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Quién reprime en Irán: las fuerzas detrás del control político

Un sistema de poder religioso y estatal combina fuerzas de seguridad, tribunales y censura para contener la disidencia.

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Quién reprime en Irán

La represión política en Irán no recae en un único cuerpo. La sostienen las autoridades de la República Islámica, con la máxima autoridad política concentrada en el líder supremo, y un entramado de fuerzas de seguridad, tribunales, organismos de inteligencia y medios estatales. En las calles, la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij han desempeñado un papel central en la respuesta a las protestas; la policía también interviene, mientras que el sistema judicial procesa a detenidos y puede imponer penas graves.

Ese aparato no actúa solo mediante la fuerza física. La vigilancia, las detenciones, las condenas, la censura y los cortes de internet forman parte de un modelo de control que combina coerción y presión institucional. La intensidad de la represión ha variado según el momento y el tipo de movilización, pero el mecanismo de fondo se mantiene desde la instauración de la República Islámica, tras la revolución de 1979.

Un poder político concentrado desde la revolución

La revolución de 1979 derrocó a la monarquía de los Pahlaví y abrió paso a un Estado dirigido por el clero. Ruhollah Jomeiní encabezó el nuevo orden, basado en el principio de velayat-e faqih, o tutela del jurista islámico: una doctrina que atribuye la autoridad política suprema al clérigo de mayor rango. El sistema conserva instituciones electas, como la presidencia y el Parlamento, pero estas funcionan dentro de una estructura en la que el líder supremo tiene una posición decisiva.

La concentración de poder ayuda a explicar por qué la represión no puede atribuirse únicamente a la policía que aparece en una manifestación. La dirección política establece los límites de lo tolerado; distintos organismos ejecutan las medidas y los tribunales pueden darles cobertura legal. La responsabilidad se distribuye entre instituciones, aunque no de manera equivalente: la autoridad del líder supremo se sitúa por encima de la gestión cotidiana de cada organismo.

Jomeiní fue inicialmente visto por sectores diversos de la oposición como una figura capaz de poner fin a la monarquía y a su represión de las libertades civiles. Sin embargo, una vez consolidado el nuevo Estado, el régimen fue apartando y persiguiendo a grupos políticos rivales. La promesa de una ruptura con el autoritarismo anterior dio paso a la eliminación sistemática de organizaciones consideradas una amenaza, además de controles sobre la vida pública y la expresión política.

La Guardia Revolucionaria y la milicia Basij

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocidos por sus siglas en inglés como IRGC, se crearon después de la revolución para proteger el nuevo régimen y prevenir golpes de Estado. Con el tiempo, su función se amplió: además de su dimensión militar, asumieron responsabilidades de seguridad interna y adquirieron peso político y económico. Su papel en la represión es especialmente visible cuando el Gobierno responde a protestas o identifica una amenaza contra el orden establecido.

La Guardia Revolucionaria también supervisa a la Basij, una fuerza paramilitar movilizada para vigilar y contener la disidencia. Sus integrantes han participado en operativos contra manifestantes y en acciones dirigidas a imponer normas sociales y políticas. La milicia está formada por personas de perfiles distintos, incluidos estudiantes y reclutas jóvenes, y sus miembros pueden recibir ventajas en el acceso a empleos o servicios públicos, según la información disponible.

La relación entre ambas organizaciones permite desplegar fuerzas en distintos niveles. La Guardia Revolucionaria ocupa una posición de mando y tiene recursos propios; la Basij aporta presencia local y capacidad de movilización. En episodios de protesta, esa combinación puede traducirse en patrullas, dispersión de concentraciones, vigilancia de activistas y redadas. No significa que cada integrante actúe siempre del mismo modo, pero sí que estas estructuras proporcionan al Estado instrumentos organizados para intervenir dentro del país.

El alcance de la Guardia Revolucionaria va más allá de la calle. Antiguos miembros han ocupado cargos gubernamentales y la organización ha acumulado intereses económicos de gran tamaño. Una estimación citada en la información de referencia sitúa bajo su control entre el 20 % y el 40 % de la economía iraní, aunque la cifra debe entenderse como un cálculo y no como un registro contable preciso. Ese poder material refuerza su influencia institucional y la distingue de una fuerza policial ordinaria.

De las purgas de los años ochenta a las ejecuciones de 1988

La consolidación del nuevo Estado estuvo acompañada por una persecución de opositores políticos y religiosos. Entre junio de 1981 y marzo de 1982 se produjo una oleada de violencia contra personas identificadas como enemigas del régimen, entre ellas intelectuales, artistas, científicos, liberales, monárquicos, socialistas, miembros de minorías étnicas y bahá’ís. Los datos de referencia describen miles de muertos y relacionan aquella purga con la Revolución Cultural impulsada por las autoridades.

En 2024, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán calificó los crímenes cometidos durante ese periodo como genocidio y crímenes de lesa humanidad y pidió establecer un organismo internacional independiente para investigarlos. Esa valoración debe atribuirse al relator y distinguirse de una sentencia judicial. Aun con ese matiz, la escala y la naturaleza de la violencia de 1981 y 1982 muestran que la represión fue una herramienta de consolidación del poder, no solo una respuesta puntual a disturbios callejeros.

En 1988, Jomeiní ordenó la ejecución de miles de presos políticos. Las muertes se produjeron durante varios meses, desde julio, en al menos 32 ciudades, mediante procedimientos sin garantías judiciales adecuadas y con un alto grado de secreto. La mayoría de las víctimas eran simpatizantes de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán; también fueron ejecutados miembros de grupos de izquierda, incluidos los Fadaian y el Partido Tudeh.

El número exacto sigue sin estar establecido: las estimaciones recogidas van de 2.800 a 30.000 víctimas, y Amnistía Internacional sitúa su cálculo en al menos 30.000. Las autoridades presentaron la operación militar de los Muyahidines del Pueblo como posible justificación, pero el ayatolá Montazerí sostuvo que las ejecuciones se habían planeado de antemano. La discrepancia sobre la cifra no elimina la evidencia de ejecuciones masivas ni el reclamo de justicia de los supervivientes y sus familias.

La continuidad del sistema bajo Ali Jameneí

Tras la muerte de Jomeiní en 1989, Ali Jameneí asumió el cargo de líder supremo. La sucesión no desmanteló el aparato creado durante la década anterior: la República Islámica mantuvo sus instituciones y sus mecanismos de control. La represión posterior se ha dirigido contra opositores políticos, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y personas que cuestionan las políticas del Estado.

La estructura combina medidas visibles con otras menos espectaculares. Una protesta puede terminar con cargas o disparos, pero también puede abrir una cadena de detenciones, interrogatorios, procesos penales y restricciones a la comunicación. El objetivo práctico es elevar el coste de la disidencia: no solo impedir una concentración concreta, sino disuadir a quienes podrían organizarla, documentarla o denunciar sus consecuencias.

Las organizaciones de derechos humanos han señalado que abogados, activistas y presos políticos pueden sufrir detenciones arbitrarias, tortura y juicios sin garantías. También han denunciado la falta de rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad. Cuando las instituciones encargadas de investigar y juzgar no son independientes del poder político y religioso, la vía judicial puede convertirse en una extensión del control en lugar de un contrapeso frente a él.

La policía y las respuestas a las protestas

La policía participa en la gestión cotidiana del orden público y ha sido desplegada durante manifestaciones junto con la Guardia Revolucionaria y la Basij. La presencia de varios cuerpos dificulta a veces identificar con precisión qué unidad ejecutó cada operación. Aun así, los informes sobre distintas oleadas de protestas describen un patrón recurrente: dispersión por la fuerza, detenciones, vigilancia de participantes y, en algunos casos, uso de munición real.

En 2009, tras la reelección de Mahmud Ahmadineyad y las acusaciones de fraude formuladas por la oposición, las manifestaciones del Movimiento Verde fueron reprimidas con el despliegue de la policía, la Guardia Revolucionaria y la Basij. Hubo miles de arrestos, cientos de muertos según el material de referencia y denuncias de torturas y confesiones televisadas. También se reportaron redadas nocturnas en domicilios. La represión buscó frenar las marchas y debilitar las redes que las sostenían.

Las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2017, conocidas como las manifestaciones de Dey, surgieron en un contexto de malestar económico y se extendieron a críticas al sistema político. En noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad volvieron a responder con violencia letal y el Gobierno interrumpió el acceso a internet en todo el país. Human Rights Watch recogió una cifra oficial de al menos 230 personas muertas en la respuesta a las protestas de ese año, mientras que la falta de acceso a información independiente complicó la documentación de los hechos.

En septiembre de 2022, las movilizaciones conocidas como Mujer, vida, libertad estallaron tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Human Rights Watch informó de al menos 500 fallecidos, incluidos 68 menores, y documentó denuncias de asesinatos ilegales, torturas, agresiones sexuales y desapariciones forzadas. Antes del aniversario de las protestas, en 2023, la organización advirtió de nuevas presiones contra activistas, estudiantes y familiares de las víctimas, junto con una aplicación más estricta de las normas sobre el velo. La represión alcanzó tanto a quienes protestaban como a quienes mantenían viva la memoria de las víctimas.

Tribunales, pena de muerte y confesiones forzadas

El Poder Judicial es otro componente del aparato represivo. Las organizaciones de derechos humanos han cuestionado su independencia y han denunciado que algunos detenidos, en especial los acusados de delitos políticos o de seguridad, no disponen de una defensa efectiva. También han documentado casos en los que las confesiones se obtienen bajo tortura o presión y luego se utilizan en procesos judiciales.

La legislación iraní contempla la pena de muerte para delitos definidos con categorías amplias, entre ellas moharebeh, traducida como guerra contra Dios, y efsad-fil-arz, o corrupción en la Tierra. La aplicación de estos cargos a casos políticos ha sido criticada por expertos de la ONU y grupos de derechos humanos. El problema no se limita a la severidad de la pena: también concierne a la vaguedad de algunos delitos, las garantías del juicio y la posibilidad de que la justicia castigue conductas protegidas por la libertad de expresión.

Human Rights Watch señaló que Irán ejecutó a 233 personas en 2020 y que entre ellas había personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores. Esa cifra corresponde a ese año y no debe confundirse con un total actual. Las ejecuciones, junto con las detenciones y las condenas, pueden funcionar como advertencia pública para quienes desafían al Estado. La amenaza penal convierte el sistema judicial en parte de la presión política cuando se aplica contra la disidencia pacífica.

Censura, apagones y vigilancia digital

El control de la información completa la intervención policial y judicial. El Estado controla los principales canales de radio y televisión y mantiene fuertes restricciones sobre el periodismo independiente. Los periodistas que informan sobre asuntos políticos o critican al Gobierno pueden exponerse a amenazas y violencia. El resultado no es un silencio absoluto, sino un espacio informativo sometido a límites, donde publicar, compartir imágenes o verificar un abuso puede entrañar riesgos.

En internet, las autoridades bloquean plataformas y sitios web y supervisan el tráfico digital mediante organismos de filtrado. Una estimación publicada en 2024 situó en torno al 70 % la parte del tráfico de internet sometida a filtros, aunque los bloqueos varían con el tiempo y según el servicio. YouTube, Facebook, X y Telegram han sufrido restricciones. Los apagones nacionales son una medida más drástica: durante las protestas de noviembre de 2019, el tráfico llegó a caer hasta el 5 % de su nivel normal, según las cifras citadas en la información de referencia.

Limitar la conexión tiene un efecto doble. Reduce la capacidad de los manifestantes para coordinarse y dificulta que las imágenes de la represión salgan del país en tiempo real. También complica la labor de periodistas y organizaciones que intentan comprobar lo ocurrido. La disponibilidad de herramientas como las redes privadas virtuales o internet por satélite no elimina ese control, y las autoridades han tomado medidas para restringir su uso. El apagón no es solo un corte técnico: altera quién puede comunicar y qué pruebas llegan al exterior.

La represión durante las tensiones con Israel

En junio de 2025, durante la guerra entre Irán e Israel, Amnistía Internacional advirtió de un endurecimiento de la represión contra personas acusadas de espionaje o colaboración con Israel. La organización expresó preocupación por detenciones arbitrarias, confesiones forzadas y procedimientos acelerados que podían desembocar en ejecuciones. En ese contexto, cargos como enemistad contra Dios o corrupción en la Tierra suscitaron especial alarma por su posible uso contra personas que ejercían pacíficamente derechos fundamentales.

Amnistía también denunció represalias contra familiares de detenidos y personas condenadas a muerte, y alertó sobre el caso del académico sueco-iraní Ahmadreza Djalali, cuya ejecución consideraba inminente en aquel momento. Las autoridades iraníes, por su parte, presentaron las medidas como acciones de seguridad nacional. La existencia de una amenaza exterior no elimina la obligación de garantizar juicios justos ni permite tratar como culpable a una persona por una acusación sin pruebas verificables.

En la misma coyuntura se informó de arrestos de personas acusadas de difundir contenidos favorables a Israel o de fotografiar lugares sensibles. También se comunicó la aprobación de una legislación que endurecía las penas por espionaje o colaboración con gobiernos considerados hostiles. Estos hechos deben leerse con cautela, porque las acusaciones oficiales no demuestran por sí mismas la culpabilidad de los detenidos. El marco de seguridad puede ampliar el margen de actuación estatal precisamente cuando hay menos acceso a información independiente.

Presión sobre las familias y los ciudadanos extranjeros

La represión puede prolongarse después de la muerte de un manifestante. Las autoridades iraníes han sido acusadas de retener o confiscar cuerpos en hospitales y morgues, lo que impide a las familias organizar funerales. Estos actos se han denunciado como una forma de ocultar información sobre las muertes y evitar que los entierros se conviertan en nuevos espacios de protesta. La ONU ha señalado casos en los que no se entregaron cuerpos a sus allegados.

Un funeral puede ser un acto privado, pero también reunir a personas que comparten una pérdida y cuestionan la versión oficial de los hechos. Por eso, impedir la entrega de un cuerpo tiene consecuencias que van más allá de la familia afectada: limita el duelo, dificulta conocer la verdad y puede cortar una forma de movilización colectiva. Las denuncias sobre esta práctica también plantean cuestiones de dignidad y del derecho de las familias a saber cómo murieron sus seres queridos.

Otro mecanismo denunciado es la detención de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, descrita por varios observadores como diplomacia de rehenes. Las acusaciones contra estas personas pueden tener una dimensión política y, según abogados citados en la información de referencia, algunos arrestos se han utilizado después en intercambios de prisioneros o negociaciones con otros países. La práctica se vincula históricamente con la toma de rehenes en la embajada estadounidense en 1979, aunque cada caso posterior tiene circunstancias propias. La condición de extranjero o de doble nacionalidad no prueba por sí sola una motivación política, pero hace especialmente importante examinar las garantías del proceso y la transparencia de los cargos.

Un aparato con muchas piezas y una misma finalidad

La respuesta a quién ejerce la represión en Irán depende, por tanto, de la fase que se observe. La máxima autoridad política fija el marco; la Guardia Revolucionaria y la Basij aportan capacidad de seguridad y control interno; la policía interviene en las calles; los tribunales procesan y condenan; y los organismos de censura limitan la circulación de información. No es una cadena idéntica en cada episodio, pero sí una red en la que las instituciones pueden reforzarse unas a otras.

La historia desde 1979 muestra cómo ese sistema ha atravesado distintas generaciones de protestas, desde las purgas de los años ochenta hasta las movilizaciones de 2009, 2017-2018, 2019 y 2022. Cambian las consignas y las herramientas de comunicación; persiste la combinación de fuerza física, castigo judicial y control informativo. La cuestión de fondo no es solo qué cuerpo aparece en una calle, sino cómo el conjunto del Estado transforma la disidencia en un asunto de seguridad y qué espacios quedan para investigar los abusos y exigir responsabilidades.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.