El choque de Sánchez con el Polisario reabre la herida saharaui

El Frente Polisario acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar fuera de la regularización extraordinaria a muchos saharauis que esperan una resolución sobre su estatuto de apátrida. Para el Ejecutivo, esa exclusión responde a que el colectivo dispone de un procedimiento propio; para el movimiento saharaui, la decisión prolonga una situación injusta y encaja en la línea de acercamiento a Marruecos iniciada en 2022. El choque reúne así una disputa administrativa, una controversia diplomática y una historia colonial sin resolver.

El punto más delicado no es que todos los saharauis hayan quedado excluidos por igual. Quienes ya tienen reconocido el estatuto de apátrida cuentan con una vía específica de residencia y trabajo. El conflicto afecta sobre todo a quienes han solicitado ese reconocimiento y siguen pendientes de respuesta: mientras esperan, pueden no acceder ni a esa protección consolidada ni a la regularización extraordinaria. En esa franja de incertidumbre se cruzan la demora burocrática y la responsabilidad histórica que España mantiene en el debate.

La exclusión que encendió el enfrentamiento

El mecanismo extraordinario se dirigió a personas extranjeras en situación irregular que pudieran acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026, además de cumplir los requisitos de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales. El decreto abrió el plazo de solicitud hasta el 30 de junio de 2026 e incorporó nuevas vías de arraigo. En algunos supuestos, la admisión a trámite permitía obtener una autorización provisional de residencia y trabajo, una diferencia importante para quienes necesitaban salir de la espera administrativa.

La norma, sin embargo, no ofreció esa misma puerta a quienes se encontraban tramitando el reconocimiento de apatridia. El Gobierno defendió que esas solicitudes pertenecen a otro cauce legal y que mezclarlas podía crear duplicidades o inseguridad jurídica. La crítica del Polisario y de organizaciones cercanas al colectivo es que se podía haber diseñado una excepción específica para los expedientes pendientes. La discusión no consiste únicamente en elegir entre dos formularios, sino en determinar qué protección existe durante el tiempo que tarda el Estado en resolver cuál es la condición jurídica de una persona.

Por eso la acusación política va más allá de la letra del decreto. El Polisario interpreta que la exclusión evita un gesto que podría incomodar a Rabat y denuncia que Sánchez prioriza la relación con el rey Mohamed VI. Esa atribución expresa la lectura política del movimiento saharaui, no una prueba de que Marruecos haya dictado la decisión española. Pero, tras el giro diplomático de 2022, cada decisión sobre el Sáhara se examina también como una señal dirigida a Rabat.

Qué significa esperar el reconocimiento de apatridia

Una persona apátrida es aquella a la que ningún Estado reconoce como nacional. En el caso saharaui, la situación está ligada a la retirada española del Sáhara Occidental en 1975-1976 y al conflicto posterior por el territorio. La salida de España no resolvió el futuro político de la población, y décadas después persisten distintas situaciones documentales entre quienes viven en España, en el territorio, en los campamentos de Tinduf o en otros países. La palabra apatridia describe una carencia jurídica concreta, no una identidad común ni una condición idéntica para todas las personas saharauis.

España dispone de un procedimiento para reconocer ese estatuto. Una vez reconocido, la persona cuenta con una vía de residencia y trabajo. La dificultad aparece antes de la resolución: los solicitantes pueden pasar largos periodos sin saber si tendrán esa protección, y el trámite pendiente no equivale automáticamente a tener el estatuto concedido. Esa diferencia explica por qué la exclusión de una regularización temporal afecta de manera desigual. Quienes tienen una resolución favorable no están en la misma situación que quienes siguen aguardándola.

La separación entre procedimientos puede responder a una lógica jurídica: cada expediente tiene requisitos y efectos distintos. Pero esa explicación no elimina la cuestión práctica de qué ocurre con quien queda atrapado entre ambos. Si el procedimiento específico tarda, la existencia de un cauce propio puede ser insuficiente para evitar una etapa de precariedad. Los críticos sostienen que una disposición delimitada habría permitido atender a los solicitantes sin confundir su situación con la del resto de personas incluidas en la regularización. El debate enfrenta la coherencia de los trámites con la protección efectiva durante la espera.

El giro de 2022 convirtió cada trámite en una señal política

En 2022, el Gobierno de Sánchez comunicó a Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. Hasta entonces, la posición española se expresaba en términos de una solución política, justa, duradera y aceptable para las partes, en el marco de Naciones Unidas. El cambio no resolvió la disputa, pero alteró la lectura política de cualquier decisión española relacionada con el territorio. Para Rabat fue un respaldo relevante; para el Polisario, un abandono de la neutralidad.

La relación con Marruecos tiene un peso estratégico para cualquier Gobierno español. Incluye la cooperación en migración y seguridad, el control de las fronteras, los vínculos comerciales y la estabilidad regional. La crisis de 2021, después de que España acogiera al líder del Polisario, Brahim Ghali, y la posterior tensión en Ceuta forman parte del contexto que precedió al restablecimiento de la relación bilateral. No hace falta suponer una instrucción directa de Rabat para entender por qué la diplomacia condiciona el clima en el que se toman decisiones. El vínculo bilateral es un factor de contexto, aunque no demuestre por sí solo la causa de una medida administrativa.

Desde el cambio de postura, el Polisario presenta a España como un actor alineado con Marruecos y cuestiona que pueda desempeñar un papel equilibrado en la solución del conflicto. El Gobierno, por su parte, ha encuadrado la exclusión de los solicitantes en la separación entre procedimientos. Las dos explicaciones responden a planos distintos: una describe el argumento jurídico oficial y la otra, la interpretación política de sus consecuencias. La polémica crece precisamente porque la técnica administrativa no se percibe aislada de la política exterior.

La nacionalidad española es otra vía, con un alcance distinto

En paralelo a la regularización, se tramita una proposición de ley destinada a facilitar la adquisición de la nacionalidad española a saharauis nacidos cuando el territorio estaba bajo administración española y, bajo determinadas condiciones, a sus descendientes. La iniciativa no equivale a una regularización general ni concede automáticamente la ciudadanía a todas las personas saharauis. Su propósito es abrir una vía específica vinculada al nacimiento, la historia administrativa del territorio y los requisitos que establezca finalmente la norma. Residencia, estatuto de apátrida y nacionalidad son figuras distintas.

La iniciativa obtuvo en 2025 el respaldo para continuar su recorrido parlamentario, pero la tramitación se ha visto marcada por retrasos y desacuerdos políticos. Su reactivación ha devuelto al Congreso una cuestión que el bloqueo había mantenido en segundo plano. El PSOE ha afrontado presiones de sus socios y de grupos partidarios de avanzar, mientras otros partidos han variado su posición en distintos momentos de la tramitación. El resultado no puede darse por cerrado mientras el texto no complete el proceso legislativo. Que una propuesta avance no significa que ya sea una ley aplicable.

El Polisario y fuentes vinculadas al movimiento han calculado que la medida podría beneficiar a más de 100.000 personas, pero esa cifra es una estimación atribuida a sus promotores, no el número de beneficiarios confirmado por una ley aprobada. La población potencial incluiría a personas nacidas bajo administración española y a descendientes que encajaran en los supuestos previstos. La cifra final dependería del contenido definitivo y de cómo se acreditaran los requisitos. El alcance real no puede fijarse antes de conocer el texto aprobado y su aplicación.

La historia del territorio sigue abierta a interpretaciones y consecuencias

El Sáhara Occidental fue administrado por España hasta su retirada en 1975-1976. La salida se produjo en medio de la Marcha Verde y de un proceso que dejó el territorio en disputa, con Marruecos y Mauritania implicados en la etapa inicial y el Frente Polisario defendiendo la independencia. El Acuerdo de Madrid, firmado el 14 de noviembre de 1975 por España, Marruecos y Mauritania, forma parte central de esa historia. Su alcance y sus efectos no deben confundirse con una solución internacionalmente aceptada sobre la soberanía del territorio. La retirada española no cerró la cuestión de la descolonización.

La relación histórica con España aparece también en los documentos de identidad y otros registros de personas que vivieron bajo administración española. Para algunas familias, esos papeles permiten reconstruir vínculos con el Estado español; para otras, los documentos disponibles no despejan por sí solos las dudas sobre nacionalidad o residencia. De ahí que la reivindicación de una vía de nacionalidad no sea intercambiable con el reconocimiento de apatridia: cada figura responde a una pregunta legal diferente. Un antecedente documental puede ser relevante, pero no convierte automáticamente a toda una población en ciudadana española.

La conmemoración de los 50 años del Acuerdo de Madrid, en noviembre de 2025, volvió a dar visibilidad a las críticas del Polisario contra el abandono del territorio y a su exigencia de autodeterminación. También reavivó el debate sobre la responsabilidad española y el lugar que ocupa hoy el país en la solución. El pasado, en este caso, no es un decorado remoto: influye en la forma en que se entienden los documentos, los derechos y las decisiones diplomáticas del presente. La disputa actual hereda una salida colonial cuyo desenlace sigue sin estar acordado.

Memoria democrática, archivos y reconocimiento

La controversia no se limita a permisos y nacionalidad. Un grupo de 120 organizaciones ha pedido que la Ley de Memoria Democrática contemple también a víctimas saharauis del franquismo y del periodo posterior, con reconocimiento de persecuciones, acceso a archivos y reparación. La demanda busca que la historia del territorio y de sus habitantes no quede fuera de las políticas públicas de memoria por resultar incómoda en el terreno diplomático. La discusión sobre el pasado se traduce en peticiones concretas de documentación y reconocimiento.

La inclusión de las víctimas no se resuelve solo con una declaración política. Requiere determinar qué hechos se investigan, qué archivos existen y qué mecanismos legales pueden aplicarse. Tampoco supone que España pueda solucionar por sí sola el conflicto territorial actual. Sí abre una discusión distinta: qué responsabilidades históricas reconoce el Estado y cómo trata a las personas afectadas que viven hoy en España. Memoria, reparación y política exterior se relacionan, pero no son la misma cuestión.

Para las organizaciones que impulsan esta reivindicación, la memoria democrática perdería consistencia si se detuviera justo en el momento en que el reconocimiento toca la antigua relación colonial española con el Sáhara. Para el debate público, el desafío es evitar tanto el silencio como las afirmaciones que simplifican un proceso histórico complejo. La documentación y la delimitación de responsabilidades importan tanto como el gesto simbólico. Reconocer una historia exige precisar qué ocurrió y qué obligaciones actuales se derivan de ella.

El argumento del Gobierno y el desacuerdo que permanece

La defensa oficial de la exclusión se apoya en la existencia de un marco específico para las personas que solicitan el estatuto de apátrida y en el riesgo de solapar procedimientos. El Consejo de Estado recomendó separar los cauces, según la información recogida en el debate, y el Ejecutivo siguió ese criterio. Desde esa perspectiva, la regularización extraordinaria no debía sustituir ni duplicar el procedimiento diseñado para reconocer la apatridia. La Administración presenta la decisión como una delimitación jurídica, no como una sanción dirigida a los saharauis.

Quienes critican esa respuesta replican que la recomendación de separar procedimientos no impedía necesariamente crear una vía diferenciada para las personas con solicitudes pendientes. También sostienen que un trámite propio pierde eficacia protectora cuando su duración deja a la persona sin una respuesta clara durante un periodo prolongado. El debate, por tanto, no se agota en decidir si los expedientes deben mezclarse: también trata de si era posible ofrecer una protección transitoria sin alterar el procedimiento principal. La crítica apunta a la ausencia de una solución para el intervalo entre solicitud y resolución.

Además, el término saharauis reúne situaciones administrativas muy distintas. Hay personas con estatuto de apátrida reconocido, solicitantes pendientes, personas con otros permisos, descendientes de antiguos residentes y quienes llegaron desde los campamentos de Tinduf. Una medida uniforme podría ignorar diferencias relevantes; una exclusión amplia puede, a su vez, dejar sin respuesta a quienes no encajan en ninguna vía efectiva. La clave está en distinguir las circunstancias individuales sin convertir la complejidad en una excusa para la inacción.

Por qué el conflicto afecta a la posición de España

El reproche del Polisario sitúa al Gobierno ante una contradicción política: defender una regularización amplia y, al mismo tiempo, excluir de ella a personas cuyo vínculo con España está marcado por la antigua administración del territorio. Esa comparación no resuelve por sí misma la cuestión legal, pero explica por qué el caso ha adquirido un peso que supera el de otros expedientes migratorios. La historia convierte una decisión administrativa en una prueba de coherencia para la política española.

Si España reconoce más derechos o impulsa la nacionalidad, Marruecos puede interpretar el gesto como una señal política relacionada con el Sáhara; si mantiene la exclusión o demora la ley, el Polisario y las organizaciones saharauis pueden verlo como una nueva renuncia. Ese dilema no implica que toda decisión deba tomarse pensando en la reacción de Rabat. Sí muestra que el Gobierno se mueve entre la gestión de una relación estratégica y las consecuencias de su pasado colonial. La estabilidad bilateral no elimina la obligación de explicar cómo se protegen los derechos de las personas afectadas.

La cuestión central es si el expediente saharaui se aborda principalmente como un problema técnico de extranjería o también como una responsabilidad política e histórica. Ninguna de esas dimensiones borra la otra: un trámite debe cumplir la ley, mientras la política puede decidir si hacen falta cambios legislativos o medidas específicas. Reducir el asunto a una disputa entre Sánchez y el Polisario dejaría fuera a quienes esperan una resolución y a las instituciones que deben definir las vías disponibles. Lo que está en juego es la distancia entre reconocer una responsabilidad y convertir ese reconocimiento en derechos efectivos.

Una historia que sigue presente en las decisiones de hoy

El enfrentamiento vuelve a colocar el Sáhara Occidental en el centro de la política española, no como un capítulo cerrado, sino como una cuestión presente en extranjería, el Congreso y la relación con Marruecos. El Gobierno sostiene que la separación de procedimientos tiene fundamento; el Polisario denuncia que la exclusión prolonga el abandono. Mientras tanto, las personas con expedientes pendientes afrontan las consecuencias de una espera que no se resuelve con declaraciones diplomáticas. El desacuerdo político tiene efectos concretos sobre la seguridad jurídica y la vida cotidiana.

La regularización extraordinaria tuvo un plazo que terminó el 30 de junio de 2026, pero la controversia que dejó abierta no desaparece con el cierre de las solicitudes. Continúan en discusión el tratamiento de los procedimientos de apatridia, el recorrido de la proposición de nacionalidad y el alcance de las reivindicaciones de memoria. Cada vía tiene requisitos y efectos propios; presentarlas como una solución única ocultaría tanto sus diferencias como sus límites. La respuesta dependerá de decisiones administrativas y legislativas que no son equivalentes.

Medio siglo después de la retirada española, el conflicto sigue proyectándose sobre la relación entre derechos, memoria y diplomacia. España no puede decidir por sí sola el futuro del territorio, pero sí define cómo tramita las solicitudes de quienes viven en su jurisdicción y qué reconocimiento concede a los vínculos históricos invocados por la comunidad saharaui. La forma de afrontar esa tarea determinará si el Sáhara permanece como una cuestión incómoda que reaparece en cada crisis o si recibe una respuesta política y jurídica más clara. La vieja deuda no cabe en una ventanilla, aunque también se manifieste ante ella.