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¿Por qué Barrabés compara la acusación del caso Begoña con Torrente?
Barrabés rompe su silencio, arremete contra las acusaciones y cuenta el impacto personal y empresarial que le ha dejado el caso Begoña Gómez.

Resumen
- Barrabés niega favores y carga contra las acusaciones del caso Begoña
- La Fiscalía pide su absolución al no apreciar delitos en los hechos
- La Audiencia decidirá si el proceso sigue ante un jurado popular
Juan Carlos Barrabés ha roto dos años de silencio con una defensa frontal de su inocencia y una descalificación nada diplomática de las acusaciones populares del caso Begoña Gómez. El empresario asegura que nunca recibió favores de la esposa del presidente del Gobierno, reduce su relación con ella al terreno profesional y compara a los abogados que le acusan con los personajes de Torrente: “frikis diciendo chorradas”.
La frase tiene pólvora y estaba destinada a ocupar titulares, claro. Pero el núcleo de la entrevista es otro. Barrabés sostiene que ha sido utilizado como pieza imprescindible del procedimiento, denuncia que la investigación ha arrasado su empresa y relata el impacto sufrido por su familia mientras él atravesaba una enfermedad grave. Aun así, dice que no busca una nulidad procesal: pretende demostrar que no cometió los delitos que se le atribuyen.
El empresario oscense está acusado en la causa principal de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral ante un jurado popular, aunque esa decisión continúa pendiente de los recursos que estudiará la Audiencia Provincial de Madrid. Al mismo tiempo, la Fiscalía ha solicitado su absolución al considerar que los hechos investigados no constituyen delito. El tablero, por tanto, sigue abierto.
La frase de Torrente: desahogo, no argumento jurídico
Barrabés describe a las acusaciones populares con una ironía gruesa, muy española, de barra de bar después de un día malo. La comparación con Torrente retrata su hartazgo, aunque jurídicamente vale lo mismo que una servilleta usada: nada. Los recursos no se ganan por ingenio verbal, sino cuestionando indicios, conexiones causales y pruebas.
También conviene contextualizar su afirmación más extrema, aquella en la que asegura que han intentado matarle. No presenta datos sobre una amenaza concreta ni denuncia un plan homicida. La expresión aparece ligada a la deshumanización del proceso, a su delicado estado médico y a la entrada de agentes en su habitación cuando permanecía aislado tras un autotrasplante de células madre.
Barrabés padece el síndrome de POEMS, una enfermedad rara relacionada con alteraciones de las células plasmáticas que puede afectar a distintos órganos y al sistema nervioso. Cuenta que pasó alrededor de nueve meses entrando y saliendo del hospital, que perdió sensibilidad en las extremidades y que todavía necesita bastones para desplazarse. Su relato mezcla rabia, miedo y una evidencia incómoda: los procedimientos judiciales también caen sobre cuerpos reales, no sobre siluetas de cartón piedra.
Qué se investiga y cuál es la versión del empresario
La tesis sostenida por el juez Peinado vincula la colaboración académica de Barrabés con Begoña Gómez y las adjudicaciones públicas obtenidas posteriormente por empresas de su grupo. El supuesto intercambio consistiría, en esencia, en que el empresario habría ayudado a impulsar proyectos universitarios relacionados con Gómez y habría recibido a cambio un trato favorable en concursos de la Administración.
Barrabés lo niega de plano. Afirma que participó únicamente como profesor en un módulo del Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, donde impartió dos o tres clases, y sostiene que su intervención en la cátedra extraordinaria fue inexistente. Tampoco considera amiga a Begoña Gómez: define el vínculo como profesional y recalca que ella ni siquiera le llamó durante los momentos más graves de su enfermedad.
Respecto a Pedro Sánchez, admite dos encuentros. Uno se produjo en una reunión amplia con empresarios y el otro, según su versión, fue una conversación sobre innovación, pequeñas empresas y transformación digital. Niega haber ejercido como asesor personal del presidente o haber mantenido con él una relación continuada.
Las cartas de apoyo y los contratos de Red.es
Uno de los elementos más repetidos durante la instrucción son las cartas firmadas por Begoña Gómez para respaldar proyectos en los que participaban empresas de Barrabés. El empresario rechaza que fueran recomendaciones personales y las presenta como cartas de apoyo al proyecto, documentos habituales en concursos de formación que acreditan el interés de entidades dispuestas a colaborar con el adjudicatario, sea quien sea.
La Fiscalía comparte en buena medida esa interpretación. En su escrito de conclusiones recuerda que dos cartas firmadas por Gómez convivían con otras 35 remitidas por empresas y organizaciones sociales. También señala que Innova Next, una de las sociedades del grupo Barrabés, concurría a licitaciones públicas desde antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa.
Eso no significa que todas las sospechas hayan desaparecido. La Fiscalía Europea mantiene una investigación sobre dos contratos de Red.es adjudicados en 2021 a una unión temporal formada por Innova Next y The Valley, por un importe aproximado de 8,3 millones de euros. La UCO analizó correos internos en los que algunos evaluadores expresaban una aparente preferencia por la oferta de Barrabés, mientras que decenas de trabajadores de la entidad pública negaron haber recibido presiones.
Peinado abrió, además, una pieza separada sobre un tercer contrato de algo más de cuatro millones de euros, concedido a una unión temporal de Innova Next y KPMG. Ahí se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea. Es otra vía procesal. Mezclarla con el juicio ya abierto puede producir un relato sencillo, muy televisivo, pero jurídicamente borroso.
La Fiscalía pide absolver a Barrabés
El Ministerio Fiscal ha solicitado la absolución de Juan Carlos Barrabés, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente. Su conclusión es tajante: los hechos descritos durante la instrucción no son constitutivos de infracción penal.
Sobre Barrabés, el escrito fiscal sostiene que colaboró en actividades docentes siguiendo los cauces establecidos por la Universidad Complutense y cobrando la tarifa reglada por horas de clase. Niega que participara en la cátedra de Transformación Social Competitiva, que la patrocinara o que financiara alguna de sus actividades.
La Fiscalía tampoco encuentra constancia de llamadas, contactos o intermediaciones de Gómez ante Red.es u otros organismos para favorecer al empresario. Sus sociedades consiguieron 28 contratos por 22,8 millones de euros desde que comenzaron a presentarse a concursos, una trayectoria que, por sí misma, no prueba ni descarta irregularidades. Los contratos públicos no son certificados de santidad, pero tampoco delitos automáticos por llevar muchos ceros.
Las acusaciones populares mantienen la posición opuesta y reclaman seis años de prisión para Barrabés. Consideran que existió un intercambio de favores y que las adjudicaciones no pueden separarse de la relación profesional con Begoña Gómez. El choque entre ambas lecturas será uno de los puntos centrales si finalmente se celebra el juicio.
El móvil, el hospital y una empresa vendida por un euro
Durante su ingreso hospitalario, el juzgado ordenó intervenir y analizar dispositivos del empresario. La Audiencia Provincial anuló posteriormente aquella actuación por falta de motivación suficiente, consideró vulnerados sus derechos fundamentales y ordenó destruir las copias obtenidas. El tribunal dejó una advertencia poco ornamental: la búsqueda de la verdad no permite cualquier método.
Años después de los contratos investigados, la Fiscalía Europea pidió intervenir de nuevo el teléfono de Barrabés. Un juez de garantías de la Audiencia Nacional autorizó las escuchas telefónicas durante dos meses, entre marzo y mayo de 2026, ante las contradicciones apreciadas entre las declaraciones de empleados de Red.es y determinados correos internos. Las conversaciones no habrían aportado información de especial relevancia, aunque la investigación europea permanece activa.
Para Barrabés, esta vigilancia fue una humillación. Relata que su mujer rompió a llorar al conocerla y asegura que el procedimiento terminó empujándole a vender su empresa por un euro, mientras él conservaba las deudas. Habla de empleados perdidos, proyectos truncados y una reputación que tardó décadas en levantar y apenas unos titulares en resquebrajar.
Su historia empresarial comenzó lejos de los despachos madrileños. Desde Benasque convirtió en los años noventa la tienda familiar de material de montaña en una de las primeras plataformas españolas de comercio electrónico especializado. Más tarde creó compañías de consultoría, formación e innovación. Ese pasado no le concede inmunidad, desde luego; sí ayuda a entender por qué rechaza la imagen de contratista aparecido de pronto al calor de La Moncloa.
La Audiencia decidirá cuánto queda del relato
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid comenzará el 13 de julio a estudiar los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas. Tendrá que determinar si existen indicios suficientes para mantener el procedimiento ante un jurado popular o si la causa debe retroceder, limitarse o archivarse.
La Audiencia ya anuló un intento anterior de Peinado de transformar las diligencias en un procedimiento con jurado porque encontró una fundamentación insuficiente. También ha permitido que prosiga parte de la investigación y ha frenado otras líneas, registros e imputaciones. No ha dado la razón completa a nadie, pese a la afición nacional por convertir cada resolución provisional en una final de Copa.
Barrabés asegura que prefiere enfrentarse a jueces profesionales. Teme que nueve ciudadanos lleguen condicionados después de años escuchando que fue el empresario favorecido por la esposa del presidente. Es un temor comprensible, aunque la ley contempla precisamente el jurado para determinados delitos y presume que sus integrantes pueden valorar las pruebas con independencia.
Su entrevista cambia el clima humano del caso, no su arquitectura jurídica. Ha puesto voz al investigado que hasta ahora aparecía reducido a contratos, correos y fotografías entrando en los juzgados. Queda por comprobar si detrás del ruido existió un intercambio delictivo o si se construyó una conexión penal con piezas que simplemente estaban cerca. Entre ambas posibilidades hay un abismo. Y la Justicia, cuando funciona, no debería saltarlo a ojo.

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