¿Qué sabía España de la Marcha Verde antes de abandonar el Sáhara?

La Marcha Verde no sorprendió a España como una riada humana aparecida de pronto en el horizonte del desierto. En las semanas anteriores al 6 de noviembre de 1975, Madrid, Rabat y Washington mantenían contactos de alto nivel sobre el futuro del Sáhara Occidental, el Gobierno español buscaba una salida negociada y Estados Unidos conocía con detalle la presión que preparaba Hasán II. Los documentos diplomáticos de la época dibujan un escenario mucho menos improvisado de lo que sugiere la fotografía más conocida: miles de banderas verdes, civiles avanzando hacia la frontera y un régimen franquista aparentemente desbordado.

España sabía que la movilización estaba en marcha, temía un enfrentamiento armado y llegó a pedir ayuda diplomática a Washington para frenarla. José Solís Ruiz viajó a Rabat y habló directamente con Hasán II. Mientras tanto, la diplomacia estadounidense advertía de que el monarca marroquí tenía un margen cada vez menor para retroceder después de convertir el Sáhara en una cuestión nacional. La frase recogida en uno de aquellos informes resulta bastante menos enigmática medio siglo después: Hasán no se dejaría disuadir de continuar con sus planes.

El episodio vuelve al primer plano en septiembre de 2026, cuando España discute de nuevo qué debe hacer con sus propios secretos. La documentación española de aquella crisis continúa parcialmente fuera del alcance público bajo una Ley de Secretos Oficiales de 1968 que sigue vigente mientras su sustituta, la Ley de Información Clasificada, permanece en tramitación parlamentaria. La paradoja tiene algo muy español: buena parte de lo que se conoce sobre las conversaciones reservadas de Madrid procede precisamente de documentos estadounidenses desclasificados o conocidos en el extranjero.

Los cables que muestran lo que Washington sabía

Las comunicaciones diplomáticas estadounidenses permiten reconstruir las semanas críticas de octubre y noviembre de 1975 casi día a día. Ya el 19 de octubre, el Departamento de Estado trasladó a Hasán II la preocupación de Henry Kissinger por la anunciada marcha civil y exploró una solución diplomática que evitara una confrontación. Washington también comunicó a España su respaldo a una salida negociada y a la intervención de Naciones Unidas.

La tensión fue creciendo. Un cable enviado desde Rabat el 30 de octubre reflejaba la esperanza española de que Estados Unidos utilizara su influencia para contener al rey marroquí. El análisis norteamericano era pesimista: la movilización había activado un nacionalismo marroquí que hacía políticamente muy costoso cancelarla cuando cientos de miles de personas estaban siendo concentradas cerca del territorio saharaui. La marcha servía como instrumento de presión exterior, sí, pero también se había convertido en una apuesta interna de Hasán II.

Eso encaja con informes de inteligencia estadounidenses anteriores. En septiembre de 1974, la CIA ya evaluaba que el monarca podía utilizar la reivindicación del Sáhara para reforzar su posición doméstica y advertía de movimientos militares marroquíes hacia el sur. El mismo análisis señalaba incluso el despliegue de tropas cerca de Ceuta y Melilla, interpretado como una forma de recordar a Madrid la vulnerabilidad de las dos ciudades españolas. El Sáhara no era una crisis aislada en un mapa: todo el equilibrio hispano-marroquí estaba encima de la mesa.

Solís, Hasán II y la negociación anterior a la marcha

Uno de los pasajes más reveladores corresponde a José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento y uno de los hombres enviados por el régimen para tratar directamente con Rabat. El 25 de octubre de 1975, después de entrevistarse con Hasán II, Solís trasladó a diplomáticos estadounidenses que España había decidido abrir una negociación bilateral porque la concentración de una masa de civiles podía terminar en una tragedia si chocaba con las tropas españolas.

El mensaje muestra hasta qué punto Madrid estaba contemplando ya la retirada. Solís habló de la posibilidad de que España abandonara el territorio y consideró una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí. También expresó dudas sobre cuál sería la respuesta de Estados Unidos si la crisis terminaba convirtiéndose en un conflicto directo con Marruecos. Washington negó que España pudiera interpretar su posición como una negativa automática a apoyarla.

Había otro asunto sobre la mesa. Según la información transmitida por Solís y recogida por los diplomáticos norteamericanos, Hasán II habría indicado que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla quedarían aparcadas, aunque no abandonadas definitivamente. El monarca comparó su situación con Gibraltar: un problema que podría quedar congelado durante un tiempo y reaparecer más adelante. No era una renuncia solemne, precisamente. Era diplomacia en estado puro: guardar una carta en el bolsillo mientras se juega otra.

Ceuta y Melilla también estaban en el tablero

La referencia no surgía de la nada. Un análisis de inteligencia estadounidense de 1974 ya explicaba que España podía intentar vincular cualquier concesión sobre el Sáhara a garantías marroquíes respecto de las ciudades norteafricanas. Madrid consideraba ambas plazas parte integral de España y veía la seguridad del archipiélago canario como otro elemento estratégico fundamental a la hora de decidir qué hacer en el territorio saharaui.

El Sáhara era desierto, pero alrededor había demasiadas piezas: Canarias, fosfatos, pesca, Ceuta, Melilla, Argelia, Mauritania y Estados Unidos, además de un Marruecos decidido a obtener un resultado que pudiera presentar como victoria. Incluso antes de la Marcha Verde, los análisis estadounidenses destacaban las importantes reservas de fosfatos de Bucraa y la inversión española realizada en la explotación. El conflicto tenía épica nacionalista, pero también geografía, seguridad y dinero. Mucho dinero.

La Haya no reconoció la soberanía marroquí

El contexto jurídico resulta esencial porque uno de los grandes equívocos históricos consiste en presentar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975 como un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. No lo fue.

La Corte encontró determinados vínculos jurídicos históricos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus del territorio, así como vínculos con la entidad mauritana. Pero estableció que la información examinada no demostraba ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos ni Mauritania que pudiera eliminar el derecho de la población saharaui a decidir su futuro mediante la libre expresión de su voluntad.

Hasán II presentó el dictamen ante la opinión pública marroquí desde otra perspectiva y aceleró la movilización. Madrid, por su parte, tenía sobre la mesa una opción promovida desde Naciones Unidas: retirada española, suspensión de la marcha y administración temporal de la ONU encargada de organizar una consulta a los habitantes del territorio. Aquella fórmula no llegó a imponerse.

Argelia presionaba en dirección contraria. El presidente Houari Boumédiène pidió a Estados Unidos que interviniera ante Hasán II y advirtió de que la marcha podía causar muertos y desestabilizar el norte de África. Washington intentaba contener la crisis sin convertirse formalmente en mediador. Era la Guerra Fría, y cada conversación tenía varias conversaciones dentro.

España preparó sus tropas mientras negociaba su retirada

La existencia de negociaciones reservadas no significa que el Ejército español estuviera cruzado de brazos. Las fuerzas desplegadas en el Sáhara prepararon la Operación Marabunta, concebida para impedir una penetración marroquí y proteger especialmente El Aaiún. El dispositivo defensivo incluía posiciones militares, alambradas y campos de minas destinados a canalizar un eventual avance desde la frontera norte.

La situación llegó a un punto especialmente delicado el 2 de noviembre. El ministro español de Exteriores, Pedro Cortina, comunicó a Washington que las negociaciones para detener la marcha habían fracasado y afirmó que España disponía de información según la cual entre los participantes podían encontrarse miles de miembros del Ejército marroquí, algunos con armas ocultas. La cifra transmitida por Madrid fue de 25.000 militares. Era una información española comunicada diplomáticamente, no una comprobación independiente estadounidense, pero explica la alarma con la que se vivían aquellas horas.

Ese mismo 2 de noviembre, Juan Carlos de Borbón viajó a El Aaiún cuando ejercía temporalmente las funciones de jefe del Estado por la enfermedad de Franco. Las unidades españolas continuaban preparadas para contener una entrada masiva. Washington, mientras tanto, advertía a Hasán II del riesgo de una confrontación con consecuencias trágicas y defendía todavía una solución negociada.

El 6 de noviembre de 1975 comenzó la Marcha Verde. Los civiles marroquíes penetraron en el territorio y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 380, que deploraba la marcha y reclamaba a Marruecos la retirada inmediata de los participantes. La confrontación abierta que durante semanas había parecido posible no llegó a producirse. La decisión política española caminaba ya por otro carril.

Los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía

El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, España, Marruecos y Mauritania firmaron la Declaración de Principios sobre el Sáhara Occidental, conocida como los Acuerdos de Madrid. España aceptó terminar su presencia en el territorio y se estableció una administración temporal en la que participarían Marruecos y Mauritania. La retirada española culminó el 26 de febrero de 1976.

Conviene detenerse aquí porque las palabras importan. Los Acuerdos de Madrid no transfirieron jurídicamente la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. El criterio mantenido posteriormente por Naciones Unidas establece también que aquel acuerdo no convirtió a ninguno de los dos países en potencia administradora, una condición que España no podía transferir unilateralmente mediante aquel pacto.

Mauritania acabaría retirándose de la parte que controlaba en 1979. Marruecos administra desde entonces la mayor parte del territorio, pero Naciones Unidas continúa incluyendo el Sáhara Occidental en la lista de Territorios No Autónomos, donde figura desde 1963, y Marruecos no aparece reconocido por la organización como potencia administradora. El proceso de descolonización, medio siglo después, continúa sin resolverse.

De ahí que la Marcha Verde no pueda reducirse a una anécdota del final del franquismo. Fue el momento en que coincidieron la agonía política de una dictadura, la estrategia territorial de la monarquía marroquí, los intereses de las potencias occidentales y un proceso de descolonización que quedó suspendido en mitad del camino.

Cincuenta años después, los archivos siguen hablando a medias

La actualidad ha devuelto aquella historia al Parlamento. El 10 de septiembre de 2026, el Congreso aprobó por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones la proposición para facilitar la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española. El texto fue remitido al Senado y, por tanto, todavía debe completar su tramitación. Cincuenta años después, la relación jurídica y política de España con aquella población sigue produciendo consecuencias muy concretas.

También ha regresado la discusión sobre los documentos secretos. La vieja Ley 9/1968, nacida durante el franquismo, continúa en vigor. El proyecto destinado a sustituirla llegó al Congreso en 2025, pero a 11 de septiembre de 2026 sigue en la Comisión Constitucional, dentro de la fase de enmiendas. Mientras España mantiene cerrada una parte sustancial de sus propios archivos, los documentos estadounidenses permiten observar conversaciones que aquí continúan cubiertas por una cortina administrativa de hace casi seis décadas.

Y eso es probablemente lo más revelador de los documentos conocidos. La Marcha Verde fue precedida por avisos, contactos, propuestas, amenazas y negociaciones. España conocía el riesgo; Marruecos había convertido la operación en una cuestión de Estado; Estados Unidos intentaba evitar una guerra sin romper su relación con Rabat; las tropas españolas se preparaban para detener la entrada mientras los responsables políticos buscaban la puerta de salida.

La imagen de noviembre de 1975 muestra una multitud atravesando el desierto. Detrás, fuera del encuadre, había despachos llenos de telegramas. Y son esos papeles —los estadounidenses que sí pueden leerse y los españoles que todavía esperan— los que explican por qué aquella marcha terminó cambiando el mapa sin resolver el conflicto.