¿Podrá Ceuta tener un régimen fiscal especial como el de Canarias?

El Gobierno quiere modificar de forma profunda el encaje económico de Ceuta en la Unión Europea. Pedro Sánchez ha anunciado que España pedirá a Bruselas que la ciudad autónoma pueda integrarse en la unión aduanera europea y, al mismo tiempo, disponga de un tratamiento fiscal favorable inspirado en el de las regiones ultraperiféricas, con Canarias como referencia. De salir adelante, la frontera económica que durante décadas ha separado a Ceuta del territorio aduanero comunitario cambiaría de naturaleza.

Conviene separar, eso sí, el anuncio de sus efectos reales. Ceuta no tiene todavía ese nuevo régimen, ni existe una fecha para su entrada en vigor. El Ejecutivo español va a solicitarlo a las instituciones comunitarias y el resultado dependerá de la negociación con Bruselas y del mecanismo jurídico que finalmente se utilice. No es precisamente pulsar un botón en el Berlaymont y despertarse al día siguiente convertido en Canarias.

Ceuta quiere entrar en la unión aduanera sin perder su singularidad

La situación actual tiene una peculiaridad que suele pasar inadvertida. Ceuta forma parte de España y de la Unión Europea, pero está fuera del territorio aduanero de la UE. Esa excepción determina buena parte de su relación comercial con la Península y con el resto de los países comunitarios, especialmente cuando entran en juego mercancías, importaciones y procedimientos aduaneros.

Eso obliga a aplicar reglas específicas al movimiento de mercancías entre Ceuta y el resto del territorio comunitario. Existen preferencias y exenciones para determinados productos originarios de la ciudad autónoma o de la UE, pero jurídicamente siguen operando marcos aduaneros diferentes. Es una singularidad histórica que condiciona el comercio ceutí bastante más de lo que se percibe desde la Península.

La propuesta anunciada por Sánchez pretende alterar ese esquema. Integrar Ceuta en la unión aduanera acercaría el funcionamiento comercial de la ciudad al del resto del mercado europeo: un mismo marco aduanero, reglas comunitarias comunes y una relación potencialmente más sencilla con los operadores establecidos dentro del territorio aduanero de la Unión.

Para una economía pequeña y geográficamente singular, pegada a Marruecos y separada físicamente de la Península por el Estrecho, no es un detalle técnico. Puede condicionar desde los trámites de una empresa importadora hasta la capacidad de Ceuta para convertirse en una plataforma comercial y logística entre Europa y el norte de África.

Qué supondría para empresas, mercancías e inversiones

La unión aduanera europea implica que los territorios que pertenecen a ella aplican un arancel exterior común y las mismas normas aduaneras frente a mercancías procedentes de terceros países. Dentro del territorio aduanero comunitario, por el contrario, desaparecen los derechos de aduana entre sus integrantes.

Para Ceuta, la integración podría reducir parte de la fricción administrativa que existe en las operaciones con la Península y otros mercados europeos. Resultaría especialmente relevante para compañías que compran, transforman o distribuyen mercancías y que actualmente trabajan con una arquitectura aduanera distinta de la existente, por ejemplo, en Andalucía.

Pero el verdadero atractivo político de la propuesta está en otra pieza. Madrid no pretende simplemente introducir a Ceuta en el régimen común y borrar sus ventajas fiscales. Busca combinar la integración aduanera con un tratamiento tributario especial que compense sus condicionantes geográficos, económicos y fronterizos.

Ahí aparece Canarias como referencia. No tanto como una plantilla que pueda copiarse sin más, sino como la demostración de que pertenecer al territorio aduanero europeo y conservar determinadas singularidades tributarias son dos cosas compatibles.

El IPSI no desaparecería automáticamente

Ceuta tampoco pertenece al territorio de aplicación del IVA europeo. En su lugar funciona el IPSI, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, una figura propia de Ceuta y Melilla que forma parte esencial de su actual sistema fiscal.

Entrar en la unión aduanera no significa necesariamente adoptar el IVA. Canarias demuestra precisamente que ambas cuestiones pueden separarse: las islas están dentro del territorio aduanero de la Unión, pero permanecen fuera del ámbito del IVA europeo y aplican su propio sistema de imposición indirecta. Aduanas e impuestos indirectos, aunque suelen viajar juntos en la conversación política, son piezas jurídicas distintas.

Por eso hablar de un régimen parecido al canario tiene más sentido que imaginar una simple homologación fiscal con la Península. La fórmula definitiva para Ceuta tendrá que concretarse durante la negociación europea y el Gobierno todavía deberá precisar cómo quedaría cada tributo y qué excepciones serían compatibles con las reglas comunitarias.

Canarias sirve de referencia, pero no es una fotocopia

Las regiones ultraperiféricas disfrutan de un reconocimiento específico dentro del derecho europeo debido a condicionantes estructurales como la distancia, la insularidad, el tamaño reducido o la dependencia de determinados sectores económicos. Ese marco permite adoptar medidas especiales en materias como fiscalidad, política comercial, aduanas, ayudas de Estado o acceso a fondos europeos.

Actualmente la UE reconoce nueve regiones ultraperiféricas. Entre las españolas figura Canarias; Ceuta no aparece en esa relación. Ese dato importa porque el anuncio del Gobierno abre una negociación política y jurídica, pero no convierte por sí mismo a la ciudad autónoma en una región ultraperiférica.

La fórmula concreta deberá ser aceptada en Europa y todavía falta conocer qué procedimiento utilizará España para conseguir una equiparación o tratamiento equivalente. El resultado podría parecerse al modelo canario en determinadas materias sin que ambos territorios terminen teniendo exactamente el mismo estatuto.

El movimiento llega junto a una mejora fiscal para Ceuta

La iniciativa europea tampoco aparece aislada. El Gobierno ha aprobado un paquete extraordinario de medidas económicas y sociales para la ciudad, con ayudas directas a autónomos y empresas y modificaciones tributarias dirigidas a reforzar la actividad económica local.

Entre ellas destaca el incremento de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. El porcentaje pasa del 50% al 60% para las entidades que operen efectiva y materialmente en esos territorios, bajo las condiciones previstas legalmente. También se amplían determinados límites vinculados al empleo para calcular las rentas que pueden considerarse obtenidas allí.

Las medidas incluyen igualmente ayudas directas para los negocios ceutíes. Los autónomos pueden recibir 5.000 euros, mientras que las empresas acceden a cantidades que varían según su cifra de negocios y pueden alcanzar los 150.000 euros. El paquete contempla 36,6 millones de euros para financiar esta línea de apoyo.

Se dibuja así una estrategia con dos velocidades. Una inmediata, mediante incentivos fiscales y ayudas aprobadas desde Madrid; otra bastante más compleja, que intenta redefinir el lugar de Ceuta dentro del engranaje económico comunitario. La primera ya tiene efectos concretos. La segunda depende de Bruselas.

Bruselas tendrá la última palabra sobre el nuevo modelo

El gran interrogante es cuánto de la propuesta española sobrevivirá a la negociación europea. La condición de región ultraperiférica no es una etiqueta decorativa que cada Estado pueda asignar a voluntad. Está integrada en el derecho de la Unión y permite excepciones precisamente porque esas excepciones deben convivir con las reglas del mercado interior.

La UE acepta tratamientos especiales, pero vigila que no terminen convirtiéndose en una vía para distorsionar la competencia. Las excepciones pueden alcanzar ámbitos como fiscalidad, aduanas, zonas francas, ayudas públicas o fondos estructurales, aunque deben preservar la coherencia del mercado único.

España tendrá, por tanto, que demostrar que las particularidades de Ceuta justifican ese tratamiento. Hay argumentos evidentes sobre la mesa: posición geográfica, reducida dimensión territorial, frontera terrestre con Marruecos, dependencia de determinados flujos comerciales y separación física respecto de la España peninsular. Después vendrá la letra pequeña, esa especialidad bruselense donde una frase política de quince segundos puede acabar convertida en unas cuantas decenas de páginas jurídicas.

También habrá que conocer qué ocurre con el actual sistema del IPSI, cómo se adaptarían las importaciones procedentes de Marruecos, qué ventajas fiscales podrían mantenerse y de qué forma se articularían las ayudas públicas. Hasta que exista una propuesta normativa concreta, presentar cualquiera de esas posibilidades como un hecho consumado sería adelantarse bastante al calendario.

Ceuta busca cambiar de posición en el mapa económico europeo

La propuesta va más allá de pagar más o menos impuestos. Lo que plantea España es reordenar la relación económica de Ceuta con la Unión Europea, acercándola al mercado comunitario sin borrar las ventajas que intentan compensar su singularidad territorial.

Si Bruselas acepta una fórmula similar a la canaria, Ceuta podría combinar pertenencia a la unión aduanera con un régimen fiscal diferenciado. Eso facilitaría determinados intercambios comerciales y podría mejorar su atractivo para empresas interesadas en operar entre Europa y el norte de África. El alcance verdadero dependerá, naturalmente, de algo menos vistoso que el anuncio: las normas concretas que se negocien.

Por ahora hay una decisión política española, no un nuevo estatuto europeo. Canarias es el modelo invocado; Ceuta sigue teniendo su régimen actual. Entre ambas cosas queda una negociación que deberá resolver aduanas, impuestos, ayudas públicas y encaje jurídico. Ahí estará la auténtica medida del cambio.