración y la ausencia de determinados chats en su dispositivo. El efecto práctico puede ser parecido —el contenido deja de estar disponible—, aunque el mecanismo y su eventual valor penal no sean idénticos.

Mensajes efímeros no significa vacío absoluto

WhatsApp y otras plataformas permiten configurar mensajes efímeros que desaparecen después de un periodo concreto. Millones de usuarios emplean esa opción por privacidad, comodidad o simple higiene digital. Activarla no constituye una infracción, del mismo modo que vaciar una papelera no convierte a nadie en sospechoso de nada.

La lectura cambia cuando el borrado coincide con un momento judicial significativo, afecta a interlocutores relevantes y aparece acompañado de copias conservadas en otros dispositivos. Entonces la preferencia tecnológica deja de ser un gesto neutro y entra en el terreno de la investigación judicial. No demuestra el delito, pero sí reclama una explicación que pueda contrastarse con fechas, archivos y testimonios.

La UCO afirma que, aunque determinadas conversaciones no figuraban en el teléfono de Cerdán, Leire Díez había guardado capturas de pantalla. Los agentes localizaron también referencias al exdirigente socialista en chats con terceros, agendas, anotaciones y documentos en los que se describían reuniones, encargos o gestiones que ella vinculaba al dirigente socialista.

Borrar un chat propio no borra necesariamente el diálogo entero. Una conversación digital tiene dos extremos y, a menudo, varios espejos: notificaciones, copias de seguridad, imágenes reenviadas, metadatos, registros de actividad y archivos almacenados en la nube. El teléfono puede parecer limpio y, sin embargo, dejar migas por todo el pasillo. La tecnología posee esa ironía: promete olvido mientras fabrica rastros.

Los investigadores deberán determinar si las capturas son auténticas, si están completas y cuál era su contexto. Una imagen aislada puede aportar información, pero no conserva siempre la secuencia íntegra, los archivos adjuntos o los mensajes anteriores y posteriores. Ahí entra la pericia forense, menos cinematográfica que un registro policial, aunque bastante más decisiva cuando llega el juicio.

Por qué importan esas 48 horas

El primer informe que sacudió al PSOE en junio de 2025 había sido entregado al Tribunal Supremo antes de su publicación, pero su contenido permanecía bajo secreto. El cambio detectado el 10 de junio se sitúa, por tanto, entre la existencia formal del documento y su difusión pública el día 12. Ese orden cronológico da a las 48 horas una importancia que no tendría cualquier otra fecha perdida en el calendario.

No consta de forma pública que Santos Cerdán conociera con precisión cuándo se levantaría el secreto ni que tuviera acceso al contenido íntegro del informe. Tampoco se ha probado que el ajuste de la mensajería respondiera directamente a ese documento. La coincidencia temporal es llamativa, sí; convertirla sin más en confesión sería sustituir el proceso penal por una sobremesa especialmente ruidosa.

El 10 de junio de 2025 fue, además, una jornada delicada para los investigados en el caso Koldo. La Guardia Civil realizó actuaciones y registros vinculados a José Luis Ábalos, Koldo García y empresas relacionadas con las adjudicaciones examinadas. El cerco judicial había dejado de ser una nube distante. Se oían ya los truenos, y no precisamente en otra provincia.

Dos días después se conocieron las conclusiones policiales. La UCO situaba a Cerdán en la gestión de presuntos pagos vinculados a obra pública y recogía conversaciones sobre cantidades que ascenderían a 620.000 euros para Ábalos y Koldo. Otros 450.000 euros habrían quedado pendientes, según la interpretación policial de los mensajes y grabaciones analizados.

Buena parte del material procedía del dispositivo de Koldo García. En las conversaciones se mencionaban cantidades, constructoras y adjudicaciones concretas. Los agentes describieron una estructura en la que José Luis Ábalos y su antiguo asesor acumulaban supuestas deudas derivadas de favores en la contratación pública, mientras Cerdán habría actuado como intermediario o gestor.

Cerdán negó las acusaciones y su defensa cuestionó después la autenticidad, integridad o interpretación de algunos audios. Esa posición forma parte del procedimiento y no es un pie de página ornamental. No existe una condena firme sobre esos hechos, y los informes policiales son hipótesis de investigación sometidas al control del juez, de las partes y, si se abre juicio, del tribunal competente.

La tentación política consiste en convertir el intervalo de dos días en prueba definitiva. La tentación defensiva, en reducirlo a una casualidad sin interés. Ninguno de esos extremos describe bien el estado de la causa. La fecha posee valor indiciario, pero todavía debe conectarse con una intención concreta y con comunicaciones cuyo contenido pueda reconstruirse.

La conexión con el caso Leire Díez

El hallazgo no procede únicamente de la causa sobre comisiones y adjudicaciones. Ha aflorado en otra investigación, conectada por nombres, fechas y relaciones políticas: el caso Leire Díez. La UCO sostiene que entre 2024 y 2025 se habría desarrollado una operación para obtener información contra fiscales, jueces, guardias civiles y otras personas relacionadas con procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según esa reconstrucción, el propósito habría sido debilitar investigaciones, desacreditar a quienes las dirigían o conseguir datos útiles para negociar y presionar. Es una hipótesis de enorme gravedad porque toca el nervio de la separación de poderes. También requiere pruebas de enorme solidez; no basta con frases altisonantes, agendas llenas de nombres o personajes que presumen de abrir puertas que quizá ni siquiera saben dónde están.

En el relato policial, Cerdán habría ocupado una posición de liderazgo, mientras Leire Díez actuaría como coordinadora. Ella mantuvo contactos con empresarios, abogados, antiguos cargos públicos y miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad. En sus comunicaciones aparecen referencias a reuniones, estrategias procesales, pagos y accesos a niveles elevados de la Administración.

La investigación contiene alusiones al excomisario José Manuel Villarejo, al fiscal José Grinda, a responsables de la Guardia Civil, a procedimientos sobre hidrocarburos y a causas relacionadas con figuras del entorno político. Algunas conversaciones presentan a Díez como una persona con una capacidad de influencia extraordinaria; otras pueden reflejar exageraciones, promesas o alardes. En los sumarios también existe fanfarronería. Mucha. El juez debe distinguirla de los hechos.

La UCO considera que el objetivo de la presunta red era proteger intereses vinculados al PSOE, al Gobierno o a su presidente, Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha rechazado esa interpretación, Sánchez ha negado haber autorizado tales actuaciones y Cerdán ha expresado una negativa tajante frente a cualquier atribución delictiva. La contradicción no se resolverá por volumen de voz, sino mediante documentos, testimonios y peritajes.

Santiago Pedraz deberá separar las actuaciones verificables del abundante ruido acumulado alrededor de la causa. Una libreta con nombres propios no convierte a todos los citados en participantes. Una referencia a “los de arriba” tampoco identifica por sí sola a una persona concreta. En derecho penal, las insinuaciones pueden abrir una puerta; para cruzarla hacen falta pruebas.

Dos investigaciones que se cruzan

Cerdán afronta dos frentes judiciales diferentes. El primero se tramita en el Tribunal Supremo y examina presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública dentro del caso Koldo. El segundo se encuentra en la Audiencia Nacional y analiza la supuesta red vinculada a Leire Díez. El borrado de mensajes funciona como una bisagra entre ambos procedimientos.

En la causa del Supremo, el exdirigente socialista ingresó en prisión provisional el 30 de junio de 2025. El juez Leopoldo Puente apreció entonces un intenso riesgo de destrucción de pruebas y destacó el supuesto papel directivo atribuido al investigado. Cerdán permaneció en Soto del Real hasta el 19 de noviembre, cuando obtuvo la libertad provisional con comparecencias periódicas, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar España.

El auto de excarcelación señaló que el riesgo había quedado seriamente mitigado por el avance de las pesquisas, aunque también indicó que los indicios se habían robustecido. Esa combinación puede sonar extraña fuera de los tribunales, pero responde a dos preguntas distintas: una cosa es la fuerza provisional de los indicios y otra la necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva.

En la investigación de la Audiencia Nacional, el foco se ha ampliado hacia reuniones celebradas en Ferraz, contactos con abogados, encuentros relacionados con la Fiscalía General del Estado y gestiones que, según los agentes, pretendían obtener material sensible sobre fiscales, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad. El juez Santiago Pedraz ha ido incorporando testimonios y documentación a una causa todavía abierta.

El borrado se habría producido en vísperas de la publicación del informe sobre las adjudicaciones, pero afecta a comunicaciones examinadas en el procedimiento sobre Leire Díez. Ahí reside su relevancia: enlaza el momento de máxima presión del caso Koldo con una segunda investigación que trata de reconstruir quién daba órdenes, quién ejecutaba las gestiones y a quién pretendían beneficiar.

Qué valor judicial tiene borrar mensajes

Eliminar comunicaciones no equivale automáticamente a destruir pruebas. Para atribuir relevancia penal a una conducta de este tipo es necesario analizar la intención, el momento, el conocimiento de la investigación y el contenido afectado. La justicia no puede partir de que todo borrado es culpable porque resulte feo en una portada.

Una persona puede limpiar conversaciones por privacidad, seguridad, falta de espacio o costumbre. También puede configurar mensajes temporales mucho antes de conocer cualquier procedimiento. La defensa de Cerdán podrá alegar esas razones, discutir la interpretación de la UCO y cuestionar si la función fue activada personalmente por él, por otro interlocutor o como parte de un hábito previo.

Los agentes, por su parte, intentarán acreditar un patrón. No observan solo una fecha: valoran la reiteración de cambios, la identidad de los interlocutores, la aparición de copias en otros dispositivos y la posible cercanía con hitos procesales. También examinan si existieron otras acciones dirigidas a ocultar información, como sustitución de teléfonos, eliminación de cuentas o ausencia deliberada de respaldos.

La diferencia entre comunicaciones eliminadas manualmente y contenido que desaparece por una configuración automática puede ser jurídicamente importante. No es lo mismo destruir un documento sabiendo que interesa a una investigación que utilizar previamente una herramienta de privacidad. La costura es fina, pero el derecho penal vive precisamente de esas costuras.

Las capturas halladas en el dispositivo de Díez pueden ayudar a reconstruir parte del contenido. Su fuerza dependerá de la autenticidad, la integridad y la secuencia. Una defensa puede sostener que una imagen fue recortada, manipulada o presentada fuera de contexto. Los peritos deberán revisar nombres de archivo, bases de datos de las aplicaciones de mensajería, fechas internas y coincidencias con otros dispositivos.

También habrá que distinguir qué conversaciones guardaban relación con la actividad investigada. Cerdán y Díez compartían vínculos políticos y podían tratar asuntos ordinarios, personales o partidistas. La relevancia no está en que hablaran, sino en qué dijeron, cuándo lo dijeron y si esas comunicaciones se corresponden con reuniones, pagos o decisiones verificables.

El juez tampoco puede rellenar los huecos con intuiciones. La ausencia de mensajes puede ser significativa, pero no permite inventar su contenido. Un vacío digital pesa cuando aparece rodeado de indicios externos; por sí solo, sigue siendo un vacío. La tarea judicial consiste en reconstruir el mosaico sin dibujar piezas que nunca se encontraron.

Un vacío digital que pesa, pero no sentencia

La noticia relevante no se limita a que Santos Cerdán utilizara mensajes temporales. Lo decisivo es la combinación de tres elementos: la proximidad con la publicación del informe, la ausencia de determinadas conversaciones en su dispositivo y la aparición de fragmentos o referencias en teléfonos ajenos. Juntos forman un indicio incómodo que merece investigación.

La revelación golpea además a un PSOE desgastado por el caso Koldo y por la sucesión de diligencias relacionadas con antiguos responsables del partido. Pedro Sánchez pidió disculpas públicamente tras conocer el informe de junio de 2025 y sostuvo que había confiado en una persona que lo había decepcionado. La crisis no quedó encerrada en un expediente judicial; atravesó el partido, el Gobierno y la legislatura.

El caso Leire Díez añade otra dimensión. No gira únicamente alrededor de contratos, comisiones o constructoras, sino de la posible utilización de contactos políticos e institucionales para interferir en investigaciones. Esa sospecha afecta a la confianza en las instituciones y exige una respuesta menos teatral que la habitual: comprobar quién se reunió, qué pidió, qué ofreció y qué ocurrió después.

La existencia de mensajes desaparecidos alimenta la percepción de ocultamiento. En política, un chat vacío puede causar más daño que una conversación vulgar, porque la imaginación pública rellena los huecos con una eficacia casi industrial. Pero el proceso judicial no puede trabajar con imaginación. Necesita documentos, peritajes, declaraciones y hechos acreditados.

La presunción de inocencia protege a Santos Cerdán mientras no exista una sentencia firme. Ni un atestado policial, ni unas capturas de pantalla, ni el uso de mensajes efímeros equivalen a una condena. Esa garantía no obliga, sin embargo, a fingir que la cronología carece de interés. Obliga a examinarla con rigor, sin sentencias anticipadas y sin absoluciones partidistas de guardia.

Las próximas diligencias deberán aclarar qué comunicaciones existieron entre Cerdán y Leire Díez, cuáles desaparecieron, quién configuró su eliminación y si guardaban relación con las actuaciones investigadas. También tendrán que determinar si el 10 de junio de 2025 fue una fecha casual o una reacción consciente ante el avance de la investigación.

Por el momento queda un dato difícil de apartar de la mesa: cuando la Guardia Civil buscó determinadas conversaciones, encontró un hueco en un teléfono y fragmentos en otro. La pantalla de Cerdán estaba limpia. La investigación, bastante menos.