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¿Qué cambia en los alquileres de temporada desde el 1 de octubre?
Desde el 1 de octubre, los alquileres de temporada deben justificar su causa y respetar nuevas reglas de duración, renta y contratos sucesivos.

Resumen
- El alquiler temporal debe tener una causa real, expresa y acreditable
- Sin causa válida, el contrato puede pasar a considerarse vivienda habitual
- La norma limita duración, rentas sucesivas y alquiler por habitaciones
Los alquileres de temporada cambian de reglas en España desde el 1 de octubre de 2026. Un contrato temporal ya no podrá sostenerse únicamente porque propietario e inquilino hayan decidido llamarlo así: tendrá que existir una causa real, expresa y acreditable que explique por qué el arrendatario necesita esa vivienda durante un periodo limitado. Si esa causa no existe o no puede probarse, el contrato pasará a tratarse como un alquiler de vivienda habitual.
La reforma va bastante más allá de añadir una frase obligatoria al contrato. El Real Decreto-ley 26/2026 modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, establece reglas sobre la duración de los arrendamientos temporales, pone freno al encadenamiento de contratos y limita determinadas subidas de renta. El cambio de fondo es bastante sencillo: importa el uso real de la vivienda, no la etiqueta escrita en la primera página.
Ser temporal ya no basta: habrá que demostrar el motivo
Hasta ahora, buena parte del conflicto alrededor de estos arrendamientos estaba precisamente ahí, en la frontera borrosa entre una estancia verdaderamente temporal y una vivienda utilizada, en la práctica, como residencia permanente. La nueva regulación intenta dibujar esa frontera con rotulador grueso: el contrato deberá recoger de forma expresa la causa que motiva el desplazamiento temporal del inquilino desde su vivienda habitual.
No basta una fórmula genérica como “alquiler de temporada”. La circunstancia alegada tendrá que ser real y acreditable. Puede existir, por ejemplo, una estancia limitada por motivos laborales, académicos o por otra circunstancia que explique por qué la persona necesita residir temporalmente fuera de su domicilio habitual.
Hay, además, un detalle decisivo: la carga de probar que esa causa existe recae sobre el arrendador. Si la temporalidad no está debidamente prevista en el contrato, este pierde su naturaleza temporal y pasa a quedar sometido al régimen de la vivienda habitual, con efectos desde su formalización.
Eso no significa que desaparezcan los contratos de temporada. Siguen siendo perfectamente posibles cuando existe una necesidad residencial limitada en el tiempo. Lo que se pretende cerrar es otro camino: utilizar contratos de unos pocos meses, uno detrás de otro, cuando el inquilino vive realmente en el inmueble de forma estable.
Más de 31 días y, como regla general, hasta 12 meses
La nueva regulación también coloca números donde antes había bastante niebla. El arrendamiento de vivienda temporal tendrá que durar más de 31 días y, como regla general, no podrá superar los 12 meses.
Ese año, sin embargo, no funciona como una pared absolutamente infranqueable. Si la causa que justificó la estancia temporal continúa existiendo y puede acreditarse, el contrato podrá prolongarse. Dicho de otra manera: superar los 12 meses no convierte automáticamente el alquiler en habitual si permanece una causa temporal justificada.
El problema aparece cuando se rebasa ese periodo sin una razón que sostenga la temporalidad. Ahí el calendario deja de ser una simple fecha y empieza a tener consecuencias jurídicas.
Cuándo un alquiler temporal pasa a ser vivienda habitual
La transformación puede producirse por varios caminos. El más directo aparece cuando el contrato no contiene una causa temporal debidamente prevista o esa causa no puede acreditarse. En ese supuesto, el arrendamiento queda sometido a las mismas condiciones que un contrato de vivienda habitual.
También ocurre cuando el alquiler supera los 12 meses sin justificación de la causa temporal. Y la norma pone otra barrera bastante clara al viejo juego de finalizar un contrato y comenzar inmediatamente otro: si entre las mismas partes y sobre la misma vivienda se novan o suceden más de dos contratos temporales consecutivos, el primero se entenderá celebrado como arrendamiento de vivienda habitual.
Imaginemos una vivienda alquilada durante unos meses porque una persona se desplaza temporalmente a otra ciudad por trabajo. Existe una causa concreta, termina el desplazamiento y acaba el alquiler: sigue siendo un arrendamiento temporal reconocible. Muy distinto es mantener a esa misma persona durante años en el piso mientras se van firmando contratos de seis u ocho meses sin una verdadera razón temporal. Ahí el papel empieza a pesar menos que la realidad del uso de la vivienda.
La consecuencia tampoco es decorativa. Al pasar a considerarse vivienda habitual entran en juego las reglas correspondientes sobre duración mínima y prórrogas establecidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, seis meses escritos en un documento ya no bastan para convertir una residencia estable en una estancia pasajera.
También cambia cuánto puede subir el alquiler
El decreto toca otro nervio sensible: el precio. Cuando sobre una misma vivienda se celebren sucesivamente varios contratos temporales, la renta de los posteriores no podrá registrar un incremento porcentual anual superior al Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, el IRAV.
La lógica es evidente. Si cada finalización de un contrato temporal permitiera comenzar desde cero con un precio completamente nuevo, los límites sobre las actualizaciones perderían buena parte de su efecto. La reforma introduce así cierta continuidad entre contratos sucesivos sobre el mismo inmueble.
En las zonas de mercado residencial tensionado entran también en juego los límites específicos establecidos por la legislación de vivienda. La regulación estatal, además, no elimina las normas autonómicas: las comunidades autónomas pueden mantener o aprobar sus propias disposiciones sobre alquiler temporal y por habitaciones dentro de sus competencias.
El alquiler por habitaciones también entra en el foco
La reforma no se queda en los pisos completos. El arrendamiento por habitaciones o estancias queda expresamente incorporado al nuevo marco, distinguiendo igualmente entre la cobertura de una necesidad habitual y una estancia verdaderamente temporal.
Hay una novedad muy concreta: la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente en una vivienda no podrá superar el importe del alquiler de la vivienda completa. En las zonas tensionadas, ese cálculo deberá respetar además los límites de renta que correspondan al inmueble.
La división física de un piso en tres, cuatro o cinco habitaciones, por tanto, no permite convertir jurídicamente el precio conjunto en una cifra sin techo. La aritmética inmobiliaria también ha acabado entrando en el BOE.
Los gastos de inmobiliaria tampoco pueden cargarse al inquilino
La norma establece igualmente que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato no podrán repercutirse al arrendatario, ni directa ni indirectamente ni bajo otra denominación.
Los servicios que no sean esenciales para cerrar el contrato únicamente podrán correr por cuenta del inquilino cuando este los haya solicitado expresamente por escrito y haya sido informado previamente de que son opcionales y de cuánto cuestan.
También se refuerzan otras garantías del alquiler. En los contratos temporales, la garantía adicional a la fianza no podrá superar una mensualidad de renta, y al terminar el arrendamiento las partes deberán dejar constancia escrita del estado en que se entrega la vivienda.
Qué pasa con los contratos firmados antes del 1 de octubre
Este es uno de los matices más importantes para quien ya tiene un contrato firmado. La reforma no transforma automáticamente todos los alquileres temporales anteriores en contratos sometidos al nuevo régimen.
Los contratos de temporada celebrados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2026 continuarán rigiéndose por las normas que les eran aplicables hasta que termine el plazo de duración pactado. Alcanzada esa fecha, quedarán extinguidos sin posibilidad de prórroga bajo las condiciones anteriores.
Si ese alquiler temporal se renueva después, entonces sí deberá someterse a las nuevas reglas de la vivienda temporal. Habrá que justificar la causa, respetar las condiciones de duración y asumir el resto de garantías introducidas por la reforma.
El calendario, por tanto, importa. Mucho. Un contrato firmado el 30 de septiembre y otro formalizado el 1 de octubre de 2026 pueden partir de regímenes jurídicos diferentes, aunque describan estancias prácticamente idénticas.
La norma está en vigor, pero debe pasar por el Congreso
El Real Decreto-ley 26/2026 fue publicado en el BOE el 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de octubre de 2026, salvo las excepciones expresamente previstas en el propio texto. Desde esa fecha produce efectos jurídicos.
Al tratarse de un real decreto-ley, sin embargo, el recorrido no termina con su publicación. El Congreso debe decidir si lo convalida o deroga. La votación está prevista en un pleno extraordinario el viernes 2 de octubre, de modo que la norma está vigente mientras queda pendiente esa decisión parlamentaria.
Conviene además separar esta regulación de otras medidas sobre vivienda aprobadas en fechas prácticamente simultáneas. Mezclar decretos, prórrogas y cambios distintos puede llevar a conclusiones equivocadas sobre qué regla afecta realmente a cada contrato.
El contrato tendrá que parecerse a la vida que hay detrás
La novedad más profunda quizá no esté en los 31 días, los 12 meses o el número de contratos consecutivos. Está en otra parte: la temporalidad tendrá que corresponderse con una situación verdaderamente temporal.
Un propietario podrá seguir alquilando una vivienda durante unos meses cuando exista una razón que lo justifique. Un inquilino podrá seguir necesitando un piso durante una etapa concreta de su vida. Eso no desaparece. Lo que la nueva regulación intenta impedir es que una necesidad residencial permanente se vista, contrato tras contrato, con ropa de temporada.
La diferencia ya no será una palabra escrita junto a una firma. Habrá que explicar el motivo, poder acreditarlo y mantener cierta coherencia entre lo que dice el contrato y lo que sucede realmente en la vivienda. En un mercado donde durante años se han mezclado las fronteras entre alquiler habitual, temporal y por habitaciones, esa puede acabar siendo la parte decisiva del cambio.












