¿El alquiler rompe bloques? El 67,5% pide límites incluso en PP y Vox

La vivienda está produciendo una de esas anomalías que la política española no sabe muy bien dónde guardar. El 67,5% de los españoles respalda limitar los precios de la vivienda y del alquiler incluso cuando esa intervención pueda reducir la rentabilidad del propietario. Y el apoyo no se queda, ni mucho menos, en la izquierda: alcanza al 56,5% de los votantes del PP y al 55,2% de los de Vox.

El dato procede del barómetro sobre vivienda realizado por 40dB. mediante 2.000 entrevistas y dibuja una sociedad bastante menos ordenada ideológicamente de lo que sugieren a veces los debates parlamentarios. Entre quienes declaran intención de votar al PSOE, el respaldo llega al 82,6%; entre los de Sumar, al 95,8%; y entre los de Podemos, al 85,4%. Más llamativo todavía: incluso entre los propios caseros, un 56,5% acepta alguna forma de limitación aunque afecte a su rentabilidad. Solo un 21,7% prefiere que los precios dependan exclusivamente del mercado sin intervención pública.

El alquiler atraviesa las fronteras políticas

La encuesta llega en un momento particularmente áspero. El acceso a una vivienda se ha convertido en el segundo problema que más preocupa a los españoles, únicamente por detrás de la inflación. En 2023 ocupaba el cuarto puesto. Ya no estamos, por tanto, ante una inquietud confinada a universitarios buscando habitación o familias que quieren comprar su primer piso: el malestar aparece entre generaciones, propietarios, inquilinos y electorados muy diferentes.

Eso no significa que todos quieran exactamente la misma política de vivienda. Ni de lejos. Los votantes de izquierdas sitúan el problema entre sus prioridades políticas más inmediatas, mientras que entre quienes se inclinan por PP y Vox la inmigración aparece por delante. También divergen al identificar las causas. Pero cuando la conversación baja de la gran batalla ideológica al recibo mensual, las distancias se encogen considerablemente.

Quizá porque un alquiler no pregunta qué papeleta introdujo nadie en la urna. Llega a final de mes y se cobra. El sondeo muestra que entre un 70% y un 75% está de acuerdo o muy de acuerdo con medidas como aplazar desahucios de personas vulnerables, regular los alquileres o introducir topes a sus incrementos anuales. También aquí el respaldo supera al rechazo entre votantes conservadores, aunque con menor intensidad que entre los de izquierda.

La vivienda social reúne el consenso más amplio

Hay todavía más acuerdo cuando desaparece el habitual duelo entre proteger al inquilino o perjudicar al propietario. Un 82,4% respalda ampliar la oferta de vivienda social, la medida con mayor aceptación de todas las analizadas. Otro 79,7% aprueba conceder ventajas fiscales a pequeños propietarios que ofrezcan viviendas a precios asequibles. Es significativo: el mismo electorado que acepta intervenir precios puede apoyar también estímulos económicos para el casero.

La fotografía que sale de ahí es bastante más compleja que el partido de tenis político entre mercado y regulación. Buena parte de la población parece reclamar varias cosas a la vez: más vivienda, alquileres asumibles, protección frente al desahucio e incentivos para quien pone un piso en el mercado a un precio razonable. Un menú poco apropiado para un eslogan de siete palabras, pero bastante reconocible para cualquiera que haya intentado alquilar una casa.

La aceptación cae, en cambio, cuando la intervención entra directamente en la propiedad. Subir impuestos a las viviendas vacías conserva un apoyo superior al 50% en el conjunto del sondeo, pero provoca rechazo mayoritario entre propietarios y votantes del PP y Vox. Limitar directamente cuántas viviendas puede tener una persona es, de las grandes medidas estudiadas, la única que no alcanza el 50% de respaldo.

Ahí reaparecen las fronteras ideológicas. No habían desaparecido; simplemente estaban más lejos de lo que parecía.

El caso Maricarmen sacudió el debate sobre los desahucios

La encuesta fue realizada entre el 25 y el 28 de septiembre, apenas unos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro. El episodio alcanzó una notoriedad excepcional: más del 93% de los entrevistados había oído hablar del caso.

El desalojo fue ejecutado el 23 de septiembre tras un largo recorrido judicial. Maricarmen salió de la vivienda en camilla y fue trasladada al hospital mientras centenares de personas se concentraban en la zona. Días después, sus representantes y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo, con mediación municipal, para que pueda regresar al piso con un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

El caso dejó huella en el sondeo. Un 61,8% considera que una persona mayor no debería ser desalojada sin disponer de una alternativa habitacional. La división política reaparece aquí con más claridad: la posición obtiene un respaldo muy amplio en los electorados de izquierda, mientras entre votantes del PP y Vox pesa más el derecho del propietario a decidir sobre su vivienda.

También divide la resistencia física, aunque pacífica, frente a los lanzamientos judiciales. Casi dos tercios de los entrevistados aceptan esta forma de protesta ante un desahucio; entre los electorados del PP y Vox, en cambio, las posiciones quedan prácticamente partidas por la mitad. No todo el debate sobre vivienda cabe, por tanto, dentro de ese 67,5%. Hay acuerdos muy amplios, zonas grises y líneas rojas.

PP y Vox se alejan de parte de sus propios votantes

El punto políticamente más llamativo aparece al comparar las posiciones de los partidos con las respuestas de parte de su propio electorado. Las direcciones de PP y Vox se han opuesto a distintas fórmulas de intervención del mercado del alquiler impulsadas desde el Gobierno, mientras una mayoría de quienes dicen votar a ambas formaciones acepta límites de precios en la encuesta. Casi dos tercios del conjunto de entrevistados consideran además necesario limitar los alquileres en zonas tensionadas, y el respaldo supera también la mitad entre votantes de derecha.

Conviene no convertir ese resultado en algo que el estudio no demuestra. Que un votante del PP o de Vox acepte poner límites al precio no significa que respalde automáticamente los decretos del Gobierno, ni el conjunto de la política de vivienda de PSOE y Sumar. El cuestionario fue diseñado antes de aprobarse esos textos y pregunta por medidas concretas, no por el sentido del voto parlamentario sobre cada decreto.

Ese matiz importa especialmente este 2 de octubre, con dos reales decretos-leyes de vivienda en el centro del debate político. El Real Decreto-ley 26/2026, aprobado el 29 de septiembre, reúne medidas sobre la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible. El Real Decreto-ley 27/2026 modifica, entre otros aspectos, el régimen de duración y prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

El segundo texto establece que, una vez transcurridos al menos cinco años de contrato —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, pueden producirse prórrogas obligatorias por nuevos periodos en los términos establecidos por la norma. Es una regulación con efectos directos sobre la estabilidad del inquilino y también sobre la libertad contractual del propietario, dos intereses que vuelven a encontrarse en el mismo pasillo estrecho.

Regular precios no construye viviendas por sí solo

Existe otra discusión, menos vistosa pero decisiva: qué efectos termina produciendo una regulación sobre la cantidad de viviendas disponibles para alquilar. Quienes defienden los límites sostienen que son necesarios cuando las rentas absorben una parte desproporcionada de los ingresos y expulsan residentes de determinados barrios. Quienes los cuestionan advierten del posible retroceso de la oferta de alquiler si la rentabilidad o la seguridad jurídica dejan de resultar atractivas.

Son dos planos que pueden coexistir. Proteger a quien ya vive de alquiler no construye automáticamente un piso nuevo; levantar miles de viviendas tampoco resuelve de inmediato la situación de una familia que tiene delante una orden de desahucio. La propia encuesta apunta precisamente hacia una mezcla de soluciones: regulación y oferta, protección e incentivos.

De hecho, la propuesta con más apoyo no consiste en controlar las rentas, sino en aumentar el parque de vivienda social. Muy cerca aparece la posibilidad de premiar fiscalmente a los pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. El resultado dibuja un electorado menos doctrinario de lo habitual: intervéngase donde aprieta, parece decir el sondeo, pero también pónganse más casas en circulación.

La presión ciudadana recae especialmente sobre el Gobierno

Aunque las competencias de vivienda se reparten entre diferentes administraciones, los encuestados dirigen principalmente la mirada hacia el Ejecutivo central. Un 43,3% identifica al Gobierno de España como principal responsable de encontrar soluciones, frente al 19,3% que señala a las comunidades autónomas y el 5,3% que apunta a los ayuntamientos.

Aquí tampoco sale ningún bloque especialmente sobrado de confianza. El PSOE es la formación citada con mayor frecuencia como la más capacitada para abordar el problema, pero obtiene únicamente un 18,5%. PP y Vox aparecen empatados con un 14,4%. Y hay un dato que pesa más que cualquiera de esos porcentajes: el 22,6% responde que ningún partido está capacitado para afrontar el desafío.

La confianza política, como los pisos asequibles, anda escasa.

El estudio se realizó mediante 2.000 entrevistas online a población adulta con derecho a voto residente en España, salvo Ceuta y Melilla, entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026. El margen de error declarado para el conjunto de la muestra es de ±2,2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Las estimaciones correspondientes a electorados concretos proceden de grupos más pequeños dentro de esa muestra y tienen, por tanto, mayor incertidumbre que el resultado general.

Una mayoría difícil de encajar en los viejos bloques

El dato central deja una fotografía bastante clara del estado de ánimo: más de dos de cada tres españoles aceptan limitar los precios de la vivienda aunque eso implique reducir la rentabilidad privada. Lo singular es que esa mayoría atraviesa las urnas. PSOE, Sumar y Podemos, sí; pero también más de la mitad de quienes declaran su intención de votar al PP y Vox.

Eso no convierte España en un país partidario de una intervención sin límites. El mismo estudio registra resistencias cuando se habla de restringir el número de viviendas en propiedad o aumentar determinados impuestos, mientras aparecen consensos mucho más amplios alrededor de construir vivienda social y premiar fiscalmente los alquileres asequibles.

La crisis del alquiler ha hecho algo más prosaico y quizá más relevante: ha mezclado las cartas. Entre un casero que teme perder seguridad jurídica, un joven que entrega una parte enorme del sueldo por una habitación y una familia que lleva meses buscando un alquiler estable hay intereses diferentes, pero también una sensación compartida de que el funcionamiento actual no ofrece una respuesta suficiente.

Y ahí aparece la paradoja. Mientras la política continúa ordenándose en bloques bastante reconocibles, el ciudadano que paga —o cobra— el alquiler parece mucho menos disciplinado. En vivienda, al menos, las fronteras ideológicas empiezan a parecerse a una pared con humedad: siguen en pie, sí, pero las manchas ya han pasado de un lado al otro.