¿Por qué el Supremo confirma 4 años a Santi Mina por abuso sexual?

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de prisión a Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido contra una mujer en 2017 en Mojácar, Almería. La Sala de lo Penal rechaza el recurso del futbolista y mantiene, por tanto, la pena que había impuesto la Audiencia Provincial de Almería y que posteriormente ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El punto central de la resolución está en el consentimiento. La defensa sostenía que Mina pudo actuar bajo un error acerca de si la mujer consentía los actos sexuales. El Supremo descarta ese argumento: considera que los hechos probados no contienen ningún dato que permita sostener que el jugador recibió una señal de consentimiento y la interpretó equivocadamente. La indemnización por daño moral queda fijada en 25.000 euros, la cantidad establecida por el TSJA tras rebajar los 50.000 euros inicialmente acordados.

La resolución culmina un recorrido judicial que comenzó por unos hechos ocurridos hace más de nueve años y que pasó por la Audiencia de Almería, el tribunal superior andaluz y, finalmente, el Supremo. No cambia la pena. Lo que hace es confirmar que la argumentación de las anteriores sentencias resiste el último gran examen de la jurisdicción ordinaria.

El Supremo descarta el error sobre el consentimiento

La defensa de Santi Mina solicitaba la absolución y planteaba que el jugador había actuado bajo lo que jurídicamente se denomina error vencible sobre el consentimiento. Dicho en lenguaje corriente: sostenía que Mina pudo creer que existía consentimiento aunque esa percepción fuera equivocada.

La Sala de lo Penal no acepta esa lectura. El relato judicial describe dos actos sexuales no consentidos y señala que el futbolista aprovechó la proximidad, la sorpresa y las circunstancias en las que se encontraba la mujer. Para el Supremo, ahí no aparece una manifestación previa de consentimiento que pudiera haber sido entendida de forma errónea.

Es un matiz decisivo. No se discute únicamente qué ocurrió al final del episodio, sino qué consentimiento existía antes y durante los actos sexuales. Y la conclusión judicial es clara: los hechos probados no permiten sostener que lo hubiera.

Parar cuando ella lo pidió no demuestra un consentimiento anterior

Uno de los detalles examinados por el tribunal es que Santi Mina cesó su actuación cuando la mujer le pidió que parase. El Supremo admite ese hecho, pero le da un alcance bastante concreto: sirve para determinar cuándo terminó la conducta, no para demostrar que hubiera existido consentimiento previamente.

Es decir, detenerse cuando llega una negativa explícita no convierte retrospectivamente en consentido lo ocurrido antes. Esa es una de las ideas que atraviesan la sentencia y, también, una de las razones por las que el recurso de la defensa no prospera.

Qué ocurrió en Mojácar en 2017

Los hechos se remontan al verano de 2017, cuando Mina se encontraba de viaje con varios amigos en Mojácar. Según el relato judicial confirmado posteriormente por los distintos tribunales, los hechos sucedieron en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca de la localidad almeriense, vehículo en el que el futbolista y sus acompañantes viajaban y pernoctaban.

La Audiencia Provincial de Almería juzgó el caso y en mayo de 2022 condenó a Mina a cuatro años de cárcel por abuso sexual. Otro futbolista que figuraba como acusado, David Goldar, fue absuelto. Aquella resolución fue recurrida y llegó después al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El TSJA mantuvo los cuatro años de prisión, aunque modificó la responsabilidad civil: redujo de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por daños morales. Mina llevó entonces el caso al Supremo mediante recurso de casación. Y ahí, nueve años después de los hechos, la condena vuelve a quedar ratificada.

Por qué la condena sigue hablando de abuso sexual

Hay una aparente paradoja para quien lea la sentencia con las categorías penales actuales. La condena se refiere a un delito de abuso sexual, una denominación que desapareció posteriormente del Código Penal.

La explicación está en la fecha de los hechos y en el recorrido del procedimiento. Cuando sucedieron, en 2017, la legislación española diferenciaba entre abuso y agresión sexual. La Ley Orgánica 10/2022 reformó después esa arquitectura penal y eliminó aquella separación: desde entonces, los actos contra la libertad sexual realizados sin consentimiento se integran dentro del delito de agresión sexual.

Por eso no conviene trasladar automáticamente el lenguaje penal vigente en 2026 a una causa construida sobre unos hechos de 2017. La terminología puede sonar antigua; jurídicamente, tiene una razón.

El Supremo tampoco eleva la pena a ocho años

El recurso no procedía únicamente de la defensa. La víctima también había recurrido y solicitaba que Mina fuese condenado por agresión sexual con penetración, con una pena de ocho años de prisión y, subsidiariamente, seis.

El Supremo rechaza igualmente esta pretensión. Considera que los hechos declarados probados no describen el uso de la violencia como instrumento para ejecutar los actos en los términos necesarios para aceptar esa recalificación conforme al marco jurídico aplicable al caso. La Sala subraya que Mina interrumpió su actuación cuando percibió que continuar exigiría vencer mediante la fuerza la oposición de la mujer.

La decisión deja así intacta la condena de cuatro años. Tampoco prospera la petición de condenar al segundo acusado como cooperador necesario o cómplice: su absolución se mantiene.

De la Audiencia de Almería al Tribunal Supremo

La causa ha recorrido prácticamente toda la escalera judicial. La Audiencia Provincial de Almería dictó la primera condena en mayo de 2022. Un año después, en julio de 2023, el TSJA confirmó la pena de prisión y modificó únicamente la cuantía de la indemnización.

La defensa anunció entonces el recurso ante el Tribunal Supremo. El argumento sobre la existencia de un posible error respecto al consentimiento se convirtió en una de las piezas centrales de esa última batalla judicial. La respuesta de la Sala de lo Penal llega en septiembre de 2026: no aprecia base suficiente para alterar los hechos probados ni para absolver al futbolista.

No es un juicio nuevo. El Supremo no vuelve a sentar a testigos ni reconstruye desde cero aquella noche de Mojácar. Examina la sentencia recurrida, los argumentos jurídicos planteados y si existen motivos legales para anularla o modificarla. En este caso, la respuesta ha sido negativa.

Una condena que también cambió su carrera deportiva

El proceso judicial tuvo consecuencias mucho antes de llegar a esta sentencia. Mina había desarrollado buena parte de su carrera entre el Celta de Vigo y el Valencia CF, dos clubes en los que tuvo presencia habitual en Primera División.

Tras la primera condena, el Celta adoptó medidas sobre su situación deportiva. El delantero salió cedido al Al-Shabab saudí durante la temporada 2022-2023 y, después de que el TSJA ratificara la sentencia, el club gallego extinguió unilateralmente su contrato en agosto de 2023. Le quedaban todavía dos años de vinculación.

Desde entonces su trayectoria profesional quedó prácticamente congelada. La noticia del Supremo, por tanto, no cae sobre una carrera normal en plena competición. Llega después de años en los que el proceso penal ya había alterado de raíz su vida deportiva.

Nueve años después, una condena que permanece intacta

El dato final resulta sencillo, aunque detrás haya miles de páginas y casi una década de recorrido judicial: Santi Mina mantiene una condena de cuatro años de prisión por abuso sexual y una indemnización de 25.000 euros por daño moral.

El Supremo ha descartado el argumento de que el jugador interpretara erróneamente un consentimiento que los hechos probados no reflejan. También ha rechazado elevar la condena en los términos solicitados por la víctima. Ni absolución ni agravación: queda en pie la sentencia que ya había sobrevivido a la apelación ante el TSJA.

El expediente judicial llega así a un punto especialmente relevante. Lo ocurrido en aquella furgoneta de Mojácar en 2017 ha atravesado tres escalones judiciales y el resultado esencial no se ha movido: cuatro años de cárcel por un acto sexual no consentido, una condena que el Tribunal Supremo acaba de confirmar.