¿Qué se dijeron Sánchez y Feijóo en su choque político por Ceuta?

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron este domingo 20 de septiembre un duelo político a distancia por la crisis de Ceuta, con dos discursos pronunciados en Cataluña y prácticamente a la misma hora. El presidente del Gobierno acusó al PP y a Vox de actuar con “deslealtad”, practicar una oposición “destructiva” y buscar la imagen de una crisis que, según él, no quieren contribuir a solucionar. Feijóo respondió cargando contra la gestión migratoria del Ejecutivo y planteó una política más restrictiva en las fronteras, incluida una revisión de las condiciones para adquirir, conservar y perder la nacionalidad española.

No hubo debate cara a cara, ni atril compartido, ni siquiera el inevitable apretón de manos para las cámaras. Sánchez hablaba en Gavà, durante la Fiesta de la Rosa del PSC; Feijóo lo hacía en Badalona, en un acto del PP catalán. A pocos kilómetros de distancia, Ceuta terminó funcionando como el mismo escenario político: para el Gobierno, el ejemplo de una emergencia que exige cooperación institucional; para el PP, la prueba de que la política migratoria y fronteriza del Ejecutivo necesita un cambio.

Sánchez acusa a PP y Vox de explotar la crisis de Ceuta

Sánchez fue directo. Acusó a los dos partidos de instalarse en el “cuanto peor, mejor” y sostuvo que, ante cada nueva crisis, responden con una nueva muestra de deslealtad hacia el Gobierno. También calificó su oposición de “destructiva” y afirmó que buscan la “foto de la crisis” sin contribuir, a su juicio, a resolverla. Son acusaciones del presidente, no hechos establecidos sobre las intenciones de PP y Vox.

El jefe del Ejecutivo reafirmó su compromiso con Ceuta y volvió a situar a PP y Vox dentro de una misma línea política, especialmente al hablar de inmigración, servicios públicos y respuesta ante situaciones extraordinarias. Sánchez enlazó el episodio ceutí con otras crisis de los últimos años para sostener que la derecha mantiene, según su interpretación, un patrón recurrente de oposición.

Detrás del intercambio de frases hay una emergencia que comenzó mucho antes de este domingo. La situación estalló los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta en un episodio fronterizo excepcional. Las cifras manejadas posteriormente situaron las entradas por encima de las 70.000 personas, mientras buena parte regresó a Marruecos durante los primeros días.

La crisis no terminó cuando disminuyeron las entradas. Quedaron la presión sobre los recursos de acogida, la atención a los menores, las dificultades para alojar a miles de personas y, sobre todo, una discusión institucional cada vez más agria entre el Ejecutivo central y el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas, del PP.

Feijóo responde con fronteras, pasaporte y nacionalidad

En Badalona, Feijóo utilizó Ceuta para defender justamente la tesis contraria: a su juicio, el episodio demuestra que España necesita recuperar el control efectivo de sus fronteras y revisar determinados aspectos de la política migratoria y de nacionalidad.

El presidente del PP afirmó que España debe “recuperar el prestigio” del pasaporte español y anunció que, si llega al Gobierno, revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y en qué circunstancias puede perderse. Su planteamiento parte de una idea repetida durante el acto: vivir en España implica derechos, pero también deberes. Para quienes lleguen con intención de infringir la ley, afirmó que el país estará “cerrado a cal y canto”.

Feijóo concretó además uno de los supuestos que pretende abordar. Defendió la retirada de la nacionalidad a determinadas personas que la hayan adquirido y sean condenadas por delitos graves, citando casos relacionados con bandas criminales, asesinato o agresiones sexuales reincidentes. La propuesta desplazó así la discusión desde el control inmediato de la frontera hacia un terreno jurídicamente mucho más complejo: las condiciones de conservación y pérdida de la nacionalidad.

La respuesta de Feijóo a las críticas del Gobierno

El dirigente popular rechazó recibir “lecciones” del Ejecutivo sobre seguridad, legalidad o política migratoria y responsabilizó al Gobierno de Sánchez de la situación generada en Ceuta. También sostuvo que el país necesita un Ejecutivo capaz de anticiparse a los problemas y no limitarse, según su valoración, a reaccionar cuando estos ya han estallado.

Ese punto lleva semanas enfrentando a Moncloa y al PP. La documentación desclasificada sitúa el 29 de julio, víspera de las entradas masivas, comunicaciones del CNI sobre convocatorias difundidas en redes sociales y la posibilidad de un “asalto” por mar y tierra. El debate político está en qué podía anticiparse con aquella información, qué medidas se adoptaron y si la dimensión final del episodio era previsible.

También existe controversia sobre el papel de Marruecos. Un informe policial conocido en septiembre apuntó a la actuación de gendarmes marroquíes y agentes de paisano durante las entradas. El Gobierno había sostenido que no disponía de pruebas concluyentes para atribuir al Estado marroquí la responsabilidad de lo sucedido, mientras la investigación y la publicación de documentos fueron añadiendo nuevos elementos al debate.

Los 309 millones para Ceuta separan también los discursos

El Gobierno ha convertido su paquete económico para Ceuta en uno de los principales argumentos para defender su respuesta. El plan extraordinario moviliza 309 millones de euros durante 2026 y contempla 118 millones para acogida humanitaria, 90 millones para seguridad, 80 millones para actividad económica y empleo y 21 millones para servicios esenciales. La cifra equivale, según el Ejecutivo, aproximadamente al 16% del PIB de la ciudad autónoma.

Sánchez volvió a utilizar esa inversión para reivindicar la actuación del Ejecutivo. Pero aquí aparece un matiz importante que el ruido del duelo político puede dejar debajo de la alfombra: Sánchez agrupó a PP y Vox bajo sus críticas, aunque ambos partidos no votaron igual cuando el Congreso convalidó el decreto de ayudas a Ceuta el 16 de septiembre.

El PP votó a favor del paquete de 309 millones pese a mantener una crítica muy dura contra la gestión general del Gobierno. Vox fue el único grupo que votó en contra y Junts se abstuvo; la norma salió adelante con 304 votos favorables. Dicho de otra manera: la confrontación política sigue siendo feroz, pero en esa medida concreta PP y Gobierno coincidieron en el voto.

Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad

La discusión tampoco ocurre sobre un problema completamente resuelto. Ceuta continúa afrontando una fuerte presión sobre los sistemas de acogida y los servicios públicos, con recursos habilitados de manera extraordinaria para atender a la población migrante llegada durante la crisis. A comienzos de septiembre, el Gobierno comunicaba miles de plazas temporales activadas y nuevas instalaciones en preparación.

La situación de los menores no acompañados constituye otra de las grandes áreas de conflicto entre administraciones. Sobre la mesa aparecen posibles traslados a otras comunidades, reagrupaciones familiares y retornos sometidos a garantías legales específicas. El desacuerdo sobre qué fórmula aplicar explica parte de la tensión entre el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí y los partidos nacionales.

Qué permite la ley sobre perder la nacionalidad española

La propuesta de Feijóo tropieza con un límite jurídico que conviene separar de la batalla partidista. Pasaporte y nacionalidad no son lo mismo: el primero es un documento expedido a ciudadanos españoles, mientras el núcleo legal del planteamiento presentado por el líder del PP afecta a la posibilidad de perder la nacionalidad.

La Constitución establece en su artículo 11 que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con la ley, pero añade una barrera expresa: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Esa protección está recogida directamente en el texto constitucional.

Para quienes no sean españoles de origen, el Código Civil sí contempla determinados supuestos de pérdida. El artículo 25 incluye, entre otros casos, el uso exclusivo durante tres años de la nacionalidad a la que se hubiera declarado renunciar al adquirir la española o la entrada voluntaria al servicio de las armas de un Estado extranjero contra una prohibición expresa del Gobierno. También prevé la nulidad cuando una sentencia firme declare que hubo falsedad, ocultación o fraude en la adquisición.

Una condena por asesinato, agresión sexual o pertenencia a una banda criminal no aparece actualmente, por sí sola, entre esos supuestos del artículo 25. La propuesta anunciada por Feijóo requeriría, por tanto, cambios legislativos para determinar su alcance sobre quienes hayan adquirido posteriormente la nacionalidad. La prohibición constitucional respecto a los españoles de origen permanecería como un límite distinto y de rango superior.

Ceuta convierte la inmigración en el gran choque político

El duelo de este domingo deja bastante claro dónde se está desplazando una parte del debate político español. Sánchez presenta Ceuta como una emergencia de frontera, seguridad y atención humanitaria en la que considera imprescindible la cooperación entre administraciones, mientras acusa a PP y Vox de utilizar la crisis para erosionar al Gobierno. Feijóo emplea ese mismo episodio para defender mayor control fronterizo y reglas más estrictas en materia migratoria y de nacionalidad.

No discutieron cara a cara, pero sí sobre el mismo terreno. Sánchez habló de deslealtad y oposición destructiva. Feijóo respondió hablando de fronteras, cumplimiento de la ley y pasaporte. Dos actos políticos en el área de Barcelona; Ceuta, a más de mil kilómetros, ocupando el centro del escenario.

Y entre ambos discursos permanece lo menos cómodo para cualquier consigna: una ciudad que todavía soporta las consecuencias de una entrada migratoria excepcional, administraciones enfrentadas sobre parte de la respuesta y un debate sobre inmigración que ha saltado desde la gestión inmediata de una frontera hasta una cuestión bastante más profunda, quién puede adquirir la nacionalidad española y bajo qué condiciones puede perderla.