¿Por qué reclutar soldados enfrenta a civiles y militares en Ucrania?

La movilización militar en Ucrania ha entrado en una fase peligrosa: reclutadores agredidos, ciudadanos que denuncian detenciones violentas y una sociedad exhausta que empieza a volcar contra sí misma parte de la rabia acumulada durante más de cuatro años de invasión rusa. El Ejército necesita reemplazos para sostener el frente, pero cada vez quedan menos voluntarios y crece el rechazo hacia un sistema de incorporación asociado a controles callejeros, miedo y un servicio cuya duración resulta incierta.

El caso del veterano Vasyl Krupych concentra esa fractura. Después de combatir en algunas de las zonas más duras del Donbás, fue destinado a tareas de reclutamiento en la retaguardia. En diciembre de 2025, durante la persecución de dos hombres que se negaron a mostrar sus documentos, uno de ellos lo golpeó con una palanca. Sufrió una costilla rota, apenas podía respirar y pasó seis semanas hospitalizado. La Policía ucraniana ha registrado más de 600 ataques contra personal de los centros territoriales de reclutamiento.

El veterano que sobrevivió al frente y cayó en la retaguardia

Krupych no era un funcionario recién llegado a la guerra ni un burócrata protegido tras una mesa. Se incorporó voluntariamente al comienzo de la invasión a gran escala, combatió como ametrallador y pasó por escenarios como Bajmut y Chásiv Yar, donde los drones, la artillería y el barro han reducido la vida cotidiana a una sucesión de minutos prestados.

En uno de aquellos ataques, un dron FPV alcanzó el vehículo en el que viajaba. Krupych resultó herido, consiguió sacar a varios compañeros y vio morir a otros entre las llamas. Más tarde, declarado no apto para continuar en primera línea, fue enviado a un centro territorial de reclutamiento. Su misión era localizar reservistas y ayudar a relevar a hombres que llevan meses, a veces años, encadenando despliegues.

Por eso la agresión recibida lejos del frente le dejó una herida distinta. No solo la costilla quebrada. También la sensación de que quienes regresan de las trincheras pueden convertirse en enemigos para una parte de la población. Krupych sigue defendiendo la movilización porque conoce el desgaste de las unidades, aunque resume el problema con una frase sin retórica: «Todos tienen miedo a morir».

Ese miedo no necesita demasiada explicación. Las familias ucranianas llevan años asistiendo a funerales, atendiendo a heridos y esperando noticias de hombres desaparecidos. La guerra ha dejado de ser una tormenta excepcional para convertirse en clima. Y nadie vive indefinidamente bajo la lluvia sin buscar un techo, aunque ese techo sea esconderse, pagar un soborno o huir cuando aparece una patrulla.

Más de 600 agresiones y una revuelta en Leópolis

La violencia contra los agentes de reclutamiento ha crecido con rapidez. En 2022, la Policía contabilizó cinco ataques; en 2025 fueron 341 casos. El balance acumulado desde el comienzo de la invasión supera los 600, con agresiones mediante cuchillos, vehículos, aerosoles irritantes y objetos contundentes. Las autoridades advierten de que los incidentes son cada vez más graves.

La alarma aumentó en abril, cuando varios reclutadores fueron apuñalados y uno murió. Después llegó Leópolis. A comienzos de julio, alrededor de 200 personas rodearon a unos agentes que trataban de detener a un supuesto evasor, dañaron el vehículo militar y terminaron volcándolo. Las imágenes mostraron empujones, gritos de «vergüenza» y a un uniformado despojado de parte de su ropa mientras la multitud cercaba los coches.

La Fiscalía abrió una investigación. El Estado Mayor condenó las agresiones, aunque prometió examinar también la actuación de los reclutadores por si habían cometido abusos de autoridad. Esa doble pesquisa explica mejor el momento ucraniano que cualquier discurso solemne: el Estado pide obediencia, pero ya no puede ignorar que una parte de la sociedad desconfía profundamente de quienes ejecutan la movilización.

El defensor ucraniano de los derechos humanos, Dmytro Lubinets, advirtió de que la tensión no nació en una noche. Cuando las denuncias se acumulan sin una respuesta convincente, la desconfianza crece y la sociedad se radicaliza. No es una absolución para quienes golpean a soldados. Es el diagnóstico de un incendio al que durante demasiado tiempo se le llamó humo.

La «busificación», el nombre popular de un sistema temido

En Ucrania se ha extendido la palabra «busificación» para describir las operaciones en las que patrullas de reclutamiento paran a hombres en espacios públicos, revisan su situación militar y, cuando detectan irregularidades, los trasladan en furgonetas a los centros territoriales. El término mezcla humor negro y miedo, dos materiales abundantes en cualquier guerra larga.

Los centros territoriales, conocidos por sus siglas ucranianas TCC, tienen la función de actualizar registros, entregar citaciones y tramitar incorporaciones. No deberían actuar como una policía paralela. La detención forzosa corresponde a los agentes policiales, y las patrullas deben identificarse, documentar sus actuaciones y respetar las exenciones legales. Sobre el papel, el dibujo es limpio. En la calle, no siempre.

Vídeos difundidos durante los últimos años muestran forcejeos, hombres introducidos a la fuerza en vehículos y familiares tratando de impedirlo. Algunas grabaciones han sido manipuladas o utilizadas por la propaganda rusa, pero reducir todas las denuncias a operaciones de Moscú sería cómodo y falso. Ucrania combate una invasión, sí; sigue obligada a respetar sus propias leyes.

El diputado opositor Oleksandr Honcharenko atribuye buena parte de la reacción social a la etapa de «movilización brutal» iniciada cuando comenzaron a escasear los voluntarios y aumentaron las bajas. Su advertencia resulta elemental, aunque no por ello menos cierta: la violencia institucional alimenta violencia contra las instituciones. Un círculo bastante viejo. Y bastante eficaz para destruir un país desde dentro.

Un profesor exento, golpeado y empujado a un autobús

La historia de Kyrylo Ogdansky muestra el reverso de la agresión sufrida por Krupych. Este profesor universitario de Dnipró asegura que, pese a estar exento del servicio, fue abordado por hombres vestidos de paisano que querían comprobar su situación militar. Al pedirles que se identificaran y cuestionar que la patrulla actuara sin policías, comenzó el forcejeo.

Según su relato, uno de los hombres le tiró el teléfono y otros dos lo empujaron dentro de un autobús. Allí recibió varios golpes en la cabeza y la nariz, además de la amenaza de ser enviado directamente a Pokrovsk, una de las zonas más castigadas del frente. Pasó dos semanas en el hospital, con una posible lesión cervical y grandes hematomas bajo los ojos. Presentó denuncias formales, aunque dudó antes de hablar públicamente por temor a que Rusia aprovechara el caso.

No se trata de una queja aislada. El comisionado ucraniano de derechos humanos recibió más de 6.000 reclamaciones durante 2025 por posibles abusos vinculados a la movilización, el doble que el año anterior. Los expedientes incluyen acusaciones de malos tratos, detenciones ilegales y condiciones deficientes dentro de algunos centros de reclutamiento.

Aquí aparece la paradoja más incómoda. Los agentes son atacados cuando intentan aplicar la ley, mientras algunos ciudadanos sufren violencia precisamente de quienes deberían aplicarla. Entre ambos extremos queda la mayoría: familias que sostienen al Ejército, soldados agotados que necesitan relevos y hombres que temen entrar en un sistema del que no saben cuándo podrán salir.

Un ejército agotado, envejecido y con pocos relevos

Ucrania moviliza con carácter general a hombres aptos de entre 25 y 60 años, salvo quienes tienen una exención o un aplazamiento reconocido. El Gobierno se ha resistido a rebajar la edad mínima obligatoria hasta los 18 años, consciente de que vaciar las generaciones más jóvenes tendría efectos militares inmediatos, pero también consecuencias demográficas y económicas durante décadas.

El resultado se ve en las trincheras. La edad media de los combatientes ucranianos ronda los 45 años, muy por encima de la habitual en otros ejércitos europeos. Hay unidades donde hombres de más de 50 años cargan material, conducen vehículos y soportan despliegues para los que el cuerpo ya no responde como a los veinte. En los refugios de madera y tierra, las barbas canosas son menos una anécdota que una estadística con botas.

También pesa la ausencia de una fórmula clara de desmovilización para quienes llevan años sirviendo. La movilización no solo pregunta quién entra, sino cuándo sale. Sin fechas comprensibles, rotaciones fiables y garantías sobre la formación, cada citación puede percibirse como un túnel sin salida visible.

Esa incertidumbre castiga el reclutamiento voluntario. Los incentivos económicos ayudan, pero no borran el temor a caer bajo un mando incompetente, recibir una preparación insuficiente o ser enviado con demasiada rapidez a una posición castigada. El patriotismo sostiene mucho. No sostiene cualquier cosa, durante cualquier tiempo y bajo cualquier condición.

Reformar el reclutamiento en plena crisis política

El exministro de Defensa Mykhailo Fedorov impulsó durante sus seis meses en el cargo contratos de duración determinada, mejores remuneraciones para los destinos más peligrosos y nuevas fórmulas para captar voluntarios jóvenes. También se discutió entregar un mayor protagonismo a la Policía en los controles, formar mejor a los reclutadores e introducir evaluaciones psicológicas para quienes trabajan bajo una presión extrema.

Pero Fedorov fue destituido en julio tras sus diferencias con la cúpula militar, una decisión que provocó protestas en varias ciudades y abrió otra crisis alrededor de Volodímir Zelenski. El 17 de julio, el Gobierno designó a Yevhen Khmara ministro de Defensa en funciones. La reforma de la movilización queda así en manos de una dirección provisional mientras el país sigue combatiendo y discutiendo quién debe dirigir la guerra.

No existe una solución indolora. Ucrania necesita soldados porque Rusia mantiene la invasión y dispone de una reserva humana mayor. Suspender la movilización significaría debilitar el frente; mantenerla mediante métodos abusivos erosiona la legitimidad del Estado que ese frente pretende defender. Reclutar solo con dinero parece insuficiente. Reclutar mediante el miedo resulta explosivo.

La respuesta pasa por reglas visibles, investigaciones rápidas, castigos efectivos para los abusos y condiciones de servicio que no parezcan una condena indefinida. También por explicar con honestidad las necesidades del Ejército. No mediante carteles heroicos donde nadie envejece, sangra o se equivoca, sino tratando a los ciudadanos como adultos capaces de comprender una realidad desagradable.

La grieta que la guerra sigue ensanchando

La responsabilidad última de esta situación comienza en la invasión rusa. Sin ella no habría movilización masiva, trincheras interminables ni patrullas buscando hombres por las calles. Pero reconocer al agresor no obliga a cerrar los ojos ante los abusos propios. Al contrario: una democracia se distingue precisamente cuando se vigila mientras combate.

Krupych representa al soldado que pide reemplazos después de haber visto morir a sus compañeros. Ogdansky representa al ciudadano que exige no ser golpeado por quienes llevan uniforme. Ninguno de los dos relatos anula al otro. Juntos describen un país cansado, lleno de cicatrices y atrapado entre la necesidad de resistir y el temor a convertirse en algo distinto mientras resiste.

Cuando los reclutadores temen acercarse a los civiles y los civiles temen acercarse a una furgoneta militar, la movilización deja de ser únicamente un problema de personal. Se convierte en una cuestión de confianza pública, quizá el recurso más difícil de reponer en una guerra larga. Las armas pueden comprarse; los soldados, entrenarse. La confianza rota, en cambio, no llega en un cargamento occidental ni se fabrica durante la noche.