¿Por qué Ortega elimina las elecciones y blinda su poder en Nicaragua?

Daniel Ortega ha anunciado que Nicaragua dejará de celebrar elecciones, una decisión con la que pretende cerrar cualquier posibilidad de alternancia cuando concluya su mandato. Todavía no existe una ley publicada que suprima formalmente las votaciones, pero el mensaje político fue inequívoco: el dirigente sandinista quiere impedir que la oposición pueda alcanzar el Gobierno mediante las urnas.

El anuncio llegó durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el 19 de julio en Managua. Ortega, de 80 años y en el poder de manera ininterrumpida desde 2007, afirmó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones y adelantó que recurrirá a la Asamblea Nacional para levantar un muro legal contra los partidos a los que acusa de actuar al servicio de Estados Unidos. No explicó cómo se ejecutará la medida ni qué ocurrirá con los comicios previstos para noviembre de 2027.

Ortega convierte una amenaza en doctrina de Estado

La frase no fue una salida de tono perdida entre consignas revolucionarias. Ortega insistió varias veces. Sostuvo que los grupos opositores continúan organizándose con la intención de ganar unas elecciones y hacerse con el poder, una eventualidad que dio por definitivamente clausurada. “Jamás, jamás, jamás”, remachó al hablar de los partidos que considera respaldados por los “yanquis” y los antiguos somocistas.

El razonamiento es circular, casi de manual: como la oposición podría ganar, se elimina la competición. La democracia queda retratada como una puerta peligrosa que conviene tapiar antes de que alguien la cruce. Ortega presentó esa exclusión como una defensa de la revolución y no como lo que supone en términos institucionales: la negación de la soberanía popular y del derecho de los ciudadanos a cambiar de Gobierno.

Hasta este discurso, el sistema nicaragüense mantenía elecciones periódicas, aunque vaciadas de garantías, rivales competitivos y observación independiente. La urna seguía allí, como un jarrón polvoriento en el salón: servía para decorar la fachada constitucional. El anuncio amenaza con retirar incluso ese decorado y convertir una práctica autoritaria prolongada en una declaración oficial de principios.

Ortega tampoco aclaró si pretende suprimir todas las votaciones —presidenciales, legislativas, municipales y regionales— o conservar algún tipo de proceso controlado, con candidatos previamente autorizados. Esa ambigüedad no suaviza el golpe. Al contrario: concede al Ejecutivo margen para decidir qué apariencia electoral conserva y qué derecho desaparece.

El anuncio todavía no es una ley, pero el Parlamento es suyo

La abolición de las elecciones no se ha materializado, por el momento, mediante una reforma constitucional o una norma publicada. Ortega habló de trabajar con la Asamblea Nacional y con las instituciones correspondientes para aprobar leyes que impidan a sus adversarios acceder al poder. El matiz jurídico importa: Nicaragua no ha amanecido con un artículo que diga que las urnas quedan prohibidas, pero sí con la voluntad expresa del Ejecutivo de construirlo.

En una democracia ordinaria, semejante pretensión chocaría con el Parlamento, los tribunales, la autoridad electoral y una sociedad civil capaz de impugnarla. Nicaragua ya no dispone de esos contrapesos con autonomía suficiente. El Frente Sandinista domina la Asamblea Nacional, mientras las últimas reformas han reforzado el control del Ejecutivo sobre los órganos legislativo, judicial y electoral. El árbitro, el terreno y buena parte de los jugadores llevan la misma camiseta.

La reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, permitió la reelección indefinida y convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta. También consolidó una Presidencia con amplias facultades para coordinar las demás instituciones del Estado, una palabra —“coordinar”— bastante amable para un reparto del poder que, en la práctica, ha avanzado en dirección contraria.

Qué ocurrirá con las elecciones previstas para 2027

El calendario institucional situaba los siguientes comicios nacionales en noviembre de 2027, cuando debía renovarse la Presidencia tras la ampliación del mandato. El anuncio de Ortega deja esa convocatoria suspendida en una niebla política: no hay calendario alternativo, mecanismo sucesorio ni explicación sobre la legitimidad futura del Ejecutivo.

Puede ocurrir que el Gobierno suprima formalmente las elecciones. También podría mantener una votación sin competencia real, reducirla a una lista única o aprobar requisitos que excluyan automáticamente a quienes viven en el exilio, han sido privados de su nacionalidad o fueron declarados “traidores a la patria”. Son escenarios, no decisiones confirmadas. Lo seguro es que Ortega ha descartado la alternancia y ha encargado a sus instituciones encontrar el traje legal adecuado.

Eso abre otra cuestión incómoda: qué sucederá cuando Ortega deje el cargo por edad, enfermedad o fallecimiento. La arquitectura constitucional ya ofrece una respuesta parcial, pues Rosario Murillo ocupa la copresidencia y puede continuar al frente del Estado. La supresión de la vía electoral reduce todavía más cualquier incertidumbre sucesoria. El poder familiar no necesita convencer al país; necesita conservar la maquinaria.

De la revolución de 1979 al poder familiar

Daniel Ortega fue uno de los dirigentes de la revolución que derrocó a Anastasio Somoza Debayle en 1979. Gobernó durante la década de 1980, perdió las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder. Aquella derrota demostró que el sandinismo podía abandonar el Gobierno sin que Nicaragua se desintegrase ni la historia terminara. Precisamente ese precedente parece haberse convertido en la pesadilla que el Ortega de 2026 quiere borrar.

Regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007 y desde entonces fue desmontando los límites que podían apartarlo del cargo. Primero llegaron los acuerdos políticos y las reformas electorales; después, la eliminación de los límites a la reelección; más tarde, la represión de las protestas de 2018, el cierre del espacio cívico y la persecución de dirigentes opositores, periodistas, religiosos, empresarios y organizaciones sociales.

La evolución encierra una ironía áspera. Un movimiento nacido contra una dinastía terminó levantando otra, con marido y mujer compartiendo formalmente la Presidencia y los hijos de la pareja ocupando posiciones de influencia política, económica o diplomática. La historia no siempre se repite como tragedia o farsa; a veces llega disfrazada con los colores de la revolución anterior.

Los organismos internacionales y las asociaciones de derechos humanos describen un sistema marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, expulsiones, retirada de nacionalidades y confiscación de bienes. También se ha denunciado la utilización de recursos públicos para financiar la represión y la vigilancia de opositores tanto dentro como fuera del país.

Las elecciones de 2021 ya llegaron sin adversarios reales

La última elección presidencial, celebrada el 7 de noviembre de 2021, anticipó el paisaje actual. En los meses previos, las autoridades detuvieron a siete aspirantes presidenciales potencialmente competitivos, encarcelaron a decenas de opositores e ilegalizaron la alianza Ciudadanos por la Libertad. Ortega fue proclamado vencedor con más del 75 % de los votos frente a candidatos sin capacidad real para disputarle la Presidencia.

La Unión Europea consideró que aquellos comicios carecían de garantías democráticas y legitimidad. La Organización de los Estados Americanos concluyó que no habían sido libres, justos ni transparentes. Ortega respondió retirando a Nicaragua de la OEA y presentando cada crítica exterior como una prolongación de la intervención estadounidense.

La ruptura anunciada en julio de 2026, por tanto, no empieza de cero. Las elecciones competitivas ya habían sido desmanteladas mediante detenciones, inhabilitaciones y control institucional. La novedad es verbal y, al mismo tiempo, enorme: Ortega deja de fingir que el pluralismo podría regresar algún día.

Rosario Murillo y una sucesión diseñada desde el poder

Rosario Murillo pasó de vicepresidenta a copresidenta de Nicaragua mediante la reforma constitucional aprobada en 2025. Su posición no es meramente ceremonial. Comparte la dirección del Ejecutivo, protagoniza la comunicación cotidiana del Gobierno y aparece como la sucesora natural dentro de una estructura que ha ido confundiendo partido, familia y Estado.

La extensión del mandato hasta 2027 dio a la pareja dos años adicionales respecto al calendario anterior. La eliminación de futuras elecciones haría innecesario someter esa continuidad a una votación, incluso a una cuidadosamente controlada. El sistema ya no dependería de fabricar mayorías; bastaría con administrar obediencias.

Para la oposición exiliada, el anuncio cierra la estrategia de una transición electoral negociada. Félix Maradiaga, antiguo aspirante presidencial encarcelado y posteriormente desterrado, interpretó la decisión como una muestra del temor del Gobierno a exponerse a una derrota. Desde esa perspectiva, el discurso de Ortega no demuestra seguridad, sino lo contrario: quien está convencido de conservar el respaldo social no necesita prohibir las urnas.

La revolución que terminó temiendo a las urnas

Nicaragua entra en un territorio todavía más oscuro, aunque no completamente desconocido. Daniel Ortega no ha presentado un texto legal ni ha explicado cómo se gobernará el país después de 2027. Ha hecho algo previo y decisivo: negar que los nicaragüenses puedan elegir otra opción. La legislación llegará después, obediente y con membrete oficial.

El sandinismo que ganó una revolución, gobernó, perdió unas elecciones y volvió al poder por las urnas se dispone a prohibir ese mismo camino a los demás. Ortega llama defensa nacional a lo que, despojado de consignas, es una clausura política. No se protege una revolución impidiendo votar; se protege a quienes mandan.

La urna nicaragüense llevaba años vacía de competencia. El Gobierno amenaza ahora con retirarla de la habitación. Quedará el poder, la familia y una vieja palabra —revolución— utilizada como contraseña para no devolver nunca las llaves.