¿Quién pagará los daños del apagón que paralizó España?

El apagón de 2025 abre una batalla millonaria entre empresas, aseguradoras y Red Eléctrica por daños, culpas y una red bajo examen judicial.

El apagón del 28 de abril de 2025 ya no es solo aquel mediodía raro en el que España se quedó mirando enchufes muertos, semáforos apagados y pantallas negras. Un año después, el cero eléctrico entra en una fase menos visible, pero mucho más cara: la batalla judicial por los daños. Grandes empresas, aseguradoras, operadores energéticos, Red Eléctrica y la CNMC se mueven en un tablero donde todos hablan de responsabilidad compartida y casi nadie quiere quedarse sentado cuando llegue la factura.

El dato que cambia el tono del aniversario es sencillo: las grandes compañías preparan o han activado reclamaciones para no perder sus derechos, mientras los expedientes del regulador empiezan a poner nombres, categorías de infracción y posibles multas sobre un incidente que durante meses se movió entre la confusión técnica y el ruido político. No es una discusión académica sobre voltios, aunque también. Es una pelea por dinero, reputación y poder en un sistema eléctrico que presume de modernidad, pero que aquel día sonó como una persiana metálica cayendo de golpe.

El apagón que dejó de ser una anécdota nacional

El cero eléctrico del 28 de abril de 2025 afectó a la España peninsular y a Portugal, con consecuencias que fueron desde el caos doméstico hasta interrupciones de actividad económica, transporte, comunicaciones y servicios esenciales. La luz volvió, sí, pero el sistema no recuperó tan rápido la confianza. Esa es la parte incómoda del aniversario: cuando se apagan las bombillas, se ven mejor las grietas.

Durante meses, la explicación pública se ha ido afinando. Primero llegó la incredulidad, después la sospecha, luego el lenguaje técnico: sobretensión, oscilaciones, desconexiones de generación, control de tensión insuficiente, coordinación mejorable. En la traducción para mortales, el apagón no parece haber nacido de una sola tecla mal pulsada ni de una conspiración de película barata. Fue una cadena de fallos y reacciones mal encajadas, una de esas situaciones en las que varias pequeñas puertas se quedan abiertas al mismo tiempo y, de repente, entra el vendaval.

La investigación europea lo ha definido como un incidente inédito y multifactorial. Esa palabra, multifactorial, es comodísima: sirve para describir una realidad compleja y también para que nadie salga del todo abrasado en la foto. Si todo falló un poco, todos pueden defender que nadie falló lo suficiente. La CNMC, sin embargo, ha empezado a mover el foco desde la niebla general hacia expedientes concretos, y ahí la historia cambia de temperatura.

La CNMC pone nombres al mapa de responsabilidades

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto una cascada de expedientes sancionadores vinculados a las investigaciones del apagón. El regulador no ha dicho que cada empresa expedientada causara directamente el cero eléctrico, pero sí ha puesto sobre la mesa posibles incumplimientos que, en conjunto, dibujan un sistema menos robusto de lo que se vendía en los folletos de transición energética.

Entre las compañías afectadas aparecen grandes nombres del sector eléctrico y energético. Red Eléctrica figura como operador del sistema, y varias generadoras y grupos empresariales afrontan procedimientos de distinto grado. La diferencia entre infracción grave y muy grave no es un matiz burocrático: condiciona la cuantía de las sanciones, la fuerza probatoria de futuras demandas y el relato público de quién hizo qué. En un país donde a veces se confunde explicación con coartada, los expedientes son ya material sensible.

La CNMC ha dejado claro que la existencia de expedientes no equivale por sí sola a una condena ni a una atribución automática del origen del apagón. Es importante decirlo porque el ruido político funciona con gasolina de baja calidad: prende rápido y deja mal olor. Pero también sería ingenuo restar importancia a esta fase administrativa, porque las resoluciones finales pueden convertirse en munición jurídica para las empresas que reclamen daños y para las aseguradoras que ya han pagado indemnizaciones.

Red Eléctrica, presidida por Beatriz Corredor, defiende que no hubo responsabilidad propia en el origen del apagón y se apoya en la idea de un fenómeno excepcional, complejo e imprevisible. Las eléctricas, por su parte, han señalado fallos de operación, programación o control del sistema. El resultado es una escena bastante española: todos estaban en la sala de máquinas, pero cuando se pregunta quién tocó la palanca, cada uno mira al de al lado.

Las grandes empresas ya no esperan una explicación perfecta

La novedad económica del aniversario es que compañías con daños relevantes no van a quedarse esperando a que todos los informes encajen como un puzle de domingo. Empresas como Repsol, Moeve o Iryo han dado pasos para preservar su capacidad de reclamar, mediante comunicaciones formales que buscan interrumpir la prescripción mientras se aclara contra quién conviene dirigir las acciones.

El detalle jurídico es espeso, pero decisivo. Las reclamaciones por daños materiales o lucro cesante pueden tener plazos ajustados, y el aniversario del apagón ha actuado como alarma en muchos departamentos legales. Quien sufrió pérdidas económicas directas necesita demostrar el daño, cuantificarlo y vincularlo causalmente con una actuación concreta, no limitarse a decir que se fue la luz y que aquello fue un desastre. Los tribunales, por lo general, no indemnizan cabreos; indemnizan perjuicios probados.

Por eso la gran batalla no será la del ciudadano que perdió una bandeja de croquetas congeladas, por legítima que sea su irritación doméstica, sino la de empresas que pueden acreditar paradas de producción, interrupciones de servicio, cancelaciones, deterioro de mercancías, costes extraordinarios o ingresos que dejaron de obtenerse. La palabra clave es nexo causal, ese hilo invisible que une una conducta, un daño y una responsabilidad. Sin hilo, no hay traje. Sin prueba, no hay indemnización.

Las aseguradoras también observan el tablero con lupa. Muchas pólizas cubrieron daños en electrodomésticos, alimentos, actividad económica o cancelaciones. Una vez pagadas las indemnizaciones, pueden intentar recuperar ese dinero reclamando a quienes finalmente sean considerados responsables. Ahí empieza otra partida, menos mediática pero probablemente enorme, con peritos, informes técnicos, despachos especializados y una montaña de documentación que no cabe en un titular.

El problema técnico: demasiada tensión, poco margen

La explicación técnica del apagón gira en torno a un problema de sobretensión y a una secuencia de oscilaciones y desconexiones. El sistema eléctrico necesita equilibrio permanente entre generación, demanda, tensión y frecuencia, como un funambulista que no puede permitirse mirar el móvil. Aquel 28 de abril, según los análisis conocidos, coincidieron varios elementos de riesgo: baja demanda, abundancia de generación renovable, control de tensión insuficiente y desconexiones de instalaciones que agravaron la cascada.

Esto no significa que “las renovables causaran el apagón”, una frase cómoda para tertulia de sobremesa y mala para entender lo ocurrido. El problema no fue tener sol y viento, sino gestionar una red cada vez más compleja con reglas, equipos y obligaciones que quizá no estaban suficientemente adaptados a ese nuevo paisaje eléctrico. Las renovables no son velas aromáticas; necesitan electrónica, control dinámico, almacenamiento, redes fuertes y una operación fina. Mucho software, mucha ingeniería y poca épica.

La transición energética ha cambiado la textura del sistema. Antes, buena parte de la estabilidad venía de grandes centrales síncronas, con inercias físicas que ayudaban a amortiguar perturbaciones. Ahora, con más generación renovable conectada mediante electrónica de potencia, el control debe ser más sofisticado. No es una tragedia tecnológica, pero sí una advertencia: cambiar la forma de producir electricidad exige cambiar también la forma de proteger la red. Pretender lo contrario es querer conducir un coche eléctrico con el manual de un Seat Panda.

La cuestión del control de tensión se ha convertido en el corazón del debate. Si el sistema no absorbe o corrige a tiempo determinados desajustes, la tensión puede subir de forma rápida y provocar desconexiones automáticas de generación. Esas protecciones existen para evitar daños, pero, en determinadas circunstancias, pueden alimentar una reacción en cadena. Lo que protege una instalación concreta puede agravar el problema del conjunto, y ahí está una de las lecciones más duras del apagón.

La política busca culpables; la justicia pedirá pruebas

El apagón también ha sido munición política. La comisión del Senado, impulsada con mayoría del PP, concluyó que el incidente no fue un accidente imprevisible y apuntó a fallos estructurales, políticos y regulatorios. El Gobierno ha rechazado la idea de responsabilidad propia y ha defendido que existían mecanismos suficientes para evitar el colapso. Entre ambas posiciones queda un espacio enorme, lleno de informes, comparecencias, reproches y esa niebla parlamentaria donde la verdad a veces sale con el traje arrugado.

La oposición ha usado el aniversario para reclamar explicaciones y responsabilidades. El Ejecutivo se ha apoyado en los informes técnicos para subrayar el carácter multifactorial del suceso. Red Eléctrica ha intentado reforzar su defensa pública. Las empresas generadoras han desplazado el foco hacia la operación del sistema. Cada actor ha construido su refugio narrativo, y no hace falta ser cínico para verlo: cuando hay miles de millones en juego, nadie improvisa una frase.

La justicia, sin embargo, trabaja con otra velocidad y otro material. No le basta el clima político ni el enfado social. Pedirá documentos, datos horarios, instrucciones de operación, parámetros de tensión, comunicaciones entre agentes, protocolos aplicados, decisiones adoptadas y daños acreditados. El relato que funciona en una rueda de prensa puede deshacerse en una sala judicial si no viene acompañado de prueba, y eso vale para todos: Administración, operador, eléctricas, aseguradoras y demandantes.

La vía judicial puede durar años. Primero deberán completarse los procedimientos administrativos, luego llegarán recursos, impugnaciones y demandas civiles o contenciosas, según el caso. La factura del apagón no se pagará de golpe ni con una sola sentencia luminosa, sino mediante una sucesión de decisiones que irán repartiendo responsabilidades, descartando reclamaciones débiles y reforzando aquellas que logren demostrar daño directo.

El pequeño consumidor, entre la indignación y el muro probatorio

Para muchos ciudadanos, el apagón fue una tarde de neveras cerradas, móviles agonizando y conversaciones en la calle como si el siglo XX hubiera pedido permiso para volver. La experiencia fue colectiva, pero la reclamación será individual y difícil, salvo en los casos en los que exista una póliza, una factura clara o un perjuicio documentado. La indignación compartida no se convierte automáticamente en derecho de cobro.

Ese punto conviene explicarlo sin adornos. Que la CNMC sancione a una empresa no significa que cualquier consumidor pueda reclamar con éxito. Una sanción puede servir como refuerzo probatorio, pero no sustituye la obligación de demostrar daño y relación causal. El ciudadano que quiera reclamar necesita pruebas: facturas de reparación, justificantes de pérdida, comunicaciones con aseguradoras, documentación del perjuicio y encaje jurídico. Sin eso, la demanda se queda en gesto.

Las aseguradoras han canalizado parte de esa frustración. En muchos hogares, el daño llegó por alimentos estropeados, aparatos afectados o pequeñas pérdidas. En negocios, la cosa fue más seria: restaurantes con cámaras llenas, talleres parados, comercios sin TPV, empresas logísticas a medio gas. La desigualdad del daño será también la desigualdad de la reclamación, porque no todos perdieron lo mismo ni todos pueden demostrarlo con la misma precisión.

La paradoja es evidente. El apagón fue masivo, pero la reparación puede ser selectiva. La sociedad vivió un mismo fundido a negro; los tribunales mirarán caso por caso, factura por factura, informe por informe. Es menos emocionante que una gran compensación general, desde luego, pero así suele funcionar el derecho cuando aterriza sobre la mesa con sus gafas pequeñas y su obsesión por el detalle.

Una red más moderna no se consigue con discursos

El apagón ha obligado a revisar procedimientos de operación, obligaciones de control de tensión y mecanismos de coordinación entre agentes. La gran lección no es que España deba frenar la transición energética, sino que debe tomársela más en serio. Una red con más renovables no es necesariamente más frágil; puede ser más barata, más limpia y más segura. Pero solo si se invierte en estabilidad, almacenamiento, interconexiones, digitalización, control dinámico y reglas claras para todos.

El debate público ha tendido a caricaturizar el asunto: renovables contra nuclear, Gobierno contra eléctricas, Red Eléctrica contra generadoras, mercado contra regulación. La realidad es más desagradable porque exige pensar. El sistema eléctrico no funciona por bandos morales, sino por física, incentivos y responsabilidad regulatoria. Si una planta debe prestar control de tensión, debe hacerlo. Si el operador debe programar recursos suficientes, debe justificar sus decisiones. Si el regulador detecta incumplimientos, debe actuar antes de que el incendio ya esté en las portadas.

También hay una cuestión de transparencia. Los ciudadanos pueden aceptar que un sistema complejo falle; lo que toleran peor es la sensación de que, después del fallo, empieza una coreografía de evasivas. Un apagón nacional no puede explicarse con frases de niebla, ni con comparecencias diseñadas para que cada institución salga peinada. Hace falta claridad técnica, lenguaje comprensible y consecuencias proporcionales. No venganza. Consecuencias.

España no es una rareza aislada. Toda Europa está ajustando sus redes a un modelo eléctrico más descentralizado, renovable y dependiente de controles electrónicos. El apagón ibérico se ha convertido en una señal de advertencia continental, una especie de crujido en la estructura antes de que el edificio aprenda a soportar otro peso. La diferencia entre un susto histórico y un patrón peligroso dependerá de lo que se haga después.

La luz volvió; la factura sigue encendida

Un año después, el apagón de 2025 se entiende mejor, pero no está cerrado. Hay más datos, más expedientes y más empresas moviéndose hacia los tribunales, pero aún falta una respuesta definitiva sobre quién pagará los daños y en qué proporción. La palabra “multifactorial” explica el origen técnico, aunque no resuelve la responsabilidad económica. Y ahí empieza la verdadera segunda parte.

La batalla judicial será larga, cara y áspera. Grandes compañías reclamarán pérdidas. Aseguradoras intentarán recuperar indemnizaciones. Red Eléctrica defenderá su actuación. Las energéticas discutirán el alcance de sus obligaciones. La CNMC seguirá marcando el terreno administrativo. El ciudadano, mientras tanto, verá desfilar un caso que empezó en la oscuridad y acabará entre informes periciales, ese lugar donde la épica se seca y solo quedan datos.

El apagón dejó una imagen poderosa: ciudades detenidas, comercios a oscuras, trenes parados, gente buscando cobertura como quien busca agua. Pero el aniversario deja otra imagen menos fotogénica y más reveladora: despachos jurídicos, burofaxes, expedientes, sanciones, recursos, hojas de cálculo. La luz regresó en horas; la confianza tardará bastante más. Y la factura, esa sí, sigue ahí, encendida sobre la mesa.